Estudio Comparativo
Javier Ponce
gLOBALIZACION
Comunicador social ecuatoriano; editorialista de Diario El Universo, Guayaquil.
E-mail: ceproyec@uio.satnet.net
La prensa latinoamericana, y de manera particular la prensa andina, han informado y comentado un tema que toca aspectos vitales de la constitución de ciudadanía en nuestros países, pero que paradójicamente ha sido abordado en gran medida como un "asunto de Estado", alejado de la opinión ciudadana. Se trata del Plan Colombia.
En efecto, a causa de la forma como se ha desenvuelto la cobertura noticiosa, resulta difícil para las sociedades involucradas reconocer las incidencias regionales del Plan. Esa es la razón que nos ha movido a corroborar o relativizar esta hipótesis, analizando nueve periódicos de la región andina, Brasil y Estados Unidos.
¿Por qué investigar el tratamiento informativo del Plan Colombia?
Nuestra respuesta es simple: estamos ante un Plan que involucra a toda la región, para enfrentar, aparentemente en lo sustancial, un fenómeno de producción y comercialización de drogas que encierra a la región en un sola dinámica económica. Y aquí un paréntesis: hablamos de "aparentemente", porque las realidades de la aplicación del Plan tendrán más de una sorpresa. Si se trata de un plan de connotaciones regionales, lo lógico es preguntarse cómo lo han abordado los medios de comunicación en la región.
Estamos hablando de una extensión aproximada de 3.5 millones de kilómetros cuadrados, correspondientes en gran parte a la Amazonía, que son el escenario del conflicto, expresado por hoy en el Plan Colombia. El propio Plan, en su segundo diseño, aquel elaborado por Estados Unidos y aprobado por el congreso norteamericano, reconoce su condición regional, al incluir montos de cooperación financiera para Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.
Los objetivos del presente estudio son:
Sin embargo, estos siete componentes, presentados bajo nombres genéricos, ocultan los dos hechos sustanciales de su aplicación: la carrera armamentista y las fumigaciones.
A continuación profundizaremos dichos aspectos con el tratamiento de los ejes temáticos, partiendo de un punto necesario: la aproximación general al Plan Colombia.
Desde que surgió el Plan Colombia, las lecturas en nuestros países fueron desde el apoyo irrestricto hasta el comparar su peligrosidad con la guerra de Vietnam.
"Estados Unidos está envuelto en la mayor guerra de guerrillas después de Vietnam" afirma la Folha de Sao Paulo, en una de sus escasas notas publicadas en torno a la ejecución del Plan Colombia. En otro despacho informativo, la Folha recoge análisis que hablan de un incremento importante de la ingerencia norteamericana en América Latina, ilustrada en el Plan Colombia. Este aspecto es abordado en términos similares por la Folha (12 de julio) y El Universal de Venezuela (26 de julio), a propósito de las modificaciones aprobadas en el parlamento de Estados Unidos en cuanto a la presencia militar directa en Colombia y la ratificación de la asignación de mil trescientos millones de dólares para la ejecución del Plan. El amplio despacho de prensa de El Universal se abre con un antetítulo que dice "Representantes actuaron para evitar repetir la experiencia de Vietnam en Colombia". "Los congresistas no pudieron evitar la asociación mental con la guerra de Vietnam" dice, a su vez, un editorialista de El Colombiano (29 de julio).
La visión apocalíptica se sustenta en afirmaciones de meses anteriores del propio diario norteamericano The New York Times, que recogió declaraciones de anónimos funcionarios del Pentágono, según los cuales el paquete de ayuda militar y económica podría arrastrar a los Estados Unidos a repetir la experiencia de Vietnam en Colombia.
Entre tanto, las informaciones sobre la vigencia general del Plan han diferido en los distintos países. En Brasil y Estados Unidos se han recogido en forma muy escueta, los avances y dificultades vividos por la propuesta al interior del estado colombiano; esto es, los desacuerdos recogidos en la prensa han sido solo aquellos que han enfrentado, momentáneamente a miembros del aparato estatal colombiano. En cambio, la prensa colombiana, venezolana y ecuatoriana que hemos revisado, hace un seguimiento más pormenorizado del debate que tiene en su centro al Plan, sin subrayar, sin embargo, la dimensión de la ingerencia norteamericana.
Los periódicos estudiados, reflejan también la división existente dentro del Estado colombiano sobre los efectos del Plan, particularmente en su capítulo de fumigaciones de cultivos de coca. En el caso ecuatoriano, por su vinculación al Plan a partir de la decisión tomada en 1999, de entregar a las Fuerzas Armadas norteamericanas, por un período de diez años, el control de la base aérea y naval de Manta, en la costa norte del Pacífico.
A pesar del número de notas que, sobre el Plan Colombia, recogen particularmente los periódicos de Colombia, Ecuador y Venezuela, en ese orden, son muy escasos los análisis reproducidos en las páginas editoriales. En efecto, frente a 28 crónicas y 28 notas informativas, apenas existen diez opiniones de analistas y 4 editoriales. Casi todas las opiniones apuntan a justificar el Plan Colombia, subrayando la peligrosidad del narcotráfico y el terrorismo.
Hay una cierta frialdad, una distancia, para abordar el tema del Plan en su aspecto global, tanto en Ecuador como en Venezuela y Brasil, pues se lo ve como un "asunto colombiano". Todas las notas referidas a su desenlace global, son recogidas en las páginas internacionales, como si se tratase de "otra" realidad, ajena al país. Aquello contrasta, en el caso ecuatoriano, con la dramatización informativa de los temas de fumigaciones y presencia de refugiados, que son, sin embargo, puntos medulares del Plan Colombia.
Esta dicotomía entre una información marcadamente crítica frente a las fumigaciones y distante frente a la estrategia global, puede leerse en dos sentidos: uno, en cuanto reflejo de las preocupaciones estrictamente nacionales sobre los efectos fronterizos de la aplicación del Plan, sin entender esa lógica global que implica a toda la región andina. Segundo: en cuanto reflejo de ciertas posiciones oficiales forzadas, incluso, por la opinión pública de países como Venezuela o Ecuador, para considerar al Plan Colombia como una política exclusivamente colombiana y salvaguardar las soberanías de los países y el principio de no intervención en los conflictos de los vecinos. Allí, particularmente en el caso ecuatoriano, se ha tejido un equívoco: las exigencias de amplios sectores sociales de no articularse a la estrategia norteamericana, particularmente en el caso de la cesión de la base de Manta a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ha sido interpretado en la opinión pública como que el Plan Colombia es exclusivamente colombiano y carece de un carácter regional.
Igualmente sorprende cierto desencuentro, en los periódicos de Colombia, Ecuador y Venezuela, entre una información más bien crítica y a momentos con tintes alarmistas en torno a las fumigaciones, y una opinión de editorialistas que rescatan la necesidad de fumigar las zonas de cultivo. Incluso las opiniones editoriales de los diarios se mantienen en un tono crítico en correspondencia con la información, mientras los editorialistas se inclinan -con muy contadas excepciones- por subrayar el enorme peligro del narcotráfico que justificaría los operativos de aplicación del glifosato en el Putumayo y el Guaviare.
Si bien se conoce que existen sectores organizados de la sociedad civil que se han manifestado críticamente frente al Plan Colombia, las informaciones de prensa de los tres meses no las recogen en absoluto. El Putumayo ha sido, en los últimos meses, escenario de varios encuentros binacionales de sectores de la sociedad civil, pero no hemos encontrado referencia alguna a esos hechos. En los casos de Colombia y Ecuador, hay una referencia informativa frecuente pero muy indirecta, sobre la inclusión de la oposición al Plan Colombia en las plataformas de lucha campesina e indígena. En Colombia, esto ocurre cuando se informa sobre el paro campesino de julio, pero es una referencia muy ligera, también recogida, en una ocasión, por la Folha de Sao Paulo (29 de julio).
En el Ecuador, ocupados los diarios en informar sobre los diálogos entre el régimen y el movimiento indígena, deben consignar en todas sus notas la exigencia indígena de revisar la actitud oficial frente al Plan, pero la información se reduce a nombrarlo entre los puntos en debate. Aquello no permite percibir la presencia activa de sectores sociales en la denuncia del Plan Colombia.
Esta visión acrítica, vuelve aún más fantasmal su imagen. Está allí ensombreciendo el futuro inmediato de la región andina, pero de él no se consignan informaciones de los impactos sino en un solo aspecto: las fumigaciones. Mientras tanto, si tomamos en cuenta las cifras de la participación financiera norteamericana, el Plan Colombia representa, sobre todo, una cooperación en el campo militar. En efecto, el 64.3% del costo del Plan Colombia se dirige a la lucha antinarcóticos, que es, en su mayoría, pertrechos y asistencia militares.
Y en ese sentido, un hecho ocurrido en estos meses ilustra el modo como la prensa, en general, ha soslayado la ingerencia militar norteamericana en los procesos militares de la región.
Cuando, a propósito del operativo "7 de agosto", a finales de ese mes, el ejército colombiano consiguió cercar y diezmar a una importante columna de las FARC en el Guaviare, ninguna nota de prensa aparecida en cualquiera de los países analizados, hizo referencia al uso en el operativo de material bélico y apoyo humano entregados por los norteamericanos en el marco del Plan Colombia. No existió, como ya lo señalamos, la preocupación en los medios por correlacionar ciertos hechos, de modo de construir una información objetiva y crítica. Por ejemplo, semanas antes del operativo, el 2 de julio, El Colombiano informaba sobre la decisión de prorrogar hasta el 2002 la permanencia de pilotos norteamericanos en Colombia para operar los helicópteros entregados en el marco del Plan.
¿Por qué la prensa no relacionó el operativo, precisamente apoyado por helicópteros, con esta decisión tomada en el marco del Plan Colombia?
Apenas se insinúa, en alguna información, la coincidencia entre el operativo militar y la cercanía de la presencia de una misión norteamericana de evaluación del Plan. Un despacho internacional recogido por El Comercio de Quito (24 de agosto) afirma, entre líneas, que "Colombia quiere pasar la prueba frente a la visita de la misión de Estados Unidos".
Mientras tanto, es interesante observar el giro que ocurre en sectores de la opinión pública y de las élites nacionales colombianas, a partir de ese mismo operativo exitoso. Las notas de prensa de esos días reflejan un inusitado optimismo sobre las posibilidades de una derrota militar de la guerrilla y el desequilibrio que pudiese acarrear en beneficio del gobierno, en la mesa de las negociaciones.
Los gremios empresariales festejan a los jefes militares, les ofrecen apoyo, y los uniformados, a su vez, utilizan la ocasión para solicitar más recursos económicos. La expresión "modernización de las Fuerzas Armadas" invade la información, y más de un editorialista exalta el cambio sufrido por ellas. Parecen olvidados los tiempos que evocan Rojas Rivera y Atehortúa Cruz en su análisis "Ecos del Proceso de Paz y el Plan Colombia en la Prensa Norteamericana", cuando se consideraba que el Ejército se encontraba desmoralizado, no tenía una estrategia a largo plazo para combatir el narcotráfico. O cuando, al asistir al reconocimiento de los efectos de un operativo antiguerrilla en 1999, los periodistas constataban el bochornoso hecho de que, en el lugar del operativo, se encontraban aviones con bandera estadounidense.
Las fumigaciones, uno de los elementos integrantes del Plan Colombia, ha acabado convirtiéndose en el centro de la polémica. Se trata de un viejo tema, que fue enfrentado a la alternativa de la erradicación manual de cultivos desde Bolivia hasta Colombia. Pero si algo ha caracterizado al complejo coca-cocaína, es su extraordinaria movilidad. En efecto, los sembríos erradicados en la década pasada en Bolivia, se trasladaron al Perú de Fujimori, donde fueron combatidos también con fumigaciones, para establecerse en Colombia, primero en la región de Guaviare y luego en el Putumayo.
La polémica sobre las fumigaciones tiene un carácter doble: el tecnológico y el político. En cuanto al primero, el uso masivo de glifosato en unión de otros productos ha sido defendido y combatido con el mismo fervor, al punto de provocar anuncios oficiales fugaces de que se abandonaría el sistema. Además, en la práctica, la fumigación se ha demostrado poco efectiva porque no erradica la producción de coca.
Respecto al carácter político de las fumigaciones se debe tener en cuenta, que su aplicación en una área conflictiva y estratégica como la Amazonía, no podía dejar de suscitar conflictos políticos.
Particularmente en Colombia y Ecuador, y en cierta medida en Venezuela, el debate ha dado origen, en los diarios, a lo que algunos analistas llaman una "paranoia informativa". Y aquello, no porque la información que llega particularmente del Putumayo sea falsa, sino por el contexto de desinformación que rodea al tema y que obliga a los periódicos a trabajar con testimonios aislados que, recogidos ampliamente en las páginas, proyectan una imagen alarmista de lo que podría ocurrir en caso de una intensificación de las fumigaciones.
Una paranoia que se extiende también al peligro de contagio fronterizo hasta internacionalizar el conflicto colombiano, y que tiene un doble y paradójico efecto: por una parte, puede justificar acciones represivas desde el Estado con la militarización de las fronteras, y un endurecimiento de las presiones y exigencias norteamericanas para continuar con el Plan (fijémonos cómo, en materia de discursos paranoicos, miembros del gobierno de Estados Unidos califican de "devastadora" la posibilidad de eliminar las fumigaciones de plantaciones de coca). Pero, por otra parte, puede alertar a la población y robustecer la oposición al Plan Colombia y a la Iniciativa Regional Andina, hasta obligar al poder político a asumir ciertas posiciones que, de otro modo, no las habría adoptado.
Un jefe militar colombiano se lamenta en las páginas de El Tiempo, porque se ha politizado el tema de las fumigaciones. Sin embargo, el análisis de la información referida a este aspecto del Plan Colombia entrega elementos de juicio contrarios tanto en el campo político como en el científico y en el estratégico para combatir el narcotráfico. Mientras la información contenida en los diarios de Venezuela y Brasil dan testimonio del debate a nivel estrictamente del Estado, las informaciones de los diarios de Colombia y Ecuador inclinan la balanza en favor de la oposición de la sociedad civil y de sectores políticos a las fumigaciones.
En el Ecuador la alarma mayor de estos días ha ocurrido precisamente en torno a las fumigaciones de las plantaciones fronterizas de coca. La opinión pública, al divulgar con detalles las informaciones llegadas desde el Putumayo, y que hablan de que "un 90% de la población consultada en la frontera nororiental asegura haber sufrido afecciones a la piel, a los ojos, debilidad y cansancio y que sus parcelas han sido afectadas" (El Universo, 17 de julio de 2001), obligó al régimen de Gustavo Noboa y a su canciller Heinz Moeller a pedir al gobierno de Pastrana que detenga las fumigaciones a diez kilómetros adentro de su frontera, y ha solicitado más información sobre los efectos del uso del Cosmo-Flux 411F utilizado en combinación con el glifosato. Pedido que no tuvo eco ni en el gobierno de Pastrana ni en la prensa colombiana; apenas una nota breve en El Colombiano (10 de julio) informa al respecto.
El volumen de información referido a las fumigaciones, supera, en los casos colombiano y ecuatoriano, a cualquier otro aspecto del Plan Colombia, e incluso a la información global sobre el Plan. Más aún, en los dos países hay un elemento dramático que no aparece en las escuetas informaciones en Brasil, Venezuela o Estados Unidos: el testimonio como eje de la construcción informativa, el reportaje como el género apropiado para dimensionar un hecho cuyas fuentes informativas están vedadas.
El tema de las fumigaciones, en diarios como El Comercio de Quito, es materia de las primeras páginas, y los titulares no dejan dudas sobre el sentido crítico de la información: "Glifosato, la crítica arrecia", "Fumigación: Colombia no se detiene", "Las fumigaciones acumulan más objeciones", "Fumigación: otra voz por la suspensión".
En más de una ocasión, las noticias referidas a las fumigaciones abren las ediciones de los periódicos colombianos y ecuatorianos.
La presentación de la información en los diarios colombianos es menos "comprometida"; sobre todo en el caso de El Tiempo de Bogotá, que presenta las informaciones con titulares y redacción cuidadosamente neutrales. Apenas algún momento habla de "fumigaciones al banquillo", mientras abre su edición del 2 de agosto con una expresión norteamericana que aparece en diarios de los otros países y que resume el carácter alarmista que también la administración norteamericana quiere darle al debate sobre las fumigaciones. El titular referido dice "Devastador suspender la fumigación: EU."
El Tiempo recoge también un hecho alarmante: una de las empresas contratadas por Estados Unidos para ejecutar el plan Colombia, y específicamente las fumigaciones, aparece complicada en un escándalo por tráfico de drogas (16 y 19 de julio). Lo recoge pero no profundiza en la investigación ni se hace eco en su página editorial. Este tema no aparece en el otro diario colombiano analizado ni de él se hacen eco los periódicos de la región. Subrayamos este silencio, porque se trata de uno de los aspectos graves de la ejecución del Plan Colombia, y es que de los recursos se benefician sustancialmente las propias empresas norteamericanas, no solo en el caso evidente de la compra de material bélico, sino incluso de la ejecución de planes de fumigación o de desarrollo alternativo. La corrupción entre las empresas y ONG norteamericanas que ejecutan los planes de erradicación de cultivos ya fue denunciado con anterioridad en Perú y Bolivia, pero la prensa no parece recordarlo a propósito de la denuncia de El Tiempo. Otra vez la fragmentación y el aislamiento de las informaciones impide una comprensión cabal del tema.
Volviendo al "tomo" de las informaciones, el Colombiano recoge con mayor frecuencia, en sus páginas, las críticas a las fumigaciones, y lo hace, al titular, valorando significativamente el aspecto de la oposición y el desacuerdo. En efecto, algunos titulares hablan de "La fumigación multiplica los problemas", "Gobierno frenará las fumigaciones". Recurre en un par de ocasiones al testimonio de los pobladores afectados por el glifosato.
Si bien el tratamiento del tema fumigaciones es más crítico en el Ecuador, las opiniones recogidas en las páginas editoriales, como ya lo señalamos, buscan justificarlas en su mayoría, lo que representaría una ruptura entre la tendencia de la información y la tendencia de la opinión.
Mientras tanto, los periódicos venezolanos y brasileros se limitan a informar sobre las distintas posiciones frente a la fumigación, las decisiones contradictorias de los jueces colombianos para suspender y autorizar las fumigaciones y las posiciones adoptadas por el gobierno de Pastrana o por Estados Unidos.
Finalmente, el tema de las fumigaciones resume, a partir de las informaciones de prensa, el conflicto interno del Estado con respecto al Plan Colombia. Referirse a las fumigaciones lleva a sectores estatales no gubernamentales (Congreso, jueces, autoridades controladoras) a tomar acciones para frenar el Plan; y obliga a los gobiernos, en los casos colombiano y ecuatoriano, a anunciar revisiones, investigaciones, limitaciones al uso del glifosato, que finalmente se pierden en el vértigo informativo, para acabar ratificándose en su intención de continuar fumigando en el Putumayo. Un titular de El Colombiano no puede ser más expresivo: "Estados Unidos no le cambiará una coma al Plan", noticia con la que se cierra la expectativa sobre posibles revisiones a partir de la visita de la misión norteamericana a fines de agosto.
Mientras tanto, en cuanto al llamado desarrollo alternativo enfrentado a las fumigaciones, en los diarios de la región analizados se consignan únicamente cinco notas informativas sobre erradicación manual y sustitución de cultivos. Una sola nota aparecida en El Colombiano (septiembre 17) habla de inversiones del Plan Colombia en obra pública en los departamentos del sur, y otra en el mismo diario destaca aspectos como la generación de empleo como efecto de la aplicación del Plan en Antioquia (29 de julio). Y muy contadas notas en el Ecuador se refieren a la unidad creada dentro del estado, UDENOR, para captar los recursos del plan dedicados a promover el desarrollo de la región fronteriza.
El balance de la información sobre fumigaciones, en los diez diarios estudiados, nos confirma que, mientras Estados Unidos evoca una desestabilización regional y considera (como lo expresaba hace décadas el presidente Ronald Reagan) a la lucha contra el narcotráfico como un problema de seguridad nacional, en la región andina se mira el problema desde el límite de los conflictos binacionales.
Los hechos ocurren en las fronteras. Las víctimas están en las fronteras y los testimonios llegan desde los abandonados pueblos de la Amazonía. En la medida en que la frontera amazónica está apenas poblada o no se encuentra en el perímetro de las fumigaciones, la información se diluye. Ya no hay actores sociales en la información, apenas el registro de los hechos oficiales. El debate desaparece de los medios para convertirse en un dato referencial. En ese sentido, mientras para el Ecuador es un asunto vital, para Venezuela es algo que ocurre lejos de sus fronteras, y para Brasil apenas si existe el problema.
La preocupación regional sobre el Plan Colombia estará presente exclusivamente en los sectores más críticos de la sociedad civil, aquella que en Colombia impulsa la paz, o la que en Ecuador denuncia el carácter peligrosamente estratégico en la sesión de la base de Manta en favor de los norteamericanos. Saltará, todavía tímidamente a los medios, a propósito de los atentados del 11 de septiembre y la posibilidad de comprometer a la región en la cruzada antiterrorista emprendida por el gobierno de George Bush.
Por otra parte, el vértigo informativo del que hablábamos, hace que la información sobre el Plan Colombia se vuelva enormemente fragmentaria. No hay esfuerzos sostenidos por vincular los hechos. Los fragmentos del Plan son vistos desligados del conjunto, de modo que, cuando se evoca su revisión que está ocurriendo en Bogotá en agosto, con una misión norteamericana, los medios no hacen un esfuerzo por entender la globalidad de la ejecución de la estrategia, los miran como un hecho exclusivamente colombiano, no recogen su propia información difundida, anteriormente, desde los lugares afectados por las fumigaciones. No se va construyendo una opinión pública sobre el tema, sino apenas fogonazos, golpes informativos parciales, con lo que los medios dan la impresión de estar construyendo ciudadanía, cuando lo que ocurre en realidad es lo contrario.
Tal vez uno de los aspectos más visiblemente dramáticos y que mayor impacto han alcanzado en los medios, juntamente con los efectos de las fumigaciones sobre la población y la agricultura de la región (con muy escasas referencias al ecosistema amazónico afectado y al peligro de que, huyendo del glifosato, los cultivos penetren la Amazonía y afecten la selva), es el referido a la presencia de refugiados colombianos en los países vecinos.
Este tema tiene, como antecedente, un fenómeno que de alarmante pasó a cotidiano en Colombia: el exilio interior. Se calcula, en efecto, que dos millones de colombianos huyen de la guerra al interior del país, sobreviviendo en condiciones precarias, de inseguridad, de violencia.
A partir de que el conflicto se agudizó en zonas fronterizas como el Putumayo, y llegaron las primeras fumigaciones, el fenómeno se orientó por más allá de las fronteras. Hasta los últimos reportes, la presencia de refugiados ha sido más fuerte en el Ecuador que en Venezuela, pero tampoco ha llegado a las cifras que se temían y que le llevaron a ACNUR a instalar un campamento con capacidad para albergar a cinco mil personas en la frontera amazónica con el Ecuador.
Junto a ello están, en el caso ecuatoriano, los movimientos de desplazados, poblaciones fronterizas que escapan, ya sea de las represalias de cualquiera de los sectores protagonistas del conflicto, como de los efectos de las primeras fumigaciones en el marco del Plan Colombia.
En cuanto al número de los refugiados, las cifras que maneja la prensa de la región sobre su volumen eventual son muy diversas. Resulta imposible saber cuántos entran por una frontera tan extensa como la ecuatoriana o la venezolana, declara en las páginas de El Universal la representante regional de ACNUR.
Tampoco se tienen cifras muy precisas sobre el volumen de población que estaría vinculada a la producción de coca o sujeta a las presiones del ejército, los paramilitares y los guerrilleros, en las zonas fronterizas. Los cálculos son difíciles de establecer por dos hechos muy simples: siendo una zona de marginalidad y de poblaciones o nacionalidades indígenas que se han desarrollado juntas a los dos lados de las fronteras ecuatoriana y venezolana, buena parte de los refugiados se quedan en las viviendas dispersas de sus conocidos y no llegan a los refugios instalados por ACNUR, por lo que no pueden ser contabilizados. En cuanto al Ecuador, las poblaciones de refugiados pertenecen, con frecuencia, a los mismos pueblos indios asentados a los dos lados de la frontera.
Está además el hecho de la extrema movilidad de esos grupos.
En las fronteras de Venezuela y Ecuador actúa, por el momento, una institución internacional: la oficina para refugiados de Naciones Unidas -ACNUR-, con apoyo de organismos nacionales. Si bien se han destacado los esfuerzos emprendidos por ACNUR, diversos sectores critican el sistema de refugios. Por ejemplo, el obispo de Sucumbíos, figura clave de los programas de atención a refugiados y desplazados, hablaba en declaraciones de prensa emitidas el mes de julio, que deben ser las propias estructuras existentes en la sociedad las que acojan a los refugiados. "ACNUR trabaja con unos cánones internacionales medio estratosféricos" afirmaba el obispo López, y agregaba con ironía "si nos están queriendo vender una guerra de Vietnam, como dicen algunos medios de comunicación, entonces qué mejor que los campamentos."
El tratamiento del tema de los refugiados ha sido diferenciado en la prensa de cada país, ajustándose al grado de cercanía de cada una de las fronteras nacionales con la región colombiana en la que se ha agudizado el conflicto militar. Así es como no aparece tratado en los diarios brasileros, sino como secuelas de la problemática colombiana del exilio interior; mientras tanto en Venezuela sí es abordado, particularmente con informaciones sobre la adaptación de la legislación para el caso, y los acuerdos con ACNUR para instalar puestos de refugio y teniendo presente a los expulsados por los enfrentamientos armados; y en el Ecuador se convierte en uno de los aspectos centrales del tratamiento informativo, y se lo hace, no desde la fría descripción de resoluciones estatales para recibir a los refugiados, sino desde un testimonio vivo y desolador del modo como los grupos de desplazados sobreviven en el lado ecuatoriano de la frontera.
La afluencia preferencial de refugiados hacia el Ecuador por ser el Putumayo la región fronteriza de las fumigaciones y de la intensificación de los combates, produce un giro informativo distinto con respecto a Venezuela o Brasil. Mientras en el primer país, son frecuentes los reportajes que describen con detalle los lugares de refugio y ahondan en los testimonios de los afectados, en Brasil no se aborda el tema y en Venezuela hemos encontrado pocas informaciones, no más de seis, referentes a las estructuras y legislación para acoger a los refugiados. Paradójicamente, una crónica de El Universal se titula "Exodo de colombianos genera alarma en Naciones Unidas" como si el tópico no comprometiera a la propia Venezuela.
El involucramiento militar con respecto al tránsito de poblaciones, se radicalizó en el Ecuador, cuando en agosto (El Comercio) el Comandante del Ejército pidió una revisión de los convenios de migración entre los dos países con el pretexto de evitar "infiltraciones indeseables", lo que significaría un grave retroceso en los esfuerzos de integración binacional y regional. Apreciaciones éstas, que en el terreno de los hechos, solo dificultan la apertura hacia los que huyen de la violencia. ¿O acaso es sencillo distinguir claramente, en una región tan compleja y con una población civil vulnerable frente a las fuerzas en conflicto, quiénes son combatientes y quiénes campesinos refugiados?. La prensa no hizo comentario alguno al respecto, en los días posteriores.
Hay otro aspecto de la relación fronteriza que, para un país en específico, el Ecuador, es relevante: el impacto económico a causa de la agudización del conflicto colombiano, exacerbado a partir de la ejecución del Plan Colombia.
Según Hugo Cabieses, en el libro publicado por ALOP "Plan Colombia: ¿Seguridad Nacional o Amenaza Regional?", el tema tiene dos ángulos: las consecuencias sobre la economía de la población dependiente en las zonas fronterizas y el apoyo internacional a nombre de la coyuntura (rubros del Plan Colombia). Apoyo, que está dirigido, fundamentalmente, al fortalecimiento del aparato militar y mucho menos al desarrollo alternativo y la defensa de los derechos humanos.
Las tres provincias ecuatorianas que son frontera con Colombia (Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas), han visto quebrarse sus economías, dependientes en gran medida del comercio con Colombia. No hay cifras precisas al respecto, pero según una información aparecida en El Comercio (septiembre 7), el 70% del comercio de Sucumbíos se realizaba con los grupos irregulares armados.
Según una encuesta de la empresa privada Informark, difundida por El Universo en agosto del 2001, más del 70% de la población de Sucumbíos admitió haber negociado directa o indirectamente con las FARC, "desde medicinas y alimentos hasta armas y fuerza de trabajo".
Las organizaciones indígenas amazónicas, agrupadas en la Confederación Indígena, hablan de una pérdida del 60 al 75% del comercio en la zona de frontera, dato refrendado por el Prefecto de Sucumbíos. Pero a la falta de cifras, hay testimonios reveladores de antiguos colonos del lugar que ven cómo sus negocios comienzan a cerrarse, testimonios recogidos por El Comercio y El Universo.
Con esa frase, "guerra en el vecindario", el ex presidente ecuatoriano Oswaldo Hurtado, abre un análisis sobre la crisis colombiana y el Plan Colombia (El Comercio). La frase resume el diagnóstico que puede hacerse del tratamiento informativo del tema en Ecuador, Venezuela y Brasil.
En efecto, de un total de 40 notas aparecidas en la Folha de Sao Paulo, apenas 8 se refieren al Plan Colombia y las fumigaciones, mientras el resto se centra en el conflicto interno colombiano. Y en Venezuela, en el período estudiado, 32 notas se refieren al Plan Colombia, mientras hemos registrado 90 informaciones sobre la lucha armada y los intentos de paz en Colombia, y 66 de ellas tienen como trasfondo, el peligro del contagio de la violencia colombiana. Un contagio que es visto desde una perspectiva binacional y que, en ningún momento se detiene en el carácter regional de la ingerencia norteamericana, a nombre de una inestabilidad política en la región andina.
En la prensa ecuatoriana, por las mismas razones de frontera, la proporción será inversa: 57 notas versarán sobre las fumigaciones, frente a 48 notas que atienden al conflicto interno colombiano. Esta preocupación es algo que no está únicamente en los medios, sino que se trasluce en los comentarios cotidianos y justifica discursos armamentistas, sobre todo en los casos ecuatoriano y venezolano. En este contexto, se identifica un marcado énfasis en lo militar, combinado con el temor a la violación de las fronteras por parte de guerrilleros y paramilitares.
En Venezuela, esto da pie para dos o tres notas sobre la necesidad de renovar la infraestructura militar aérea para el control del territorio.
Mientras tanto en el Ecuador, este reiterado "desliz" informativo, ha facilitado una "resurrección" del discurso militarista relegado a en segundo plano luego del acuerdo de paz con el Perú en 1998. ¿Cómo conciben las Fuerzas Armadas ecuatorianas las expectativas en torno a la frontera norte?. Como una recuperación de sus roles tradicionales, luego de la incertidumbre que dejara en ellas la suscripción de los acuerdos de paz con el Perú. Retoma así, nuevamente, su significado el concepto de "enemigo externo".
Sin embargo, la dimensión y el rol que cumplen allí, es incierto. No se conoce el número exacto de los destinados a las fronteras y las informaciones son muy fragmentarias y se modifican al calor de las incursiones guerrilleras o los secuestros en las provincias fronterizas. Situación informativa con la que nos encontramos también en Venezuela donde el ojo de los comentaristas venezolanos de prensa está puesto, en buena medida, en el "peligro" que encarnarían las actitudes "amistosas" de Hugo Chávez frente a la guerrilla colombiana. Es más, algunas notas se refieren a un curioso y aparente "montaje" fotográfico del encuentro entre los presidentes Chávez y Pastrana, y entre los dos, un líder guerrillero.
En el presente estudio se han identificado siete giros informativos que expresan todas las preocupaciones por lo que se podrían denominar los impactos colaterales del Plan (o el terror al contagio colombiano). Estos aspectos, que resumen la preocupación por la vecindad colombiana son: las incursiones de grupos armados en territorios nacionales; presencia de los refugiados; militarización de las fronteras; políticas polémicas con respecto al exilio de guerrilleros; vinculación de las FARC y ELN con grupos armados de otros países; participación de los países como escenario para las negociaciones de la paz colombiana y, deslizamiento a través de las fronteras, de todo tipo de violencia (son reiteradas las notas informativas calificando a Sucumbíos y Táchira como las zonas de mayor concentración de violencia en Ecuador y Venezuela, respectivamente).
El primer elemento a tener en cuenta, en el análisis de esta sui géneris coyuntura, es la articulación irregular entre poblaciones a los dos lados de la frontera y la constitución histórica de la Amazonía, un territorio con todas las características para ser una región por sobre los límites nacionales.
La Amazonía se ha ido conformando social y políticamente más allá de los artificiales límites fronterizos, las instituciones y los estados.
Es una región que ha sufrido el histórico olvido de estas poblaciones por parte de los estados nacionales. Una nota de la prensa ecuatoriana (El Comercio, julio 2001) habla de que el punto neurálgico en la frontera, la parroquia General Farfán, no tiene una vía permanente para comunicarse con el resto de la provincia de Sucumbíos. Tampoco cuenta con agua potable ni alcantarillado.
Las provincias de Sucumbíos, Napo y Esmeraldas presentan niveles de pobreza y abandono superiores a la media nacional. Su entramado social es sumamente débil, a más de que, en el caso de la Amazonía, se trata en todos los países amazónicos, de pueblos migrantes con ninguna identificación con la región ni con una "Nación". La marginalidad de zonas fronterizas como Sucumbíos, Esmeraldas o Táchira, se ilustra también en el plano de la seguridad y la política, pues se trata de regiones caracterizadas desde hace varios años por su extrema violencia.
Desde los orígenes de la colonización de ese sector de la Amazonía, vamos a encontrarnos con microimperios en los que, hasta comienzos del siglo XX, ejercían verdaderas dictaduras los señores del caucho. Todos, colonos, indígenas, misiones, patronos caucheros, integraban sociedades en las que la explotación del trabajo y el dominio político eran ejercidos al margen de los estados nacionales.
Según Salomón Cuesta y Patricio Trujillo en su libro "Putumayo, la Frontera de Fronteras", esos grupos conformaron "las bases sociales, políticas y jurídicas que, posteriormente a la segunda década del siglo XX y a lo largo del siglo, han condicionado (...) las actuales fronteras nacionales (líneas imaginarias) entre Ecuador, Colombia y Perú", "La colonización -sostiene, por otra parte, Adriana Rossi- se desenvolvió en un marco totalmente ajeno a cualquier tipo de institucionalidad y al margen de políticas estatales (...). En cuanto a los grupos indígenas, la frontera es artificial ya que separa a miembros pertenecientes a una misma etnia con su propia identidad cultural, que permite mantener los lazos comunitarios y de reciprocidad que incluyen los trabajos productivos mancomunados".
Una anécdota citada por Adriana Rossi le da todo el color al modo como se fue constituyendo este espacio al margen del Estado, cuando habla de que, en tiempos de las legendarias organizaciones narcotraficantes colombianas, los carteles de Cali y Medellín organizaban en la región ecuatoriana de Pastaza (norte de la Amazonía) sus encuentros para dirimir diferencias y negociar áreas de influencia del mercado mundial.
Esta peculiar realidad regional se reproduce hoy en torno a la coca, robusteciendo una microregión de producción, empleo y comercio, que afecta particularmente a las fronteras de Colombia, Venezuela y Ecuador y en menor medida a Brasil y Perú.
En cuanto al Ecuador y Venezuela, y en menor grado Brasil, al igual que en la época cauchera, en el actual contexto de la narcoindustria estos países se especializan en el abastecimiento de elementos logísticos necesarios para dinamizar el complejo económico regional.
Esta articulación no solo se hace, en el caso ecuatoriano, a través de los 8 mil campesinos que se calcula pasaron a territorio colombiano para trabajar en los sembríos de coca (especialmente durante el período de auge entre 1993 y 1998), sino porque las poblaciones fronterizas sirven de lugar de aprovisionamiento y reposo no solo de narcotraficantes, sino también de guerrilleros y paramilitares. Allí se desarrollan actividades complementarias como el aprovisionamiento de precursores químicos para la preparación de la cocaína.
Según Adriana Rossi, lo que ocurre en Sucumbíos y Táchira con los laboratorios procesadores del clorhidrato de cocaína, y que es recogido en los periódicos de Ecuador y Venezuela con marcada alarma, demuestra que: "la integración que espontáneamente se produce entre las dos poblaciones que viven en la franja fronteriza, permite la formación de microsistemas productivos y comerciales en las que el circuito de las drogas ilícitas se inserta sin dificultades". Este carácter de región económica, por sobre la existencia de las fronteras, no es entendida por las Fuerzas Armadas ni por la autoridad estatal, como tampoco por los medios de comunicación, que centran su discurso en la defensa de la soberanía en una frontera imaginaria, traspasada por vías de interrelación que la presencia militar no alcanza a controlar.
Sobre el grado de seguridad que ofrecen los cuerpos armados, es necesario considerarlo en su doble sentido: cuidado de las fronteras y seguridad de los ciudadanos. Sobre la fragilidad de lo primero, bastaría recordar las frecuentes notas informativas sobre incursiones e, incluso, la instalación de células guerrilleras o paramilitares, en las regiones de Sucumbíos (Ecuador) y Táchira (Venezuela).
A esta "inseguridad" se suman las complicidades con el narcotráfico por parte de militares mal pagados o su participación en el tráfico de armas.
Finalmente, está el llamado "espíritu de cuerpo", la otra cara de la seguridad interna. Esto significa los actos de violencia militar contra los pobladores, cometidos aisladamente o en operaciones de rastreo, que quedan en la impunidad, pues las Fuerzas Armadas se aseguran el silencio de las poblaciones con la intimidación.
La desconfianza militar hacia los pobladores se sustenta en la supuesta duplicidad que viven los campesinos de la región, que actuarían en ocasiones como parte de las fuerzas guerrilleras y en otras como campesinos, por efecto de presiones de los sectores armados en pugna. En este punto, las informaciones de los medios se debaten entre el silencio de las poblaciones temerosas de cualquier represalia y las versiones indiscutibles, pero también inverificables de los voceros militares o policiales.
En efecto, en cuanto al contagio por incursiones de la guerrilla o los paramilitares en territorio venezolano o ecuatoriano, existe una alianza equívoca entre militares y policías y los medios de comunicación, una alianza, si se quiere, no buscada por los medios sino obligada por encontrarse a horcajadas entre la necesidad de informar y la desinformación reinante y alimentada por los sectores militares y policiales.
En el período analizado, nos hemos encontrado con frecuentes notas que tienen como única fuente las Fuerzas Armadas o la policía, y en las que se dan por hecho la existencia de lugares de refugio e, incluso, bases de la guerrilla en los dos países (con más insistencia en el Ecuador).
Como en muchas de las informaciones referidas al conflicto colombiano y los impactos fronterizos, estas informaciones no alcanzan a ser confrontadas con otro tipo de fuentes o testigos. Las poblaciones, ya lo dijimos, callan por temor a las represalias de uno u otro bando y los lugares son solo accesibles a las patrullas militares o policiales. Las declaraciones militares son asumidas por la prensa sin beneficio de inventario: por ejemplo, cuando nadie replica en Venezuela las declaraciones recogidas por el Universal, lanzadas por un alto jefe militar en el sentido de que "El ELN ataca a Colombia desde Venezuela".
En cada ocasión en que la prensa venezolana o ecuatoriana habla de algún guerrillero detenido en la frontera o de las sospechas de presencia guerrillera en los dos países, podemos esperar el anuncio militar de que se construirán nuevas bases militares en la región, mientras nadie pone en duda las informaciones que buscan darle este giro de militarización de fronteras a un tema estructural y humano.
Igualmente, varias informaciones referidas a secuestros y a asaltos a agricultores en las fronteras son adjudicadas, hasta su rectificación posterior, a elementos de la guerrilla. Cuando un caso se confirma (secuestro del piloto venezolano Richard Boulton), las notas de prensa son frecuentes.
La investigación permite establecer relaciones implícitas entre las preocupaciones por el contagio colombiano y la forma en que los medios dimensionan las informaciones sobre el conflicto interno de Colombia. Esto, tanto en lo referente al despliegue que le conceden, como al seguimiento que dan a un hecho particular de ese conflicto interno.
Un caso evidente de esta relación, es la importancia dada por la prensa de los cuatro países (Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela) a la presencia de asesores del grupo armado irlandés IRA en medio de las FARC. De las 24 notas que la Folha dedica al conflicto interno colombiano en el período analizado, 5 se refieren a la presencia del IRA, con lo que este hecho parecería convertirse en el más relevante en medio de los combates entre los bandos armados y los intentos por llegar a la paz. Y en caso de Venezuela, lo hacen 15 de las 90 notas registradas, esto es, casi tantas como las que se dedican a las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC.
Uno de los aspectos que, de manera coincidencial y obedeciendo a decisiones políticas internas, han sido tratados por los medios de Brasil, Ecuador y Venezuela, en el período analizado, es la conveniencia o no de la presencia militar en nuestros países. Y digo coincidencialmente, porque solo en el caso ecuatoriano, la cesión de la base de Manta al control norteamericano tiene una relación directa con la ejecución del Plan Colombia.
Sin embargo, lo hemos considerado en nuestras reflexiones sobre los impactos colaterales, ante la perspectiva, nada imposible, de que en el futuro inmediato el Plan Colombia se articule a las otras formas de presencia militar de Estados Unidos en la región a nombre de una guerra contra el terrorismo. Además, porque Estados Unidos ha buscado el apoyo latinoamericano al Plan, lo que sensibiliza en la región el tema de las bases militares y la presencia de asesores y, eventualmente, fuerzas militares en nuestros países.
Se trataría, por tanto, de aquella característica "invisible" del Plan Colombia: ser pieza de la geopolítica norteamericana. Una característica invisibilizada por las propias oscuridades del Plan, en cuanto se presenta como una forma de intensificar el combate al narcotráfico (razón por la cual destina recursos también a Bolivia y Perú). Pero, este es un aspecto que se articula, irremediablemente, a las supuestas vinculaciones de las guerrillas con el narcotráfico (denuncia parcialmente verificada y que debe ser tomada con precaución) para apoyar acciones militares colombianas, al tiempo que, desde Colombia, se proyecta a la región, a la que considera políticamente convulsionada.
Paralelamente, la prensa colombiana y la norteamericana han evocado -con más frecuencia la primera- la cooperación con personal militar en Colombia. Incluso un editorialista de El Colombiano ironiza sobre el "temor" norteamericano de enviar tropas a lo que puede ser una triste réplica de Vietnam.
En el caso ecuatoriano, el gobierno y las Fuerzas Armadas han desestimado sistemáticamente los argumentos de que esta cesión de la Base vincule más al Ecuador al conflicto colombiano. Incluso han negado una relación de este convenio con el Plan Colombia y el Consejo Nacional de Seguridad ha declarado paladinamente hace unos meses que "El Plan Colombia es de incumbencia exclusiva de Colombia y de Estados Unidos", cayendo en el equívoco que anotamos al comienzo de nuestro análisis.
El Consejo sostiene reiteradamente que "se define como política de Estado la lucha contra el narcotráfico", y que en este marco, exclusivamente, deben interpretarse los convenios internacionales firmados para la utilización de la Base de Manta. Hay como imaginarse que el silencio que guardan hoy las autoridades, se debe a que la propuesta de la Iniciativa Andina destinada a reemplazar al Plan Colombia vuelve insoslayable nuestra articulación al intervencionismo norteamericano, o porque la "globalización" de la lucha antiterrorista no dejará por fuera a la estratégica base de Manta. Un detalle significativo fue la intensificación de las seguridades en torno a la base luego del 11 de septiembre, preocupación que no ocurrió en otros recintos con destino militar (El Comercio, septiembre 19).
El primer síntoma de que las intenciones norteamericanas, en el caso de Manta, iban más allá del control del narcotráfico, es que desde la base se han interceptado embarcaciones que llevaban grupos de emigrantes clandestinos, cosa que no estaba considerada en el acuerdo y que es presentada por los norteamericanos como una acción humanitaria.
El propio Pentágono se ha encargado de subrayar la importancia (y por tanto el peligro para la neutralidad ecuatoriana) de su presencia en la base de Manta. "Por donde se lo mire al narcotráfico se trata de un problema regional. La importancia de Manta radica en que se trata del único sitio que nos dará el alcance operacional que necesitamos para cubrir a todo Colombia, todo Perú y las áreas cultivadas con coca de Bolivia", explicó el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Charles Wilhelm, ante un comité del Senado hace unos meses. Simultáneamente (y para complementar la idea anterior) los actuales responsables de la seguridad norteamericana recomendaban, incluso antes del 11 de septiembre, que las operaciones contra el narcotráfico se sustenten en intervenciones militares directas por parte de sus Fuerzas Armadas.
Este tema de las bases militares gestionadas por Estados Unidos, ocupará, también, como ya lo dijimos, especial atención en la prensa de Brasil y Venezuela, y será materia de informaciones en la prensa -particularmente el New York Times- y el gobierno de Estados Unidos al momento en que se habla de una lucha contra el terrorismo internacional, extensible a América Latina.
La Folha de Sao Paulo se hace eco de la renovación de las relaciones militares Brasil-Estados Unidos congeladas a partir de 1977, a propósito de la conferencia de Ministros de la Defensa en Manaos, donde Estados Unidos arrancó compromisos regionales con el Plan Colombia. Allí, se hizo referencia, según la Folha, a unos "singulares desafíos a la seguridad y estabilidad regional" que, por efectos de la fragmentación de la que hablamos, no vuelven a evocarse en los medios cuando se aborda el tema general del Plan Colombia.
Igualmente como en el caso ecuatoriano, la Folha de Brasil reflejará las intenciones del Gobierno de bajar el perfil a los acuerdos militares entre Estados Unidos y nuestros países para el uso de bases militares. En el caso brasilero se trata de la base de Alcántara, y el gobierno subrayará, según la información de prensa, las ventajas comerciales y tecnológicas de mantener la base, por sobre las preocupaciones políticas.
En el caso venezolano, el debate se centra en torno al pedido, por parte del gobierno de Hugo Chavez, de la salida de los norteamericanos de la base militar del Fuerte Tiuna. Si bien el gobierno adujo necesidades de ampliación de los servicios militares nacionales y la embajada de Estados Unidos no pasó de lamentar el hecho para efectos de minimizarlo la información (El Universal, julio-agosto), se ajustaba dentro del debate mantenido por ese diario sobre la actitud de independencia frente a Estados Unidos del presidente Chávez. En efecto, gran parte de los comentarios de editorialistas, particularmente en El Universal, se refieren a la fragilidad y el peligro de afectación de las relaciones entre los dos países, a causa de la política de Chávez.
Tres son el tipo de informaciones -por lo demás, escasas- que, entre julio y septiembre, se han referido al carácter regional del Plan Colombia. Las que han recogido pronunciamientos militares nacionales o norteamericanos, pero en las cuales el tema no es el impacto regional sino la seguridad regional; las que han informado sobre las últimas reuniones del Parlamento Andino, donde surgieron serias críticas al Plan Colombia y la exigencia de una estrategia andina propia (informaciones que las recogió particularmente El Comercio de Quito y en mucho menor grado los diarios colombianos); y las recientes preocupaciones sobre el impacto en la región de las políticas antiterroristas norteamericanas, que acabarían por transparentar al Plan Colombia descubriéndolo, no como simple estrategia antidroga, sino como una política destinada a comprometer a los países en la "cruzada" antiterrorista.
Por lo demás, sobre esta dimensión política regional, reina el silencio en la región, ocupados los medios y los gobiernos en las aristas nacionales y binacionales del problema. Sobre el carácter regional del Plan Colombia, hemos registrado 32 notas, de las cuales 19 corresponden a los dos diarios norteamericanos.
La ingerencia militar de Estados Unidos, sin embargo, está trazada para controlar la región andino-amazónica. El periodista y escritor colombiano Alfredo Molano, escribía hace cerca de dos años, que "a Washington le preocupa ante todo, lo que representa Chávez, un caudillo que viene las armas, los votos y el petróleo; le preocupa también lo que sucede en el Ecuador con el movimiento indígena y campesino; y en el Brasil con un creciente Partido de los Trabajadores y el Movimiento de los Sem Terra; le preocupa lo que hay debajo de la oposición a Fujimori, le preocupa Bolivia sin Bánzer y le preocupa un panamá sin su presencia en la Zona del Canal. Lo han dicho varias veces bajo el título de estabilidad democrática regional."
Por otra parte, existe un tema de dimensiones no solo regionales, cuyo tratamiento se contagió, desde el congreso colombiano, a toda la región, lo que permite interpretarlo como un tema que está latente en los distintos países: la legalización del consumo de drogas en el mundo, y las necesarias modificaciones en las políticas antidrogas, dado el fracaso sucesivo de la fumigación de cultivos en Bolivia, Perú y ahora Colombia. Sin embargo, fue un asunto que ocupó a la prensa por muy pocos días. Los gobiernos y los editorialistas, con contadas excepciones, enterraron el tema en los medios, como absolutamente inviable.
Versión adaptada para internet; no incluye los cuadros.
Es necesario dejar consignado el esfuerzo del Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert (FES) por haber ejecutado esta iniciativa, de investigación y difusión, sobre la Cobertura del Plan Colombia en la prensa de tres países andinos, Brasil y Estados Unidos.
Editado por el Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert, sede Quito, Ecuador; Directora: Sara Brombart; e-mail: promefes@uio.satnet.net.
Tomado de gLOBALIZACION