Bogotá, martes 5 de marzo de 2002
Sergio Gómez Maseri
EL TIEMPO
El Departamento de Estado de E.U. calificó de pobres las acciones del gobierno de Colombia en el respeto de los derechos humanos. El informe, que diasgnostica el tema en más de 150 países del mundo y que se envía al Congreso de ese país, describe la crueldad de los paramilitares, los abusos de los guerrilleros y la impotencia del gobierno colombiano.
"Las fuerzas de seguridad del gobierno siguieron cometiendo abusos graves, incluidos los asesinatos, y la impunidad sigue siendo un problema", indica el informe que, de todas maneras, destaca los esfuerzos del presidente Andrés Pastrana para mejorar el contexto legal y los mecanismos constitucionales.
Este informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, enviado el domingo al Congreso, no califica o descalifica a país alguno; es sólo un relato de hechos y citas.
"Tanto el Gobierno como los altos mandos de las Fuerzas de Seguridad reiteraron que no tolerarían los nexos con los paramilitares e hicieron llamados a combatirlos. Pero a pesar de que se duplicaron durante el 2.001 el número de operaciones contra los paramilitares y se triplicaron el número de paramilitares capturados (985), el desempeño de las fuerzas en el terreno no siempre fue consistente con la posición de sus superiores ya que algunas veces colaboraron ilegalmente con estos grupos", dice el informe.
El reporte menciona también que los militares fallaron a la hora de prevenir las masacres a pesar de estar informados sobre su inminencia pero dice que, de acuerdo a los militares, muchas veces no se actuó por falta de recursos. Cita los casos de Chengue, Alto del Naya y varias incursiones a la comunidad de paz en San José de Apartado, entre otras, donde se investiga la participación u omisión de los militares.
El reporte destaca la buena disposición de las Fuerzas de Seguridad a la hora de colaborar con la justicia civil (la trasferencia de 66 casos a estas cortes)y las destituciones de más de 600 de sus miembros por presuntas violaciones a los derechos humanos. Pero dice que, por lo general, los casos solo afectaron a militares de "bajo rango" y que nunca se aclaró con precisión la naturaleza de las destituciones. "La impunidad para el personal militar que colaboró con los paramilitares siguió siendo común", se afirma.
Aunque en general el informe es bastante crítico sobre el desempeño de las Fuerzas de Seguridad, los avances destacados probablemente sean un indicador de los argumentos que utilizará la administración Bush para "certificar" que Colombia puede recibir asistencia para sus militares pues se están registrando progresos. Como se sabe, el departamento de Estado, por mandato del Congreso, debe certificar que las Fuerzas Armadas cumplen con cuatro condiciones en DD.HH. antes de poder entregar los recursos destinados al país para el año en curso.
De las guerrillas dice que siguieron secuestrando, asesinado a civiles y violando sin freno el Derecho Internacional Humanitario. Les atribuye casi el 70 por ciento de los secuestros que se presentaron y más de 1,000 asesinatos de civiles.
El informe cita a su vez otro documento de la Comisión Colombiana de Juristas en las que se le atribuye a las guerrillas 458 asesinatos políticos, casi el doble de lo que cometieron durante el año 2.000. Menciona los casos de la ex ministra consuelo Araujo y el congresista Diego Turbay cote entre otros.
"Estos grupos realizaron acciones armadas en casi 1.000 de los 1,097 municipios que hay en el país. Ambos, tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farco) como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sistemáticamente atacaron a la población no combatiente y violaron sus derechos humanos a través del asesinato, la desaparición forzada, la mutilación de cuerpos, y ataques a iglesias y hospitales", afirma el reporte.
Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
Tomado de EL TIEMPO