Carlos Carnero es eurodiputado del Grupo Socialista; María Irigoyen, coordinadora de Política Internacional del PSOE, y Adolfo Fernández Marugán, secretario de la Asociación de Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial. |
¿Saben cómo estudian los jóvenes de Malabo o de Bata? A la luz de una
farola. Se pegan a las puertas y a las cristaleras de los hoteles para poder
leer los libros de texto -aunque sea dañándose la vista- gracias al reflejo
de la luz que proviene de estos establecimientos y hasta que cierran. La
primera sensación que a uno le produce este espectáculo nocturno es de
admiración por la fuerza de voluntad de unos chicos y unas chicas que,
obviamente, carecen de luz eléctrica, y probablemente también de velas, en
sus casas. En la segunda ciudad más importante del país, Bata, la situación
es general: sencillamente, no hay luz para nadie que no posea su propio
generador, es decir, sólo para unos pocos. La admiración por estos jóvenes
se torna inmediatamente en indignación al recordar que su país, Guinea
Ecuatorial, no es precisamente pobre en recursos, tiene madera, cacao y
300.000 barriles diarios de petróleo para una población que no llega a
500.000 habitantes. Mucho oro negro, tanto, que debería bastar para evitar no sólo
situaciones como ésa, sino también la basura acumulada en las calles, las
enfermedades endémicas, el incremento del sida y la prostitución, la práctica
ausencia de sanidad y enseñanza públicas y la inexistencia de una mínima
administración del Estado. ¿Por qué no es así? Porque, hablando en español -en el mismo idioma en el que pueden
expresarse la mayoría de sus habitantes-, Guinea Ecuatorial está gobernada
por un régimen autoritario empeñado en expoliar en pocos años sus recursos
naturales para beneficio de unos pocos y en contra tanto de los intereses de
la mayoría como de su propio futuro como nación. Las compañías petroleras norteamericanas instaladas en el país han
obtenido concesiones de explotación que les otorgan el 85% de las rentas del
petróleo. Además, desde hace años se viene practicando la tala brutal de
los bosques alterando gravemente el medio ambiente. La responsabilidad es del
Gobierno y del hijo del presidente Obiang, actual ministro de Bosques. Teodorin
es conocido no por su buena gestión, sino por su capacidad de dilapidar la
riqueza de todo un pueblo en juergas privadas. No, no podemos callar. Hay que hablar más de África y también de Guinea.
Está claro que la situación es mejorable. Guinea es un país con solución.
No está escrito que sea imposible salir de la pobreza. No sólo es viable
sacar a un país y a sus gentes de esa situación, sino que la mejor manera de
hacerlo es por la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos. En
esta época de globalización, como atestiguan bastantes países en África,
el desarrollo sostenible y el Estado de derecho forman un binomio con garantías
de éxito frente a la pareja de moda durante años: el subdesarrollo y la
dictadura. Guinea no tiene que quedar al margen de ese camino. Todos debemos
contribuir a que lo recorra -con sus propias fuerzas políticas y sociales y
la cooperación internacional- en libertad. Particularmente desde el país que
fue su metrópoli colonial. Existe la capacidad material para crear una economía pujante y
competitiva: petróleo, madera, pesca en abundancia, entre otros factores
productivos. Hace falta la voluntad política y la capacidad para gestionar
estos recursos con honestidad e inteligencia, algo de lo que han sido
absolutamente incapaces todos los gobiernos de Obiang. Asimismo, Guinea forma parte del Convenio de Cotonú, que agrupa a la Unión
Europea y a los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), en el
mayor acuerdo de cooperación internacional existente en el mundo, lo que le
garantiza condiciones y programas de cooperación solidaria y acceso al
mercado comunitario en condiciones favorables. Todo ello junto con los lazos
regionales existentes con los Estados africanos vecinos. Existen condiciones objetivas para que el país abandone progresivamente la
actual situación que es para la mayoría de sus hombres y mujeres, en las
islas o en el continente, en las ciudades y en el campo, de una u otra etnia,
un infierno cotidiano. Existe una nueva generación formada y capaz de asumir
las responsabilidades de Gobierno y construir una democracia respetuosa de las
libertades y los derechos fundamentales, de configurar un Estado moderno y una
Administración ágil y honrada, útil para mejorar la vida diaria de la gente
mediante los servicios públicos esenciales. Lo hemos comprobado al participar en Bata en el Congreso de Convergencia
para la Democracia Social (CPDS), miembro de la Internacional Socialista y
principal partido de oposición democrática, que cuenta con un sensible
reconocimiento popular y con un programa político viable y realista, basado
en el diálogo y la reconciliación nacional. También al reunirnos en Malabo
con el Frente de Oposición Democrática (FOD), coordinado en este momento por
CPDS y que agrupa a las fuerzas políticas más representativas con al
objetivo de dirigir al país en un sentido democrático. La comunidad internacional, empezando por la Unión Europea y, en su seno,
España, deben tomar nota de esta coyuntura y actuar en consecuencia exigiendo
al Gobierno guineano el inicio real de una transición democrática, la garantía
del pluralismo político, la libertad de expresión y manifestación, el pleno
respeto a los derechos humanos y la convocatoria de elecciones libres. Es
decir, demandando al presidente Obiang la puesta en marcha de unos
compromisos, que viene repitiendo e incumpliendo sistemáticamente. Romano Prodi, el presidente de la Comisión Europea, no debe dejar pasar un
mes sin recordar al autócrata los compromisos adquiridos durante la reunión
de Bruselas del pasado septiembre, al tiempo que promueve el desarrollo de la
sociedad civil guineana mediante programas de cooperación. Los Quince -Francia inclui-da- tienen que apoyar las propuestas del
representante de Naciones Unidas -Gayón Giraldo, al que el Gobierno de Malabo
ha impedido entrar en el país a finales del año 2000- para Guinea Ecuatorial
con nitidez y firmeza, buscando la coincidencia con la Administración de EE
UU para que pida a sus empresas -Mobil Oil- respeto a un mínimo código
deontológico favorable a los principios democráticos. Obiang necesita el aval político de la UE: sería de necios no hacer uso
de ese factor para conseguir que tome decisiones positivas. El Gobierno español,
por su parte, no puede continuar sin una política hacia Guinea. Al referirnos a la actitud española no basta con la extraordinaria labor
de los cooperantes -sin la que no existirían ni centros educativos ni centros
de salud ni centros culturales-, ni con la respetable tarea de nuestros
representantes diplomáticos. Hace falta una idea clara de lo que se quiere y
de cómo conseguirlo. No es de recibo que Aznar y su ministro Piqué hayan
decidido dejar pasar y dejar hacer sin tener una política clara y definida
con Guinea Ecuatorial, desentendiéndose progresivamente de lo que ocurre en
ese país. Regresamos de nuestro viaje convencidos de que es posible y necesario
definir una política de Estado hacia Guinea Ecuatorial. Elaborada y
compartida consensuadamente por las principales fuerzas políticas. Nuestro
compromiso histórico con ese país nos obliga a buscar un marco de
entendimiento para no seguir mirando a Guinea Ecuatorial desde la débil luz
de una farola ajena, e ir agotando la vista de sus nuevas generaciones.