El objeto de este artículo es exponer y realizar una reflexión valorativa de los alcances de la Constitución Política de 1991. La intención se dirige de manera específica a valorar sus aciertos y debilidades. Transcurrida una década, hay elementos que nos permiten detenernos a repensar su estructura jurídica. Con la Constitución Política de 1991, en Colombia se abre un nuevo proceso de participación ciudadana, más concretamente un nuevo marco democrático fundamentado en el reconocimiento legal de los derechos fundamentales para todos los colombianos. En tal sentido, la carta constitucional es considerada como un verdadero avance humanístico.

La carta abrió nuevos espacios y facilitó una apertura democrática, superó el estrecho marco de la democracia representada, tuvo como fundamento el reconocimiento de nuevas libertades e igualdad que se refleja en una nueva concepción pluralista en la dirección del Estado.

La Constitución avanzó al definir el Estado como una Democracia Participativa; pero no ha podido superar el formalismo retórico. En tal sentido, la convivencia pacífica, la tolerancia ideológica, el respeto mutuo, el pleno reconocimiento de las libertades, la igualdad jurídica siguen siendo un ideal, a pesar de estar consagrados en la norma. Lo que hace pensar en la necesidad de un nuevo pacto social que incorpore nuevos elementos a la carta fundamental.

Hoy, después de diez años, se afirma que la Constitución de 1991 no es una obra perfecta, pero sin duda ella ha significado un avance formidable en la modernización del Estado. Pero de poco sirven las reformas legales si no hay profundos cambios en la conducta de nuestras comunidades. Ella es una Constitución eminentemente social que busca eliminar los privilegios, las injusticias, y los atropellos por parte de los más ricos. Por tal motivo, fue elaborada bajo los preceptos del respeto de la dignidad humana y la búsqueda de la convivencia pacífica.

Si nos guiamos por las agudas críticas que se escuchan en torno a la carta de 1991, lo más sensato es ponernos de acuerdo sobre lo que queremos para el país, sobre la filosofía que debe guiar nuestras instituciones e implementar reformas, con nuevas reglas que posibiliten el desmonte de la hegemonía bipartidista, elimine el presidencialismo, se creen nuevos órganos de control, facilite la participación de las minorías étnicas y culturales, establezca una lucha frontal contra la corrupción, reduzca los miembros del congreso y que el estado sea declarado como Estado Democrático Pluralista e Incluyente.

A pesar de tan notables realizaciones, en una década de vigencia de la actual Constitución de 1991, se han fortalecido la violencia, la corrupción política, la impunidad. En tal sentido es urgente crear una nueva cultura ciudadana que defienda al público y los intereses generales de la comunidad nacional.

Hay preocupación por lo ineficaz del aparato judicial, no hay confianza en los tribunales, el país registra los más altos índices de homicidios, secuestros; el narcotráfico se ha fortalecido; la insurgencia es más activa, al tiempo que el paramilitarismo se ha consolidado como principal agente de violencia en el país. En este panorama, se hace necesario pensar qué es lo que realmente queremos los colombianos.

La actual crisis estructural confirma los vacíos presentes en la carta. El conflicto armado que lacera nuestra sociedad nos lleva a reflexionar sobre la urgencia de construir una nueva sociedad cuyas bases deben estar fundadas a partir del trabajo de "desarrollar una cultura productiva y política con la abolición de prácticas y lógicas de comportamiento arraigadas, como la rentística y la ilegal, enmarcada dentro de un verdadero ordenamiento democrático e incluyente socialmente, en el contexto de la globalización, comprendidas las esferas económica, política, social y cultural".

Las nuevas reformas a la Constitución, deben garantizar que los ciudadanos, en el país, tengan derecho a las mismas opciones con el fin de contar con una sociedad verdaderamente avanzada y democrática, incluyente y participativa. En tal sentido, cada uno de los colombianos debe ser un defensor del interés colectivo y un constructor de lo público, porque de la legitimidad del Estado depende la superación de los vacíos normativos expresados en la actual constitución.

El país, si reclama una revolución profunda que genere una reforma del estado, y cuya única forma de gobierno sea una democracia avanzada participativa e incluyente, será preciso para el logro de tal propósito: reformar la justicia, el sistema judicial, los órganos de control, creación de instrumentos eficaces para combatir la corrupción, el narcotráfico, reforma política que legitime el pluralismo, reforma de los movimientos políticos, reformas al sistema electoral; dar garantías plenas a la oposición y las minorías, ampliar los mecanismos de participación, reformar el congreso, modernizar el aparto administrativo, descentralizar y generar poder local; crear nuevas políticas de servicios públicos, eliminar el presidencialismo y, sobre todo, lograr la convivencia pacífica en todo el territorio nacional a través de firmar acuerdos firmes con los actuales grupos armados.

Contrario a un verdadero espíritu de cambio democrático, el actual gobierno del doctor Álvaro Uribe Veles, inspirado en tesis del neoliberalismo y fiel representante de los intereses excluyentes del gran capital ha presentado un referendo con 18 artículos, proyecto que es una autentica contrarreforma a la carta del 91, con respecto a sus avances sociales. Busca limitar los alcances sociales como las acciones de tutela, afectar ciertos derechos económicos, sociales y laborales consagrados en la Constitución, generar condiciones jurídicas para avanzar en la radicalización del modelo de expoliación social. Por eso se pretende: transformar el régimen pensional, ampliar el mandato de los actuales gobernantes, diputados y alcaldes en todo el país, y sobre todo reducir el gasto social.

Los colombianos debemos rechazar el referendo porque de aprobarse sólo contribuye a robustecer los feudos podridos de la politiquería, el congreso pierde el control político frente a temas como el presupuesto y postra nuestro sistema jurídico de rodillas frente al FMI.

A modo de conclusión, podemos señalar que una verdadera reforma de la Constitución debe responder a necesidades inaplazables ante el grave deterioro de nuestra institucionalidad. En este sentido, reformar hace parte de unos tópicos del largo camino que debemos recorrer en la búsqueda de una democracia más madura, sólida, incluyente, que haga frente a las tempestades que agitan la construcción de una nueva sociedad. Y eso sólo es posible generando medidas que liquiden la violencia, el desempleo y sobre todo la corrupción.

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