A raíz de la intención del PRD y el PRI de despenalizar el aborto, tanto en el D.F. como a nivel nacional, en las últimas semanas se han oído todo tipo de expresiones a favor y en contra del aborto. En todo este escenario hemos oído toda clase de argumentos; sin embargo, lo que ha predominado es el hígado y no el cerebro. Ha habido una total ausencia de argumentos serios en materia de políticas públicas. A la propuesta del PRI y el PRD, el PAN (que está en contra de la despenalización) ha respondido también de manera desafortunada, con propuestas que podríamos denominar como "populismo de género", y que consiste en dar toda clase de subsidios generalizados a las mujeres con el fin de que no aborten.

No, el debate está mal centrado. Ni la prohibición absoluta, ni la despenalización son la solución para disminuir los abortos (ojo, porque nuestro objetivo debería ser llevar la tasa abortiva a cero). Por un lado, la prohibición sólo ha generado mercados negros y la muerte de miles de mujeres, que en su mayoría son pobres e ignorantes. Por otro, la despenalización puede coadyuvar a detener esta mortandad femenina, pero condena a la muerte (asesinato) a inocentes que no han nacido (y que, por tanto, no pueden expresarse para defender su derecho a la existencia), pero que ya tienen vida en el vientre materno.

La política pública de despenalización del aborto que se pretende aplicar en el D.F. (a nivel nacional, por fortuna, vemos muy difícil que prospere) es errónea, porque a partir de criterios arbitrarios pretende decidir quién tiene derecho a vivir y quién no. A este tipo de políticas públicas, que son resultado de la interacción en la comunidad del proceso político, se les denomina "proactivas". Para los liberales clásicos, como quien esto escribe, las políticas públicas deben tener un criterio reactivo (ser reactivas), es decir, reconocer que a partir de que somos seres humanos (personas), tenemos derechos naturales, como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Así, las políticas públicas que de antemano reconocen que ya hay derechos naturales y sobre esa base se diseñan, son las que obtienen los mejores resultados para la sociedad. Si lo que pretenden los abortistas es detener la muerte de mujeres que abortan, ello no debe lograrse a costa de asesinar a otros seres humanos (personas en formación en el vientre materno, que desde el momento en que las células masculinas y femeninas se unen, ya son seres vivos y tienen derechos naturales). Entonces, una política pública óptima debe ser aquella en la que el Estado protege la vida de unos, pero no a costa de eliminar la de otros. Definitivo, las políticas públicas óptimas son aquellas que buscan el bien público para todos y no sólo para algunos.

La ciencia económica puede sernos de mucha utilidad para ayudar a encontrar soluciones que minimicen el número de abortos.

En especial, la llamada teoría de la elección pública podría ser útil para solucionar la problemática del aborto. El aborto puede identificarse como una "externalidad negativa", es decir, un efecto negativo hacia un tercero (el feto, que ya es un ser vivo, pero por condición natural no puede defender sus derechos a existir). ¿De dónde viene este efecto negativo hacia el hijo nonato? Obvio, de los padres, que por error, o ignorancia, no lo deseaban. Una manera para eliminar esta externalidad negativa (internalizar la externalidad) puede ser a través de subsidios pigouvianos, es decir, subsidios bien focalizados y temporales a la madre cuyo embarazo es no deseado. Sin embargo, esta solución corre el riesgo, si no se conocen bien las preferencias de las mujeres con embarazos no deseados, de no solucionar el problema y, por el contrario, podría exacerbarlo en el largo plazo. Hay una solución que algunos economistas liberales preferimos por encima de la intervención pigouviana, y esa es la llamada solución de Coase (en honor a su autor), y ésta consiste en que si dos o más agentes económicos (pueden ser dos o más personas) se pueden poner de acuerdo en virtud de tener costos de transacción o negociación bajos, el resultado entonces es óptimo, por encima de la intervención pigouviana. Si esto no es posible (debido a costos de transacción altos, vamos, que negociar sea muy costoso para una o ambas partes), entonces hay terreno para la intervención proactiva del Estado (vía el derecho positivo). En el caso del aborto, hay un margen amplio de maniobra para la solución de Coase.

Una solución óptima para eliminar esta abominable externalidad negativa (el aborto), puede ser el mercado mismo, es decir, podría ser eficaz ponerle un "precio positivo" a los bebés. Esto se puede lograr a través de incentivar muy activamente la adopción de bebés no deseados. Es decir, a las madres con embarazos no deseados se les podría "comprar" el niño. Claro, esto debe limitarse con reglas claras, pues si no también podría haber un incentivo perverso. En México tenemos el peor de los mundos. Por un lado, se prohibe el aborto, pero por otro, es un vía crucis burocrático el poder adoptar un niño (muchas parejas infértiles pero deseosas de tener hijos, de plano prefieren adoptar en el extranjero). El resultado: muchas mujeres muertas. No, hay que detener estas muertes, pero no asesinando a los hijos no nacidos. Y una manera eficiente es alentar el mercado de la adopción de hijos no deseados y/o abandonados, no desincentivarlo mediante trabas burocráticas.

En los Estados Unidos, en los lugares en donde está permitido el aborto, se ha reducido notablemente la muerte de mujeres que abortan, sin embargo, la tasa de abortos ha, incluso, crecido. No, esta política pública no es la óptima, pues ha acentuado el asesinato de los hijos nonatos. Salva a unos, pero mata a otros. Además, la despenalización del aborto en ese país ha incentivado la creación de empresas privadas que demandan tejido fetal -para usos médicos-, lo que ha significado ponerle precio al feto, lo que de algún modo ha incentivado a ciertas mujeres abortar con más frecuencia. Mujeres embarazadas que abortan y empresas que le ponen precio al feto se comportan como "buscadores de rentas" perversos que actúan además como competidores no deseables respecto al mercado de adopción. Por tanto, la despenalización del aborto tampoco ha sido efectiva para ponerle altos a los embarazos no deseados.

Desde hace tiempo se sabe, por estudios empíricos serios, que los hijos que nacen sin ser deseados muchas veces son golpeados y/o despreciados continuamente por la madre. Es muy probable que seres humanos que crecen bajo el infierno del desamor se vuelvan delincuentes y/o asesinos. Así que la despenalización del aborto también ha contribuido a reducir el número de asesinos seriales (cuyo factor común es haber tenido una infancia miserable); sin embargo, nuevamente, este logro se ha obtenido con base a asesinar a inocentes no nacidos, cuyo pecado es no poderse defender. La adopción puede ser también un mecanismo que evite que haya niños no deseados y maltratados y, por supuesto, futuros delincuentes.

El brillante académico liberal John Cobin tiene una propuesta de políticas públicas para disminuir los abortos. Si usted amigo lector ha estudiado al menos un curso básico de economía, entonces le recomiendo el brillante artículo de Cobin, en http://www.policyofliberty.net/abortion.html

Desde el punto de vista de la economía, los abortos perjudican la creación de riqueza por las siguientes razones: 1) hay reducción de mentes humanas disponibles; 2) ocasiona el traslado de trabajo de actividades productivas hacia la búsqueda de rentas y la actividad destructora de vidas humanas; 3) provoca que haya precios monopólicos que los consumidores encaran vía restricciones en cierta producción relacionada con la industria del aborto o con la "compra" de niños vía adopción; 4) surge una desviación de recursos escasos de sus usos productivos normales a la promoción o prevención del aborto; del mismo modo como se destina dinero a impedir el robo es una "pérdida" o desembolso no productivo, el costo de impedir el homicidio de seres humanos inocentes es una actividad costosa que canaliza recursos de la actividad productiva.

La propuesta del PRD y el PRI sólo hará que el aborto se convierta en un deporte nacional que sólo saturará a los ya de por sí deficientes servicios médicos del D.F.

Si el Estado mexicano quiere eliminar la tasa de abortos, debe: 1) no despenalizar el aborto; 2)desburocratizar la adopción de niños, incentivando la creación de un mercado vigoroso de adopción de bebés no deseados; 3) realizar amplias campañas en las zonas rurales y urbanas pobres para fomentar el uso de medios que evitan los embarazos no deseados y enfermedades venéreas (sabemos que hay religiones que se oponen a los anticonceptivos; están en su derecho de expresarse y, por supuesto, sus seguidores de acatar las doctrinas de sus iglesias, pero hay que entender que el Estado mexicano es laico, y no teocrático).

Este artículo pretende contribuir con un grano de arena a un serio debate en materia de políticas públicas que inhiban el aborto. Ojalá que este sea el tono del debate que se dará en un futuro.

Réplica y comentarios al autor: godofredo82@hotmail.com