- que se ponga fin al régimen de incomunicación de las personas cuyas penas de muerte fueron conmutadas;

- que mejoren las condiciones de encarcelamiento de todos los presos, a tenor de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, permitiendo que una organización internacional humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, tenga acceso a ellos;

- que dé órdenes claras a los miembros de las fuerzas de seguridad en el sentido de que no se van a tolerar las violaciones de derechos humanos y que se va a perseguir a los responsables de las mismas;

- que ratifique la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Estatuto del Tribunal Penal Internacional adoptado en Roma en julio de 1998, sin formular ninguna declaración que limite la jurisdicción del Tribunal;

- que adopte medidas legales, de procedimiento y prácticas para lograr una efectiva persecución de los responsables de violaciones de derechos humanos;

Además de los recomendaciones genéricas sobre la cooperación del Gobierno español con Guinea Ecuatorial, la Sección Española de Amnistía Internacional tiene algunas recomendaciones concretas en relación con aspectos específicos del programa de cooperación con el fin de conseguir que ésta cooperación contribuya realmente a una mejora de la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial.

Amnistía Internacional recomienda que se garantice que la capacitación y reciclaje que se aporte contenga en todo caso un amplio contenido de derechos humanos, haciendo especial hincapié en lo referido a los derechos de los detenidos y presos, así como en la erradicación de la tortura y los malos tratos y las garantías de un juicio justo e imparcial. Igualmente, las mencionadas acciones de formación deberían respetar los principios contenidos en la Guía de 12 puntos para la formación y la educación en derechos humanos de los funcionarios del Estado, editada por Amnistía Internacional, y que se adjunta como anexo.

Amnistía Internacional recomienda que la asistencia técnica y la formación prestadas para la labor promocional del Centro tenga en cuenta la realidad social y cultural de Guinea Ecuatorial, así como la de los restantes países de la región. En este sentido, son de especial importancia dos tipos de actividades. De una parte, la elaboración y edición de materiales promocionales de los derechos humanos, tanto escritos como audiovisuales, que estén adaptados a las posibilidades culturales de la población. Y, de otra parte, la realización de actividades de formación en derechos humanos de autoridades, funcionarios (especialmente aquellos encargados de hacer cumplir la ley: poder judicial, ministerio público, agentes de las fuerzas de seguridad,...) y líderes comunitarios, que respeten los principios de la formación en derechos humanos indicados igualmente en la Guía anexa.

Como ha denunciado reiteradamente Amnistía Internacional, el actual sistema penitenciario ecuatoguineano se caracteriza, desde el punto de vista de los derechos humanos, por no garantizar en absoluto las condiciones mínimas de dignidad en el encarcelamiento de personas. Por ello, cualquier reforma de dicho sistema debe ir necesariamente orientada a la mejora de las condiciones de encarcelamiento, con el fin de que las mismas respeten las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. En este sentido, las instituciones que cooperen en tal proceso de reforma adquieren, por ello, una gran responsabilidad, a la hora de contribuir a que la misma persiga y obtenga tales resultados. Por lo tanto, el Gobierno español debe garantizar que su cooperación en esta materia va contribuir positivamente a mejorar las condiciones de encarcelamiento de detenidos y presos. En este sentido, entre otros, el apoyo a la modificación de los procedimientos de dirección, disciplina y gestión de los centros penitenciarios, así como la formación adecuada del personal pueden ser proyectos altamente recomendables.

Amnistía Internacional considera que la cooperación en materia de formación de agentes de fuerzas de seguridad conlleva una seria responsabilidad por parte de la institución cooperante, en la medida en que el cariz de la formación proporcionada puede contribuir, por acción o por omisión, a que el grado de respeto a los derechos humanos por parte de los agentes así formados y de las fuerzas de seguridad en su conjunto aumente o, por el contrario, permanezca invariable, o incluso empeore.

Ello es especialmente relevante en el caso de un país, como Guinea Ecuatorial, en el que la práctica habitual en materia de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad sigue una pauta sistemática de falta de respeto a los principios internacionales mínimos. Por ello, el Gobierno español debe garantizar en todo momento que la cooperación española en materia de formación de agentes de las fuerzas de seguridad de Guinea Ecuatorial va a contribuir de una manera adecuada a su mejor formación en materia de derechos humanos y a mejorar sus prácticas a este respecto.

Así pues, una primera condición mínima para que la formación de agentes de policía y de las fuerzas de seguridad pueda considerarse aceptable es, en opinión de Amnistía Internacional, que en la misma se garantice un núcleo suficientemente amplio de formación en derechos humanos.

Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que en ocasiones los programas de formación, aun incluyendo contenidos de derechos humanos, carecen de un análisis previo de la situación, utilizan enfoques metodológicos de formación anticuados, carecen de una integración sólida con los esfuerzos de reforma o proporcionan-cuando lo hacen-muy poco seguimiento a largo plazo para garantizar mejoras substanciales en la situación de derechos humanos. En este sentido, Amnistía Internacional recomienda al Gobierno español que garantice que la formación que pueda proporcionarse respete los principios contenidos en su Guía de 12 puntos para la formación y la educación en derechos humanos de los funcionarios del Estado, que se adjunta como anexo.

Para AI, todo acuerdo con la finalidad de proporcionar formación a personal policial o militar debe incluir al menos los siguientes elementos:

Febrero de 1998

Índice Al: ACT 30/01/98/s

Traducido por Editorial de Amnistía Internacional (EDAI)

El objetivo de este documento es señalar los elementos básicos para la aplicación de un programa eficaz de formación en derechos humanos. Se trata de un esquema metodológico que sienta las bases para mantener bajo observación y evaluar los programas de formación y educación en derechos humanos de los funcionarios del Estado.

Son cada vez más las instituciones, incluidos organismos gubernamentales y organizaciones intergubernamentales (OIG), que establecen programas de formación en derechos humanos. Amnistía Internacional ha observado que algunos de estos programas carecen de un análisis previo de la situación, utilizan enfoques metodológicos de formación anticuados, carecen de una integración sólida con los esfuerzos de reforma o proporcionan-cuando lo hacen-muy poco seguimiento a largo plazo para garantizar mejoras substanciales en la situación de derechos humanos.

Amnistía Internacional pretende contribuir a los esfuerzos de formación en derechos humanos de los gobiernos y los organismos intergubernamentales con una guía metodológica fácil de utilizar para la formación y la educación en derechos humanos de los funcionarios del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad.

Esta guía también pretende ayudar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a los estudiosos del tema proporcionándoles un código metodológico común que debe aplicarse a todos los niveles y mejorarse constantemente.

Amnistía Internacional quiere agradecer la ayuda y el apoyo que ha recibido por parte de muchos defensores de derechos humanos de diversa procedencia en la formulación de esta Guía de 12 puntos para la formación y la educación en derechos humanos de los funcionarios del Estado, y también agradece cualquier sugerencia.

Para que un programa de formación o educación sea coherente con los principios de derechos humanos, debe proporcionar conocimientos e información sobre estos derechos y también tratar de promover actitudes y conductas respetuosas con ellos.

A fin de conseguir un efecto significativo, el programa educativo debe mantenerse durante cierto periodo de tiempo, suponer una interacción directa y constante entre los educadores y el alumno e incluir un aprendizaje práctico.

Debe haber un claro compromiso con una formación dentro del servicio que incluya cuestiones de derechos humanos, y la actuación sobre el terreno deberá medirse de acuerdo a las normas de derechos humanos. Dicho de otro modo, la aplicación de los objetivos y la ética profesionales debe ser coherente con los principios y la teoría de derechos humanos.

Para que un programa de formación sintonice con los principios de derechos humanos debe incluir también el desarrollo de habilidades básicas, como el pensamiento critico, la comunicación con los demás, la resolución de problemas y la negociación, todas ellas fundamentales para la aplicación eficaz de las normas de derechos humanos.

En algunos casos, puede ser necesario poner a punto cursos independientes sobre derechos humanos para compensar la falta de formación previa en tales materias, pero lo ideal es que los conceptos y los valores de derechos humanos sean parte integral de todos los cursos y prácticas docentes.

Antes de iniciar un programa de formación en derechos humanos es fundamental determiner si es viable a la vista de la situación de derechos humanos que existe en el país en cuestión.

También debe realizarse una evaluación de necesidades que permita identificar objetivos prioritarios y determiner el ámbito y el enfoque del programa. Los problemas de derechos humanos a los que se enfrenta la sociedad civil serán un factor determinante en el tipo de formación que se imparta y las instituciones estatales que participarán.

En algunos casos, esta evaluación previa puede llegar a la conclusión de que la formación como medida inicial carece de sentido debido a la gravedad y el carácter de las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, es posible que haya una pauta de impunidad, o que las violaciones de derechos humanos las cometan grupos militares o paramilitares a los que la formación no llega, o que haya tanta desorganización en el ministerio en cuestión que seen precisas otras medidas antes de introducir cuestiones de derechos humanos en el curriculum.

En tales casos, es posible que se considere inadecuado impartir formación a los funcionarios nacionales haste que se enmienden o se anulen las leyes que no cumplen las normas internacionales y regionales minimal, se mejoren las condiciones en las cárceles o se eliminen ciertos tipos de fuerzas de seguridad (por ejemplo, los grupos paramilitares).

En un primer momento, la captación de apoyos, incluida la formación sobre la manera de conseguir cambios legislativos, puede ser más constructiva que la formación genera! sobre derechos humanos, que puede resultar incluso contraproducente si las circunstancias no son las adecuadas.

Aún en la peor situación, las consideraciones anteriores no eliminan la necesidad de poner en marcha campañas de sensibilización sobre derechos humanos que, por ejemplo, pueden consistir en seminarios o mesas redondas públicas en los que se señale la necesidad de lograr un desarrollo de los derechos humanos y el cumplimiento de las normas de derechos humanos.

2 La educación en derechos humanos debe ser un paso más para lograr un mayor grado de rendición de cuentas.

 

La formación en derechos humanos será más eficaz allí donde las autoridades estén comprometidas con la defensa de l as normas de derechos humanos y los funcionarios puedan ser sometidos a observación.

En un país en el que las violaciones de derechos humanos son sistemáticas, a menos que el gobierno emprenda un cambio en su política general con respecto a los derechos humanos, la formación corre el riesgo de ser una gota en medio del océano Varios gobiernos se han vanagloriado de sus programas de formación, pero éstos no parecen haber conducido a ninguna mejora de la situación general de derechos humanos del país. Las autoridades deben asumir la responsabilidad de proporcionar programas de calidad, apoyo, recursos adecuados y seguimiento.

La formación en derechos humanos no es eficaz si se lleva a cabo aisladamente; debe ser un paso más hacia la consecución de un mayor grado de rendición de cuentas. A los funcionarios debe hacérseles ver que su conducta no dejará de ser sometida a examen por el hecho de acceder a iniciar programas de formación.

Las autoridades también deben manifestar claramente su compromiso con los derechos humanos, por ejemplo apoyando cambios en la legislación, permitiendo que haya libertad de expresión y asociación, iniciando sus propios actos y apoyando los actos organizados por los grupos sociales en favor de los derechos humanos o poniendo en marcha campañas nacionales de educación pública en derechos humanos.

Hay casos en los que las conferencias y seminarios de formación en derechos humanos podrían desempeñar una importante función generadora de reformas estimulando a grupos cuidadosamente elegidos. Por ejemplo, tanto juristas como politicos tienen una gran presencia en la vida pública y participan en la tome de decisiones que afectan a la aplicación de los derechos humanos.

La formación y la educación deben formar parte de una amplia estrategia de derechos humanos y encajar en un marco más amplio de reforma de derechos humanos.

3 Los funcionarios deben comprometerse o poner en práctica el programa de formación como parte fundamental de su profesión.

 

La idoneidad de los programas de formación y la integración de las preocupaciones de derechos humanos en el curriculum es responsabilidad general del gobierno. La aplicación de las normas de derechos humanos debe ser un factor critico a la hora de ascender o asignar tareas a los funcionarios.

Debe encargarse la administración general de los programas de derechos humanos a los funcionarios pertinentes, que asumirán la responsabilidad de dichos programas. Todo ello con apoyo al más alto nivel posible. Tal vez sea preferible comenzar por cambiar la legislación local pare garantizar el compromiso de las autoridades y la capacidad de mantener a largo plazo el programa de educación en derechos humanos.

4 El programa de formación debe coordinarse con otras actividades de derechos humanos en las instituciones estatales y en lo comunidad

 

Los programas de formación en derechos humanos no deben consistir en cursos de formación aislados pare funcionarios seleccionados, sino que deben establecer una sólida estructura nacional de formación y contribuir a la creación de una cultura nacional de respeto por los derechos humanos, que abarque tanto al sector en cuestión como a los sectores de la sociedad a los que se supone que éste sirve. Por ejemplo, tanto la policía como los trabajadores sociales de países en los que hay niños que viven en la calle deben ser animados a entablar un diálogo con los niños pare llegar a comprender mejor las necesidades y las dificultades con que éstos se encuentran, y al mismo tiempo resolver los prejuicios que suelen estar en el origen de respuestas violentas.

5 Las organizaciones no gubernamentales deben desempeñar una función clave en todas las etapas del programa de formación.

 

A la hora de determinar la idoneidad de un país pare la formación en derechos humanos es de gran importancia realizar consultas con las ONG locales sobre los objetivos y el diseño del programa, y posteriormente sobre su gestión, seguimiento y evaluación. Puede resultar sumamente valioso hacer participar a personas de esas ONG encargadas de la formación, para que así se entable un diálogo con las autoridades, siempre tan necesario. De esta forma se fomentará una colaboración nueva y diferente en lo que haste entonces tal vez haya sido una relación de agresión y desconfianza.

En los casos en los que las ONG no puedan o no quieran llevar a cabo la formación, deben ser invitadas a asistir a los cursos pare garantizar su carácter abierto y para que puedan realizar comentarios constructivos de mejora, así como recordar al gobierno que es responsable de garantizar que la formación tendrá efecto sobre las prácticas cotidianas de los funcionarios y las vidas de los integrantes de la comunidad a la que sirven.

Al mismo tiempo, es importante asegurarse de la imparcialidad y la profesionalidad de las ONG participantes y, cuando sea pertinente, ofrecerles oportunidades pare mejorar su propia competencia en este campo.

6 Los grupos a los que va dirigido la formación y los objetivos del curso deben ser cuidadosamente elegidos

 

Hay distintos enfoques, y el que se adopte dependerá del marco en el que se va a llevar a cabo la formación: la gravedad de las violaciones, el país concreto y otros factores clave.

He aquí algunos ejemplos:

* Un enfoque seria asegurarse de que sólo reciben formación unidades o divisiones completes, pare garantizar que los participantes se toman la formación en serio y evitar problemas de presiones negatives entre compañeros cuando la persona que ha recibido la formación vuelve a su unidad. Impartir la formación a unidades facilita el seguimiento y simplifica la evaluación de la actuación de la unidad y del comandante o el jefe de división, así como tener en cuenta esta actuación en ascensos y traslados.

* Otro enfoque seria comenzar formando sólo a los encargados de formación (es decir, a los que se encargan de la formación en las academias militares o de la policía o a los profesores de derecho) pare que luego ellos participen en la formación del resto de la unidad o departamento. En ambos casos, es importante que la formación en derechos humanos vaya camino de convertirse o se haya convertido ya en parte permanente e integrada del curriculum de formación de la fuerza o sección en cuestión (con el respaldo de los necesarios cambios legislativos).

* Un tercer enfoque seria lograr el equilibrio entre la formación de unidades completes y la de una selección representative de funcionarios o encargados de formación. Este enfoque mixto se base en que, cuando hay una selección representative de funcionarios que han recibido formación, éstos llegan haste otros por solidaridad. Un formato posible de este enfoque seria combinar seminarios nacionales y regionales.

Es posible que durante el curso sea necesario elegir ciertos temas pare tratar violaciones de derechos humanos concretas que comete el grupo que recibe la formación.

Es lógico que los encargados de formación tengan alguna relación con el grupo elegido pare recibir la formación. Por ejemplo, que las personas encargadas de former a la policía tengan experiencia dentro de la policía, o que las encargadas de formar a funcionarios tengan experiencia directa en el trabajo en la función pública. Esto contribuye a asegurar que los formadores no sólo inspiran el respeto necesario, sino que comprenden las dificultades a las que se enfrentan los alumnos en la práctica.

Los encargados de la formación deben ser elegidos con mucho cuidado. Deben tener autoridad y ser imparciales. Si no tienen las necesarias habilidades pedagógicas y un conocimiento sobre derechos humanos contrastado, es cuestionable que deban ser elegidos pare la tarea. Equivocarse al elegir a quienes deben impartir la formación puede poner en peligro la credibilidad de todo el programa de formación y toda la confianza que éste pueda haber inspirado en la restauración de la opinión pública.

La formación de los encargados de formación procedentes de los sectores elegidos y las ONG pertinentes es importante pare garantizar que se dispone de un equipo grande y profesional Algunas veces será necesario realizar un trabajo preliminar pare animarlos a participar y a desarrollar sus habilidades pedagógicas y sus conocimientos de derechos humanos.

8 Los métodos de enseñanza utilizados deben respetar la realidad cultural y religiosa local,también reflejar los objetivos de la formación en materia de derechos humanos

 

Los métodos de enseñanza deben ajustarse al país, el grupo y las violaciones de derechos humanos que se hen perpetrado o hay peligro de que se perpetren en ese país Estos métodos deben ser respetuosos con las costumbres culturales y religiosas sin sacrificar las normas de derechos humanos y es preciso que resulten accesibles a la audiencia pare que sean eficaces

9 La formación debe tener una orientación práctica y contar con técnicas participativas de aprendizaje.

 

Se pedirá a los jueces que decidan sobre caves hipotéticos en simulacros de juicios o apelaciones, según convenga. Se pedirá a los policías que lleven a cabo ejercicios de control de multitudes, simulacros de arrestos e interrogatorios con "sujetos" difíciles, y que reaccionen ante malos tratos u otras violaciones en demostraciones simuladas por sus compañeros.

Los encargados de la formación deben evitar métodos tales como dar ejemplos sobre técnicas de torture empleadas en todo el mundo cuando estén impartiendo formación sobre la torture pare luego decirles a los alumnos que no deben utilizarlas. Es preferible debatir el hecho de que las violaciones de derechos humanos son delitos internacionales, regionales y nacionales que están penados.

10 El material de enseñanza debe ser práctico.

 

El material debe ponerse a disposición de los participantes lo más pronto posible y siempre antes de las sesiones de formación. Cada juego de material incluirá textos completos de las normas internacionales, regionales y nacionales pertinentes (variarán según el grupo escogido) en el idioma adecuado. En muchos países la mayoría de la población, incluidos algunos miembros de las fuerzas de seguridad, es analfabeta, en cuyo caso será preciso elaborar un material distinto, que garantice la enseñanza de la esencia de los principios.

Cuando sea pertinente, los programas de alfabetización serán un objetivo de largo alcance de cualquier programa de formación profesional, y proporcionarán un sólido marco pare cualquier componente de formación en derechos humanos.

11 El seguimiento debe integrarse desde el principio en el programa deformación.

 

Ningún programa deberá llevarse a cabo sin un seguimiento eficaz. Los programas de seguimiento ofrecerán apoyo y, en los casos en que sea necesario, asesoramiento a los encargados de formación y los que elaboran las políticas educativas y formativas locales, garantizando la continuidad y el nivel.

Entre las posibles técnicas de seguimiento están las reuniones de personas que han recibido la formación, la publicación de un boletín sobre la aplicación de los programas de formación (intercambio de experiencias), los informes de actividades o los informes de evaluación y el contacto con los participantes tras los programas de formación pare comprobar los avances en la aplicación de las enseñanzas impartidas.

12 Debe haber una evaluación continua del impacto del programay una revisión a la luz de las deficiencias de las nuevas oportunidades constatadas.

 

Es importante que los criterios en función de los cuales se evaluará el programa y la persona que efectuará la evaluación estén integrados en el programa desde el principio.

Esta evaluación no deberán hacerla únicamente los encargados de formación, los alumnos y los jefes de las unidades del funcionariado, sino un organismo independiente (una ONG o una institución académica) que pueda evaluar objetivamente la eficacia del programa y formular las recomendaciones pertinentes. La aplicación de estas recomendaciones también necesita de la vigilancia tanto del organismo gubernamental en cuestión como de la sociedad civil, así como de organismos internacionales.

Cada participante debe comprometerse a tomar algunas medidas prácticas para utilizar la formación. Por ejemplo, los fiscales deben informar de las medidas que han tomado para investigar cada denuncia o informe de tortura o malos tratos y explicar la adecuación de estas medidas al programa de formación. Esto será crucial para que el programa tenga un efecto concreto en la mejora de la situación de derechos humanos y para dar pasos definitivos hacia la creación de una cultura de respeto hacia los derechos humanos y su desarrollo.

Las autoridades deben evaluar la actuación en el trabajo para determinar si los alumnos cumplen con las normas de derechos humanos, recompensar en consecuencia a quienes lo hagan y sancionar a los que no. La formación en derechos humanos no debe quedar en mera apariencia.