La política es acción sobre un espacio-tiempo-histórico determinado relativizado por las realidades que la condicionan. Existe una errónea predisposición de partir de la concepción ideal al efecto de modificar la sociedad, en la creencia de que vivir la experiencia de una situación dada permite conocer el fenómeno político, sin comprender que vivir una situación no es en modo alguno conocerla y mucho menos comprenderla.

La nación cubana es un todo, aunque aislemos para su estudio sus componentes -objetivos y subjetivos- que pueden determinar su quehacer social, considerando que los mismos actúan interfiriendo o acelerando el proceso que determina el destino nacional.

En el presente, muchos no comprenden las razones de la presencia histórica de Cuba en América, siempre protagónica, y su condición geopolítica aún determinante. No es el tema a considerar en este trabajo los factores injerencistas extranjeros, positivos o negativos, y la aguda polarización de la sociedad cubana, que hoy carga como en ningún momento de su historia una profunda frustración. El tema es cómo crear, a partir del presente, las condiciones para concertar un nuevo pacto nacional.

La frustración y las actitudes extremistas preponderantes entre la población cubana agrietan la nación. Algunos consideran al actual régimen eterno e inconmovible; otros pretenden hacerlo desaparecer con todos sus componentes. Ambas posiciones no tienen otro corolario que la guerra civil, o quizás que factores extraños se inclinen a sostenerlo, por considerarlo, por el momento, el mal menor.

La guerra civil no sólo ahogaría al pueblo cubano en un baño de sangre, sino que pondría en altísimo riesgo a la nación al facilitar condiciones para propiciar la intervención extranjera, directa en primer término e indirecta después, utilizando a elementos que siempre están prestos en todo país a subordinarse a la potencia hegemónica. Rechazada la guerra civil o cualquier otra situación caótica por el riesgo que conlleva, hemos de coincidir que la primera acción a tomar es la de neutralizar a los que en Cuba y en el exterior obstaculicen o pretendan obstaculizar un proceso de democratización, que es la única alternativa para superar la situación presente.

Sin extendernos en el tema, digamos por el momento, que democratización no significa en modo alguno imitar o importar estructuras políticas o económicas de otros países que se denominan democracias, o se hacen llamar socialdemócratas.

Los social-revolucionarios cubanos hemos reiterado que pretendemos reencausar el proceso de la Revolución Cubana y estamos conscientes que el término de revolución no tiene igual sentido en diferentes latitudes. En el proceso político cubano el término expresa la continuidad del desarrollo del pensamiento político nacional que tiene entre sus más relevantes representativos a Félix Varela, José Martí y Antonio Guiteras.

Si es evidente que la democracia tiene esencialmente una connotación jurídica, el socialismo es esencialmente ético con muy precisos valores individuales y sociales. No se puede identificar a la democracia con una estructura jurídica determinada, si no se tiene el objeto de prostituirla. Es un contrasentido hablar de "centralismo democrático", "democracia autoritaria", "democracia directa", etc. Asimismo, no se puede propiciar el socialismo enmarcándolo en una estructura económica determinada, si no es al objeto de distorsionarlo. "Socialismo" es libertad creadora, para sí y para los demás, ya que nadie es plenamente libre mientras todos los demás no lo sean. Dicha libertad aparece en la conciencia del hombre cuando siente la necesidad de la solidaridad de la especie y descubre el trabajo como colaboración.

Al efecto de este preámbulo, que consideramos pertinente para dilucidar el próximo futuro de la sociedad cubana, y determinar los factores fundamentales que debemos cuidadosamente considerar al objeto de percibir la realidad, los elementos dinamizadores del proceso histórico y cómo incidir en el mismo, nos permitimos proponer un proyecto para construir la paz.

En primer término, se requiere un consenso lo más amplio posible para evolucionar del estado de facto que sufre el país por más de medio siglo (10 de marzo de 1952 hasta el presente) hacia un estado de derecho por el que clama el pueblo sin diferencias de posiciones políticas o emocionales. Gobierno de facto es aquél que es consecuencia de una causal política sin la legitimación que concede la voluntad popular, la cual sólo puede expresarse en una sociedad donde el ejercicio de los derechos políticos y sociales por las personas naturales y sus entidades representativas estén jurídica y socialmente garantizadas. En consecuencia, el proceso de la creación del estado de derecho y su legitimidad no pueden lograrse mediante un decreto o decisión de un grupo que ostente el poder. La legitimidad no se establece por decreto ni la democracia tampoco; es producto de un proceso.

Eludir las definición ideológica del estado que tanto abruma al cubano de hoy, es un punto de partida esencial. Toda definición establece a priori que la acción u omisión diferente a la "filosofía oficial" crea la autoridad para determinar quiénes son antisociales y heréticos. El "ideologismo del estado" anula la posibilidad del estado social de derecho, el cual se caracteriza por que la interpretación jurídica se circunscribe a garantizar los derechos sociales, políticos e individuales del ciudadano y sus entidades representativas.

Conocemos que, por razones estructurales, los factores externos e internos que inciden en la conformación de la nación no nos permiten contemplar fórmulas similares a la perestroika y otras modalidades que han sufrido los países que una vez formaron parte del bloque soviético en Europa. Se requiere un diálogo básico en la cúpula del poder y entre los factores comprometidos, en una afirmación de la nación y del estado del no-gobierno, que establezca un consenso que ofrezca al gobierno y al no-gobierno la confiabilidad y credibilidad necesaria para proponerlo, iniciarlo y desarrollarlo.

La violencia, en cualquiera de sus modalidades, provoca un rechazo de las mentes lucidas, porque ello justifica la represión con sus dramáticas consecuencias; y el compromiso de los diferentes estamentos del poder que tratan de mantener el status quo, conlleva consigo graves riesgos para nuestra soberanía, por lo que sería inevitable la injerencia extranjera. Toda otra solución política es válida siempre que no menoscabe o condicione la soberanía nacional o cree condiciones que impidan el ejercicio de los derechos individuales, sociales y políticos del ciudadano.

No obstante lo expresado en Cuba y en el exterior, hay quienes, posiblemente con una sana intención, pretenden sustentar un proceso de cambio dentro del ordenamiento legal existente, y en forma no fundamentada plantean la posibilidad de que el actual gobierno, a lo que llaman "legalidad socialista", se modifique por inercia. Lo que afirmamos no es en modo alguno pretender desconocer la legislación y la práctica vigente, imponiendo otra por un grupo dirigente que carezca por su propia naturaleza de legitimidad.

El proceso histórico que hemos de iniciar, partiendo del presente, ha de proyectarse por los agentes sociales del cambio, al logro del máximo consenso posible desde el primer paso, a la creación de una judicatura autónoma no partidista que esté comprometida solamente a aplicar la ley conforme a derecho. Su interpretación se circunscribe a consagrar los derechos individuales y sociales mediante normas objetivas y procesales claramente establecidas.

Proyección de la sociedad cubana que podemos percibir.

En consecuencia de lo expresado sobre el proceso de cambio, que muy pronto ha de iniciarse, requiere en forma prioritaria el diálogo necesario entre gobierno y no-gobierno para hacer las modificaciones a la legislación penal y procesal que pueda instrumentar a la judicatura para ejercer sus atribuciones y delimitar sus áreas de competencia. Establecida la autonomía de la judicatura y el ministerio fiscal, el gobierno actuante con la más amplia participación ciudadana posible en mensaje de reconciliación, y al efecto de garantizar el ejercicio de los derechos sociales y políticos, hará las modificaciones en el código penal y procesal vigente que es imprescindible.

El actual estado absolutista y represivo está sustentado en el ordenamiento constitucional y en el Código Penal vigente, así como en la falta de garantías procesales que se padece. En consecuencia, en este mensaje de reconciliación las partes que compartan el mensaje han de comprometerse a participar en un proceso de no-violencia y de firme apoyo a las normas legales que sancionen severamente la apología o la incitación a la violencia.

Esta primera fase del proceso, para superar la presente situación, ha de culminar en que el gobierno actuante conceda una amplia amnistía política e invite a todos los cubanos residentes en la República o en el exterior comprometidos como cubanos a la participación activa en el mismo. La auto exclusión es asumir una responsabilidad histórica, y el proceso no ha se ha de detener por los que lo hagan, ni pueden aceptarse condicionar el mismo, y mucho menos a la Asamblea Nacional Constituyente Soberana que creará el pacto nacional. Los partidos no crean al estado de derecho, los partidos y sus funciones han de ser consecuencia de las normativas constitucionales que se establezcan.

En el proceso histórico nacional hay tres instituciones en la base social plenamente reconocidas, y la gran mayoría de activistas sociales de muchas generaciones las han definido como órganos autónomos de derecho público, expresión directa de la soberanía nacional. Estas instituciones son el municipio (representativo de la comunidad local), el sindicato (representativo de la comunidad del trabajo) y la universidad (representativo de la comunidad intelectual: profesores, estudiantes y trabajadores de la educación). En consideración a este consenso histórico de la nación cubana, y la necesidad de fortalecer las bases sociales del país para que puedan dar el soporte social necesario al nuevo pacto social que se ha de establecer mediante la Asamblea Nacional Constituyente Soberana, es necesario institucionalizar previamente estas instituciones.

En consecuencia a lo expresado, es prioritario para el desarrollo del proceso histórico que estamos tímidamente iniciando, establecer la autonomía de los municipios, los sindicatos y las universidades como órganos independientes, no partidistas y democráticos de sus respectivas comunidades, y que estos puedan establecer sus instituciones representativas a nivel regional y nacional.

Establecida una estructura jurídica que obliga al gobierno y al no gobierno -es decir, un estado de derecho-, es necesario crear la base social suficiente y eficiente sobre la que pueda sustentarse un estado social de derecho y construir la paz. A esos efectos podemos contemplar fórmulas posibles, mediante las cuales podamos constituirlo: decisiones unilaterales de cambio del gobierno actuante, el plebiscito, asamblea nacional constituyente y soberana.

Decisiones unilaterales de cambio del gobierno actuante, proceso que requeriría un largo periodo de tiempo para ganar credibilidad en los diversos sectores nacionales y en sus relaciones internacionales. Esta fórmula no paralizará la frustración creciente del pueblo de Cuba en su presente situación, ni crearía las condiciones necesarias para acuerdos económicos en optimas condiciones y a largo plazo con proyectos económicos que se contemplan como la Anfictionía del Caribe, asociación con el Merco-sur, ampliar las relaciones con la Comunidad Europea o incrementar las recién iniciadas con los Estados Unidos de América.

El plebiscito, fórmula que se ha comentado en el caso cubano es absolutamente inapropiada, ya que en Cuba el tema no es si ésta u otra ley debe implementarse o modificarse, sino es establecer un nuevo pacto social. No es tema a decidir -es dogmática a respetar- si se garantizan los derechos individuales, sociales y políticos de uno u otro sector de la sociedad o de cada ciudadano, y mucho menos si es aceptable o no que nuestro país renuncie a su integridad territorial y soberanía parcial o totalmente.

Un plebiscito es una medida de gobierno para establecer una relación directa con el no-gobierno, y sólo debe usarse para asuntos que no afecten la condición legal de la estructura jurídica o su definición dogmática. Desde un estado de derecho puede emplearse el plebiscito como una forma rápida de dialogo entre el gobierno y el no-gobierno sobre casos particulares de medidas a tomar. Un plebiscito no engendra una democracia; si se pretende, se pervierte de origen.

La existencia del estado de derecho en lo real (no sólo en lo formal), el funcionamiento de los órganos representativos de las comunidades en la base social y el clima social imprescindible en que todos los ciudadanos cubanos sin que la posición ideológica y política, presente o pasada, lo limiten o lo cohiban en su participación, o los lleve al ostracismo o a riesgos personales, crean ya las condiciones para conformar el pacto nacional que nuestro sufrido pueblo ansia y tan necesario es para que las nuevas generaciones puedan asumir a plenitud la dirección del país, con las garantías necesarias para que se respete su modo de concebir la sociedad humana y la trascendencia o no de la misma.

La Asamblea Nacional Constituyente Soberana. Es decir asamblea no condicionada a otra cosa que no sea el respeto a la soberanía e integridad nacional y a los derechos individuales y sociales de la persona, requiere en su convocatoria establecer medidas cautelares que impidan que los recursos financieros puedan determinar en el proceso electoral; estos han de proceder de los electores -no de corporaciones o instituciones de gobiernos nacionales o extranjeros- y a ese efecto las contribuciones han de estar estrictamente reguladas y supervisadas para evitar la manipulación publicitaria, o estructurar otros métodos fraudulentos, y en caso de infracción determinar previamente severas sanciones para los electores, sus candidatos, e instituciones que infrinjan la ley.

Se ha de institucionalizar el tribunal superior electoral que rija el proceso electoral a nivel nacional. Este tribunal, al integrarse, ha de brindar por la respetabilidad de sus integrantes y por las facultades del mismo, las garantías necesarias para que la elección de los delegados respondan realmente a la decisión de sus electores. Han de determinarse los modos de elección y el número de delegados a elegir. Nosotros sugerimos que cada provincia y la comunidad cubana residente en el exterior elija un número de delegados proporcionalmente al número de sus electores.

El gobierno ha de satisfacer las necesidades financieras necesarias para el proceso electoral y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente cuando ésta fuera constituida, prestar los servicios que el Tribunal demande y poner bajo sus ordenes las autoridades administrativas y policíacas que el mismo requiera.

Concluido el proceso electoral, electos los delegados en forma y modo de que sean representativos de un pueblo no alienado, constituida la Asamblea en ejercicio de su soberanía, asumiendo el poder legislativo y constituyente al efecto de concertar el pacto nacional -que es en esencia lo que es la Constitución legítima de un país-, iniciándose una nueva fase del proceso histórico de la República de Cuba.

No pretendemos formular normas rígidas del proceso; hemos solamente intentado exponer nuestra interpretación de la realidad cubana en el presente, y conforme a esa percepción, plantearnos cómo superarla.

Nuestro ideal es realizar la sociedad que soñó Martí -con todos y para el bien de todos-, en la cual la Ley primera sea el respeto a la dignidad plena del hombre.

Réplica y comentarios al autor: r.simeon@psrdc.org