INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DIFERENTES PAÍSESElaborado
por la Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo 25 de febrero de 2000. GUINEA ECUATORIALGuinea Ecuatorial es, en principio, una república constitucional multipartidista, aunque, en la realidad, el poder es ostentado por el presidente Teodoro Obiang Nguema y el pequeño subclan Mongomo de la mayoritaria tribu Fang, que ha impuesto las reglas desde la independencia del país en 1968. El presidente Obiang que, tras un golpe de estado, gobierna desde 1979, fue elegido por un periodo de 7 años en Febrero de 1996, en unas elecciones que estuvieron caracterizadas por continuos fraudes e intimidaciones. El presidente del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) controla la judicatura y la cámara legislativa, cuyos miembros también fueron elegidos en marzo, en un proceso duramente criticado por la comunidad internacional, dadas las irregularidades en la elección. El poder judicial no es independiente. El presidente Obiang ejerce el control de la policía y las fuerzas de seguridad a través del Ministro del Interior, el cual es también el presidente del Comité Electoral Nacional. El director general de Seguridad Nacional es Armengol Ondo Nguema, hermano del presidente. Las fuerzas de seguridad han cometido numerosas y graves violaciones de los derechos humanos. La mayoría de la población (de, aproximadamente, 470.000 habitantes.) subsiste principalmente gracias a la agricultura, y algo de caza y pesca. El trueque es el principal aspecto de la economía y el sector monetario está basado en la exportación de petróleo, cacao y madera. La mayoría de la ayuda económica extranjera ha sido suspendida, debido a la falta de reformas económicas y la postura del gobierno con respecto a los derechos humanos, (sin embargo, en octubre, el gobierno español, que había suspendido su ayuda hacía 6 años, firmó un nuevo acuerdo de cooperación con el gobierno guineano). Grandes yacimientos de petróleo fueron descubiertos en 1995 y su explotación comenzó en 1996. Sin embargo, la inversión, y otros usos, de los ingresos provenientes del petróleo carecen de la debida transparencia, a pesar de las repetidas llamadas de instituciones financieras y personalidades internacionales en pro de una mayor apertura económica. La pobre política fiscal y la falta de transparencia en la contabilidad pública de las finanzas nacionales debilita el potencial económico del país. Existen pocas evidencias de que la riqueza petrolera del país esté siendo dedicada al bienestar público. La trayectoria del gobierno con respecto a los derechos humanos sigue siendo endeble. Se siguen dando graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, y las fuerzas de seguridad son las que cometen la mayoría de ellas. Los ciudadanos no tienen derecho a cambiar su gobierno en unas elecciones justas. Existen informes de asesinatos extrajudiciales, tanto de detenidos como de campesinos en sus propias casas. Otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad incluyen: Torturas, palizas y abusos físicos de prisioneros, arrestos y detenciones arbitrarias, detención incomunicada, extorsión de prisioneros, registros sin orden judicial, saqueos de casas particulares y confiscación de propiedades, sin seguir el proceso adecuado. Los miembros de la seguridad del estado cometen estos abusos con total impunidad. Las condiciones presidiarias son infrahumanas. Se somete a tortura a los prisioneros para que confiesen. El gobierno ha restringido drásticamente las libertades de prensa y de comunicación. Se sigue restringiendo la libertad de reunión y no siempre se respeta el derecho de asociación. El gobierno ha limitado la libertad de religión y la libertad de movimiento por el país. También fomenta la captura ilegal y la repatriación forzada de sus oponentes políticos que viven en el extranjero. No existen ONG’s internas efectivas y, en abril, el gobierno promulgó una ley todavía más restrictiva para las ONG’s impidiendo su función en el área de los derechos humanos. La violencia y la discriminación contra las mujeres y los inmigrantes constituyen serios problemas. Continúa existiendo la discriminación de minorías, particularmente la del grupo étnico de los Bubi. El gobierno sigue restringiendo los derechos laborales, no existen sindicatos de trabajadores y las huelgas están prohibidas. Las violaciones de los derechos de los trabajadores representan un auténtico problema de la industria del petróleo. Persiste la explotación infantil y se utiliza el método de los trabajos forzados en las prisiones. RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS Sección 1. Respeto a la integridad y la libertad de la persona. A. Asesinatos políticos y extrajudiciales Existen informes, sin confirmar, de asesinatos extrajudiciales por las fuerzas de seguridad. Durante el año pasado, el gobierno no procesó por asesinato extrajudicial a ningún miembro de las fuerzas de seguridad, incluyendo a aquellos considerados responsables de los crímenes de este tipo habidos en años anteriores. B. Desapariciones Existen informes de desapariciones, sin embargo, son difíciles de confirmar. C. Torturas y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes La ley fundamental (Constitución) promulga el respeto por la libertad y la dignidad de las personas, pero no prohibe específicamente la tortura y el castigo cruel o inhumano, y los miembros de las fuerzas de seguridad torturan, golpean y abusan de los prisioneros. El grado de estos abusos constituye un serio problema y se ha agravado, respecto de años anteriores, tras la revuelta de 1998. Un número indeterminado de prisioneros ha sido sentenciado después de dicha revuelta y siguen circulando informes sobre su tortura. El gobierno hace poco por prevenir estos excesos y, rutinariamente, atribuye cualquier informe relacionado con torturas a supuestos actos de pillaje. Se detiene, interroga, golpea y tortura a activistas políticos de la oposición. (ver sección 1.d.) La policía detiene a los ciudadanos y los miembros de la oposición en controles rutinarios de carretera y también organiza búsquedas especiales para los más conocidos opositores. Asimismo, las autoridades locales intimidan y extorsionan a los extranjeros de los países vecinos. Las condiciones en las prisiones son primitivas e infrahumanas. Las raciones alimentarias son inadecuadas y las condiciones sanitarias casi inexistentes. Los prisioneros sentenciados tras la rebelión de 1998 explicaron que fueron alimentados con sólo pan y agua cada dos días. En principio no está autorizada la entrada de comida desde el exterior, sin embargo, este año se han permitido tanto las visitas de los familiares como la entrada de provisiones en las prisiones. Las condiciones de las prisiones son vigiladas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), que, normalmente, hace recomendaciones al gobierno. Sin embargo, a pesar de repetidos intentos, al director regional de la Oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) no se le permitió el acceso a ninguna prisión o centro de detención durante los 11 primeros meses del pasado año; por fin lo ha conseguido en Diciembre último. D. Arrestos, detenciones o exilio arbitrarios Existen, sobre el papel, salvaguardas procesales legales en caso de detención, con requerimiento de órdenes judiciales, y otras protecciones de los derechos humanos; sin embargo, estas salvaguardas son ignoradas sistemáticamente por las fuerzas de seguridad, las cuales siguen arrestando y deteniendo gente de forma arbitraria. La policía mantiene incomunicados a los prisioneros como algo rutinario. Los extranjeros de países vecinos, normalmente visitantes y residentes de Nigeria, Ghana, Togo y Benin son objeto de malos tratos y arrestos arbitrarios. Los miembros de las fuerzas de seguridad usan habitualmente estos métodos para conseguir dinero antes de las vacaciones. Las detenciones políticas frecuentemente se prolongan varios meses. Con posterioridad a la rebelión de 1998, se sabe de aproximadamente 500 Bubis, que fueron arrestados e interrogados. No se dispone de información fiable en cuanto al número e identidad de los detenidos. La mayoría fueron liberados, aunque 15 de ellos fueron juzgados y sentenciados a muerte; posteriormente el presidente Obiang conmutó estas sentencias por cadena perpetua. Es difícil estimar el número exacto de presos políticos, aunque se cree que no llegan a las 100 personas. Durante este último año, el gobierno arrestó a diversos activistas políticos de la oposición en varias ocasiones, especialmente coincidiendo con el periodo de las elecciones legislativas, y los mantuvo retenidos, sin cargos, durante varias semanas, en las que fueron interrogados, golpeados y torturados repetidamente. En junio, tres activistas de la Fuerza Democrática Republicana fueron detenidos en Mongomo, por mantener, supuestamente, una reunión ilegal, y fueron encarcelados en Bata. También en Bata, en septiembre, el gobierno arrestó a Plácido Miko, secretario general del partido de la oposición Convergencia para la Democracia Social (CPDS), y confiscó sus ordenadores y ficheros. Aunque fue liberado una semana después, sólo se le concedió la libertad condicional y debe presentarse ante las autoridades de Bata dos veces al mes. No existen formalmente cargos contra él. Se estima que durante este año unos 90 miembros del partido de la oposición han sido arrestados y retenidos durante pequeños periodos. El gobierno utiliza el efecto psicológico que producen estas detenciones, además del miedo añadido a las palizas y las amenazas, para intimidar a los miembros de los partidos de la oposición. Durante este mismo año, las fuerzas de seguridad del estado detuvieron a un empleado de una compañía petrolífera extranjera, por un corto periodo de tiempo, alegando irregularidades en el proceso de importación del equipo. El gobierno no fuerza a los ciudadanos a exiliarse, sin embargo, son muchas las personas que han abandonado el país por motivos políticos. E. Negación de juicios públicos justos La judicatura no es independiente, los jueces actúan al antojo del presidente y son elegidos, transferidos y despedidos por motivos políticos. La corrupción es la tónica predominante. El sistema judicial está compuesto por tribunales provinciales, dos cámaras de apelación, un tribunal militar y un Tribunal Supremo. El presidente nombra a los miembros de este Tribunal Supremo, quienes le informan a él directamente. En las zonas rurales, los Jefes de Tribu administran justicia en casos de querellas civiles y criminales de menor importancia, en tribunales tradicionales. La Ley Fundamental y demás leyes aprobadas por la cámara de diputados proveen representación legal en los juicios y el derecho de apelación. En la práctica es frecuente que las autoridades no respeten esas provisiones. En los casos civiles raramente se llega a celebrar un juicio público. Los casos que se relacionan con la seguridad nacional son juzgados por el tribunal militar. El gobierno mantiene un número indeterminado de presos políticos. En mayo de 1998 el gobierno llevó ante un tribunal militar, en juicio público, a 116 personas involucradas en la revolución de la isla de Bioko del 21 de junio de 1998. Fueron acusados de terrorismo, acciones contra la seguridad del estado y posesión ilegal de armas. Muchos de ellos declararon que se habían obtenido sus confesiones mediante tortura. Sin embargo, el presidente del tribunal militar no permitió que los abogados defensores plantearan cuestiones sobre posibles torturas, aunque numerosos acusados presentaban marcas visibles de recientes abusos físicos. La forma en que se desarrollaron los juicios fue muy criticada, aunque algunos observadores hicieron notar que varios de los acusados podían, en cualquier caso, haber sido declarados culpables de los delitos que se les imputaban. El tribunal encontró culpables de al menos uno de los cargos a 63 personas, pero absolvió de todos los cargos a otras 53. Condenaron a la pena de muerte a 15 de los hallados culpables y a los otros 48 a penas de entre 6 y 26 años de prisión. Los 15 condenados a muerte estaban ausentes de la sala cuando fueron leídas sus sentencias. No fueron ejecutados y, posteriormente, el presidente Obiang conmutó sus sentencias por la de cadena perpetua, debido a las peticiones de clemencia por parte de algunos gobiernos extranjeros y de las ONG’s. Dos miembros del clan gobernante, Mongomo, y del prohibido partido de las Fuerzas Democráticas Republicanas (FRD), el anterior ministro de Educación, Felipe Ondo, y el anterior ministro de Planificación, Guillermo Nguema, continúan en prisión. Fueron encarcelados acusados de calumniar al Estado y sentenciados a 30 meses de prisión en 1998, después de que las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas los repatriaran forzadamente desde Gabón, con el consentimiento del Gobierno de aquel país (ver sección 2.d.) F. Violaciones de la intimidad familiar, el domicilio y la correspondencia El Gobierno ecuatoguineano viola todos estos derechos. No aplica la exigencia de las garantías jurídicas. Las fuerzas de seguridad registran regularmente domicilios y arrestan a sus ocupantes y, generalmente, lo hacen con total impunidad. Se comenta que en numerosas ocasiones el Gobierno intentó obligar a los miembros de la oposición a unirse al partido PDGE. Por otra parte, los arrestos de los miembros de la oposición parecen ser una actividad coordinada por el gobierno, destinada a intimidar a la oposición antes de las elecciones legislativas, para disuadir a los votantes de que voten a los partidos de la oposición. Entre los detenidos se incluyen miembros de CPDS, la Unión Popular y el Partido del Progreso. Todos ellos fueron encerrados violando el pacto nacional firmado en Malabo, entre el Gobierno y los partidos de la oposición, en 1997. Para los abogados, los empleados del gobierno y algunos otros trabajadores es imprescindible ser miembro del partido PDGE para poder trabajar y promocionarse. Incluso en el sector privado, algunos ciudadanos denuncian que se necesita ser miembro de dicho partido para ser contratado. El logotipo del partido está presente, junto a la bandera nacional, en las oficinas del gobierno, y muchos funcionarios llevan las insignias del partido en la solapa. Los miembros de los partidos de la oposición y diplomáticos extranjeros son estrechamente vigilados. Según fuentes fidedignas, los ciudadanos que viven en zonas rurales procuran no asociarse o, incluso, ser vistos con extranjeros, debido a las repercusiones que esto podría tener por parte de las autoridades.
Sección 2. Respeto por las Libertades Civiles. A. Libertad de Expresión y de Prensa La Constitución asegura la libertad de expresión y de prensa; sin embargo, el Gobierno restringe severamente estos derechos en la práctica. Los periodistas practican la autocensura. En abril, poco antes de que tuviese lugar el simposium nacional de la libertad de prensa, el ministro del interior ordenó el despido del presidente de la Asociación de la Prensa (ASOPGE), Manuel Nze Nzogo, elegido democráticamente, aunque la ASOPGE está legalmente reconocida como ONG. La razón dada fue que, supuestamente, su presidente no estaba cualificado para el puesto. El Gobierno tolera cierta crítica, leve, referente a las infraestructuras y disfunciones de las instituciones públicas, así como sobre ciertas decisiones administrativas menores. Sin embargo, no permite la crítica al Presidente o a las fuerzas de seguridad. Todos los periodistas deben estar debidamente registrados en el Ministerio de Información. Según informaciones ofrecidas por la prensa, hay alrededor de una docena de periodistas independientes registrados en el Ministro de Información. Entre 30 y 40 periodistas son empleados del partido oficialista o de publicaciones gubernamentales. Los periodistas extranjeros deben ir acompañados de guías oficiales del Ministerio de Información. Dos periódicos de interés general aparecen regularmente: La Gaceta, una publicación dedicada a Malabo con conexiones con el Gobierno, que se publica cada mes. Historias de tipo rosa predominan sobre las noticias del país. Ebano, una publicación del Ministerio de Información, que aparece unas dos veces al mes. El Tiempo y La Opinión, dos nuevos periódicos, han recibido el visto bueno del Ministerio de Información, el pasado septiembre, y han sido autorizados para comenzar su publicación en 2000. La actual ley de prensa, aprobada en 1992, parece estar basada en la española de 1967 de la era franquista, cuando las leyes de prensa y autorizaciones del gobierno censuraban todas las publicaciones. Algunas veces el Ministerio de Información pide las publicaciones para obtener su aprobación previa. Todas las publicaciones locales ejercitan la autocensura y están sujetas a restricciones previas. Se venden escasas publicaciones extranjeras, y las fuerzas de seguridad suelen examinar el contenido de las provenientes de España y confiscan los escritos críticos al Gobierno. La radio es el principal medio de comunicación de masas. El Gobierno tiene el monopolio efectivo de las transmisiones radiofónicas del país. Es realmente el dueño de Radio Malabo. En 1998 el Gobierno permitió el establecimiento de la primera emisora de radio privada del país, la estación FM de Radio Asonga. Sin embargo, según ciertas informaciones, el propietario es el ministro de Bosques, Medio Ambiente y Pesca, Teodoro Obiang Nguema, hijo del presidente. El gobierno no permite operar a otras emisoras independientes, aunque se han solicitado varias licencias. La televisión está controlada por el Gobierno y sólo emite unas pocas horas al día. Se dispone de televisiones extranjeras por cable, como son Cable News Network, Noticias Francesas, películas, retransmisiones deportivas y dibujos animados, pero en realidad muy pocos ciudadanos pueden acceder a ellas. Existe un incremento notable de las recepciones vía satélite. Radio Exterior, la emisora de onda corta española, a menudo da noticias sobre Guinea y entrevista a políticos de la oposición. Es prácticamente lo único con que se puede contar respecto a la oposición al Gobierno. Sus editoriales, como la mayoría de los difundidos por los medios españoles, son en su mayoría muy críticos con el Gobierno. Éste generalmente acusa a Radio Exterior de malinterpretar lo que realmente ocurre en el país, y en 1998 conminó al Gobierno español para que dejase de difundir estas noticias, ya que podían provocar problemas en Guinea. Se puede tener acceso a internet, pero resulta muy caro y la utilización de los ordenadores no está muy extendida. La Ley fundamental permite el derecho de reunión; aunque el Gobierno lo restringe en la práctica. Se necesita autorización del Gobierno para reunirse o juntarse más de 10 personas en una casa privada, lo que siempre tiene la consideración de reuniones de carácter político. Sin embargo, esta ley, que requiere el permiso para organizar reuniones de cualquier tipo, está oficialmente abolida. Las fuerzas de seguridad vigilan las reuniones en plazas públicas, aunque sean pequeñas. Se requiere notificar al Gobierno cualquier acto público y generalmente se deniega el permiso. La Ley Fundamental establece el derecho de asociación, aunque el Gobierno no lo respete en la práctica. La policía detiene y encarcela, general y sistemáticamente, a los miembros de la oposición. El partido de la oposición se queja de la interrupción de sus reuniones y de tener que pagar a los soldados para poder celebrarlas. B. Libertad de religión La libertad religiosa es un derecho reconocido en la Constitución; pero el Gobierno también limita este derecho en la práctica. No existe una religión estatal, y el Gobierno no discrimina a nadie por profesar cualquier tipo de religión, aunque el Ministerio de Justicia y Religión debe aprobar la implantación de organizaciones religiosas antes de comenzar sus actividades. El Gobierno sigue restringiendo la libertad de expresión del clero, particularmente de aquellos que mantienen una actitud crítica. El Gobierno exige un permiso para cualquier actividad que se haga fuera de los muros de las iglesias. El Gobierno restringe las actividades de la iglesia católica, a la que pertenece la mayoría de los ciudadanos. El Padre Eduardo Losha Belope, cura de la tribu de los Bubi y presidente de Cáritas de Malabo, ha sido detenido nuevamente. Las fuerzas de seguridad lo arrestaron en febrero de 1998 con motivo de la revuelta de enero de ese mismo año. En julio de 1998, el Arzobispo de Malabo, Laureano Ekua Obama, declaró públicamente que el Gobierno exigía a los curas católicos obtener un permiso antes de hacer reuniones en grupo y comentaban que el Gobierno lo hacía porque la Iglesia criticaba repetidamente las violaciones de los Derechos Humanos, la injusticia social y la corrupción en el país. El Arzobispo también declaró que era muy difícil ser cura católico debido al acoso del Gobierno. El Gobierno moderó en 1996 algunas restricciones de las actividades religiosas de los misioneros extranjeros. Los misioneros de Bata y Malabo informaron que hubo pocas interferencias del Gobierno en su trabajo, aunque se produjo un aumento de los problemas en la importación de materiales y equipos libres de impuestos. Parece haber una marcada preferencia oficial hacia la iglesia católica. La religión, normalmente la católica, aunque no exclusivamente, es una asignatura obligatoria en las escuelas. C. Libertad de movimiento por el país, viajes al extranjero, emigración y repatriación En principio, la libertad de movimientos y viajes por el país está prevista en la ley, sin embargo, el Gobierno limita estos derechos en la práctica. La policía local exige habitualmente soborno a los ocupantes de coches particulares, taxis y otros vehículos que viajan fuera de la capital. La policía para a los ciudadanos y, en particular, a los miembros conocidos de la oposición en controles rutinarios, y los somete a registros y chantaje económico. Según fuentes fidedignas, los miembros del grupo étnico Bubi, de la isla de Bioko, están imposibilitados para moverse libremente. Controles por toda la isla impiden a los Bubi viajar de unas ciudades a otras. Todos los ciudadanos necesitan un permiso para viajar al extranjero, permiso que es denegado a los miembros de los partidos de la oposición que, en ocasiones, son detenidos e interrogados al regreso de sus viajes. Los oficiales del gobierno intentan controlar los movimientos de todos los ciudadanos exigiendo visados de salida o denegando y confiscando pasaportes. Aquellos que salen de Malabo sin visado deben viajar 40 millas en canoa, por el océano, hasta alcanzar el continente africano y afrontar después los posibles costes de inmigración a su regreso. Sin embargo, algunos miembros destacados de los partidos de la oposición pueden viajar al extranjero sin impedimentos. Previamente a las elecciones legislativas, no se permitió a los diplomáticos extranjeros residentes viajar libremente por el país hasta el día antes de las votaciones. En los últimos años, una media de 1 ó 2 extranjeros por año, procedentes de Mauritania, Nigeria o el Congo, piden refugio o asilo en Guinea. El Gobierno proporciona primero asilo y generalmente concede las peticiones, aunque se dice que las fuerzas de seguridad hostigan a los que buscan asilo, pocos de los cuales han permanecido en el país. No hay noticias de extranjeros que hayan sido forzados a volver al país de origen en que son perseguidos. El Gobierno continua intentando neutralizar a los grupos de la oposición que operan fuera de sus fronteras raptando a los miembros que viven en otros países (ver Sección 1.e.). Desde septiembre de 1997, 12 ecuatoguineanos opositores del Gobierno y sus familias han sido detenidos por las fuerzas de seguridad de Camerún –- aparentemente por su propia seguridad—en una base de Yaunde. La mayoría son antiguos oficiales militares, y todos tienen la consideración de refugiado concedido por el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados. En octubre, la prensa de Camerún informó de que dos de los refugiados habían escapado de la base, para reunirse con otros disidentes y tramar un golpe contra el régimen de Guinea Ecuatorial. Posteriormente fueron arrestados en Duala y devueltos a la capital. A mediados de Octubre unos veteranos residentes en Camerún, procedentes de Malabo, solicitaron información sobre su extradición a Guinea Ecuatorial, a lo que el Gobierno de Camerún no ha contestado. Los 12 refugiados permanecen detenidos en una base militar. El Gobierno continúa pidiendo a España que repatríe a Severo Moto, líder del ahora prohibido Partido Popular, quien dirigió un intento de derrocar al gobierno por la fuerza de las armas en 1997, y a quien el Gobierno español ha concedido asilo.
Sección 3. Respeto de los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su Gobierno. La Constitución proporciona a los ciudadanos el derecho a cambiar el gobierno pacíficamente; sin embargo, en la práctica, no ha habido elecciones libres, justas o transparentes desde la independencia de 1968. El Presidente ejerce el poder absoluto como cabeza del estado, comandante de las fuerzas armadas, y líder del partido que gobierna, el PDGE. Con la única excepción del Primer Ministro, un miembro del clan Bubi, las posiciones de liderazgo dentro del Gobierno están restringidas, en general, al clan Mongomo de la etnia Fang al que pertenecen el presidente y sus más cercanos colaboradores. Existe una Cámara de Diputados, que se cubre por elección, pero que no es representativa y está dominada completamente por el Gobierno. El Ministro del Interior también actúa como Presidente de la Junta Electoral Nacional. Las elecciones Presidenciales de febrero de 1996, en las que Obiang fue reelegido con el 98 por ciento de los votos, fueron consideradas abiertamente fraudulentas por observadores internacionales. Algunos políticos de la oposición que hicieron campaña fueron golpeados y encarcelados. Las votaciones se desarrollaron sin garantizar el secreto, con papeletas al descubierto, y se limitó el acceso de los partidos de la oposición a los colegios electorales. Existen noticias fidedignas sobre arrestos generalizados y empleo de la violencia contra miembros de los partidos de la oposición antes de las elecciones, además de controles de carretera, urnas llenas de votos y la presencia de fuerzas de seguridad. La mayoría de los partidos de la oposición pidió, inútilmente en medio de tanta corrupción, el boicot de las elecciones. En 1997se firmó un pacto nacional entre el Gobierno y 13 partidos políticos tras 3 meses de debate. El pacto propone la creación de comisiones electorales multipartidistas y una comisión observadora para controlar el cumplimiento del acuerdo. El pacto también estipula el fin de los diversos abusos políticos y electorales y la ampliación del derecho al voto previsto en la Constitución. Sin embargo, el Gobierno no ha cumplido ni respetado la mayoría de las disposiciones del pacto. Activistas de la oposición han informado de que el Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo para poner en práctica el pacto. La negación del Gobierno a expedir visados de salida a figuras de la oposición viola el principio de libertad de movimientos consignado en el pacto. Los continuos arrestos de activistas del CPDS, UP y FDR indican que el Gobierno no está interesado en cumplir el pacto. En 1998 el Gobierno aprobó una nueva ley electoral que obliga a la sustitución del voto abierto por el voto secreto en futuras elecciones, pero prohibe coaliciones entre partidos políticos, lo que debilita la oposición. Las elecciones legislativas que se deberían haber celebrado en otoño de 1998 fueron pospuestas hasta el 7 de Marzo último. El nuevo censo electoral se completó en diciembre de 1998, pero no todos los partidos de la oposición estuvieron de acuerdo en firmarlo. Los observadores internacionales consideraron seriamente defectuoso el proceso electoral. Los partidos de la oposición UP y CPDS ganaron sólo 5 de los 80 escaños, y se negaron a tomar posesión de los mismos en la nueva legislatura, asimismo pidieron que se anularan los resultados y se celebraran nuevas elecciones. Aunque no hay restricciones legales en la participación de las mujeres en política, continúan subrepresentadas en puestos de gobierno. Hay 4 mujeres en el gabinete de los 41 miembros que lo forman, y 5 en la cámara legislativa que tiene 80 miembros.
Sección 4. Actitud del Gobierno frente a la Investigación Internacional y no Gubernamental de Presuntas Violaciones de Derechos Humanos No existen organizaciones nacionales no gubernamentales (ONG’s) que velen por los derechos humanos. Ninguna ONG internacional de derechos humanos tiene una presencia permanente en el país. El Gobierno no reconoce sus informes ni admite su credibilidad. El enviado especial de la ONU para los Derechos Humanos visitó Guinea en Marzo y Diciembre de 1998 y fue ostensiblemente recibido. Sin embargo, el Gobierno se empleó a fondo para que fuese sustituido, lo que consiguió ese mismo año. Un nuevo representante de la ONU visitó el país en Noviembre. En Abril el Gobierno promulgó una nueva ley restrictiva con respecto a las ONG’s que define aquellas áreas en las que pueden operar: los derechos humanos no es una de ellas.
Sección 5. Discriminación Basada en la Raza, Sexo, Religión, Minusvalía, Idioma o Condición Social. Mientras que la Constitución condena todas las formas de discriminación, tanto la discriminación gubernamental como la social continúan siendo un hecho. Éstas se reflejan en la limitación tradicional de la educación de las mujeres y en la restricción de la igualdad de oportunidades profesionales para las minorías étnicas. El Gobierno limita deliberadamente las oportunidades potenciales de las minorías étnicas, y los Fang discriminan abiertamente a los Bubi y otras minorías étnicas. A. Mujeres La violencia social contra las mujeres, en particular el maltrato a las esposas, es muy común. Los malos tratos públicos de las esposas están prohibidos por decreto del gobierno, pero la violencia en casa generalmente se tolera. El Gobierno no procesa a los autores de la violencia doméstica. Aunque la Constitución asegura igualdad de derechos, gran parte de las mujeres son habitualmente confinadas en roles tradicionales, particularmente en la agricultura. La poligamia está generalizada entre los Fang, reconociéndole un papel secundario a la mujer, y de hecho limita su derecho a la educación. El promedio de escolarización de las mujeres es el cincuenta por ciento del de los hombres. No hay discriminación femenina con respecto a las leyes de la herencia y la familia, pero hay discriminación tradicional en la práctica. Para un 90 por ciento de las mujeres, lo que incluye todos los grupos étnicos excepto los Bubi, la tradición dicta que, si el matrimonio se disuelve, la esposa debe devolver la dote entregada por la familia de la novia, mientras que el marido recibe automáticamente la custodia de todos los hijos nacidos en el matrimonio. La madre mantiene la custodia de todos los hijos nacidos antes del matrimonio. En las culturas Fang, Ndowe y Bisio se practica la primogenitura, y ya que la mujer se convierte en miembro de familia del marido después del matrimonio, normalmente no se le reconoce el derecho de herencia. A tenor de lo que dice la ley, las mujeres tienen derecho a comprar y vender propiedades y bienes, pero, en la práctica, la sociedad dominada por los hombres permite a muy pocas mujeres tener acceso a fondos suficientes para dedicarse a algo más que no sea una insignificante actividad comercial o para comprar propiedades más allá de un terreno con jardín o una casa modesta. B. Infancia No existe legislación relativa al bienestar y protección de los niños. El Gobierno dedica una mínima atención al bienestar o derechos infantiles, aunque no regula estos derechos. La educación es obligatoria hasta los 18 años, pero esta Ley no se cumple en la realidad. C. Discapacitados No se contempla en la Constitución y demás leyes los derechos de los discapacitados, en cuanto a protección para acceder a la educación o a un empleo. La legislación no contempla el apoyo o ayuda para disminuir las barreras arquitectónicas. D. Razas y Minorías étnicas Legalmente está prohibida la discriminación por razones étnicas, y el Gobierno no limita de forma expresa la participación de otras etnias en los poderes públicos; a pesar de todo, persiste el monopolio del poder político ejercido por el Presidente Mongomo, perteneciente al clan Fang. En la práctica algunos miembros de minorías étnicas sufren discriminación por no ser Fang o por pertenecer a un subgrupo del clan Fang diferente al del presidente. No existe discriminación de las minorías en lo relativo a las leyes hereditarias, matrimoniales o familiares. Las diferencias existentes entre el grupo étnico mayoritario de la tribu Fang y el grupo minoritario de los Bubi son una fuente de tensiones políticas y en la mayoría de los casos da lugar a brotes de violencia. Los Bubi lideraron el 21 de enero de 1998 la revuelta separatista en Bioko, después de lo cual el clan gobernante Fang y las fuerzas de seguridad intensificaron su ya institucionalizada y prolongada represión contra los Bubi; se permitió a los Fang abusar de su poder impunemente. Antes de la independencia, los Bubi representaban la mayoría de la población en la isla de Bioko (antes Fernando Poo), administrativamente diferente, y mejor desarrollada económicamente en comparación con la populosa Río Muni, donde los Fang constituían la mayoría étnica. Estas dos colonias españolas se unieron 9 años antes de la independencia, después de lo cual los Fang emigraron a Bioko, donde se estableció la capital, Malabo. Los Fang pasaron a dominar el Estado ya independiente. Durante la primera década después de la independencia, el desgobierno del tío de Obiang, Macías Nguema, redujo la población a un tercio y hundió la economía. Las diferencias entre los distintos clanes del grupo étnico Fang, en particular debido al dominio político del subclan Mongomo, suelen ser fuente de tensiones políticas y, ocasionalmente, de violencia, de todas formas, durante el presente año, no se han recibido informes de brotes de violencia por estas causas. Varios miles de ciudadanos de Nigeria, Ghana, y Países francófonos de Africa siguen residiendo en Guinea. Muchos de ellos son comerciantes y pequeños industriales. Según se dice, la policía los hostiga frecuentemente (ver sección 1.d).
Sección 6. Derechos de los trabajadores A. El derecho de asociación Aunque la Constitución contempla el Derecho a organizar sindicatos, el Gobierno no lo ha legislado. En la economía guineana de salarios exiguos no existen los sindicatos, aunque hay algunas cooperativas con un poder limitado. Las leyes prohiben las huelgas. El reglamento laboral contiene cláusulas que regulan los derechos de los trabajadores, pero el gobierno generalmente no las hace cumplir. Es bien sabido que ser miembro del PDGE, el partido del Presidente, es un requisito previo para la contratación y promoción de cualquier trabajador, tanto en el sector público como en el privado (ver sección 1.f.). El ser miembro de una organización política rival es considerado una razón suficiente para el despido de cualquier puesto, ya sea público o privado. Los políticos que no participan en labores gubernamentales denuncian frecuentemente haber sido despedidos de sus puestos de trabajo por pertenecer a grupos de la oposición. El sector privado que más puestos de trabajo oferta en el país es la industria del petróleo, que está dominada por firmas extranjeras; esta industria tomó medidas para reducir el control del gobierno en la contratación de los trabajadores. Antiguamente las compañías internacionales de producción de petróleo operaban en el país contratando trabajadores ecuatoguineanos exclusivamente a través de una agencia del gobierno , la APEGESA, la cual seleccionaba a los solicitantes excluyendo a aquellos que eran considerados hostiles o contrarios al PDGE. Posteriormente, las compañías internacionales dejaron de utilizar la APEGESA como intermediario y seleccionan ellas mismas a los trabajadores mediante una prueba diseñada para contratar a los mejores candidatos, para luego poder promocionarlos. En el pasado APEGESA se quedaba con cerca de dos terceras partes del salario de los trabajadores. Una reciente legislación obliga a que los trabajadores de las compañías petroleras reciban el 60% del salario. Los trabajadores de este sector son los que más cobran, llegando incluso sus sueldos a ser 10 veces el salario mínimo. El Ministerio de Minas y Energía, supuestamente, controla APEGESA. Cuando algunos trabajadores firmaron un escrito quejándose del mal trato recibido fueron despedidos. El Gobierno no permite que los sindicatos se afilien a organizaciones internacionales. B. El Derecho de organización y negociación colectiva No existe legislación que regule estos derechos o prohiba la discriminación por razones sindicales. Existen evidencias de convenios colectivos por parte de algún grupo. El Gobierno decide los aumentos de sueldo, con una pequeña o nula participación de los trabajadores. Los patronos deben pagar el salario mínimo estipulado por el Gobierno, aunque muchas compañías pagan más de ese mínimo. C. Prohibición de trabajos forzados La ley prohibe los trabajos forzados, (incluyendo los realizados por niños), y la esclavitud, y no existen evidencias o informes denunciando estos hechos; de todas formas hay convictos que realizan trabajos fuera de la prisión sin ningún tipo de compensación, hecho que está permitido por la ley. D. Situación de los niños trabajadores y edad laboral mínima La edad laboral mínima legal es de 18 años, pero el Ministerio de Trabajo no hace cumplir la legislación. El Gobierno ni siquiera hace cumplir la Ley que estipula la educación obligatoria hasta los 18 años. Los jóvenes menores de edad cumplen con el trabajo familiar en la granja y al mismo tiempo se dedican a la venta callejera. El Reglamento del Trabajador prohibe que los niños realicen trabajos duros: no existen informes denunciando violaciones en este sentido. (ver sección 6.c.) E. Condiciones aceptables de trabajo Aproximadamente, el sueldo mensual mínimo es de 41 dólares (27.000 Francos CFA). Este sueldo no es suficiente para cubrir las necesidades mínimas de un trabajador y su familia. La Ley prescribe, como regla general, 35 horas semanales dedicadas al trabajo y 48 horas de descanso, horario que se cumple habitualmente. El reglamento laboral articula la protección contra los riesgos laborales pero el Gobierno no lo hace cumplir en la práctica. Los trabajadores que protestan por las condiciones peligrosas o insalubres de su trabajo son despedidos. F. Tráfico de personas No existe ninguna Ley que prohiba el tráfico de personas, sin embargo, no hay informes de que este tráfico exista. |
