El presidente Fox ha dividido su sexenio en tres fases. La buena noticia es que nos anuncia que ya terminó la primera de éstas, que consistió en "enmendar y remendar" lo que le habían dejado los gobiernos priístas anteriores. Lo malo del asunto es que después de estos dieciocho meses de aprendizaje, no existen signos muy alentadores en la economía mexicana en aspectos como el empleo, pobreza, tributación, educación, salud, además que hay un gran número de reformas necesarias pendientes. Aunado a lo anterior, tenemos una recuperación incipiente de la economía de los Estados Unidos que amenaza con un deterioro en un futuro próximo, además de la crisis en Argentina y del peligro que presenta Brasil en el corto plazo por su altísima deuda externa.

El desempleo llegó al 2.94% de la población económicamente activa en julio del presente, siendo esta cifra medio punto superior a la registrada el mismo mes del año pasado. Este año se han creado (de enero a julio) 260 mil empleos con lo cual sólo se cubre menos del 13% de los empleos perdidos en lo que va del gobierno "del cambio", sabiendo, además, que cada año se incorporan aproximadamente 1 millón 300 mil personas urgidas de una fuente de trabajo.

En pobreza, nos dieron la "buena nueva" de que no es el 40% de la población la menos favorecida con el sistema económico vigente, sino que llega al 53% (dato político) o al 65% (dato técnico). De entrada, es ganancia de que ya exista una preocupación por presentar datos más reales sobre los niveles de pobreza en los que se encuentran la mayoría de los mexicanos, aunque creo que todavía no se manejan las cifras más reales que aportó el equipo técnico que analizó, debido a cuestiones de índole política, es decir, no conviene alarmar a la población diciéndole que dos terceras partes son pobres en cualquiera de sus niveles.

México ostenta uno de los peores lugares en recaudación tributaria del mundo y se dice que una nación es de acuerdo a la capacidad que tenga de recaudación. El año pasado, se incrementó en casi 30 mil millones de pesos la recaudación, pero ahora nos han metido en un "novedoso y primer mundista" esquema de pagos de impuestos vía electrónica, que incluye la tarjeta tributaria o por internet.

Estoy a favor de la modernización y de la optimización en el pago y recaudación tributaria, pero se está constatando que se va a requerir que las personas y las empresas inviertan demasiado tiempo y dinero en algo que debería ser más simple; se va a fomentar la evasión y la elusión en lugar de disminuirla; se promueven prácticas fraudulentas al conocer las claves confidenciales. Se estima que el costo de este servicio llegará a alrededor de 500 millones de pesos, que sería mejor pensar en utilizarlos en algún proyecto productivo, dejando el "viejo" esquema que siguen utilizando aún los países más desarrollados. Los puntos de educación y salud quedan pendientes para otro artículo más adelante.

Para que nuestro país enfrente de mejor manera el sistema económico neoliberal y globalizador se requiere que emprenda reformas estructurales en diversas áreas estratégicas como son: energía, educación, federalismo, financiera, fiscal, presupuesto público, judicial, laboral, pensiones y seguridad social, así como en telecomunicaciones. Lo anterior se enmarca en el llamado Programa de Financiamiento para el Desarrollo (Pronafide) que se presentó el pasado 11 de junio por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Expondré de manera resumida los objetivos y el impacto que tendrían estas reformas en la vida del país, acotando que parecen -para no variar- más deseos que realidades.

El objetivo de la reforma energética es la de promover una mayor participación del sector privado y eficientar la administración de las empresas paraestatales, para que los precios y servicios energéticos sean más competitivos y que el Estado cuente con mayores recursos. La reforma educativa persigue la descentralización del sector para que crezca el capital humano y la productividad, reduciéndose la desigualdad y promoviendo la investigación científica. En federalismo se debe promover un nuevo pacto que habilite los órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para que incrementen su eficiencia en atención a las necesidades de la población; con esto se fortalecería el desarrollo entre las distintas regiones del país.

En cuestión de finanzas, se busca incrementar el ahorro interno y reactivar la actividad bancaria, para financiar a las pequeñas y medianas empresas principalmente. La reforma fiscal se tiene que replantear para disminuir la evasión y la elusión fiscal, y que el gobierno pueda, entonces, contar con mayores recursos, reduciendo además la vulnerabilidad de la economía mexicana ante la especulación. El presupuesto debe realizarse de manera más eficaz y transparente para dotar de certidumbre a las finanzas públicas y al proceso presupuestario.

En lo judicial se busca abatir los niveles de corrupción, garantizando la seguridad pública. La reforma laboral busca promover el empleo y mejorar el salario, aumentando la capacitación, productividad y competitividad. Por medio de las pensiones se incrementa el ahorro interno de largo plazo, disminuyendo la carga financiera de futuras generaciones. En telecomunicaciones, se generarían oportunidades para la inversión privada, con lo que el Estado se convierte en un promotor de la competencia en este sector.

Todo esto, cuesta muchos, pero muchos miles de millones de pesos, que por el momento no veo de dónde vaya a sacar el famosísimo gabinetazo foxista.

Reforma eléctrica

Es necesaria una reforma en el sector eléctrico ya que el suministro está garantizado sólo para los cinco años siguientes. Se estima que son necesarios aproximadamente 50 mil millones de dólares para los próximos diez años. La buena noticia es que Fox y su gabinete aseguran que no se va a privatizar la electricidad; lo malo son las experiencias pasadas en esquemas similares en donde el que ha acabado pagando es el pueblo.

El proyecto de reforma del sector eléctrico incluye varias iniciativas. Entre esas están las de reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución; a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; a la Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad; y a la Ley Orgánica del Centro Nacional de Energía.

De acuerdo a este proyecto foxista, que no es muy distinto del que intentó Zedillo en 1999, y al que sí se le hablaba por su nombre: privatización, el Estado sólo prestará el servicio público de electricidad, y ya no tendría la exclusividad de generar, distribuir, transformar y abastecer de energía eléctrica, es decir, las paraestatales sólo tendrían que abastecer a los consumidores domésticos. El abasto a los grandes consumidores podrá ser efectuado por empresas privadas, a las que se garantizan las inversiones realizadas y la participación de la iniciativa privada en el sector no se limitará a la generación, pudiéndose ampliar a las áreas de conducción y distribución.

Un aspecto bastante álgido es que una parte del ahorro de las Afores podría ser utilizado por particulares para apoyar la inversión en sectores productivos. Las Afores alcanzan la cifra de 435 mil millones de pesos, es decir, unos 45 mil millones de dólares. Considero pertinente preguntar: ¿Por qué esos recursos de los trabajadores no los utiliza el gobierno para proyectos productivos y, en cambio, los cede a los particulares, que en su gran mayoría son, además, extranjeros? ¿Será otro Fobaproa?

La reforma eléctrica será insuficiente, ya que no se está considerando de manera integral incluir al gas natural y lo relativo a PEMEX, debido a que gran parte de la electricidad en México se genera por medio de los hidrocarburos.

Sería deseable que -entre otros puntos- esta reforma contemplara la modernización del sector eléctrico por medio de inversiones privadas con certidumbre jurídica; que la CFE lograra su autonomía de gestión; que se promuevan nuevos esquemas de comercialización, así como proyectos para incrementar la capacidad instalada y la de generación, para garantizar el abasto del fluido eléctrico en el largo plazo con precios justos para los consumidores, y que el Estado conservara el servicio público de electricidad. De nueva cuenta, no es que sea diabólica la inversión privada en México, lo es la forma en que se llevan a cabo estos procesos disfrazados de privatización.

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