La ciudad de Tijuana, la más noroccidental de las ciudades mexicanas, presenta como lugar geográfico, como lugar de asentamiento poblacional, dos situaciones encontradas:

Por una parte, su ubicación privilegia la vinculación del territorio con el borde occidental del continente asiático y favorece, pues, los vínculos o relaciones de inversiones económico-productivas con países tales como Japón, China, Hong Kong, Corea del Sur, que aún cuando buscan condiciones propicias para su expansión inversionista, dejan entrañar la posibilidad de encontrar una mano de obra educacionalmente preparada, pero barata como recurso que ayude al aumento de sus ganancias. Otra expresión de esta ventaja locacional lo da la vinculación directa con la frontera de los Estados Unidos de América y, en particular, con el estado de California, estado que tiene un desarrollo de muy alto nivel, que lo convertiría, si fuera un territorio aislado, independiente, en la quinta economía mundial. Este factor, positivo indudablemente, le otorgará condiciones adversas para el desarrollo ecológico y crecimiento urbano.

Por otro lado, y no menos importante, la ciudad y su lugar histórico de ubicación se sitúan en un medio geográfico de extrema dificultad para el desarrollo urbano, el cual ha sido un hecho con cerca de 128 años de fundación.

Localizada en sus inicios en una zona llana, rodeada ya entonces de alturas obligadas a ser superadas para un crecimiento futuro, la ciudad se implanta en un cúmulo de cañones y depresiones, sobre un suelo suelto, arenoso, de fácil lavado por las aguas de todo tipo, auto modificándose en el tiempo con el ritmo del clima, inestable, extremoso, con extensos períodos de sequía y cortos y, en casos, intensos períodos de lluvia que modifican la morfología de los suelos.

La ciudad ha presentado un intenso y dinámico desarrollo poblacional, el cual duplicará su población actual para el año 2025, cuando habitarán el municipio más de 4 millones de habitantes.

Como puede apreciarse, la ciudad, que presenta los valores que caracterizan el crecimiento vegetativo del país de cerca de un 2 a un 2.2% anual, debe su alto crecimiento no tanto a éste, sino al crecimiento producido por la alta tasa migratoria que alcanza la ciudad, en ocasiones de más de un 3.0% a un 2.5% anual.

Este aspecto se influencia indudablemente del hecho geográfico que impone el carácter de frontera de Tijuana-California, motor impulsor que caracteriza la ciudad como municipio receptor de los distintos territorios emisores de México y que coinciden en Tijuana, y aunque ya harto conocido, la ciudad atrae a aquellos que buscan el "sueño americano", que los lleva a alejarse de sus lugares de origen para cruzar al "otro lado", y cuando este paso no se hace realidad, deciden asentarse en la ciudad, que de entrada les brinda trabajo, bien o mal pagado, pero superior como oferta del que optaban en su lugar de partida.

Esta situación, delicada y compleja sólo puede solucionarse cuando nuestro país emprenda y alcance el nivel de desarrollo que corresponde a una nación desarrollada y deje de ver como un logro el crecimiento sustentado en el capital que se obtiene por medio del envío de remesas de los connacionales en los Estados Unidos de Norte América, concepción que no sólo lastra la búsqueda del desarrollo necesario, sino que también aparece como un aliciente a la migración.

Como puede suponerse, la coincidencia espacial y en el tiempo de la problemática compleja de la situación de la ciudad en el territorio y la ocupación por la población emergente de la mancha urbana, han conllevado a lo que pudiéramos considerar como una casi catástrofe urbana, que sólo se habría poder neutralizado por gobiernos, en particular municipales, que tuvieran un mínimo de conciencia de los fenómenos actuantes sobre el territorio.

Desgraciadamente, la ciudad ha contado con gobiernos que han minimizado, por no decir, desconocido, las serias implicaciones de las complejas variables interactuando en Tijuana.

No obstante, al encontrarse Tijuana y San Diego en una misma región natural, al tener una ciudad vecina como San Diego -la cual cuenta desde 1908 con un proyecto de mejoramiento del territorio, un plan comprensivo para su mejoramiento" presentado por John Nollen, considerados ambos, documento y autor como la base de planeación de la ciudad en el tiempo, y que sentó las bases de un futuro desarrollo urbano-, la ciudad de Tijuana se desarrolló bajo las leyes de la oferta y demanda, sin guías precisas para una evolución integral del territorio. Y sólo cuando el crecimiento, que no desarrollo, abría puertas a la especulación técnica, aparecen algunos estudios sectoriales al vapor, para resolver los problemas más acuciantes del momento, pero sin la visión de un futuro integral; ejemplos son el Plano del Distrito Urbano de Tijuana, con clasificación de zonas para el abastecimiento de agua de 1961, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tijuana de 1980, que además nunca se aprobaron y menos aplicaron.

Desde hace años, y aún ahora, las autoridades municipales analizan los problemas de la ciudad para resolver la situación de ahorita, la actual.

No obstante la creación del Instituto Municipal de Planeación, el cual, por momentos, jugó un serio papel para el desarrollo y planeación de la ciudad, las fuerzas operativas insertas dentro del mismo gobierno de la ciudad le otorgaron trabajos que sólo podían llevarlo a su desmontaje conceptual, convirtiéndolo con la tácita aprobación de sus funcionarios, en agencia de cambio, apegada sólo a caprichos e intereses de los mismos y mediar con oscuras oficinas privadas la legitimación de pseudo propuestas ya negociadas previamente.

Todo esto ha llevado a un desarrollo de la ciudad incierto y costoso, en particular en términos de infraestructura urbana donde, cada vez más, los nuevos desarrollos guardan una distancia extrema con la infraestructura existente, desarrollos que en particular están pensados para la población con recursos que le permiten entrar en el mercado inmobiliario, inflado en costos para justificar las ganancias a obtener en la venta de una sola casa.

Detrás ha quedado el resto de la infraestructura urbana tan necesaria para el mejor desarrollo del hombre: escuelas, centros de salud, centros de recreación, áreas de juego infantiles, canchas deportivas, parques, áreas verdes, calles y avenidas y otros.

Parece que la Planeación y el Desarrollo Urbano han quedado sintetizados a un plan de baches, que aunque ahora se dice que están certificados para bachear con calidad, la realidad muestra otro engaño a la inteligencia humana.

En los últimos cinco gobiernos municipales, cuatro del Partido Acción Nacional (PAN) y el último por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la ciudad ha sido entregada a la empresa privada.

Es un hecho positivo y de gran alcance la participación de la inversión empresarial en lo que le corresponde al desarrollo de la ciudad, pero dentro de unas reglas de juego donde el gobierno municipal dicte las pautas y no se convierta en el maquilador de las intenciones empresariales. Corresponde al Gobierno Municipal, con mayúsculas, regir el proceso de inversión y participación del capital privado en bien de la comunidad, no visto a través de criterios personales de dirección, sino por medio de los planes y estudios científicos que sean garantes del bienestar de la comunidad.

Primero, que viva la inversión industrial, debidamente acotada, comprensiva y participativa de su papel en la conformación de la comunidad, activa y seria. Las empresas constructoras, en particular aquellas que concentran una fuerza casi arrasadora y opresiva de la voluntad local, que impone la ganancia sobre todas las cosas, tiene que cumplir los reglamentos municipales y no manejarlos a su antojo; tiene que respetar las características del territorio; tiene que comenzar a pensar no sólo en casas, sino en estructuras urbanas de diseño que otorguen una más larga vida a las inversiones de los ciudadanos de cualquier grupo de la estructura social.

La ciudad es de todos, y debe ser segura para todos, y no pueden crearse corredores seguros para que se desplacen los empresarios de su fábrica a San Diego, porque ya ni viven aquí. Estos corredores no existen para todos los ciudadanos: no puedan transitar seguros de sus casas al lugar de trabajo, de sus casas a las escuelas y universidades, de sus casas a los lugares y centros de recreación y esparcimiento.

Es un momento crucial en la historia de la humanidad, en el cual el deterioro del medio ambiente empieza a mostrar sus cobres. Es hora de que el Gobierno Municipal fije su posición ante tremendo reto.

Es preciso hacer un balance de las condiciones medio ambientales y de sustentabilidad de la ciudad, del significado conjunto de las decisiones individuales que no tienen un poder rector que las regule y es necesario situarlas en el tiempo adecuado para las mismas.

No es la hora de permitir que entidades constructoras poderosas cambien la geografía de los lugares en los cuales van a asentar sus intereses económicos por encima de los intereses de los pobladores y de la ciudad en su conjunto; no es posible otorgar permisos para desarrollos descomunales, mal pensados primero, mal planeados después, y deficientemente construidos, y que en vez de regir los problemas la entidad municipal se ponga a compadrear en soluciones a destiempo y mal planeadas.

Hay que empezar a hacer regir la eficacia sobre la eficiencia, primero aquella, después ésta. Primero hacer lo que se debe de hacer, después, hacerlo bien, eficientemente.

En este sentido, el papel que juegan las instituciones educadoras en el campo de la Arquitectura y la Ingeniería tiene que recuperarse, y evitar que predomine un papel equivocado de estas instituciones, el cual contribuya a reforzar las posiciones erróneas e incluso distantes de una visión social de la problemática de la vivienda, que va mucho más allá de la calidad del proyecto arquitectónico de la casa y dirigir la mirada a la concepción espacial de localización de la vivienda.

Es necesario que la ciudad comience a utilizar a los profesionistas locales formados en el campo de Planeación Urbana y la Arquitectura y establezca también regulaciones sobre los centros nacionales de poder, los cuales realizan estudios, investigaciones y proyectos a distancia sin el menor respeto a los valores y problemática del territorio.

El crecimiento urbano de la ciudad de Tijuana se ha basado en proyectos sectoriales, que auspician el desarrollo y la creación de infraestructura con fines más especulativos que de servicio a la población. Estos proyectos se han hecho con apego a una ciudad existente, adicionándole un crecimiento poblacional visualizado a corto plazo.

Esto no ha permitido prever el verdadero futuro de la ciudad, ni crear una base de reservas territoriales científicamente establecidas. Con las políticas económicas globalizantes, el desarrollo de la ciudad, y en particular las zonas de viviendas, ha quedado en manos de entidades y empresas desarrolladoras, creándose en la mayoría de los casos conjuntos minimizados en lotes.

En general, son monótonos en su conformación y expresión, sin resalte ni valores, ocupándose la mancha urbana de áreas nuevas y espacios habitables para las clases populares. Se precisa en este sentido una reforma como necesidad básica de la sociedad y como base esencial para la construcción de una ciudad más democrática y más humana, orientando los beneficios del desarrollo urbano al conjunto de la comunidad, con especial atención a los sectores mayoritarios.

Es necesario, pues, resolver en forma integral y definitiva el futuro de Tijuana a través del estudio y preparación de un pronóstico de desarrollo integral a largo, mediano y corto plazo, en ese orden, con escenarios poblacionales y económicos que permitan prever, de una vez por todas, la evolución de los límites urbanos y actuar en consecuencia con las reservas territoriales que den solución, en forma científica, al desarrollo de la industria y de las zonas habitacionales.

Debe hacerse en una perspectiva donde se puedan situar, sin exclusivismos clasistas, la entremezcla de zonas, entre las destinadas a las entidades desarrolladoras y aquéllas donde se localizarán las colonias populares, en un marco de cooperación que permita compensar económicamente la introducción de las diversas redes de infraestructura, con beneficio para las clases con menos recursos.

El desarrollo urbano debe articularse con la planeación económica del municipio, con el ordenamiento territorial de la ciudad y con un desarrollo democrático de los procesos sociales, con el objetivo de diluir el carácter de mercantil que actualmente dominan la vivienda y el suelo.

Estos tres escenarios, con sus alternativas, permitirán una solución más racional para los problemas de hoy y para el desarrollo urbano a mediano y largo plazo, lo que contribuirá en forma efectiva al logro de una ciudad que evolucione en forma sustentable.

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