Mientras usted está leyendo estas líneas, el gobierno del presidente Vicente Fox está considerando seriamente otorgar la concesión de una porción del territorio nacional, ubicada en el archipiélago de las Islas Coronado, precisamente frente a las costas de Baja California y a 13 kilómetros de la ciudad fronteriza de Tijuana, a la empresa transnacional Chevron-Texaco por un período no menor a 30 años, para la construcción de una planta de manejo estrictamente privado que permita la recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado.

Con riesgo de parecer cínico, debo decir que si nuestro gobierno está negociando a cambio -entre otras cosas- la firma de un tratado migratorio que facilite el libre tráfico de personas entre Estados Unidos y México, entonces y sólo entonces se debería trabajar en un intersticio legal que permitiera reconciliar no uno sino varios artículos constitucionales que entre otras cosas determinan que "son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional", y que sólo a Pemex le corresponde la facultad del aprovechamiento de nuestros hidrocarburos entre los que está, por supuesto, el gas natural.

La grave crisis energética por la que atraviesa California, el estado más rico del vecino país -la economía californiana está situada entre las 10 más poderosas del mundo-, constituye el argumento para que nuestro gobierno abandone su condición de Estado sometido y alineado, y que de una vez y para siempre empiece a tratar de tú a tú con el vecino del norte.

Es a ellos a los que les urge negociar con nosotros. Ya basta de estar entregando porciones de nuestra soberanía a cambio de nada. A la fecha se ignora bajo qué condiciones se otorgó el permiso para la construcción -en esa misma región- de cuatro plantas procesadoras de gas a las compañías energéticas extranjeras de la dimensión de Marathon Oil, Shell y Sempra Energy que, por cierto, ya están provocando fuertes daños al entorno ecológico de aquella zona.

Si tan sólo nuestras autoridades en un asomo de dignidad republicana lo intentaran por una sola vez -un trato de tú a tú-, se darían cuenta que los estadounidenses están desesperados por nuestro gas y que estarían dispuestos a ceder en algunas cosas que para nosotros son vitales.

Seguramente estarían inclinados -más exacto sería decir obligados- a proteger nuestro medio ambiente y a participar de una manera más directa en nuestro desarrollo social. Por favor, ya no es posible que nuestros gobernantes sigan siendo los justificadores sistemáticos de todas sus pretensiones.

Más aún, no sería justo, por Dios, que los servidores públicos que hoy pretenden autorizar estas concesiones sin exigir nada a cambio, mañana ocupen altos cargos directivos de empresas tan poderosas como la Chevron-Texaco, una de las más importantes compañías petroleras en el mundo, con utilidades anuales superiores a los 95 mil millones de dólares.

Ojalá que las organizaciones en general y los ciudadanos en particular estemos alertas.

Réplica y comentarios al autor: salvadorordaz@hotmail.com