Considero necesario explicar algunos antecedentes para sustentar los fundamentos de los social-revolucionarios cubanos frente a los hechos represivos desproporcionados del actual gobierno de Cuba.

Después del 1 de enero de 1959, los que compartían el pensamiento social revolucionario y otros sectores afines fueron los primeros hostigados, marginados y perseguidos. Esta situación la sufrieron desde ministros del gobierno, dirigentes nacionales y activistas en la base social, anarco-sindicalistas, trotskistas, social-revolucionarios y no afiliados a corrientes ideológicas.

En lo personal, la primera discrepancia pública que tuve con los que seguían incondicionalmente al gobierno de facto, que se apoderó del poder cuando la dictadura del Gral. Batista se desplomó, y en ocasión de constituirse el Instituto Cubano del Petróleo en asamblea nacional de la dirigencia obrera de los trabajadores del la industria petrolera, gas y anexos en Santiago de Cuba, ocurrió cuando propuse que la federación nacional de los trabajadores de la industria participara en la dirección del nuevo órgano gubernamental. Ya habíamos denunciado conjuntamente con otros compañeros en los primeros días que la libertad de prensa estaba limitada para los revolucionarios. Posteriormente manifestamos que el método llamado "las coletillas" implantado por los aparentes autodesignados censores en periódicos y revistas, imponían en cada articulo o información en negrilla sus comentarios o impugnaciones. Calificamos en su día este procedimiento típicamente de carácter nazista; asimismo manifestamos que la inhabilitación de los dirigentes obreros a presentarse a elecciones en los sindicatos tenían la misma característica. Muy pronto condenamos las sanciones de pena de muerte por tribunales irregulares, compuestos en su mayoría por personas no capacitadas para impartir justicia y que los procedimientos penales que se aplicaban no ofrecían las más elementales garantías para el procesado y la defensa.

El estado dirigido por el partido-gobierno viola sus propias leyes con inusitada frecuencia. No fue sólo un mal de los primeros tiempos, ha persistido durante más de cuatro décadas, reafirmando que cumple la voluntad de la Revolución, y la Revolución es: la personal interpretación del comandante en jefe.

Es lamentable que una corriente de cubanos genuflexa a los gobiernos de Estados Unidos ha pretendido, en primer término, lograr el "apoyo de los norteamericanos" para sus intereses particulares. Adquieren "importancia" conforme gozan del apoyo real o aparente del gobierno de turno y consideran un logro cuando las agencias de ese gobierno les asignan presupuestos para cumplir agendas "pacifistas" o "guerreristas" dirigidas a desestabilizar el gobierno actual de Cuba.

Es cierto que la intolerancia del régimen cubano, su prepotencia y falta de respeto a toda opinión disidente, ha llevado a muchos a que consideren que no tienen otra alternativa que la de recibir esa "ayuda" económica y publicitaria. Sustentan su conducta en que elementos conservadores y reaccionarios ofrecen apoyo, y que otros factores del pensamiento social los ignoran, o justifican la conducta de algunos dirigentes de La Habana.

Nuestro partido, en el manifiesto-programa emanado de su Congreso fundacional hace once años, denunció: "la falsa posición socialista del actual gobierno", y agregó: "no puede haber socialismo en donde no haya libertad para la expresión del pensamiento, donde la judicatura y el ministerio fiscal no sean autónomos e independientes de los cuerpos represivos, donde los sindicatos de los trabajadores están subordinados al gobierno-partido que se ha establecido y no participan en la dirección económica del país y en los organismos de salud publica y seguridad social." Demandamos, además, en el manifiesto-programa la abolición de la pena de muerte y la necesidad de convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

Es posible que este preámbulo para sustentar nuestra posición pública ha resultado extenso, pero lo he considerado necesario para dar a conocer la situación que sufrimos los cubanos.

Los cubanos condenados por recibir ayuda económica y orientación política de agencias norteamericanas y de la oficina de intereses de los Estados Unidos en La Habana, al manifestar su disidencia del gobierno de Cuba, no son todos culpables de los delitos imputados. No obstante, los tribunales así como las leyes que les aplicaron no ofrecen las garantías procesales más elementales para evaluar la acción delictiva, y las sentencias dictadas son absurdamente desproporcionadas al delito.

La aplicación de la pena de muerte, en todo caso, siempre la hemos rechazado por improcedente, inútil e inmoral. En el caso de los tres secuestradores de una embarcación de pasajeros, hecho delictivo esencialmente irresponsable, han sido sanciones desmesuradas, violatorias a todo fundamento del derecho penal, considerando que en este acto no hubo persona fallecida o lesionada por el mismo. El procedimiento sumario de enjuiciamiento, sentencia, apelación y ejecución no tiene justificación de modo alguno y sólo nos resulta explicable como producto de un gobierno que padece de profundo conflicto interno, desconcierto y miedo ante la situación trágica que vivimos a nivel internacional. Un comentario marginal: la embarcación secuestrada con sus pasajeros se quedó sin combustible a treinta millas de las aguas jurisdiccionales de Cuba. Notificaron de esta situación al servicio de los guardacostas de Estados Unidos y éste consideró que el caso era de la competencia de los guardacostas cubanos.

Los personeros del gobierno cubano que han impuesto esta política, muestran una creciente irresponsabilidad e incapacidad en estos momentos de graves riesgos para la supervivencia de la nación. Esta inconsecuente represión hace distanciarse a amigos, afines y factores políticos internacionales y nacionales que se preocupan por que en Cuba pueda iniciarse un proceso de reencauce revolucionario, legitimando un gobierno cubano auténticamente representativo del pueblo.

No obstante, la violencia represiva del gobierno contra los cubanos, éste muestra un interés permanente de lograr una buena relación con los Estados Unidos, siempre que no afecte el ejercicio de su régimen totalitario. Sin embargo, no ha sabido adoptar la primera medida lógica que cualquier dirigencia responsable tomaría: declarar persona no grata al Sr. James Carson, representante de la oficina de intereses de los Estados Unidos, por violar sus prerrogativas diplomáticas al inmiscuirse en los problemas políticos del país, facilitar financiación e insinuar promesas en privado a unos y a otros y tratando al mismo tiempo de coordinar a los grupos disidentes.

Asimismo, La Habana, en su afán de tener buenas relaciones con Washington aceptó sin protesta la utilización de la base naval de Guantánamo -que el gobierno norteamericano tiene ilegalmente bajo su jurisdicción- para utilizarla de prisión en violación de todos los tratados bilaterales en relación a la base. Además, garantizó que los prisioneros de guerra de Afganistán que escaparan y fueran capturados por las autoridades cubanas serían entregados a las autoridades de la base. No pretendiendo hacer válidos los convenios internacionales sobre prisioneros de guerra, la violación flagrante de la soberanía nacional y, ante todo y sobre todo, denunciar la violación de los derechos humanos que se comenten en territorio nacional con esos prisioneros.

Réplica y comentarios al autor: r.simeon@psrdc.org