13 de febrero, 2003
CNN
LA PAZ -- Por lo menos nueve personas murieron durante marchas obreras, bloqueos de rutas y vandalismo en Bolivia el jueves, un día después de que enfrentamientos entre policías amotinados y soldados causaran 18 muertos y 83 heridos.
Sin embargo, la calma retornaba paulatinamente a la nación andina, tras un segundo acuerdo que puso fin a un motín policial y permitió que unos 22.000 agentes volvieran a sus funciones en todo el país, amenazado por una ola de saqueos y otros desmanes.
Cuatro presuntos saqueadores murieron abatidos por patrullas militares durante graves disturbios en la populosa ciudad de El Alto, parte de la zona metropolitana de La Paz, donde grupos de vándalos atacaron la alcaldía, un enorme almacén aduanero, una embotelladora de gaseosas y decenas de comercios y bancos.
Los cuatro decesos fueron confirmados por fuentes de los hospitales Holandés y Corazón de Jesús de El Alto, donde se encuentra el aeropuerto internacional de La Paz, a 4.008 metros sobre el nivel del mar.
Entretanto, la cadena de televisión PAT dijo que tres civiles y una enfermera que atendía a un herido murieron tiroteados durante nuevos incidentes en la zona céntrica de La Paz.
Los incidentes se produjeron mientras una marcha obrera era reprimida por soldados en las inmediaciones de la custodiada plaza Bolivia, escenario de los graves choques del miércoles entre policías amotinados y soldados.
El portavoz de la presidencia, Mauricio Antezana, dijo que un campesino murió durante los choques entre productores de coca de la región del Chapare, en el centro del país, que bloquearon una carretera troncal, y fuerzas militares y policiales movilizadas para despejar la vía.
El gobierno y sectores opositores se acusaron mutuamente de propiciar la acción de francotiradores que provocaron algunas de las nuevas víctimas para azuzar la violencia y la represión.
En la violenta jornada coincidieron una huelga de 24 horas convocada por la izquierdista Central Obrera Boliviana (COB) para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y un feriado declarado por el gobierno para evitar disturbios como los que estremecieron a La Paz el miércoles.
Los choques armados de cuatro horas entre policías amotinados y soldados frente al palacio de gobierno del miércoles fueron seguidos por intensos tiroteos, y una ola nocturna de saqueos e incendios.
"El presidente no ha considerado, en ningún momento, la posibilidad de renunciar. Cumplirá su mandato", declaró categóricamente Antezana.
Antezana pidió a la población que no responda a los "actos de provocación" de los manifestantes.
Explicó que el ejército debió salir a evitar más saqueos, que cientos de personas aún perpetraban en El Alto y pidió a dirigentes de la oposición "que no llamen al enfrentamiento entre bolivianos".
El funcionario se anticipó a marchas convocadas por la izquierdista Central Obrera Boliviana (COB) y un denominado "Estado Mayor del Pueblo", que comanda el líder opositor y diputado indígena Evo Morales, para exigir la renuncia de Sánchez de Lozada.
"La solución (a la crisis) es la renuncia del presidente. La democracia no se gobierna con balas", afirmó el jueves a la red radial Fides, de la Iglesia Católica, el jefe cocalero Morales, quien en junio disputó estrechamente la presidencia a Sánchez de Lozada en una elección dilucidada en el Congreso.
La policía boliviana anunció, en tanto, la gradual restitución de sus 22.000 efectivos a sus servicios de control del orden, la seguridad y el tránsito de vehículos, además de investigativos, en todo el país.
Un acuerdo firmado en la madrugada entre el gobierno y líderes del motín policial que desencadenaron los choques armados puso fin al movimiento, anunció el comandante de la institución, general Edgar Pardo.
El acuerdo incluyó algunas reivindicaciones, como el pago de un bono de seguridad, indemnizaciones a las familias de los policías muertos y heridos el miércoles y asignaciones para la dotación de nuevos equipos y uniformes, entre otras.
"Nuestro personal está retornando a sus servicios", dijo el general Pardo.
El presidente, en tanto, trabaja con varios de sus ministros en su residencia particular con el propósito de frenar la ola de desórdenes y diseñar un nuevo presupuesto para el año 2003, después de que el miércoles debió retirar el proyecto incluía el llamado "impuestazo", que la policía empleó como justificativo de su motín.
Sin embargo, informes divulgados por cadenas televisivas dijeron que la presencia policial no era visible en La Paz y El Alto y que algunos miembros del Grupo especial de Seguridad (GES) permanecían amotinados al rechazar el acuerdo como "insuficiente".
Los 300 miembros del GES, una fuerza de elite antimotines, se rebelaron contra el denominado "impuestazo" a los salarios, repudiado por todos los sectores sociales antes de ser anulado, y se acuartelaron a escasos 200 metros del palacio gubernamental.
Soldados desplazados tras pedradas de estudiantes contra la sede del poder ejecutivo libraron luego cuatro horas de choques armados con los efectivos del GES, apoyados por agentes de otras unidades, en la plaza Murillo, a cuyos costados se levantan también la sede del parlamento y la principal catedral del país.
El ministro de Salud, Javier Torrez, informó el jueves que 18 personas murieron por impactos de bala y 83 resultaron heridas, en su gran mayoría policías y militares, a consecuencia de los enfrentamientos y la posterior violencia callejera del miércoles, cuando fueron saqueados e incendiados 13 edificios públicos y privados, además de decenas de pequeños negocios.
Pardo informó el jueves que 10 de los muertos eran policías, en tanto fuentes militares dijeron que sus muertos llegaban a cinco. Aún no se estableció el número de heridos en los bandos enfrentados o de civiles.
La caótica situación en el país andino causó preocupación a nivel internacional y un llamamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a que se respete la institucionalidad democrática.
El secretario general de OEA, el ex presidente colombiano César Gaviria, pidió a los bolivianos "tramitar sus diferencias dentro de las normas constitucionales y de manera pacífica y democrática".
Gaviria instó a que se "respete el estado de derecho y el orden democrático", y recordó que el gobierno de Sánchez de Lozada tiene el "inequívoco respaldo" de la comunidad americana.
Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Richard Boucher, expresó en un comunicado el "apoyo al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada" y exhortó a los bolivianos a "respetar el gobierno constitucionalmente elegido".
La Comunidad Andina de Naciones (CAN), con sede en Lima, llamó en un comunicado "a todos los sectores de la sociedad boliviana para que acepten el diálogo nacional propuesto por el presidente Sánchez de Lozada, se mantenga la calma y se encuentren soluciones pacíficas en un marco de respeto y preservación de la institucionalidad democrática".
El Grupo de Río, que reúne a 19 países de América latina y tiene en Perú su sede temporal, manifestó por su parte en un comunicado "su profunda preocupación" por los hechos en Bolivia y deploró las pérdidas de vidas humanas en ese país.
El grupo "insta también a todos los sectores sociales y políticos para que contribuyan al cese de los actos de violencia" en ese país, agregó el comunicado.
Tomado de CNN en español