Junio 15 de 2002
EL TIEMPO - ESPECIAL
Un equipo de la Contraloría General de la República preparó durante varios meses una investigación que reveló un país con 11 millones de indigentes, que ha retrocedido 10 años en concentración de la riqueza.
El 53 por ciento de la tierra está en manos del 1,08 por ciento de los propietarios y hay una grave concentración en el mercado de capitales: las 10 empresas más grandes absorben el 75 por ciento del negocio.
La exclusión social es tal, que hay más de 3,5 millones de niños sin escolaridad, y el analfabetismo llega al 8 por ciento de la población mayor de 15 años.
Más aún, 11 millones de colombianos no perciben ingresos de ninguna índole o viven con menos de un dólar al día, y la indigencia rural bordea casi índices del 40 por ciento.
En contraste, desde la década de los noventa, el proceso de concentración de la riquezas y de los ingresos ha crecido desproporcionadamente. El 20 por ciento de los hogares más ricos del país concentra el 52 por ciento de los ingresos totales de la Nación.
"La distribución de la riqueza entre los diferentes actores de la sociedad determina la capacidad de los individuos de obtener ingresos. Esto, a su vez, hace posible el acceso a activos, la generación y acumulación de capital, y por ende el crecimiento", señala Luis Jorge Garay, quien participó en el estudio.
El equipo que realizó la investigación, que integran cerca de cien expertos en economía, sociología y finanzas, entre otros, ya se ha reunido con algunos miembros del gabinete del presidente electo, Álvaro Uribe, que urgen un remedio entre el inexorable ajuste fiscal y lo que han denominado el pago de la deuda social.
La tarea es hoy más difícil que nunca, pero no puede ocurrir -como muchas veces- que lo urgente manda a un segundo plano lo importante. Si eso pasa, advierten Garay y su equipo, la bomba social terminará por convertirse en una bola de nieve que arrasa con el país entero.
De la mano de la concentración del ingreso, hay otro indicador que debería encender todas las alarmas: el 59,8 por ciento de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, porcentaje similar al 60 por ciento que había mencionado recientemente el Banco Mundial.
Y como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, resulta que hoy el 23,4 por ciento está por debajo de la línea de indigencia. Hace 10 años, el indicador era del 20 por ciento.
Del total, 2 millones son desplazados. Y de ese volumen, el 47 por ciento son mujeres y niños.
En estricto sentido, los indigentes son todos aquellos que residen en hogares cuyos ingresos son tan bajos que, aunque se destinaran totalmente a la compra de alimentos, no alcanzarían para satisfacer las necesidades nutricionales de todos sus miembros.
La alta indigencia quiere decir, entonces, que uno de cada cuatro colombianos no tiene acceso a una canasta mínima de alimentos.
Según Garay, hoy el Estado le dedica el 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a atender la iniquidad alimentaria. Esto es cerca de 1 billón de pesos. Si quisiera que los indigentes pasaran a ser 'pobres' (con ingresos cercanos a dos dólares) tendría que girar el 2,0 por ciento, cuatro billones de pesos.
El analista sugiere que hoy el país está en los niveles de los 80, y que el proceso de concentración se hizo particularmente agudo desde 1996, por la crisis económica. Desde ese momento, Colombia dejó de mostrar tasas de crecimiento económico cercanas o superiores al 5 por ciento y bajó al 2,04 por ciento. La situación tocó fondo en 1999, con un decrecimiento económico sin precedentes, del 4,29 por ciento. Poco empleo
Como la economía es una cadena, la crisis en las cifras de crecimiento se reflejó de inmediato en otros niveles: el desempleo pasó del 10,6 por ciento en 1991 al 20,5 por ciento el 2000. Y aun cuando el año pasado cerró con 13,5 por ciento a nivel nacional, el promedio del año fue de 18,2 por ciento.
Lo grave, sin embargo, no es solo la cifra gruesa, sino las que van a su lado: el subempleo, que incluye a todos aquellos que laboran pero consideran que no son remunerados de acuerdo con sus habilidades y capacidades, supera el 31,3 por ciento.
Y la informalidad, donde están todas las unidades productivas de menos de 10 personas, llega al 60 por ciento.
Eso no es todo: el 37,6 por ciento de los colombianos ocupados tienen hoy ingresos inferiores a un salario mínimo. Esto es 309.000 pesos al mes.
La Contraloría plantea que la exclusión, las desigualdades y la concentración de riqueza no son un problema de tal o cual Gobierno, sino el producto de una serie de errores sucesivos, reiterativos, en el manejo del Estado, de parte de las distintas administraciones.
Por ejemplo, "se han hecho innumerables reformas tributarias, pero no han permitido establecer una estructura progresiva, que contribuya a la redistribución de la renta", señala Mario Aranguren, otro de los lideres del estudio de la Contraloría.
"Cada 16 meses se hace una reforma", insiste, "pero el recaudo no se mueve del 12 por ciento del PIB". Explica que aunque aumenta en el primer año de vigencia de las reformas, después baja (ver artículo).
Los expertos coinciden en que Colombia afronta una baja tributación porque se ha hecho énfasis en impuestos indirectos (como el IVA), que en el 2000, por ejemplo, representaron el 57 por ciento del total recaudado, "generando efectos perversos en la distribución, ya que concentran el pago de impuestos sobre el total de la población y no sobre aquellos que perciben mayores rentas".
¿Las consecuencias? Mayor exclusión, que a su vez frena la generación de ahorro e inversión. De hecho, en los últimos 25 años, la tasa media de ahorro en el país ha girado alrededor del 18 por ciento del PIB, con un franco deterioro durante los 90. En los países con mayores tasas de crecimiento, el ahorro gira por el orden del 30 por ciento.
El lío es, además, la dificultad para generar ese ahorro, si se tiene en cuenta que otro de los terrenos donde hay mayor exclusión es el acceso al crédito.
De acuerdo con el estudio de la Contraloría, los 50 mayores deudores del sistema financiero absorben el 20 por ciento de la cartera y los 1.500 mayores deudores, el 75 por ciento. Eso sin hablar de los márgenes de intermediación, que están dentro de los más altos de América Latina.
"Ni siquiera los créditos con fines sociales cumplen su propósito", dice el organismo. Por ejemplo, del total de las líneas disponibles para ese fin, solamente el 6,4 por ciento llega a los pequeños productores agrícolas y el 31,7 por ciento a pequeños industriales.
Hay otra forma de ver la cosa, y es la concentración en el mercado de capitales: las 10 empresas más grandes absorben el 75 por ciento del mercado.
Y para hacer más oscuro el panorama, la tierra también está hoy en pocas manos: el 1,08 por ciento de los propietarios poseen el 53 por ciento de la tierra. Hace 10 años, el 1,4 por ciento controlaba el 46 por ciento de los terrenos.
El proceso va de la mano de la pobreza rural. Según la Contraloría, el 82,6 por ciento de la población del campo está por debajo de la línea de pobreza, en tanto que a nivel nacional la cifra es del 59,8 por ciento. Y el grado de indigencia es de más del 40 por ciento, el doble que en todo el país.
La gravedad de las cifras tiene una explicación: el PIB en Colombia se concentra en tres centros de producción: Bogotá con el 23,6 por ciento, Antioquia con el 14,7 y Valle del Cauca con el 11,8.
En general, según la Contraloría, un habitante de Bogotá posee, en promedio, ingresos superiores en un 66 por ciento a los de otras regiones.
Poca es la contribución que ha hecho la violencia a la solución de este problema. Es más, su único aporte ha sido oscurecer aún más el de por sí negro panorama.
De hecho, la tasa de homicidios es hoy de 63 por cada cien mil habitantes, la segunda más alta del hemisferio americano. Hay más de dos millones de desplazados. Y como ya se ha dicho, con sus 5,9 casos de secuestro por cada 100 mil habitantes, Colombia ocupa el primer lugar en el ranking de ese delito.
Difícil país el que esta semana le dio la bienvenida al nuevo gabinete de Álvaro Uribe, que como si fuera poco, tiene que encontrar la manera de resolver la exclusión social a un costo fiscal manejable (ver recuadro), pues de lo contrario, la grieta que hoy presenta la economía se convierte en deslizadero.
Es cierto que los problemas sociales en el país no son nuevos, y que se repiten en varios países de América Latina. Pero hoy, la situación en Colombia es una de las más graves de la región, según el estudio de la Contraloría.
El Producto Interno Bruto (PIB), que hoy es de 85 mil millones de dólares, tuvo un crecimiento en dólares del 5,7 por ciento en la década de los 90, en tanto que en Argentina fue del 31 por ciento, en Costa Rica del 22 por ciento y en Brasil del 12 por ciento.
Donde se nota un mayor rezago es en la exclusión social. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con base en datos del 2000 (antes de la crisis argentina), en Colombia el 48,7 por ciento de los hogares tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza, en tanto que en Argentina es del 13 por ciento, en Brasil del 29 por ciento.
Y mientras que en el país el porcentaje de indigencia es del 23,5 por ciento, en Argentina es del 3, en Brasil del 7 y en Costa Rica del 5. Ecuador esta por encima, con el 27 por ciento.
El mayor dilema de Colombia es avanzar hacia la inclusión social a un costo fiscal sostenible, por la aguda crisis de las finanzas públicas.
De acuerdo con la Contraloría General, entre 1998 y el 2001 el aumento de la deuda en el país fue de dos veces lo que fue entre 1994 y 1997. Hoy, la deuda equivale al 45,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es un poco menos de la mitad del total de bienes y servicios producidos por la economía.
"El servicio de la deuda ha aumentado de manera progresiva y ha sido necesario realizar canjes permanentes para disminuir amortizaciones y aumentar liquidez", explica Luis Hernando Barreto, el director de cuentas y estadísticas fiscales del organismo de control.
La Contraloría calcula que si no se hace ningún ajuste, la deuda podría llegar al 90 por ciento del PIB al final de la década. En cambio, si se hace, ésta se podría al menos estabilizar en el 42 por ciento.
El reto es, entonces, apretarse el cinturón para sanear las finanzas públicas. Hoy en día, el déficit del gobierno central es del 5,6 por ciento del PIB. El Ministerio de Hacienda prefiere, sin embargo, hablar del déficit consolidado, que incluye los resultados de entidades descentralizadas y que llega al 3,3 por ciento.
Tomado de EL TIEMPO