Se ha pretendido que democracia y socialismo son nociones opuestas, antagónicas y, por supuesto, mutuamente excluyentes, cuando el más somero análisis nos lleva a que ni uno y otro, como proyectos sociales que son, son realizables si se pretende institucionalizarlos separadamente en la realidad social. La plena libertad del hombre sólo es realizable en la democracia, y ésta únicamente puede asentarse institucionalmente en una comunidad socialista, es decir, donde la autoridad constituida tenga por responsabilidad inalienable la dirección de la economía en función de la justicia social.

Si se pretende la construcción del socialismo partiendo de una sociedad sin libertades formales, se cae, inevitablemente, en un totalitarismo sin socialismo. Ejemplo dramático de esto es el régimen faraónico de Cuba, el cual por su estructura integral es incompatible con el mismo marxismo.

El totalitarismo, ya por consentimiento, ya por coacción, es conceptualmente opuesto al socialismo. Las preconizadas "verdades oficiales", la "filosofía de estado", y por supuesto el régimen de partido único crean una suma autoridad cuyo oficio es determinar quiénes son los "disidentes", los "ideológicamente desviados", y perseguir así cualquier forma de pensamiento no sólo discrepante sino simplemente distinto. Esto resulta una modalidad más alienante que la peor noche de la inquisición.

Nuestro trabajo es llamar a un amplio y profundo proceso de toma de conciencia colectiva que desemboque en un consenso (conciencia de la necesidad de llegar a un acuerdo común), un diálogo (intercambio racional comparativo de los distintos puntos de vista y proyecciones) y, finalmente, a una reconciliación (pacto común de toda la ciudadanía y modo orgánico de renovar la autoridad). Esto, obviamente, tiene por objeto un movimiento social interno que revierta el poder, tanto en lo político como en lo económico, a las bases sociales, hoy absolutamente excluidas de toda decisión considerable. Estas "bases sociales" de las que hablamos son las comunidades del trabajo (sindicatos, comunidades agrícolas u otras que han de formarse, como de artesanos y de pequeños comerciantes), las comunidades locales (municipios), las comunidades intelectuales (universidades), y las comunidades especiales (las de ciudadanos y grupos sociales con intereses especiales comunes). Este llamamiento conlleva el respeto a una pluralidad ideológica, que no cuestiona la soberanía ni la integridad de nuestra nación, y fundamenta la creación institucional.

Por múltiples razones se comprende la actitud apática o decepcionada ante la situación de muchos después de cuatro décadas del actual gobierno. En el no-gobierno -ora en Cuba, ora en el exterior-, el personalismo liberal infecundo, y una corriente de inmadurez ciudadana empecinadamente antirrevolucionaria (no contra el actual gobierno de Cuba, sino contra todo lo que ha significado el esfuerzo revolucionario de afirmación nacional a través ya de muchas generaciones) y siempre voluntariamente dependiente de los dictados de Washington, material o psicológicamente, han estorbado y hasta impedido la vertebración una alternativa deseable y posible de la actual situación. Por otra parte, en el gobierno, entre el oportunismo particular de algunos y la vocación totalitaria, se ha querido asfixiar el destino nacional como si el actual momento fuera el último, definitivo y final de nuestra existencia como nación.

Si nos hemos preocupado por la irresponsabilidad en cuanto a la formulación de una dirección administrativa y por los consecuentes fracasos económicos, políticos y sociales del actual gobierno, no menos preocupante nos ha sido la indiferencia o la confusión de las fuerzas democráticas tanto nacionales como foráneas. Esto creaba las condiciones para que el proceso revolucionario cubano, interpretado coherentemente en un mismo sentido trascendental ya por varias generaciones de activistas, pudiera ser aplastado por obscuras corrientes neonazis, por la injerencia colonialista de un poder foráneo o de sus más próximos aliados.

Este temor parece que ya no tiene fundamento. En Cuba la vieja sociedad ha caducado, los sectores antirrevolucionarios se han ido disolviendo irremisiblemente, y los grupos aberrantes han probado su incapacidad para influir en los acontecimientos.

Las condiciones están dadas para que los que mantienen la inercia, la no creatividad, la política económica irresponsable, la ineficiencia administrativa y el empecinamiento en el error, dentro del actual gobierno, sean desplazados por los que nos proponemos, mediante el consenso y la reconciliación, retomar las raíces originales -e históricas- del proceso revolucionario, para en su consecuencia programar el futuro. El mal del caudillismo -del que tanto se ha hablado- tiene que superarse creativamente incorporando la participación de las bases sociales en la dirección económica y política del país. El socialismo por imposición o por sumisión, deviene siempre en totalitarismo sin socialismo

Las medidas de aplicación inmediata para iniciar el proceso del reencauzamiento revolucionario no pueden ser ni la ocurrencia caprichosa de un líder atrayente, ni la formula preconcebida de un grupo fanático, sino el producto de la actividad discursiva y creadora en las bases sociales. Se ha de comprender que los problemas que actualmente enfrenta nuestra sociedad cubana, en el presente, son sustancialmente diferentes a los que hay que abordar en aquellas otras sociedades donde se produjo un desarrollo capitalista a partir de un colonialismo económico y político, o en las sometidas a regímenes oligárquicos, semi-feudales y subordinados a los planes e intereses de las empresas y organismos financieros foráneos o transnacionales.

El problema actual del pueblo cubano ha sido el creado por el actual gobierno, el cual ha desviado la corriente revolucionaria original y establecido un orden burocrático de muy ineficiente capitalismo de estado. Por eso insistimos en que ya están dadas las condiciones para su transformación. Durante este período de ya cuarenta y tres años se han producido experiencias que servirán a nuestro pueblo para establecer lo que llamamos un "estado social de derecho", que ha de superar el presente unipartidismo y su hipertrofiado aparato estatal burocrático-policíaco.

Ha de reconocerse que los derechos políticos y sociales son inalienables, y que toda la estructura económica, así como toda la institucionalidad legal, han de estar dirigidas a garantizar aquéllos. La política económica, así como el ordenamiento jurídico en que ésta se enmarque, han de tener por objetivo prioritario la satisfacción de las necesidades de cada ciudadano, que incluyen desde su mantenimiento hasta la posible recuperación de su salud y el posible acceso a cualesquiera niveles académicos sin impedimentos de carácter político o económico.

Pretendemos el reencauzamiento de la revolución cubana, y a ese efecto trabajamos por lograr un consenso, lo más amplio posible, que nos permita la reconciliación nacional. Hemos de ser consecuentes con nuestra historia y obrar en consideración de las condiciones geopolíticas en que está enclavado nuestro país.

No podemos crear estructuras jurídicas que copien una situación que no responde a nuestra realidad en el espacio-tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Es hora ya de que Nuestra América cree su propia institucionalidad. No como ha ocurrido hasta hoy, pues se han transplantando instituciones y estructuras originadas en otras realidades, tradiciones y culturas, sin que jamás se haya logrado una asimilación suficiente de las mismas, ni que por ellas se hayan alcanzado los rendimientos deseables.

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