La guerra en Afganistán agoniza tras la desbandada talibán y las inexplicables desapariciones del mulá Omar, así como de Bin Laden. Sus consecuencias, sin embargo, colean con fuerza debido al trato recibido por los prisioneros talibanes en la base militar estadounidense de Guantánamo.

El escándalo suscitado por las imágenes de dichos prisioneros ha sido mayúsculo. Ha generado un alud de críticas tanto de los defensores de los derechos humanos como de algunos gobiernos europeos (entre los que no se encuentra el español). Como declaró el director del Center for European Reform, "¿cómo se puede argumentar que nuestro deber moral es luchar contra el terrorismo, si no estamos dispuestos a aplicar el derecho internacional a los detenidos?". Una pregunta del más elemental sentido común, si no fuera porque el sentido común no siempre es aplicable a la política internacional de los EE.UU. De hecho, Washington sólo confía en el derecho internacional cuando conviene a sus intereses.

La tercera Convención de Ginebra, complementada con otros dos protocolos, regula el trato a los prisioneros de guerra. Uno de dichos protocolos alude a que esos prisioneros "deben ser tratados con humanidad". Justo como los de Guantánamo. El vicepresidente Cheney, se excusa diciendo que los detenidos "no están calificados para ser prisioneros de guerra" (como él también declaró, "son gente muy mala, se mire por donde se mire"). El problema radica en que EE.UU. todavía no ha suscrito el protocolo mencionado.

Alguien puede pensar que fue un error de cálculo la emisión de las imágenes de la polémica. Si lo analizamos en clave interna norteamericana, no existe tal error. La dureza con la que Cheney rechazó las críticas recibió el apoyo de su opinión pública. En EE.UU. se encuentran inmersos en un ambiente claramente pre-electoral ante las legislativas del próximo otoño y ningún candidato tibio o débil ante el terrorismo tiene la menor posibilidad de ganar. Además, mantener una tensión bélica alta, permite arrinconar problemas internos tan espinosos como la quiebra de Enron y la recesión económica. Un buen ejemplo de lo anterior es que la popularidad de Bush es del 80%, mientras que al mismo tiempo el 70% de los norteamericanos admite que su situación económica ha empeorado.

A los gobiernos europeos críticos no les preocupa tanto el bienestar de los talibanes en Guantánamo como la unilateralidad de las decisiones estadounidenses. Washington se apresura a buscar la anuencia de sus socios a sus aventuras bélicas, como a olvidarse de ellos en cuanto no le son útiles. Mantener el estatus de primera potencia mundial parece exigir que el derecho se convierta en cómplice del uso de la fuerza por parte de EE.UU. De esa manera la violencia, incluso el terrorismo de estado, se intenta legitimar al ampararse en el derecho, algo que debería escandalizar a los verdaderos defensores de la democracia y los valores que ésta implica. Pero aquél es el objetivo final de EE.UU.: conseguir un derecho internacional a su medida.

Nos encontramos con que en derecho y en política existen dos varas de medir: la aplicable a EE.UU. y la del resto del mundo. Buen ejemplo es el diferente trato dado al talibán norteamericano, o la diferencia en las indemnizaciones a las víctimas del 11 de septiembre, según se tratase de un norteamericano o un inmigrante.

Otro ejemplo de esa doble moral es el caso Enron. Durante la crisis asiática de finales de los 90, EE.UU. cargó contra los emergentes tigres asiáticos con acusaciones de "falta de transparencia" y "capitalismo amiguista". Ahora han comparado a Argentina con una "república bananera". Pues bien, esos calificativos pueden aplicarse perfectamente a la mayor quiebra empresarial en la historia de EE.UU.

La corporación energética era el primer contribuyente de los republicanos; su presidente es amigo personal de Bush y parece demostrado que la política energética de EE.UU. y los intereses de Enron se entrelazaban estrechamente. Si la Administración Bush no tiene nada de que avergonzarse, resulta extraño que el vicepresidente Cheney se niegue a colaborar con una comisión del Congreso que investiga la quiebra fraudulenta, lo que puede conllevar una demanda en su contra (que tiene todos los visos de prosperar). Los perjudicados han sido los de siempre: trabajadores, jubilados y particulares que habían invertido sus ahorros animados por unas cuentas falseadas. Beneficiados, cómo no, los directivos que engrosaron sus cuentas corrientes, y no se sabe exactamente hasta qué punto Bush y sus adláteres, que cubrieron los problemas de la empresa hasta que la situación se tornó insostenible. Tanto les debe avergonzar, que en el discurso de Bush a la nación norteamericana se hizo hincapié en su único éxito, la campaña contra el terrorismo internacional, mientras pasó de puntillas sobre Enron y la crisis económica. Está claro que sabe que la guerra es un clavo ardiendo que no debe soltar si quiere revalidar la presidencia... aunque todavía queden dos años de mandato.

Un presidente con tics autistas se rodea de colaboradores a la altura de sus circunstancias. El cardíaco Cheney se indignó ante las críticas recibidas por el trato dado a los prisioneros de Guantánamo. No lo comprendía porque "reciben mejor trato del que se merecen", además de glosar las virtudes del clima local para la salud de los detenidos. Este hombre se ha ganado a pulso el cargo de Secretario de Turismo. Otro defensor de la justicia es el puritano fiscal general, John Ashcroft, más preocupado en tapar con unas cortinas de 8,000 dólares el pecho desnudo de una estatua que representa una alegoría del espíritu de la justicia, que en aplicar dicha justicia. Han tenido que pasar casi 70 años hasta que en pleno siglo XXI alguien, aparentemente con ninguna ocupación más importante, se preocupe de censurar una obra de arte. Ante tantos ramalazos oscurantistas e inquisitoriales no es extraña la actitud fascista, en buena parte, de la Administración Bush.

EE.UU. juega siempre con las cartas marcadas. Se niega a que el Tratado de Kioto torpedee los intereses de sus empresas. Acepta que el Tribunal Penal Internacional juzgue a elementos molestos, pero jamás permitirá que se incrimine a uno solo de sus soldados. Los talibanes no merecen un trato acorde con la consideración de prisioneros de guerra. Es evidente que han decidido utilizar un derecho internacional a la carta. Europa, mientras tanto, gimotea débilmente; pretende arrogarse el papel de paladín de la ética, pero en vano. Siempre ha ido y va a remolque de las decisiones estadounidenses, haciendo gala de un seguidísmo enfermizo.

No conviene olvidar que en la triunfal campaña de bombardeos sobre Afganistán, han muerto más personas (la mayoría civiles) que en los atentados del 11de septiembre. Supongo que ese es el tipo de "libertad duradera" y "de justicia infinita" grata al gobierno norteamericano. Defiende la ley, sí, pero una mezcla de ley de Lynch y del talión. Han aprovechado para poner a punto su maquinaria militar y en cuanto llega la hora de la reconstrucción EE.UU. sólo va a aportar un 5% del costo de levantar Afganistán. Como siempre EE.UU. rompe los platos y es el resto de la comunidad internacional es quien debe pagar la vajilla por él.

Creo que todos podemos suscribir las palabras del sociólogo alemán Ulrich Beck: "no hay ninguna causa, ningún dios, ninguna idea abstracta que pueda justificar el atentado terrorista contra el World Trade Center". Ni ese atentado, ni ningún otro. La violencia no es la solución, sea quien sea quien la emplee, ni es más legítima en función de quien la esgrima. Todavía parece lejano el día en que el gobierno norteamericano se asemeje más al líder mundial que dice ser, que al matón de escuela que amenaza, aterroriza y desprecia al resto de sus compañeros de clase: su comportamiento habitual.

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