La desregulación laboral o la flexibilización universal, no es más que el corolario consecuente de la "globalización", insertada en los grandes problemas que conlleva la producción y la distribución en los tiempos modernos.

Rechazamos la concepción de la sociedad capitalista de que el trabajo es un insumo más de la empresa, y afirmamos que es un bien social que ha de ser fuertemente protegido, porque es el fundamento de toda estabilidad social, además derecho fundamental que ha de respetarse, como un bien sustentador de la comunidad del trabajo.

Conocemos que los empresarios -salvo la excepción de la regla- afirman que los derechos sociales afectan las relaciones productivas y la competitividad y rechazan:

a) el pleno empleo,

b) la estabilidad del trabajo,

c) la seguridad social,

d) los convenios colectivos de trabajo.

Se mienten a sí mismos políticos y economistas, o muestran incomprensión del proceso histórico, al considerar que el desempleo creciente en toda la humanidad es problema de crisis cíclicas o de un fenómeno coyuntural pasajero.

Conocer y dar a conocer el drama que vive la humanidad, en que más de 120 millones de desocupados en el mundo -35 de ellos en los países industrializados-, sin considerar en estas cifras los que han aceptado empleos precarios a tiempo parcial o los que viven de la economía marginal, es algo más grave que los ciclos críticos de la sociedad capitalista, que ha ocasionado profundas convulsiones en las sociedades en los tres pasados siglos. Hemos llegado a la conclusión de que la era que se inició con la revolución industrial está llegando a su final. En consecuencia se requiere de una reformulación de la vida en sociedad en todos sus diferentes aspectos: la economía, las relaciones en la vida social, la cultura y la educación.

El concepto del trabajo y sus relaciones con las empresas productoras y de servicios ha caducado. Estamos enfrentados a una situación que requiere nuevas soluciones; las sociedades creadas en los siglos XVIII, XIX y XX han prescrito, nos enfrentamos ante la realidad de millones de seres humanos que ya no sirven ni para ser explotados. Se trata de cambios cualitativos fundamentales en la sociedad universal.

El racismo y la xenofobia, instrumentos enarbolados por la vieja sociedad para desviar la comprensión del problema, motivan la inmigración para su explotación, envilecen las condiciones de trabajo, dividen a la clase trabajadora mediante el empleo de sofisticados medios de manipulación, pretendiendo impedir toda acción solidaria y confundir a los pueblos para evitar que tomen conciencia de que el desempleo y el incremento de los niveles de pobreza son consecuencia de la llamada "globalización" y el liberalismo.

Lamentablemente, afrontamos hoy una trágica realidad. Millones de personas en todo el planeta ya no sirven ni para ser explotados. Las transnacionales, cada vez más, han estado asumiendo el poder mundial, subordinando a los estados como simples agencias encargadas de satisfacer las necesidades que ellas mismas les encomiendan.

La desregulación del trabajo -meta prioritaria de las transnacionales-, desplaza las actividades productivas primarias a los países que antes fueron colonizados, despojados y saqueados, donde fácilmente pueden imponer condiciones denigrantes a los trabajadores. Al objeto de la realización de estos fines, las transnacionales utilizan la fuerza financiera o militar si es necesario, como instrumentos de persuasión, pero además, cuentan con sectores nacionales comprometidos con la estructura capitalista.

El Banco Mundial determina que: "Una flexibilidad acrecentada del mercado de trabajo es esencial para que todas las regiones emprendan reformas en profundidad". El Fondo Monetario Internacional expone: "Los gobiernos europeos deben lanzarse con audacia a una reforma a fondo de los mercados de trabajo. La flexibilidad de éstos pasa por la reformulación del seguro de desempleo, del salario mínimo legal y de la legislación que protege el trabajo".

Y como comentario final a estas primeras observaciones he de señalar que la política de liberalización económica y privatización, ha incrementado la pobreza en América Latina hasta dramáticas cifras que sobrepasan el 40 % -cifra aceptada por el Banco Internacional de Desarrollo-, ha aumentado el desempleo, incrementado el trabajo marginal y la alienación de la población.

La lógica del capitalismo consiste que en que el trabajador vende su fuerza de trabajo a los empresarios de los medios de producción y de servicios; éste paga por el trabajo a un precio determinado por el mercado. Los social-revolucionarios cubanos rechazamos este concepto, afirmando que el trabajo es la inversión de los trabajadores a los fines de la producción y los servicios. Los empresarios, sean estos privados o gubernamentales, representan el capital financiero; el sindicato representa al capital-trabajo, y en esa relación dialéctica han de concertarse los convenios colectivos que garanticen el salario mínimo, las condiciones laborales y los beneficios que corresponden al capital-trabajo en la producción y mercadeo empresarial.

Es tarea primordial del movimiento obrero a nivel nacional e internacional, en esta fase de la acción social, hacer aprobar la normativa jurídica que garantice el ejercicio del derecho de la representación de la comunidad del trabajo al sindicato.

Es objetivo primario de la desregulación laboral que se pretende y se está estableciendo en forma avasalladora en la generalidad de los países, cuestionar la aceptación del sindicato, como representante de la comunidad del trabajo.

Los social-revolucionarios cubanos proclamamos que es facultad indelegable del sindicato convenir y establecer las relaciones contractuales en cada centro de trabajo con la empresa -de propiedad estatal, privada, social o mixtas-, determinar salarios, compensaciones económicas, seguridad social y salud laboral. El sindicato, en su condición de representante de la comunidad del trabajo, ha de participar en la dirección de las instituciones de la sociedad, cuyas decisiones afectan al trabajador o a su familia: educación, asistencia médica y hospitalaria, salud pública, política económica etc.

Los sustentadores de la "globalización", en su labor de destruir todo el ordenamiento del derecho laboral y de impedir a los países que han quedado marginados en el proceso de la dignificación del trabajo, hacen una campaña masiva frente al movimiento obrero, calificándolo como factores retardatarios de la prosperidad económica; promueven la corrupción del activismo sindical y estructuran campañas de difamación al mismo. Mediante esta actividad han logrado en primer término, la fragmentación sindical debilitante de la acción obrera, la desindicalización masiva y la internalización de un sentimiento de impotencia.

Es necesario tener presente que la acción por la desregulación laboral está dirigida e instrumentada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). El primer objetivo de estas instituciones es desarticular el movimiento obrero organizado, porque esto ha de garantizar el más amplio control del capital del conjunto de la actividad económica y quedarían más inermes los gobiernos al eliminarse lo que ellos llaman grupos de presión, haciendo que cada gobierno a escala universal supedite toda política pública a los fines definidos en el tratado de Maastricht (primer convenio de conocimiento público de los intereses capitalistas para imponer la globalización.) Esta meta trazada por estas entidades internacionales tiene como método primordial el debilitamiento del movimiento obrero, lo cual han logrado considerablemente. La meta segunda es la disminución progresiva de los costos laborales al objeto de su política macroeconómica internacional.

Los objetivos de la desregulación laboral bajo la presión del FMI, BM, y OCM, además de lograr la precariedad del trabajo y muy especialmente el desmantelamiento de los sistemas sociales públicos, pretende el traslado de recursos públicos al sector financiero y la empresa privada; progresiva desfiscalización de las rentas de capital y de la no-inversión pública en los servicios sociales, y privatizar todas aquellas instituciones o entidades que puedan generar beneficios económicos.

Esto hace evidente, si las anteriores reflexiones no hubieran sido suficientes, la necesidad de que los sindicatos en el ámbito nacional e internacional en primer término, presionen intensamente por el logro de la representatividad institucionalidad de la comunidad del trabajo, y así lograr la más estrecha coordinación con las organizaciones en la base social que en estas últimas décadas han estado surgiendo, demandando que se les garantice el derecho de representar aquellos grupos sociales que con muy diferentes objetivos se han estado constituyendo, desde preservar los valores culturales de sus etnias aborígenes, o de grupos sociales marginados, o el derecho a la educación y la cultura para todos los sectores de la población. Esta unidad en la base social y de proyección internacional es una necesidad histórica para poder evitar que el siglo XXI se convierta en el gran caos que nos puede llevar a una nueva edad media.

Se ha llegado a los extremos en este proceso de desregulación, a tal punto, que los fondos de pensiones para personas jubiladas en diversos países se han dispuesto al efecto de vitalizar las finanzas privadas, produciéndose tremendas catástrofes, dejando a la población anciana sin poder recibir los ingresos mínimos de supervivencia. En Argentina y Chile ésta ha sido una tragedia, y en los mismos Estados Unidos se emplearon fondos de la seguridad social para invertirlos en una empresa en bancarrota, y hoy se investiga en el congreso de la nación sobre quiénes han incurrido en responsabilidad penal por tan preocupante hecho.

En este proyecto de desregulación, o para decirlo más suavemente, de flexibilización, se pretende eximir a las empresas de su necesaria contribución a los fondos de desempleo, y de la rehabilitación necesaria para el trabajo de aquellos que son desplazados ante la implementación de nuevas tecnologías.

La educación es un derecho, que en cierto grado estaba siendo garantizado en los países más ricos de la tierra, y hoy recibe los embates del liberalismo, la "globalización" y la desregulación. En la mayoría, los fondos sociales son absolutamente deficientes para que la población pueda ejercitar este derecho. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una fuerte corriente para privatizar la educación, retrocediendo en más de un siglo un sistema que fue ejemplo y orgullo de la nación.

El lema publicitario de "la mejor política industrial es la que no existe", está orientada a manipular a la población para que dé soporte a la política de privatización de las empresas más rentables; logrado esto, de inmediato procedan al despido o prejubilación de trabajadores, sustituyéndose la ejecución de actividades productivas o de servicios, al objeto de violar los convenios colectivos de trabajo, y burlar la legislación social vigente. De este modo, se incrementa el desaliento, y crean un espíritu de impotencia de la clase trabajadora, que hace irrealizable toda planificación democrática de la economía, ya que el estado carecerá de la base económica y el soporte social necesario para realizarla.

No es necesario decir que este control sobre el estado de los consorcios financieros internacionales y de las empresas supranacionales no permitirán política ecológica alguna que afecten sus intereses inmediatos, y los servicios de educación, ocio y cultura al privatizarse, subsistirán para satisfacer a los empleados de las transnacionales, ya que por su costo, las mayorías nacionales no tendrán acceso, por no disponer de capacidad adquisitiva.

Es necesario que las organizaciones en la base social, y cada ciudadano no comprometido con intereses extranjeros o supranacionales se dispongan a la demanda de la gestión publica para satisfacer los derechos sociales e individuales de cada persona, ya que ello es esencial para la defensa de la democracia real, sustentable por las comunidades en la base social.

Sobre esta base trabajamos en Cuba, con el firme compromiso de construir la paz y sustentar en ella una democracia real, que nos permitimos llamar democracia obrera. Y siempre tendrá nuestra solidaridad cada esfuerzo por construir la democracia real, que cada pueblo hará florecer con su propia gama de aromas y colores.

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