26 de mayo del 2002
COCCA (Coordinadora de Cultivadores de Coca y Amapola)
Rebelión
Los cultivos campesinos de coca (menos de tres hectáreas por familia) son una alternativa de sobrevivencia y resistencia campesina en zonas de colonización, donde el campesino fue desplazado forzadamente y la única presencia del Estado históricamente ha sido la represiva y militar. La única alternativa viable para esos colonos desplazados ha sido los cultivos de coca y amapola. Los EEUU planifican una nueva intervención regional bajo el sofisma de la lucha contra las drogas, diseñan el Plan Colombia, narcotizan totalmente el conflicto social colombiano ignorando las causas estructurales de su génesis. La lucha contra las drogas, con la cual se está justificando la intervención en el conflicto regional es solamente una máscara que oculta los reales intereses extractivos de las multinacionales y del establecimiento colombiano en la región.
El sistema capitalista mundial, en su fase actual, viene teniendo transformaciones significativas en sus formas de manifestarse, al mismo tiempo afronta crecientes expresiones de crisis global e intenta actuar para contrarrestar su tendencia depresiva. Como tal la política imperialista viene siendo impuesta, ya no por estructuras nacionales, sino por los grandes detentadores del poder económico (multinacionales, especuladores financieros, banqueros, etc.) quienes hacen uso de su incidencia política en los países del primer mundo (Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, etc.) para establecer sus intereses imperialistas sobre el resto del orbe. Al respecto, estamos atravesando por un momento de cambios en la política del imperialismo, que se hace más agresivo y violento, y se ha agravado aún más con la interpretación oportunista de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
La "cruzada contra el terrorismo" y la "lucha contra las drogas" encabezadas por los EEUU, reflejan una forma de rearticulación del imperialismo en torno a un liderazgo político y militar que refuerza su tendencia a la solución de las crisis sistémicas mediante la guerra, la suplantación de la voluntad y la autonomía de los pueblos por métodos violentos y de terror. Las estrategias de los EEUU apuntan a una exacerbación del poder de la ultraderecha mundial, sustentada en la reactivación de los complejos militares-industriales, el control de los recursos energéticos mundiales por la oligarquía petrolera de los Estados Unidos y la salvaguardia del sistema financiero especulativo, en su búsqueda de soluciones para la crisis económica por la que atraviesa el sistema. En esta línea la guerra hacia los pueblos es un eje fundamental.
Existen planes específicos, interconectados y complementarios, tales como el Plan Colombia, dirigido directamente desde el Estado norteamericano, ahora denominado Iniciativa Regional Andina, IRA, y el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, cuyos propósitos buscan la conversión de los espacios y territorios de América Latina en mercados para la realización de los productos provenientes de los EEUU, al precio de la destrucción de los aparatos productivos nacionales, la negativa a aceptar cambios estructurales democráticos en nuestros países y la eliminación de las fuerzas populares y revolucionarias que se oponen a su proyecto.
Ante esto, los pueblos de América Latina están en el deber de fortalecer sus lazos de organización e integración que ayuden a la articulación de procesos fragmentados de unidad latinoamericana y nos proyecten a mayores niveles de resistencia frente al nuevo despliegue imperialista.
Esta situación incide directamente en la problemática nacional colombiana en la medida en que este posicionamiento de la ultraderecha mundial se vuelve un referente para la ultraderecha del país. Soplan con más fuerza los vientos intervencionistas y la criminalización internacional política a contingentes populares y revolucionarios entre otras acciones lesivas para nuestro pueblo. Todo esto es posible por la actitud entreguista de la oligarquía colombiana.
Estas nuevas condiciones hacen que la arrogancia para suprimir las conquistas y derechos de los trabajadores y del pueblo, la tendencia a mayores niveles de represión contra las organizaciones y la protesta social, la actitud de ruptura de los diálogos con el movimiento insurgente se intensifiquen, para tratar de mantener el caduco esquema de dominio político, social y económico que tiene en el modelo neoliberal su más clara expresión.
Debemos ser concientes que dicha ruptura no solo, escalonaría la guerra e intensificaría aun más el desplazamiento forzado y los crímenes de lesa humanidad, sino que recrudecería el terrorismo de Estado, en asocio con el proyecto fascista de la ultraderecha que muestra vasos comunicantes de clase con el paramilitarismo y sectores de los grupos transnacionales vinculados a la guerra y a megaproyectos de explotación de los recursos y el trabajo nacional.
El documento de la Comisión de los Notables del roto proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno hace serios aportes para encaminar el proceso de diálogos. Si bien es cierto que la ultraderecha apunta a consolidar su proyecto, no es menos cierto que en Colombia existen sectores democráticos y revolucionarios dispuestos a confrontar dicha posibilidad.
El régimen político colombiano agudiza su carácter autoritario, intolerante y excluyente proclive a una salida de fuerza de los problemas colombianos a través de la creciente concentración del poder político en el ejecutivo, la persecución y el chantaje frente a la oposición y marginando o aislando a quienes no se comprometan con las políticas de Estado. De esta forma pretende esconder la grave crisis social por la que atravesamos la inmensa mayoría de colombianos, manifestada en la alta tasas de desempleo, el nivel pírrico de los salarios de los trabajadores, la crisis del agro, el relatifundismo por vía de la expropiación violenta de tierras, que margina mucho más a los campesinos, las precarias condiciones de vida y de trabajo, el creciente aumento de la pobreza.
La Ley 684 de defensa y seguridad nacional(denegada temporalmente, gracias a un fallo de la corte constitucional), que corresponde a una versión actualizada del tristemente célebre estatuto de seguridad, restringe las garantías individuales, entrega facultades extraordinarias a los mandos militares cuestionados internacionalmente por su complicidad con el paramilitarismo y pretende darle legitimidad a éste en lugar de combatirlo como expresión brutal del terrorismo de Estado. Un estatuto antiterrorista como el propuesto por el gobierno es un arma contra el pueblo y las libertades políticas.
La salida política del conflicto interno y la crisis que vive la sociedad colombiana requiere tener presente la necesidad de cambios sustanciales en el régimen político, que permitan la construcción de un modelo económico con justicia social, que redistribuya la riqueza y genere empleo, con respeto a los derechos de los trabajadores; que ofrezca salud, educación y recreación; amplíe y generalice el derecho a la seguridad social de los campesinos. Un nuevo modelo económico no puede pasar por alto la cuestión agraria, entendida ésta como una verdadera y durable reforma agraria democrática que beneficie a los campesinos asalariados, pequeños y medianos propietarios en función del desarrollo productivo de la economía, la promoción social y cultural del pueblo trabajador en las regiones.
En este sentido, la dispersión y el fraccionamiento de las luchas de los diversos sectores de la población lo que hace es favorecer los intereses del gran capital; se hace necesaria entonces la unidad y convergencia popular, como un aglutinador de corrientes, expresiones y fuerzas políticas y sociales que están dispuestas a jugarle a la salida política y popular a corto, mediano y largo plazo, con un proyecto que ubica como ejes fundamentales de su accionar la solución al conflicto político, social y armado, la recuperación de la soberanía nacional, la democratización de las instituciones y la construcción de un modelo económico democrático alternativo.
Las candidaturas a la presidencia de la República hoy expresados en Horacio Serpa, Noemí Sanín, Juan Camilo Restrepo y Álvaro Uribe Vélez , solo comportan diferencias discursivas que no pueden enmascarar su real compromiso con el proceso de acumulación de capital de las transnacionales, su defensa de las políticas antipopulares guerreristas del sistema y su apoyo al intervensionismo de los EEUU.
Para lograr las transformaciones estructurales en el país, se requiere avanzar en la organización social y la unidad popular, elevar la conciencia política del pueblo colombiano para superar la reducción de las luchas a cuestiones inmediatas y economicistas; así como sus reacciones limitadas a las manipulaciones de los aparatos ideológicos del sistema, principalmente los medios masivos de comunicación que generan nuevas formas de s
Tomado de Rebelión