INFORME
ANUAL DE POLÍTICA EXTERIOR Y DERECHOS HUMANOS 2001
5.5
GUINEA ECUATORIAL
El
hostigamiento a los opositores políticos siguió constituyendo una práctica
sistemática a lo largo de todo el año. Continuaron proliferando las
detenciones arbitrarias, los malos tratos y las torturas. Los casos
denunciados no han sido investigados, por lo que sus responsables permanecen
en la más completa impunidad.
Las elecciones municipales de mayo fueron boicoteadas por los tres
principales partidos de la oposición ante acusaciones de fraude. Esto llevó
a una clara victoria del partido en el poder, Partido Democrático de Guinea
Ecuatorial (PDGE).
LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
En abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU examinó
el informe elaborado por el representante Especial de la ONU para Guinea
Ecuatorial, que había visitado el país en noviembre de 1999. La Comisión
instó al Gobierno a respetar la libertad de desplazamiento, asociación y
expresión; pidió a las autoridades la adhesión del país a la Convención
de Naciones Unidas contra la Tortura y que la jurisdicción militar fuese
aplicada exclusivamente en casos en los que el encausado pertenezca al ejército.
Tras esta visita, las autoridades impidieron el acceso del representante de la
ONU al país, negándole repetidamente el visado de entrada.
Amnistía Internacional siente una gran preocupación ante el hecho de
que se esté encarcelando a personas únicamente por ser miembros de la
oposición, pertenecer a la etnia bubi y ejercer pacíficamente su libertad de
expresión. En varios casos, personas cuyo único delito era participar en las
actividades de medios de comunicación legalmente reconocidos han sufrido
ataques y hostigamiento por parte de funcionarios públicos, con el claro
objetivo de impedirles el ejercicio de su libertad de expresión.
Amnistía
Internacional mantiene su preocupación ante la situación de los cuarenta
prisioneros de etnia bubi que fueron condenados en un proceso celebrado en
1998 ante un tribunal militar, que careció de las garantías mínimas
exigibles. Estas personas fueron trasladadas de la prisión de Malabo a una
población a 500 kilómetros de la capital, lo que hizo muy difícil que sus
familias pudieran proporcionarles las medicinas y los alimentos que
necesitaban para sobrevivir. La mayoría de estos prisioneros habían sido
torturados tras su detención y posteriormente mantenidos en condiciones de
extrema dureza.
Augusto Mba-Sa Oyana, un hombre de negocios con doble nacionalidad española-guineana, fue torturado en la prisión de Black Beach, Malabo. Fue detenido en julio a su llegada al aeropuerto de Malabo, procedente de Yaundé, donde reside. Se le acusó de tener relación con opositores en el exilio. Escapó de la prisión en agosto, pero uno de sus amigos, Jesús Miguel Ondó, fue detenido acusado de ayudarle a escapar. Se han recibido informes que indican que también fue torturado. A finales de 2000, Jesús Miguel Ondó seguía en prisión.
Dos miembros de Fuerza Democrática Republicana (FDR), partido de la
oposición ilegalizado por el gobierno, fueron encarcelados. Mariano Oyono
Ndong fue condenado en diciembre de 1999 a tres años de privación de
libertad, acusado de posesión de “material de dudosa proveniencia”; se
trataba en realidad de un documento de Amnistía Internacional de 1998.
Antonio Engonga Bibang fue detenido por “injurias contra el Gobierno
y las Fuerzas Armadas”. Cuatro miembros del FDR fueron detenidos en mayo y
según informes, torturados en Malabo, aún permanecían en prisión a finales
de 2000.
POLITICA
ESPAÑOLA HACIA GUINEA ECUATORIAL
En el año 2000, se han mantenido las líneas generales de la política
española hacia Guinea Ecuatorial de pasividad ante la pauta sistemática de
graves violaciones de los derechos humanos en aquel país.
El 6 de junio de 2000, en respuesta a la pregunta que le formuló José
Luis Centella del Grupo de Izquierda Unida sobre la política exterior española
hacia Guinea Ecuatorial, Joseph Piqué, Ministro de Asuntos Exteriores, le
contestó “lo que ha sido siempre la posición española en este terreno de
procurar que...se respeten lo más posible los derechos humanos, hemos
expresado nuestro desacuerdo al respecto a muchas situaciones, de la misma
manera que entendemos que hay que progresar muchísimo más en el terreno de
la recuperación de la democracia en Guinea” (Diario de Sesiones
del Congreso de los Diputados, num 25).
Las autoridades españolas adoptaron una actitud más activa en el caso
de la detención y tortura de Augusto Mba-Sa Oyana que escapó de la prisión
el 19 de agosto, tras dos meses de detención, refugiándose en la Embajada
española. A raíz de estos hechos, el Gobierno español facilitó las salida
de Augusto Mba-Sa Oyana del país, cosa que efectivamente ocurrió a los pocos
días.
En el año 2000 se inició la ejecución del nuevo acuerdo de cooperación
suscrito entre España y Guinea en octubre de 1999 (que había dado fin a seis
años carentes de relaciones en ese campo). Sin embargo, los programas más
vinculados a cuestiones de derechos humanos (que incluían como objetivos la
formación del personal al servicio de la administración de justicia, la
reforma del sistema penitenciario, la colaboración en las actividades del
Centro de Promoción de los Derechos Humanos y la formación de agentes de la
Policía Nacional ecuatoguineana) no fueron puestos en marcha aún.
Amnistía Internacional entiende que debe garantizarse que la ejecución
de dichos programas favorezcan de modo efectivo una mejora en la dramática
situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Y, en general, que la
cooperación española con aquel país tome en consideración dicho contexto
de derechos humanos, así como la necesidad de contribuir a la evolución
positiva del mismo (Véase el documento de AI: La Política de
Cooperación Oficial española en Guinea Ecuatorial: comentarios y
recomendaciones. 5 de febrero de 2001).
Miembros
de la oposición guineana y asociaciones españolas de solidaridad con Guinea
Ecuatorial han criticado la falta de transparencia del Gobierno español al
discutir y firmar este documento que, alegan, no contiene una “cláusula
democrática” como dispone la Unión Europea para todos los tratados
bilaterales entre Estados Miembros y otros países (La cooperación
con Guinea se reanuda con sigilo tras seis años de suspensión. El País, 25
de noviembre de 1999).
La organización no gubernamental Médicos Sin Frontera (MSF) anunció, a
principios de enero del 2000, que se retiraba del país, debido a las trabas
impuestas por las autoridades locales para la realización de sus labores
humanitarias. MSF criticó la Gobierno español por haber reanudado las
relaciones de cooperación con Guinea: “MSF...considera impensable que España
pueda fortalecer las relaciones con un régimen que desprecia absolutamente
las necesidades de su población y viola sistemáticamente sus derechos” (Guinea
Ecuatorial: El Espacio humanitario imposible, MSF, diciembre de 1999).
El 28 de julio, Amnistía Internacional envió una carta al Director de
la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que
adjuntábamos el documento Guinea Ecuatorial, restricciones a la libertad de
Información (Véase el documento AI: Guinea Ecuatorial,
restricciones a la liberad de Información)
y recordábamos que Guinea Ecuatorial es un país prioritario para la Sección
española de AI, habida cuenta de la estrecha relación entre España y Guinea
y la grave situación de los derechos humanos en aquel país.
Ese mismo día nos dirigimos al Subdirector general de Africa
Subsahariana del Ministerio de Asuntos Exteriores. En nuestra carta, se rogaba
al Subdirector que hiciese suyo, en sus relaciones con las autoridades
ecuatoguineanas, el llamamiento hecho por AI al Gobierno de Guinea Ecuatorial
instándole a: poner en libertad a cinco presos de conciencia citados en el
documento aludido en el párrafo anterior; adaptar su sistema judicial a las
normas internacionales; no someter a civiles a la jurisdicción militar;
aplicar las disposiciones de su Ley Fundamental y de la Carta Africana
respecto a los derechos humanos.
En la respuesta del gobierno el 14 de septiembre de 2000, a la pregunta
del diputado Rafael Estrella Pedrola (Grupo Socialista) pidiendo una valoración
de la situación política en Guinea Ecuatorial, se daba fe de la ausencia de
observadores internacionales en las elecciones legislativas de marzo de 1999 y
se recordaba que “El Gobierno español ha reiterado siempre ante las
autoridades de Guinea Ecuatorial la importancia de preservar el Pacto Nacional
que se concluyó en abril de 1993, que supone la creación de unas normas
democráticas avaladas y consensuadas por todos los partidos políticos, la
mayor plataforma desarrollar y llevar a buen término el proceso de transición
democrática”(Véase Diario de Sesiones del Congreso. 14 de
septiembre de 2000. Serie D. Num. 55).
Una respuesta en los mismos términos era obtenida ante la pregunta de
José Antonio Labordeta del Grupo Mixto, solicitando información sobre las
elecciones municipales celebradas en mayo de 2000 (Véase Diario de
Sesiones del Congreso, 14 de septiembre de 2000. Serie D. Num. 55)
El 8 de agosto de 2000, enviamos una carta a Ramón Gil Casares,
Director del Departamento Internacional y de Seguridad de la Presidencia de
Gobierno, con copia al Subdirector General de Africa Subsahariana, en ocasión
de la visita del primero a Malabo. En ella recordábamos nuestra recomendación
al Gobierno español en su política sobre Guinea Ecuatorial (Véase
Informe Anual de Política Exterior y Derechos Humanos, 2000)
y le solicitábamos información acerca de los avances de su visita en el
terreno de los derechos humanos.
En ocasión de la estancia en Madrid, el 23 de noviembre de 2000, del
Representante de Naciones Unidas para Guinea Ecuatorial, Gustavo Gallón
Giraldo, el Eurodiputado Carlos Carnero González (Partido Socialista
Europeo), planteó una pregunta a la Comisión Europea respecto a las líneas
de diálogo abiertas por ésta con el Sr. Gallón.
La respuesta de la Comisión, el 21 de febrero de 2001, explicaba que
mantiene contactos regulares con la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos. La Comisión comparte y apoya las posiciones y opiniones del
Representante Especial para Guinea Ecuatorial. Asimismo, recuerda que “a raíz
del encuentro del Presidente de la Comisión con el Presidente Obiang, se
mencionó explícitamente que está previsto realizar una evaluación de la
situación en Guinea Ecuatorial en el plazo de un año y que se ha solicitado
especialmente la participación del Representante Especial de la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas así como de los ponentes especiales” (Véase
respuesta del Sr. Nelson en nombre de la Comisión de 21 de febrero de 2001.
E-3982/00ES).
Ya en 2001, un informe elaborado por la Cátedra UNESCO sobre Paz y
Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona (Nota de
Prensa “Campaña Adiós a las armas”: “España vende importantes
cantidades de munición a Guinea Ecuatorial”. Bellaterra, 3 de abril de 2001)
en colaboración con las organizaciones promotoras de la campaña “Adiós a
las armas” (Médicos Sin Fronteras, Intermon Oxfam, Greenpeace y
amnistía Internacional),
revelaba que en 2000, España había vendido más de 11500 proyectiles a
Guinea Ecuatorial, por un importe superior a 182 millones de pesetas (Véase
capítulo sobre Comercio de Armas y transferencias militares de seguridad y
policiales (MSP) en este mismo informe).
Este contrato comercial no incluye ninguna cláusula democrática, como lo
exige la Unión Europea.
En febrero de 2001, el alcalde de Madrid, Alvarez del Manzano, visitó
Malabo. Por este motivo, AI le envió una carta el 1 de febrero donde incluía
varios puntos relativos a la situación de los derechos humanos en Guinea y le
pedía su intercesión ante el Gobierno guineano. No tuvimos respuesta a dicha
carta, pero sabemos que el Sr. Alvarez del Manzano se entrevistó en Malabo
con miembros de la opsición democrática guineana, aunque desconocemos los
temas tratados en dicha reunión.
El presidente Obiang se entrevistó el 4 de marzo de 2001 en Madrid con
el presidente Aznar. Por este motivo, Amnistía Internacional hizo público un
comunicado de prensa bajao el título: “Sr. Aznar: ¿Va usted a hablar de
tortura con Obiang?”. En el mismo, la organización hacía hincapié en la
trágica situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y en especial
el recurso generalizado a la tortura. Se recordaba al presidente Aznar que el
acuerdo de cooperación entre España y Guinea Ecuatorial no contiene una
“cláusula democrática” de respeto a los derechos humanos, como dispone
la Unión Europea para todos los tratados bilaterales entre estados miembros y
terceros países. Asimismo, el comunicado instaba al Sr. Presidente a que
solicitase de su homólogo guineano la puesta en práctica de medidas
encaminadas a la erradicación de la tortura, el control de las fuerzas de las
fuerzas de seguridad, la liberación de personas arrestadas por sus
actividades políticas pacíficas o su origen étnico y la mejora de las
condiciones de los presos; todo ello de acuerdo con el informe de Amnistía
Internacional: “La Política de Cooperación Española en Guinea Ecuatorial:
comentarios y recomendaciones”, presentado el 9 de febrero ante las
autoridades españolas.
En abril tuvo lugar un encuentro entre el Presidente Obiang y Miguel
Angel Cortés, Secretario de Estado de Cooperación Internacional. En un artículo
del diario ABC de 13 de abril que llevaba el título: “España ayudará a
Guinea en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU”, el señor Cortés
aseguraba que: “el Gobierno guineano está dando pasos en la buena dirección”,
por lo que, según el artículo, el informe que sobre ese país debe dar el
Gobierno español ante la Comisión de Derechos Humanos “no será
excesivamente desfavorable”.
RECOMENDACIONES
AL GOBIERNO ESPAÑOL
Como se ha afirmado en las ediciones anteriores del presente Informe,
Amnistía Internacional entiende que los vínculos existentes entre España Y
Guinea Ecuatorial hacen que el Gobierno tenga una responsabilidad específica
en relación con la situación de los derechos humanos en aquel país. Es
obligación del Gobierno español ejercitar su influencia a favor de una
mejora de dicha situación de un modo activo, y no limitándose únicamente a
los casos en los que los intereses españoles estén implicados.
En este sentido, Amnistía Internacional recomienda que el Gobierno
español interceda ante el de Guinea Ecuatorial para:
El
Gobierno español debe, a su vez:
En
relación con el Acuerdo de Cooperación firmado entre Guinea Ecuatorial y
España:
El
respeto a los derechos humanos en Guinea Ecuatorial debe medirse en relación,
al menos, a una serie de recomendaciones concretas, y el gobierno español
deberá informar a la opinión pública y al Congreso de los Diputados, sobre
las gestiones realizadas ente el Gobierno de Guinea Ecuatorial.
Una mención especial merece la situación de los bubis, grupo étnico
de la isla de Bioko, sobre el que trabaja activamente el Grupo de Mahón
