Ahora se puso de moda en Colombia la expresión "participación democrática". Todos hablan de ella. Empecemos, naturalmente, por reconocer que "participar" es el principio medular de la Constitución Política y componente central del proyecto de democracia que se pretendió institucionalizar en Colombia a partir de 1991.

Resulta pertinente que nos interesemos por interpretar en qué consiste y cuáles son sus verdaderos alcances. Ahora bien, lo primero que habría que hacer para encarar con seriedad el tema es precisar el concepto:

"Participación es una forma de intervención social que le permite a los individuos reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes, y que están en capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva con cierta autonomía frente a otros actores y políticas." González, 1990.

De hecho, la participación civil alude acciones ejecutadas colectivamente por ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las necesidades de una comunidad mayor. Otro tipo de participación es la política o participación ciudadana en la esfera de lo público. De ella emana la legitimidad de la democracia moderna.

El referendo es un mecanismo de participación ciudadana en el cual se convoca a unas elecciones. Pero los sufragantes no votan por candidatos, sino por propuestas que modifican artículos de la Constitución. En tal sentido, en el referendo del 25 de octubre los colombianos votaran por 15 propuestas o puntos que modifican algunos artículos de la Carta.

El presidente Álvaro Uribe Vélez convirtió en "caballito de batalla", durante su campaña como aspirante a la presidencia, el tema del referendo; hoy es el gran tema nacional que concita y polariza la política en el país. El referendo tiene defensores desde el alto gobierno que bogan por el "sí", hasta los detractores que están organizados por el "no", y los que llaman a la abstención activa como forma de rechazo a la consulta popular del 25 de octubre.

Para la gran mayoría de los colombianos, el referendo será un voto que confirmará el grado de simpatía con el actual gobierno. Todo parece indicar que si se aprueba la consulta, el ganador será el presidente Uribe, y éste tendrá el aval para proseguir la dura reforma fiscal y social que requiere el ajuste de la nación al modelo globalizador del neoliberalismo. En tal sentido, el actual referendo se convertirá en un plebiscito a favor del presidente y que seguramente será utilizado como plataforma para su reelección presidencial.

El proyecto de ley, dado en quince puntos, es único en la historia del país. Una vez estrenado por el actual gobierno, será el capítulo inicial de la política impuesta por el gran capital y el Fondo Monetario Internacional, si es aprobado. Y, por supuesto, vendrá la mano dura del presidente si no lo aprueban los colombianos.

Las propuestas son las siguientes:

1. "Que los ladrones del Estado no puedan tener cargos públicos". En este punto se propone que solamente puedan ser nombrados para cargos públicos y ser contratados por el Estado, quienes no hayan sido condenados por robar al país, "salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño".

2. "Que el voto de quienes hacen las leyes sea público y transparente". Se propone que cuando los congresistas aprueben las leyes, la ciudadanía pueda conocer lo que votó cada legislador. Busca acabar con el voto "secreto" de los parlamentarios, y como consecuencia se pierde la independencia de este organismo.

3. "Que se eliminen los suplentes en el Congreso, las Asambleas, los Consejos y las Juntas Administradoras Locales". Se busca que sus miembros sólo sean reemplazados cuando su retiro sea voluntario y definitivo. De esta forma se evita el "negocio" o el "acuerdo" entre cabezas de lista y los suplentes. En otras palabras, afecta las llamadas "alianzas".

4. "Que todas las corporaciones públicas de elección popular puedan ser controladas por los ciudadanos y deban rendir cuentas a través de Audiencias Públicas".

5. "Que los servicios administrativos del Congreso no sean manejados por los congresistas". En este punto se dice que los congresistas se dediquen sólo a legislar y que las funciones administrativas del Congreso se deleguen a través de empresas privadas especializadas.

6. "Que se reduzca el Congreso y el costo de este organismo". Este punto propone bajar de 268 a 218 a los miembros del Congreso.

7. "Que tanto congresistas como diputados y concejales y miembros de las Juntas Administradoras Locales que cometan faltas graves se les revoque o pierdan su puesto" por causas establecidas en la ley, como dar o recibir auxilios con dineros públicos o financiar campañas políticas con el dinero del Estado.

8. "Que se congelen las pensiones y salarios superiores a dos salarios mínimos, durante dos años". Este es uno de los puntos más discutidos y polémicos. Se propone, además, que nadie puede pensionarse antes de cumplir 55 años, ni recibir una pensión superior a 25 salarios mínimos mensuales. Este punto afecta a los empleados estatales y a las finanzas de las universidades públicas en Colombia.

9. "Que se supriman las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales". Otro punto polémico en el que se suprimen estos órganos de vigilancia y control fiscal.

10. "Que el Congreso, a través de las bancadas, será quién decida la asignación presupuestal". Hay un contrasentido al revivir en este artículo los auxilios.

11. "Que se prohiban los auxilios parlamentarios para evitar el abuso". El punto está en contradicción: busca eliminar la financiación de campañas, la compra de votos con dineros del Estado. Pero ¿cómo se financian los grupos pequeños y las minorías en el país?

12. "Que se destinen nuevos recursos para la educación y el saneamiento básico". Se proponen mejoras físicas en las plantas educativas, así como realizar grandes obras de alcantarillado y acueducto para los sectores más pobres.

13. "Que las finanzas públicas se incrementen con las regalías y que buena parte de estás se gasten en educación, alcantarillado, agua potable y en financiar las pensiones".

14. "Que se recorte el gasto social" para aliviar la crisis económica, es decir, en los dos años siguientes congelar el gasto de funcionamiento del estado y así garantizar el pago de la deuda externa e interna.

15. "Que se acabe la politiquería". Se propone que sólo existan grandes partidos y quienes pertenezcan a estos.

El referendo, como hemos señalado, contiene puntos muy polémicos, como la congelación de salarios para todos los empleados y servidores del sector público, la supresión de entidades, como las contralorías departamentales y municipales, entre otras. Una importante es la iniciativa de reducir el Congreso y ampliar las causales para la pérdida de investiduras de los miembros de éste órgano que incurran en actos de corrupción.

Los partidarios del "sí" al referendo encuentran razones válidas para votarlo y ven en él una forma de quebrarle el espinazo a la corrupción, a punta de reducir la inversión social, disminuir la burocracia estatal, ahorrar a costa de congelar salarios y pensiones de empleados estatales. Mientras que los que lo rechazan, los del "no" a la consulta, argumentan que no es pertinente hacer uso del mecanismo en este momento por cuanto quienes legislan no tienen autoridad moral para realizar las reformas que reclama realmente el país, máximo si la mayoría de los actuales parlamentarios son responsables del saqueo sistemático a las finanzas del Estado y de la quiebra de la institucionalidad. Ellos alegan que no es ético ni moral que obliguen al pueblo a asumir el costo del fracaso de los últimos gobiernos en materia fiscal.

Los empleados del sector público expresan resentimiento sobre el contenido del referendo y plantean la abstención activa, como medio de protesta. Según estos, la medida pone en riesgo sus conquistas saláriales en un país carcomido por la inflación, es decir, que no están dispuestos a permitir que sus sueldos se congelen durante dos años como efecto de la medida, en caso de ser aprobada.

De todos modos, si no se presentan soluciones radicales a los problemas de la politiquería, la corrupción, la gobernabilidad, la pobreza, la exclusión, durante estos tres años que restan de gobierno, seguramente la frustración aumentará más la incertidumbre de los millones de colombianos que votaron por Uribe, hoy más empobrecidos. El país se verá abocado a mayores conflictos por el cierre de las finanzas públicas.

De ahí que, si el referendo no se aprueba, seguramente la única alternativa del presidente será intentar imponer por la vía legislativa las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. La sola desaprobación del punto 14 significa un aumento de la proyección de egresos fiscales de $2.6 billones anuales del presupuesto nacional, aspecto que aumentaría el abismo fiscal ocasionado por la caída del IVA a los alimentos y el ascendente gasto militar para la lucha estratégica contra la subversión.

Y si se aprueba, no es probable que la miseria y la pobreza disminuya. Al contrario, con salarios congelados durante dos años, lo único seguro será el empobrecimiento de un nuevo sector: el de la clase media. Y Colombia no estaría muy lejos de igualar socialmente a países como Ecuador y Bolivia donde sólo hay un reducto de familias que concentran todo el poder económico (18%) y una enorme clase social de pobres y necesitados.

Los demócratas pensamos que la intención inicial del presidente Uribe al convocar la medida respondía a la urgente necesidad de resolver uno de los dramas que afligen al país: la corrupción y todas sus lacras. Pero ha transcurrido más de un año, y ha sido la misma politiquería de los miembros del Congreso la que sacrificó la iniciativa. Y hoy es presentada como un enorme "mico" jurídico que sólo busca afectar a los empleados del sector estatal y reducir el gasto social.

A la hora de escribir estás líneas, todos los sectores de Colombia se disponen a decidir qué es lo mejor para el país. Esta será la prueba más dura que enfrenta el gobierno. Por eso la cruzada contra la corrupción, la politiquería y el desorden en las finanzas confirman que si el mecanismo de la participación se fortalece ocurrirá lo mismo con la democracia. En tal sentido, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se la juega toda, en aras de aumentar su popularidad y en la búsqueda de su efecto más próximo: su reelección como gobernante.

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