Enero 28 de 2003
EL TIEMPO
"Ya hay un tratamiento político para los paramilitares", afirmó el analista León Valencia, que como desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) recuerda que amnistía e indulto estaban reservados para los grupos alzados en armas.
Para Valencia, el Gobierno hizo por decreto lo que evitó por ley. El debate en el Congreso sobre si a los paramilitares se les podía o no considerar como organizaciones políticas quedó superado por la proposición del Gobierno de eliminar este requisito de la ley 418 (o de Orden Público) y así poder establecer diálogos con cualquiera de estas organizaciones, sin necesidad de entrar en este tema de grueso calibre no solo ideológico, sino de concepción sobre la naturaleza del conflicto. La ley 418 fue prorrogada en diciembre pasado.
El congresista liberal Rodrigo Rivera también se mostró en desacuerdo con la expedición de este decreto (el 128 del 22 de enero del 2003), pues advirtió que no se puede olvidar que los paramilitares han incurrido en delitos comunes y no políticos. "Considero que ese decreto es equivocado, porque la Constitución señala que solo se podrá conceder el indulto o la amnistía a los autores de rebelión u otros delitos políticos", comentó.
Y Carlos Rodríguez Mejía, de la Comisión Colombiana de Juristas, expresó que aunque no están pidiendo "que las cárceles se atiborren de paramilitares", la sociedad colombiana y sobre todo las víctimas tienen los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, que -a su juicio- por esta vía se están evitando.
La ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, defendió la norma y dijo que "el reconocimiento como desmovilizados a los miembros de todos los grupos armados al margen de la ley, abre la posibilidad de que más generadores violencia en Colombia corrijan su rumbo y se reintegren a la sociedad para ayudar a sacar adelante el país".
Tomado de EL TIEMPO