12 de febrero del 2003
Econoticiasbolivia.com
Oficiales y tropas policiales se han dado la vuelta. Amotinados, con los rostros cubiertos y armas en mano, los regimientos policiales de la sede de gobierno se han declarado en emergencia y rebeldía contra las nuevas medidas tributarias, propuestas por el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada.
"Hay descontento y malestar. Encima que ganamos una miseria, el gobierno nos quiere rebajar nuestros salarios. No lo permitiremos", dijo ante las cámaras de televisión uno de los amotinados del segundo distrito policial, ubicado a media cuadra del palacio de gobierno.
Los rebeldes exigen que el Poder Ejecutivo anule su pretensión de rebajar los salarios de trabajadores y empleados del sector público y privado del país en una proporción que va desde el 4,2 por ciento al 12,5, a través de un impuesto al salario. También demandan un incremento salarial del 40 por ciento en sus salarios que, en su generalidad, no superan en promedio los 100 dólares mensuales.
El motín policial agrava el conflicto social que nuevamente ha comenzado a convulsionar Bolivia. En enero, el levantamiento de cocaleros, indígenas y campesinos, generó una espiral de violencia y muerte, que fue controlado tras la apertura de negociaciones entre estos sectores y las autoridades que hasta ahora no han dado resultados positivos.
En la primera semana de febrero, el gobierno presentó un borrador de presupuesto fiscal para el 2003, en el que consigna la confiscación parcial de salarios, a través del denominado "impuestazo", que ha generado el rechazo generalizado de la población más pobre por sus efectos negativos en la economía popular.
En las principales ciudades del país ya han comenzado las manifestaciones, marchas callejeras y huelgas en contra de las medidas tributarias, que amenazan con expandirse y masificarse. La Central Obrera Boliviana (COB) convocó para este jueves a un paro de 24 horas y llamó a todos los sectores a unirse en contra de las medidas económicas.
Ante el rechazo generalizado de la población, el gobierno anunció que no retrocederá en sus pretensiones y dijo que utilizaría la fuerza pública para mantener el orden y poner en marcha su plan de control del déficit fiscal. Sin embargo, con la deserción y el amotinamiento policial, Sánchez de Lozada queda en una virtual encrucijada: o deja en suspenso sus medidas o recurre a las fuerzas armadas y militares para detener la convulsión social.
Este el segundo amotinamiento que protagoniza un importante sector de la Policía Nacional en toda la historia boliviana. En abril del 2000, los efectivos policiales también se acuartelaron y amotinaron durante el Estado de Sitio declarado por el gobierno del general Hugo Banzer Suárez. En esa ocasión los uniformados de bajo rango obtuvieron un incremento salarial del 50 por ciento.
Tomado de Rebelión