18 de mayo del 2002
Valeria Wainer y Pablo Stefanoni *
Rebelión
Luego de la desaparición de la Unión Soviética, EE.UU. se ha convertido en la única superpotencia realmente global. Ninguna otra nación del planeta cuenta con semejante capacidad militar ni intereses distribuidos en tanta cantidad de países. Por eso, los mega atentados ocurridos el 11 de septiembre en su corazón militar y financiero -y las represalias que lo sucedieron- han trastocado el conjunto de las relaciones internacionales. La lucha del "bien" contra el "mal", sintetizada en la repetida frase "o se está con EE.UU. o se está en contra", le ha permitido a los "halcones" que dominan la administración republicana, reemplazar al viejo enemigo comunista por uno nuevo: el terrorismo.
En su discurso sobre el Estado de la Unión -pronunciado el 29 de enero- el presidente Bush precisó aún más su visión de la guerra contra el terrorismo, al señalar que entre sus objetivos no solamente se encuentran los terroristas y quienes los apoyen, sino también los regímenes hostiles que intenten desarrollar armas de destrucción masiva que amenacen a EE.UU. Y señaló a Irán, Irak y Corea del Norte como potenciales objetivos de futuras acciones militares, al alertar que dichos países constituyen un eje del mal (an axis of evil) que plantea un grave y creciente peligro para EE.UU.(1)
En este mundo transformado en un potencial escenario de la cruzada contra el terrorismo global, adquiere un nuevo significado la intervención norteamericana en Colombia y, desde allí, en el conjunto de la zona andina. Las categorías dicotómicas que conforman el discurso belicista del gobierno de Bush ("bien contra mal", "ellos o nosotros") sirven para justificar el uso del financiamiento militar norteamericano -anteriormente restringido a la lucha contra el narcotráfico- contra los movimientos guerrilleros, los movimientos campesinos y demás fuerzas populares, previa asimilación a la categoría de "terroristas".
En la noche del 20 de febrero el Presidente de Colombia, Andrés Pastrana, dio por terminadas las negociaciones de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) mediante un discurso en el que hasta se invocó la protección de Dios y del Arcángel San Miguel.
La razón formal de la decisión presidencial -tomada poco antes de finalizar su mandato- fue el secuestro del senador y presidente de la Comisión de Paz en el Congreso, Jorge Gechen Turbay, quien viajaba en un avión con 30 pasajeros que fue desviado de su ruta (Neiva-Bogotá) y obligado a aterrizar en una carretera de Huila, departamento ubicado en el centro del país. Sin embargo, esta decisión de consecuencias imprevisibles parece estar motivada por una combinación de elementos que conforman el nuevo contexto en el que quedó inserto el conflicto colombiano.
El vuelco de Pastrana hacia la "opción militar" se materializó en la operación Tanatos -nombre del dios griego de la muerte- lanzada con el objetivo de recuperar el control estatal de la otrora zona de distensión y acabar con la infraestructura guerrillera. Casi inmediatamente, aviones militares y helicópteros comenzaron a bombardear distintos puntos estratégicos de lo que fuera el escenario de las conversaciones de paz, un área de 42.000 km2 controlada por la guerrilla y transformada -según Pastrana- en una guarida de secuestradores, un laboratorio de drogas ilícitas y un depósito de armas, dinamita y carros robados.
El entramado jurídico que posibilitó más de tres años de conversaciones entre el gobierno y la principal fuerza guerrillera se ha derrumbado: la decisión gubernamental puso fin a la zona de distensión y al reconocimiento político de las FARC como fuerza beligerante, al tiempo que se reactivaron las órdenes de captura contra los representantes de la guerrilla y se revocó la autorización a los municipios de la zona desmilitarizada para crear los cuerpos cívicos de convivencia (integrados por miembros de las instituciones del Estado y de la guerrilla).
Las FARC -una fuerza que cuenta con alrededor de 16.000 combatientes- respondieron con una ola de sabotajes a la infraestructura energética, vial y de comunicaciones, que instaló en el seno del gobierno una discusión sobre la conveniencia de declarar el "estado de conmoción interna", una alternativa resistida por algunos sectores, que ven en esa medida un perjuicio para la imagen de Colombia ante la comunidad de negocios internacional.
¿Pero, qué cambios en el contexto nacional e internacional determinaron este punto de inflexión y la vuelta a la opción militar? ¿Hubo convicción para la paz detrás de la puesta en escena de la mesa de diálogo?
El actual contexto nacional e internacional es muy diferente de aquel que predominaba en 1998, cuando se inició el diálogo entre el gobierno del recientemente electo Pastrana y las FARC. En aquella oportunidad la balanza se había inclinado hacia los partidarios de una "salida política". Tanto las clases dominantes colombianas como el Departamento de Estado norteamericano habían concluido que no era posible derrotar en el terreno puramente militar a una guerrilla que regularmente llevaba a cabo resonantes golpes -materiales y morales- contra las Fuerzas Armadas del Estado. Con independencia de las posibilidades reales de que las FARC se adueñaran del poder, lo cierto es que la correlación de fuerzas en el terreno militar les permitía controlar un tercio del territorio nacional -configurando un verdadero Estado dentro del Estado. No es casual que diversos estudios de opinión reflejaran que siete de cada diez colombianos pensaran que la guerrilla estaba derrotando a las Fuerzas Armadas.
En medio de una gran recesión (la más feroz evidenciada desde 1931), el nuevo gobierno conservador que llegara al poder en 1998, implementó un programa de ajuste ortodoxo que profundizó las "reformas" iniciadas por la administración de César Gaviria (1990-1994), quien había iniciado una política de privatización de empresas públicas, desregulación financiera, apertura hacia la inversión extranjera, etcétera. Esta prueba de fe en el neoliberalismo le permitió al presidente Pastrana normalizar las relaciones con Washington, luego de los cortocircuitos entre el anterior presidente -el liberal Ernesto Samper (acusado de haber financiado su campaña electoral con fondos provenientes del narcotráfico)- y la administración norteamericana. "No debemos tener miedo a la globalización de la economía. Por el contrario, le daremos la bienvenida y prosperaremos dentro de ella", señaló Pastrana en agosto de 1998 (2).
Marta Harnecker señala que "para el nuevo gobierno, lograr un proceso de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -el movimiento guerrillero más antiguo y poderoso del país- más que una aspiración es una necesidad para poder implementar el modelo de desarrollo económico que su gobierno se había trazado y que está fundamentado en un proyecto de corte neoliberal en el cual predomina la privatización y la llamada economía social de mercado. Sin una mínima estabilidad interna es muy difícil que los planes económicos gubernamentales puedan ser implementados"(3).
En ese contexto político-económico se comenzó a diseñar un proceso de negociación que, más que abordar las grandes injusticias sociales y económicas, la lucha contra el paramilitarismo y la defensa de las libertades democráticas, pretendió reeditar la "exitosa" experiencia de América Central en los 80. Una política que permitió -luego de los acuerdos de paz -reafirmar la estrategia norteamericana en la región centroamericana sin resolver ninguno de los problemas sociales generadores del conflicto. Más bien se trató de una paz lograda luego de años de desarrollar estrategias basadas en "el terrorismo de estado, el desplazamiento masivo de población, gastos militares en gran escala y a largo plazo, asesores militares y una oferta de un arreglo político que implicó la reincorporación de los comandantes guerrilleros a la política electoral" (4). Uno de los ejemplos más concluyentes de la aplicación de esa estrategia fue la ofensiva desatada contra la revolución sandinista, denunciada infructuosamente por Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas(5).
En un contexto de fuerte inestabilidad, la administración Clinton celebró la elección de Pastrana y apoyó el "proceso de paz"; al tiempo que el presidente de la Bolsa de Wall Street viajó a discutir con las FARC en territorio controlado por la guerrilla. Pero, paralelamente a las negociaciones, el gobierno colombiano puso en marcha el denominado Plan Colombia, presentado como un "plan para paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado".
González Posso recuerda que "el Presidente Andrés Pastrana, en el inicio de su mandato, habló de un gran plan de inversión para la paz, mencionó inclusive que se trataba de una especie de Plan Marshall, a semejanza del plan de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Así, con el denominado Plan Colombia, fueron generadas grandes expectativas de inversión social en el país y en especial en los municipios comprendidos en la Zona de Distensión"(6). En esa oportunidad Pastrana expresó que "la guerrilla podrá participar en la preparación, conformación y ejecución de los proyectos del Plan Colombia".
Pero diversos trabajos permiten concluir que no existe "un" Plan Colombia, sino que hay varias diferencias entre las distintas versiones, de acuerdo a las "sensibilidades" de los encargados de decidir los aportes económicos previstos por el plan y de su respectiva opinión pública. De esa forma se enfatizaron los aspectos vinculados al desarrollo económico y la defensa de los Derechos Humanos en la versión presentada ante la Unión Europea y los referidos al fortalecimiento de las fuerzas armadas y la lucha contra el narcotráfico en la presentada ante el Senado norteamericano(7).
Según la afirmación del especialista Adam Isaacson la "primera versión" del Plan Colombia "era demasiado vaga y utópica para EE.UU. y además no ofrecía una solución rápida a los intereses que más les importan a los estadounidenses, como lo son la guerra antidrogas, el estrechamiento de los lazos militares, y la estabilidad de una región de países con gobiernos elegidos (y tal vez democráticos), capitalistas y abiertos a la economía mundial"(8).
Ante las dificultades por las que atravesaba el proceso de paz -y la continuidad de la lucha antidrogas- las autoridades colombianas formularon nuevos pedidos de ayuda a EE.UU. a la vez que los funcionarios norteamericanos aumentaban su interés en el conflicto colombiano. El número tres del Departamento de Estado Thomas Pickering y el Zar Antidrogas Barry McCaffrey le dijeron a Pastrana "que incrementarían fuertemente la ayuda si él desarrollaba un plan comprensivo para fortalecer las fuerzas armadas, parar la caída de la economía y luchar contra el tráfico de drogas"(9).
Como resultado, en seis semanas empezó a circular un "nuevo" Plan Colombia -con mucho mayor énfasis en el fortalecimiento del Estado y de las fuerzas armada y en la lucha antidrogas. Esta versión concebida y redactada en inglés con la participación - sino bajo la dirección- de los consejeros del Departamento de Estado norteamericano, estableció un programa con un costo total de 7.500 millones de dólares, de los cuales 3.500 millones debían provenir de ayuda extranjera(10). Por su parte, Colombia se comprometía a aportar 4.000 millones de sus propios recursos y de préstamos de instituciones financieras internacionales, al tiempo que -mediante una ley denominada Alianza Act- la administración norteamericana comprometió un aporte de 1.300 millones de dólares, esencialmente destinado a fines militares y uno de cuyos ejes era "recuperar el control del Estado sobre los centros productores de coca"(11).
Para ello, se financió el entrenamiento y equipamiento de batallones antinarcóticos y la adquisición de 30 helicópteros Black Hawk y 33 Huey, además de otras actividades encuadradas en el Golpe al Sur de Colombia, un operativo destinado a tomar el control de un área de cultivos ilícitos en manos de la guerrilla (ver anexo).
Si bien la ayuda militar prevista está condicionada por cláusulas de respeto a los derechos humanos, en muchos casos los paramilitares actúan como el brazo ilegal de la fuerza pública, ejecutando por su cuenta el trabajo sucio que los militares -en carácter de autoridad sujeta a la ley- no pueden realizar. Ese es el motivo por el que algunos llaman a los paras el sexto batallón del Ejército Colombiano.
La realidad de los últimos años da cuenta de que "el proyecto paramilitar está respaldado no solamente por el Estado y el Ejército, sino que es apoyado financiera, operativa e ideológicamente por importantes sectores de las clases dominantes, y sus intelectuales a través de los medios de comunicación, que lo ven como el medio para remediar la incapacidad militar del Estado Colombiano para doblegar a la guerrilla, así como para eliminar abiertamente a dirigentes sindicales y agrarios considerados como obstáculos incómodos en el proceso de acumulación de capital"(12) . Por otra parte, los asesores "privados" norteamericanos pueden completar las tareas que formalmente EE.UU. no quiere o no puede desarrollar. Empresas como la norteamericana Dyn Corp (con participación en la guerra de Kosovo) habría comenzado a aportar mercenarios al conflicto colombiano(13).
Es por ello que los informes de Amnesty International sostienen que el componente de ayuda a los derechos humanos que propone el Plan Colombia es inadecuado y en su mayor parte está mal encauzado, ya que no aborda las causas principales de la crisis de derechos humanos identificada por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, como la impunidad y la necesidad de combatir a las organizaciones paramilitares ilegales.
Tampoco el proceso de paz acabó con la "guerra química" destinada a erradicar las plantaciones de coca. A pesar de las opiniones técnicas sobre los nocivos efectos de los productos utilizados sobre las poblaciones y el ecosistema, la embajadora estadounidense en Lima señaló que el uso del glisfosato -uno de los productos cuestionados- no causa problemas y es como "tomar una aspirina"; no casualmente la firma Monsanto -de capital norteamericano- es una de las principales productoras de este tipo de herbicidas usados en los programas de erradicación de cultivos. Al igual que en el campo de la industria militar, la guerra química parece llevar también el sello del "compre norteamericano".
Por otra parte, la situación sin salida de grandes masas de campesinos(14), combinada con la experiencia de las FARC en anteriores procesos de paz, atentó contra una salida política negociada al estilo centroamericano. En ese sentido vale destacar el cese de fuego firmado en 1984, mediante el cual el gobierno de Belisario Betancourt se comprometía a desarrollar una serie de reformas políticas, económicas y sociales, y la guerrilla se comprometía a organizarse políticamente para participar en la lucha política legal. En esa oportunidad la normalización democrática mostró trágicamente sus límites: luego de obtener 26 diputados y 6 senadores, la Unión Patriótica -coalición legal de la que participaron las FARC- fue víctima de un verdadero genocidio político, que arrojó un saldo de entre 4.000 y 5.000 muertos entre militantes, candidatos y dirigentes(15). Esos límites para desarrollar una política abierta hacia el movimiento de masas condicionan cualquier tentativa de pacificación y ponen de relieve la matriz sobre la que operan las clases dominantes colombianas a la hora de defender su hegemonía.
Esta política de "limpieza social", que se abate sobre los campesinos sospechados de simpatizar con la izquierda y los dirigentes sindicales, continúa hasta el día de hoy. De hecho los trabajadores de Ecopetrol iniciaron hace pocos días una huelga por tiempo indeterminado en protesta por el secuestro de varios dirigentes sindicales por los paramilitares(16). La propia guerrilla ha planteado la situación en los siguientes términos: "si en Colombia se llegasen a abrir nuevos y positivos espacios, nuevas condiciones, un nuevo ambiente político, económico y social que hiciera inocuo el uso de las armas, seguramente otra sería la perspectiva de la nación".
El nuevo escenario mundial está siendo moldeado por los cambios operados en la estrategia del Imperio luego de los mega atentados del 11 de septiembre. El gigantesco aumento del gasto militar -justificado por la dicotómica lucha del "bien" contra el "mal"- parece dar una doble respuesta tanto al objetivo de reforzar su hegemonía imperial como a la necesidad de dar respuesta a la coyuntura económica recesiva. En ese sentido, la tragedia de las Torres Gemelas y el Pentágono le permite a EE.UU. convertirse en una especie de "policía global" en nombre del combate mundial contra el terrorismo, a la vez que viene en auxilio de la desfavorable coyuntura económica(17).
En medio de esta suerte de keynesianismo militar, se agiliza la movilización de recursos ociosos: el "nuevo orden mundial" -erigido sobre la destrucción de Afganistán- ya cuenta con un presupuesto militar de alrededor de 379.000 millones de dólares, un 40% del total mundial destinado a gasto militar y diez veces la suma gastada por Rusia y China en el mismo rubro(18).
A su vez, los atentados -presentados como un ataque al american way of life- sirvieron para fortalecer la investidura presidencial de Bush, luego de haber accedido al gobierno por una decisión judicial, en medio de fuertes sospechas de fraude en la Florida, donde opera el lobby de la extrema derecha cubana. Por ello no es casual que viejos cold warriors de la época de Reagan hayan vuelto a los cargos claves del Departamento de Estado, entre los cuales se encuentran Otto Reich -Secretario Adjunto para el Hemisferio Occidental- y John Negroponte, embajador ante la ONU. Ambos, activos partidarios de la guerra sucia contra la revolución centroamericana. Otto Reich encabezó la oficina de Diplomacia Pública, un oscuro departamento gubernamental que, entre otras cosas, se dedicaba a escribir cartas falsas y artículos de opinión en periódicos prestigiosos como The Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times. Aunque esos textos estaban supuestamente redactados por nicaragüenses opuestos al sandinismo, en realidad eran fruto de la propaganda clandestina oficial para desestabilizar al gobierno de ese país(19). No menos significativa fue la actividad de Negroponte, quien usó su cargo como embajador de EE.UU. en Honduras para apoyar "de cualquier manera" a la Contra nicaragüense(20).
A esta altura no hay dudas de que "el 11 de septiembre ya se transformó en uno de esos terremotos históricos que clarifican y precipitan acontecimientos y decisiones, provocando una ruptura de tal orden que hoy, la era Clinton perece un pasado lejano, una verdadera época de ilusión colectiva, motorizada por la utopía de la globalización y de la paz universal de los mercados (...) Después del 11 de septiembre la doctrina Bush de combate al terrorismo transformó el interés nacional americano en el principio legitimador de un nuevo tipo de intervencionismo político-militar, que se propone ser permanente, preventivo y global"(21). La propia existencia de un enemigo no identificado con precisión permite llevar adelante una escalada bélica "sin fin y cada vez más extensa" destinada a mantener una incuestionable delantera tecnológica y militar en relación a todos los demás estados, que le permita "contener" a adversarios reales, potenciales o imaginarios que desafíen la hegemonía norteamericana(22).
Ya durante el período electoral que llevaría a George W. Bush al poder se conoció un nuevo documento del denominado Comité de Santa Fe (EE.UU.) el cual asesoró al gobierno de Ronald Reagan en cuestiones geopolíticas. Con ese fin este grupo de intelectuales orgánicos del complejo militar-industrial ya había redactado los documentos que se conocieron como Santa Fe I y Santa Fe II, en los cuales "se planteó la base conceptual para el impulso del terrorismo de Estado, las guerras de baja intensidad (en Nicaragua, El Salvador, etcétera), un nuevo impulso a la Doctrina de la Seguridad Nacional y el uso de las fuerzas armadas como tropas de ocupación de sus propios países, y -en el plano económico- el inicio de la ola privatizadora"(23).
Con la llegada al poder de la administración republicana este influyente think tank ultra conservador ha vuelto a ocupar un lugar central en el diseño de la estrategia geopolítica norteamericana. El documento Santa Fe IV -prologado por el Director de Staff del Comité de Relaciones Extranjeras del Senado de Estados Unidos- advierte sobre los nuevos peligros que asechan al Imperio en la post guerra fría.
La construcción de un nuevo enemigo es un tema central en la geopolítica de lo que Zbigniew Brzezinski ha denominado la "primera y única potencia global del planeta"(24). Paradójicamente EE.UU. ha sufrido las consecuencias de su victoria en la Guerra Fría, que lo dejó sin el enemigo tangible que articulaba toda su política tras el paradigma de la lucha anticomunista, y disimulaba las contradicciones inherentes a la esencia de una civilización injusta, irracional e incapaz de garantizar la supervivencia de la humanidad y el equilibrio ecológico(25). Esta necesidad queda muy clara en las afirmaciones del ex ministro de Clinton, Robert B. Reich, quien sostuvo que con la desaparición de la amenaza soviética "no sólo nuestras fuerzas armadas se ven comprometidas por este cambio radical, también nuestra imagen de nosotros mismos (...) Ahora que se ha superado la amenaza soviética, tenemos que reconstruir la nación. Pero sin ese peligro externo, nos puede faltar la identificación necesaria para salir adelante"(26).
En el mismo sentido, el documento Santa Fe IV lamenta que "antes, Estados Unidos enfrentaba una amenaza relativamente definida, que era comprensible para el americano medio. [Mientras que] en la actualidad, esta amenaza se ha vuelto infinitamente más complicada y difícil de definir". Aunque señala que -afortunadamente- "algunos de los viejos demonios siguen escupiendo fuego y pueden ser fácilmente identificables".
A lo largo del documento reivindican la vigencia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de la Frontera de Defensa Interamericana y un relanzamiento del Comando Sur (criticando el traslado de su base de Panamá a Miami). Se quejan además por la pérdida de influencia de los militares de EE.UU. en el entrenamiento y educación de los militares de la región, acusando por ello a "la administración Clinton [que] con su tendencia antimilitarista (sic), ha logrado lo que nuestros enemigos más abiertos fracasaron en hacer".
En esa línea critica la posición de Clinton de ayudar a investigar los crímenes de las dictaduras del Cono Sur, denunciando que la administración demócrata apoyó una maniobra "comunista" para presentar las "guerras sucias" de Argentina y Chile como "intentos del demonio derechista para suprimir la población civil".
La lista de enemigos es amplia. Incluye a Fidel Castro -"quien no ha cambiado las mañas", los comunistas chinos -"quienes hicieron una aparición importante en Panamá y reemplazaron a los soviéticos en el Caribe", los bolivarianos -"el grito de guerra de comunistas y socialistas", y las FARC y el ELN de Colombia -"los capitanes de la droga en América del Sur". En el caso específico de Hugo Chávez, el documento denuncia sus esfuerzos por revitalizar la OPEP y su oposición a privatizar la industria del petróleo, al tiempo que lo acusa de intentar crear una "república socialista" con Ecuador, Panamá y Colombia.
Otro punto central del escrito es el reclamo de poner "punto final" a la guerra en Colombia. Si se examina ese planteo a la luz de las furibundas críticas a la política seguida por la administración Clinton, la única lectura posible del "punto final" -según varios analistas- es una intervención militar directa en Colombia.
Esta opinión es reforzada por la crítica que el documento Santa Fe IV realiza al gobierno colombiano por su estrategia para enfrentar la guerrilla, denunciando que "el gobierno de Colombia, en vez de establecer una guerra incondicional, ha elegido mantener conversaciones de paz". El documento, que se refiere a Clinton como ultraizquierdista, retoma todos los términos de la guerra fría como "subversión", "demonio comunista" y propone relanzar todos los instrumentos militares utilizados por EE.UU. en ese período. Pero fundamentalmente traza una estrategia para asegurar la hegemonía absoluta de EE.UU. en el continente y evitar "la penetración" de Europa y Asia(27).
En el contexto descrito no debería sorprendernos que las empresas armamentistas, luego de haber intentado influir en la discusión de defensa "desde afuera" -durante el gobierno de Clinton- hayan ingresado a la Casa Blanca de la mano del texano Bush. Ejecutivos de algunas de las contratistas más grandes en materia de defensa ya ocupan cargos claves en el Pentágono. Desde allí tres empresas -Lockheed-Martin, General Dynamics y Northrop-Grumman- esperan quedarse con la parte del león en los multimillonarios contratos de defensa, que ya suman -entre las tres- 27.600 millones de dólares al año provenientes del Pentágono, por la provisión de aviones, armas, electrónica, etc. Son las mismas compañías que consiguen también la mayor parte de los 34.000 millones adicionales destinados a investigación y desarrollo, incluyendo el polémico proyecto del escudo antimisiles(28).
El Center for Security Policy -que se financia con aportes de los mayores contratistas de armas- se jacta en su último informe anual de que por lo menos 17 ex miembros de su consejo consultivo anterior consiguieron posiciones claves en la nueva administración republicana(29). Esta victoria del lobby armamentista explica la cuestionada decisión del presidente Bush de romper el Tratado Antibalístico, que está causando fuerte preocupación en países "amigos" como China, Rusia y la Unión Europea. La frase "paz con fuerza, no a través de los papeles" parece estar definiendo el mundo imaginado (y deseado) por la línea dura encabezada por el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, que hoy controla la política exterior de EE.UU.
Estos think tanks de la derecha americana son "la cara visible de una red de gran alcance que nuclea a ideólogos conservadores, cowboys militaristas y contratistas hambrientos de efectivo (cash-hungry contractors), como la Heritage Foundation o el mencionado Center for Security Policy" -del cual Donald Rumsfeld es un antiguo asociado y uno de sus soportes financieros(30).
La década del 90 en Colombia, al igual que en el resto de los países de la región, estuvo signada por la aplicación de las recetas neoliberales: privatizaciones de empresas públicas, flexibilización laboral, apertura externa, con resultados muy similares al de sus vecinos. Basta con mencionar que el desempleo trepó al 20% en 1999 y la deuda se duplicó entre 1995 y 1999, pasando del 19.1% del PBI al 34%(31). Paralelamente -en 1999- las calificadoras de Riesgo Standard and Poors y Moody´s bajaron la calificación de Colombia de investment grade a speculative grade, una situación novedosa para un país que siempre cumplió con sus obligaciones externas(32). Un balance más amplio de los resultados de la aplicación de las políticas neoliberales en América Latina en general (y en Argentina en particular) debe servir para poner de relieve los límites de las explicaciones oficiales que atribuyen a la violencia y el narcotráfico los adversos resultados obtenidos.
El aumento de la pobreza fue otro de los elementos comunes de las políticas neoliberales: la pobreza por ingresos aumentó del 53.8% en 1991 al 56.3% en 1999, afectando a cerca de 24 millones de personas. En las ciudades alcanza el 47.2% mientras que en las zonas rurales se eleva al 79.6%. Paralelamente, durante los 90 se amplió la brecha entre ricos y pobres. El 10% más pobre de la población fue reduciendo su participación en los ingresos, en 1991 recibía casi el 1%, mientras que en 1999 apenas llegaba al 0.58%. El decil 2 también ha perdido participación, de manera que el 20% más pobre de la población participa menos en el total de ingresos que una década atrás. Esa tendencia se verifica hasta el decil 4, mientras que la situación mejora en el caso de los deciles 6,7,8 y 9. Los más ricos -el decil 10- han reducido su participación, pero este grupo se apropia a fines de la década del 45% de los ingresos totales, con lo cual -observando los extremos- se puede ver que la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre ha aumentado de 52 a 78 veces(33).
En el plano político, la situación interna fue girando en los últimos tiempos a favor de quienes apoyan la "solución militar" del conflicto interno y criticaban fuertemente el proceso de paz que se venía desarrollando -con escasos resultados- desde hacía más de tres años.
La derecha política y militar está aprovechando el cansancio social frente a una violencia de larga duración. Durante las últimas décadas el narcotráfico ha penetrado crecientemente en los diferentes actores políticos y sociales, lo que ha contribuido a cerrar las posibilidades de la acción política como medio para dirimir los diversos conflictos de la vida social. Esta realidad posiblemente chocará con las actuales ilusiones de quienes sostienen la viabilidad de lograr la pacificación del país sin acabar con un narcotráfico cuya fuerza reside, no tanto en su capacidad militar como en su penetración en el aparato estatal y militar colombiano. Lo mismo ocurre con los grupos paramilitares. Pocos días antes de las últimas elecciones legislativas, las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) dijeron ser capaces de influir en la elección de no menos del 30 por ciento del Senado y la Cámara de Diputados(34).
Un posible escenario -a la luz de los resultados de las legislativas del 10 de marzo- es el comienzo de un período de polarización entre los sectores partidarios de la vía militar y quienes sostienen la necesidad de una solución negociada al conflicto. La importante votación obtenida por el ex guerrillero Antonio Navarro Wolff -encabezando una opción de centro izquierda- parece expresar a estos últimos sectores de la sociedad colombiana.
Los resultados consagraron como vencedor al Partido Liberal -que obtuvo la mayor cantidad de bancas- al tiempo que coronaron al Partido Conservador como el gran perdedor. Los conservadores han tomado nota de ello y por primera vez en 150 años de vida no presentarán candidato para las próximas elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 26 de mayo próximo.
Este revés electoral de uno de los pilares de la política colombiana, sumado a los resultados favorables de varios candidatos independientes, permiten avizorar ciertas señales que marcan un descontento social que comienza a cuestionar las prácticas de los partidos que "mandan" en la esfera política del país.
Mientras tanto el liberal independiente Uribe Vélez -un candidato que basó su crecimiento en las encuestas en oponerse frontalmente a cualquier diálogo con la guerrilla- sigue favorito en las encuestas, aunque su intención de voto cayó del 59% - medido a escasas dos semanas de la ruptura del diálogo de paz- al 47%(35). Por otro lado las encuestas de opinión muestran un aumento de la intención de voto del candidato de centroizquierda Luis Eduardo Garzón, quien en poco más de dos meses pasó del 1 al 6%, quedando en tercer lugar y superando de esa forma a la ex canciller Noemí Sanín- según la misma encuesta del diario colombiano El Tiempo(36).
El nuevo contexto internacional, sumado a la evolución de la situación interna colombiana, ha ido modificando la correlación de fuerzas (política y militar) entre el gobierno y la guerrilla, posibilitando que el Estado recupere la confianza para emprender una nueva aventura militar. Entre los factores que ha señalado Heinz D.
Steffan como determinantes de esta nueva realidad podemos señalar(37):
Entonces, luego de un diálogo de paz de tres años y medio, el presidente colombiano cedió ante los altos mandos militares, los grupos paramilitares y la nueva estrategia de "combate al terrorismo" inaugurada por Washington, asumiendo un discurso bélico -en línea con el Imperio- que legitima el uso de la violencia y asimila guerrilla con terrorismo y narcotráfico.
La embajadora estadounidense en Colombia ya había identificado abiertamente a las FARC con Al Qaeda al señalar que "tienen la misma hipocresía moral y falta de ideas: los guerrilleros afganos no representan al Islam y los guerrilleros colombianos no buscan la justicia social", al tiempo que el asesor del Pentágono, Gabriel Marcella, señaló que "después del 11 de septiembre cambió el mapa del mundo y eliminó todo tipo de diferencias entre insurgentes y terroristas"(38).
Esta caprichosa identificación de fenómenos y realidades tan disímiles, tiene por objetivo preparar el terreno para ampliar el uso de la ayuda militar norteamericana - actualmente restringida al combate contra el narcotráfico- a la lucha contrainsurgente. La inclusión de las FARC en la lista de organizaciones terroristas elaborada por Washington fue el primer paso para incorporar a Colombia en la guerra contra el "terrorismo global".
Si bien Bush señaló que el destino de la ayuda militar seguirá siendo el narcotráfico, el Secretario de Defensa -Donald Rumsfeld- afirmó que "deberán revisarse las leyes y políticas vigentes que restringen el uso de la ayuda militar estadounidense en Colombia, a pedido del presidente Pastrana"(39). Y la Cámara de Representantes de EE.UU. acaba de urgir al presidente Bush a proponer una nueva legislación que permita asistir al gobierno colombiano en su lucha contra la guerrilla, levantando las actuales restricciones. El propio comandante en jefe del Comando Sur -general Gary Speer- enmarcó el caso de Colombia en la guerra antiterrorista que está desarrollando EE.UU. en todo el mundo(40).
La Alianza Act -la ley del Congreso norteamericano que posibilitó la ayuda militar a Colombia- explicita entre sus objetivos "insistir para que el gobierno colombiano complete las reformas urgentes destinadas a abrir completamente su economía a la inversión y el comercio exterior, particularmente a la industria del petróleo..."(41). Una vez más podemos observar al Estado norteamericano como "promotor" de sus empresas transnacionales, en este caso, las vinculadas a la explotación petrolera o a megaproyectos hidroeléctricos o turísticos. Se trata de defender operaciones de la Occidental Petroleum Company -OXY-, la Texas y la British Petroleum (hoy fusionada con la norteamericana Amoco) y asegurar el control sobre los campos colombianos, con grandes reservas de petróleo, un recurso vital para el funcionamiento del sistema capitalista. Además de poseer reservas de petróleo sin explotar, la biodiversidad, la riqueza genética y el agua abundan en esta zona de la región andina. La embajadora norteamericana en Bogotá -Anne Patterson- declaró "protegerán sus intereses económicos en territorio colombiano (…) donde hay más de 300 puntos de infraestructura estratégicos para EE.UU.", al tiempo que anunció el envío de 98 millones de dólares para la vigilancia de la red de hidrocarburos, dado que ello "es importante para el futuro del país, para nuestras fuentes de petróleo y para la confianza de nuestros inversionistas"(42). Por otra parte Adam Isaacson, del Centro para las Políticas Internacionales en Washington, expresó que esta nueva ayuda implica borrar la distinción "artificial" entre la lucha antinarcóticos y la lucha contrainsurgente(43).
Si bien el Congreso de EE.UU. aún no ha otorgado la autorización para que el gobierno colombiano utilice la ayuda militar anti-narcóticos contra las guerrillas, el fin del proceso de paz le permitirá a la administración Bush y al Congreso brindar ayuda militar de forma más explícita al gobierno de colombiano, sin los problemas que derivan de proveer material bélico en medio de la mesa de negociaciones. En ese sentido el Jefe de la Agencia Norteamericana Anti-narcóticos aseguró que los legisladores deberán permitir la flexibilización de las restricciones de la ayuda militar porque ya no se puede diferenciar entre guerrilleros y narcotraficantes(44).
Estas declaraciones junto con la incorporación de las FARC en el listado de grupos terroristas a combatir por el "nuevo orden" del presidente Bush, hacen prever que la torta se dará vuelta hacia quienes quieren avanzar en la intervención militar contrainsurgente. De hecho ya se han usado helicópteros Black Hawk contra la guerrilla, lo que llevó a Pastrana a condecorar a la embajadora norteamericana con la medalla al "Mérito Aeronáutico"(45). La propia diplomática declaró al diario El Tiempo que "desde una perspectiva práctica ya no hay restricción para el uso de helicópteros y de otros equipos en muchas zonas del país, particularmente en Putumayo o Caquetá y las zonas de operación de la Fuerza de Tareas Conjuntas del Sur, donde las FARC actúan como narcotraficantes y terroristas".
En los últimos meses Argentina ha padecido los efectos de la nueva doctrina "anti-rescate" del Departamento de Estado y el Tesoro norteamericano. Luego de ser socorridos repetidamente bajo la administración Clinton, el gobierno argentino chocó contra esta suerte de nuevo Consenso de Washington -que obviamente se extiende al Fondo Monetario Internacional- de acuerdo con el cual, las crisis nacionales deben ser aisladas y la ayuda no fluirá a menos que la nación en crisis revista una fenomenal importancia estratégica(46).
En esta línea hay que interpretar el reciente nombramiento de Anoop Singh y las declaraciones del Director General del Fondo, quien señaló que "no hay salida para la Argentina sin sufrimiento", o la sentencia de la número dos del Fondo, Anne Kruegger, quien advirtió que "los países, como las empresas, deben pagar sus deudas y sufrir cuando no lo hacen".
Para hacer frente a esto, que algunos analista definen como "amor rudo" de parte del Imperio, el gobierno parece dispuesto a profundizar la vieja política de las relaciones carnales inaugurada por Menem y Di Tella una década atrás. La Cancillería nunca desmintió la información difundida por la prensa sobre la oferta de apoyo militar al ejército colombiano (y norteamericano) en el marco de la "lucha contra el terrorismo" definida por el Plan Colombia. Esto ocurre después del supuesto ofrecimiento de la Cancillería -a través de Martín Redrado -que pretendía profundizar el hostigamiento diplomático contra Cuba en las Naciones Unidas a cambio de ayuda financiera.
De esta forma, el gobierno intenta crear "importancia estratégica" para la Argentina mientras espera conseguir los favores de Washington, que hoy se expresan en el rescate del FMI, que es en definitiva la expresión encarnada de los acreedores externos en su intento de que el país retome los pagos de la deuda. En esto hay que tener muy en cuenta la perspectiva regional y la posibilidad -señalada por algunos analistas- de que una debacle aún más pronunciada en Argentina termine por afectar también a Brasil y posibilite la incursión sin restricciones del capital norteamericano en el vecino país, aún a pesar de que en un primer momento se pueda dejar de lado el apetito de los acreedores externos.
Por otra parte, un reciente informe publicado por Página/12 da cuenta de la intervención de los marines norteamericanos convocados por el gobierno de Misiones "para combatir el dengue". Se trata de un grupo con sede en la base del Callao (Perú) que tiene como objetivo "la conducción de investigaciones sobre enfermedades infecciosas que afectan la salud humana en Centro y Sudamérica (principalmente la región andina y la cuenca amazónica), particularmente aquellas de importancia para la actividad militar"(47). No es casual que esta ayuda militar humanitaria esté operando en la zona de la Triple Frontera, considerada por EE.UU. como un santuario de terroristas que forma parte del "eje del mal" definido por el presidente Bush.
Una vez más, quienes deciden la política exterior argentina, colocan a nuestro país en la vereda de enfrente de los pueblos y las naciones latinoamericanas que enfrentan las recetas made in Washington, cuya aplicación disciplinada derivó en una de las peores crisis de nuestra historia.
La reciente intensificación del conflicto armado entre el gobierno colombiano y las FARC debe ser analizada a la luz de las modificaciones operadas en el contexto nacional y en el nuevo tablero mundial moldeado por la estrategia norteamericana luego del 11 de septiembre. En ambos casos la balanza se ha inclinado hacia la "opción militar" como forma de resolver el largo enfrentamiento armado que vive la sociedad colombiana. El discurso de Pastrana, anunciando la ruptura de las conversaciones de paz, ha resumido ambos elementos de la crisis actual. Por una parte se ha colocado bajo el paraguas de la "guerra contra el terrorismo global" desatada por EE.UU. y por la otra, intenta revertir el descontento social por los escasos resultados obtenidos en la mesa de diálogo -uno de los ejes de su gestión- responsabilizando a la guerrilla por el fracaso de las negociaciones.
En el ámbito internacional la administración Bush ha decidido llevar hasta el extremo su política "o se está con nosotros o se está con el terrorismo", desarrollando una Doctrina de la Seguridad Nacional basada en la lucha del "bien contra el mal", que ha conducido al fortalecimiento de los aparatos de inteligencia y la "terrorización" de los movimientos sociales. De esta forma, el viejo "peligro comunista" es reemplazado por el "peligro de la narcoguerrilla", creando así un enemigo que justifique la intervención "en defensa del sistema democrático".
El Plan Colombia -reforzado por la inminente posibilidad de usar la ayuda militar contra la guerrilla- nos remite a la vieja Doctrina Kennedy. Esta también presentaba una cara social a mediano o largo plazo: la Alianza para el Progreso, al tiempo que preveía una faceta militar (la Doctrina de la Seguridad Nacional) para contener los posibles desafíos a la hegemonía norteamericana en la región, mientras la pobreza y la desigualdad seguían siendo "caldo de cultivo" de diversos movimientos de resistencia. En ese sentido, la intervención militar de EE.UU. en Colombia -convertida en el eje de su política exterior en la región- es al mismo tiempo una política "nueva" como la continuación de sus viejos programas de intervención militar en América Latina, aunque en mucha mayor magnitud, acorde con la necesidad de mantener el orden en el "patio trasero".
En esto, es importante notar que la intervención en Colombia convive y se refuerza por la presencia norteamericana en la denominada zona andina. Al respecto - paralelamente al Plan Colombia- se ha puesto en marcha la Iniciativa Andina, que cuenta con un financiamiento de 882 millones de dólares, de los cuales el Senado norteamericano ya ha aprobado una partida de 676 millones, que será repartida entre siete naciones en diferentes proporciones y en un lapso de varios años: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá y Brasil. Esta es la expresión de una creciente inestabilidad en la región y de una historia reciente de erosión de las estructuras estatales en las naciones andinas: la caída de dos presidentes en Ecuador (A. Bucaram y J. Mahuad) en medio de fuertes movilizaciones populares; la pulverización de los partidos tradicionales en Venezuela y el ascenso de Hugo Chávez al poder; la guerra Perú-Ecuador; la crisis en las relaciones Bogotá-Washington durante el gobierno de Ernesto Samper, acusado de financiar su campaña con fondos provenientes del narcotráfico; la caída y huida a Japón de Alberto Fujimori en Perú, después de ser elogiado durante varios años por la administración norteamericana por las reformas económicas implementadas y el combate al terrorismo(48).
Una combinación de elementos que, siguiendo a Petras, "puede contribuir a minar la mística de la hegemonía invencible de EE.UU. y la idea de que el libre mercado es inevitable", en ese sentido "mientras que las guerrillas y los movimientos populares representan un serio reto político y social para la supremacía norteamericana en la región, Venezuela representa un reto diplomático, económico y político en la cuenca del Caribe y sus alrededores, mediante su liderazgo en la OPEP y su política externa no alineada"(49).
Por eso no es casual que la base militar estadounidense en Manta (Ecuador) haya sufrido "las ampliaciones y adecuaciones (...) que posibilitarían el despegue y aterrizaje de aviones caza y bombarderos de combate"(50).
Lo anterior no se encuentra al margen de la fuerte disputa interimperialista por los mercados y el desafío planteado por la emergencia de bloques económicos rivales de EE.UU. -especialmente la Unión Europea. De este modo, la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en lo económico y el Plan Puebla Panamá (PPP) en lo relativo al acceso a los recursos naturales y a la biodiversidad en la zona de América Central, podrían englobarse dentro de un proyecto político de largo alcance que consagraría el "sueño americano" de una hegemonía sin competidores a nivel continental.
En este sentido, el ALCA le permitiría a EE.UU. no sólo crear una plataforma desde la cual mejorar la capacidad competitiva de sus capitales sino también fortalecer su economía frente a sus rivales. Por su parte, el Plan Puebla Panamá fue anunciado a principios de 2001 por el presidente mexicano Vicente Fox como un amplio plan de desarrollo en el corredor que va desde la ciudad de Puebla -en el sur de México- hasta Panamá. Varios analistas han señalado que este mega proyecto permitirá el acceso de los grandes capitales transnacionales a un área geográfica rica en recursos petroleros, selvas vírgenes, grandes reservas de agua y que cuenta con 30 millones de trabajadores de bajos salarios.
Ambas iniciativas amenazan con provocar profundas repercusiones políticas, sociales, económicas y culturales en todos los países de América Latina. En ese contexto conflictivo la intervención militar de EE.UU. le permite enfrentar presentes y futuros desafíos a su hegemonía, allanando el camino a una posterior dominación a través del mercado.
Buenos Aires, mayo de 2002
* El presente documento fue escrito en el marco del proyecto "Hegemonía norteamericana en América Latina en el contexto del ALCA", desarrollado por el Departamento de Economía y Política Internacional del Centro Cultural de la Cooperación (Argentina). Mariano Borzel y Claudio Casparrino participaron en el seguimiento y edición del presente documento. Se agradecen los oportunos comentarios y sugerencias de Atilio Borón (Coordinador del Departamento), Julio Gambina (Miembro del Gabinete Académico) y Carlos Ricardo Escobar (Universidad de Caldas-Colombia).
ANEXO
I. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS TOTALES APORTADOS POR EE.UU. EN EL MARCO DEL PLAN COLOMBIA
(EN MILLONES DE DÓLARES)
| Apoyo a las tareas de erradicación en el sur de Colombia-"Golpe al Sur de Colombia" | 416,9 |
| Apoyo a los programas de interdicción | 378,6 |
| Apoyo a la Policía Nacional de Colombia | 115,6 |
| Apoyo al desarrollo económico y alternativo (incluyendo programas nacionales y en el sur de Colombia) | 106,0 |
| Apoyo a programas de promoción de derechos humanos y de reforma del sistema judicial | 119,0 |
| Apoyo a otros programas regionales y al proceso de paz | 183,0 |
| Total del apoyo de EE.UU. al Plan Colombia | 1.319,1 |
A. DESAGREGACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ERRADICACIÓN (GOLPE AL SUR DE COLOMBIA) MONTO TOTAL: 416.9
RECURSOS APORTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA
(EN
MILLONES DE DÓLARES)
| Apoyo a los Batallones Antinarcóticos | 21,2 |
| Entrenamiento y equipamiento de batallones | 1,0 |
| Establecimiento de la sede de la Brigada Antinarcóticos | 13,2 |
| Infraestructura de apoyo a la aviación del Ejército colombiano | 5,0 |
| Información de apoyo aéreo antinarcóticos | 6,0 |
| Reforma militar | 5,0 |
| Total de recursos del Departamento de Defensa | 51,4 |
RECURSOS APORTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADO
(EN
MILLONES DE DÓLARES)
| Entrenamiento y equipamiento de Batallones Antinarcóticos | 7,0 |
| Equipo aéreo del Batallón Antinarcóticos, Blackhawks (UH-60) | 208,0 |
| Equipo aéreo del Batallón Antinarcóticos, Huey (UH-1N) | 60,0 |
| Programa Huey II | 60,0 |
| Sostenimiento de operaciones antinarcóticos | 6,0 |
| Infraestructura de los Batallones Antinarcóticos | 3,0 |
| Aumento de protección de las fuerzas | 4,0 |
| Mejor apoyo logístico | 4,4 |
| Información de apoyo aéreo antinarcóticos | 9,0 |
| Operaciones de entrenamiento conjunto para altos mandos | 1,1 |
| Comunicaciones seguras para sedes y operativos | 3,0 |
| Total Recursos del Departamento de Estado | 365,5 |
B. DESAGREGACIÓN DEL APOYO A LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA.
MONTO TOTAL:115.6
(EN MILLONES DE DÓLARES)
| Establecimiento de comunicaciones seguras con las Fuerzas Armadas colombianas | 3,0 |
| Armamento y municiones | 3,0 |
| Aumento de apoyo logístico | 2,0 |
| Aumento de capacidades de operaciones de avanzada | 5,0 |
| Construcción de bases de frontera de la Policía Nacional | 5,0 |
| Suministro de una unidad aérea adicional | 2,0 |
| Mejorar equipos aéreos de la Policía Nacional | 8,0 |
| Suministro de aeronaves adicionales para fumigación | 20,0 |
| Repotenciación de aeronaves de la Policía Nacional | 5,0 |
| Sostenimiento y Operativos | 5,0 |
| Repotenciación de Helicópteros UH-1 a Huey II | 20,6 |
| Entrenamiento | 2,0 |
| Seguridad en pistas de aterrizaje | 2,0 |
| Aumento de actividades de erradicación | 4,0 |
| Repuestos | 3,0 |
| Blackhawks UH-60 | 26,0 |
| Apoyo total a la Policía Nacional de Colombia | 115,6 |
Tomado de Rebelión