Equidad para el progreso

En nuestro país la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es el organismo encargado de apoyar y actualizar la figura del salario mínimo, además de atender lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo el establecimiento de los salarios mínimos generales y profesionales. Con este propósito realiza los trabajos encaminados a fijar los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario.

El liberalismo progresista considera al salario como el medio más digno para una justa distribución de la riqueza, además de ser el catalizador por excelencia del mercado interno; trabajadores mejor remunerados representarían para nuestra economía mayor productividad.

En México, actualmente, existen tres zonas salariales, sin embargo, consideramos que el principio de equidad laboral debe llevarnos a una estrategia para el establecimiento de un solo salario mínimo general en todo el país. Nos preguntamos: ¿Existen tres Méxicos para efectos salariales? La respuesta debería ser NO.

Más aún: los derechos laborales deben también ser parte fundamental de la globalización; el establecimiento del salario mínimo internacional para lograr que los trabajadores de diversos países compitan entre sí por su capacidad y por sus habilidades y no por el abaratamiento de su trabajo, hoy por hoy es un imperativo global, al menos en nuestra región.

Con esto, se evitaría entre otras cosas, que las grandes corporaciones y maquiladoras emigren de un país a otro buscando únicamente mano de obra barata. Ni hablar de inversión en infraestructura, mucho menos de capacitación para que los trabajadores estén debidamente calificados.

Los partidos políticos con vocación social, más que enfrascarse en sus asuntos y conflictos internos, deberían de establecer contactos con aquellos Organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a fin de incorporar en su agenda estos temas, porque éstos sí están íntimamente relacionados con el combate a la pobreza y la reactivación de la economía mundial. Los liberales creemos que el salario, más que provocar inflación, es un detonador del mercado interno. Mientras los incrementos salariales estén vinculados con mayor producción de bienes y servicios, el mito del salario inflacionario sólo será eso, un mito.

Además, es evidente la relación existente entre el salario y los sistemas de seguridad social, incluyendo a los sistemas de pensiones. La internacionalización del trabajo no debe ser un limitante para la integración de las aportaciones a los sistemas de seguridad social de cada país. Estos son asuntos concretos que las autoridades en la materia deberían estar incluyendo en las agendas bilaterales y multilaterales de nuestro país, principalmente con los países en donde millones de nuestros paisanos están generando riqueza y progreso con su trabajo.

Y por qué no poner en marcha un programa que permita a los ciudadanos residentes en el exterior afiliarse al sistema de pensiones de su elección, ejerciendo su legítimo derecho a elegir el que más convenga a sus intereses.

El programa beneficiará a miles de personas que salieron del país por causas diversas, pero que tienen previsto regresar, así como a miles de mexicanos que buscan fortuna en el exterior. Nuestros connacionales no sólo podrían comenzar a cotizar para formar una pensión de jubilación personal, sino también para pagar desde el exterior, -doquier que radiquen- un plan médico para su familia residente en el país.

El programa se aplicaría en forma inicial a personas residentes en Estados Unidos y Canadá, pero de manera paulatina se extendería a otros países. El esquema no sólo beneficiará a quienes tengan planeado regresar a México, sino a aquellos que cuando se produzca su jubilación, también puedan recibir las remesas en el país donde residan, pagaderas en la moneda de esa nación.

Además, los trabajadores que cotizaron en el IMSS antes de salir hacia el exterior podrían reintegrarse al sistema y se les sumaría en su cuenta personal el dinero y el tiempo desde el extranjero. Por supuesto, la aportación de una persona a su pensión dependerá de sus posibilidades; se deberá cotizar sobre al menos el salario mínimo en México y hasta máximo 20 salarios.

El valor mensual de esa cotización se puede acumular para la pensión o costear los referidos servicios de salud para sus familiares. El valor agregado sería que desde el exterior, un mexicano también podría cotizar para la pensión de un familiar o amigo que resida en México o incluso para la atención de la familia, en el sistema de salud que el IMSS brinda.

Los pagos mensuales se podrán realizar mediante cupones suministrados por el IMSS a los afiliados, o a través de las sucursales de bancos mexicanos en el extranjero. También serán posibles los pagos mediante débitos automáticos de tarjetas de crédito y de cuentas internacionales y la verificación de los mismos se podrá realizar mediante una página en internet.

Un programa de esta naturaleza podría afiliar un importante porcentaje de los nacionales residentes en el exterior. El volumen potencial de trabajadores aportando a los sistemas de seguridad social desde el extranjero, representarían una importantísima masa financiera que además de sacar de la quiebra técnica al IMSS, diversificaría el sistema de las AFORES y, ciertamente, alentaría el mercado de los seguros médicos.

Este planteamiento, sin duda, incorporaría elementos de equidad social -de a de veras- a la agenda bilateral entre México y los Estados Unidos, que por cierto no se le ha dado la relevancia que merece.

Los liberales sostenemos la tesis de que el trabajo es la posibilidad primaria de todo ser humano para caminar con dignidad frente al mundo. En particular, la relación con los Estados Unidos tiene como asignatura pendiente desde hace mucho tiempo, la interacción responsable con dignidad.

En ese mismo tenor, un salario mínimo internacional contribuiría a la libertad para organizar sindicatos y negociar colectivamente. Acciones responsables en materia laboral pueden hacer más por mejorar las condiciones de trabajo en los países en desarrollo, y a su vez, facilitar el camino para el comercio. Se trata de fijar razonablemente normas con criterios de equidad y justicia, como el salario mínimo internacional.

En verdad, una de las formas más democráticas para el estímulo de los mercados, es el establecimiento de salarios; que no sólo sean remuneradores, sino que también reflejen la vocación productiva del país y que, con un criterio de eficiencia en los estímulos a la producción, destierren las prácticas de subsidios distorsionantemente perversos de la distribución de la riqueza nacional.

¿Cómo entender si no, que una poderosa economía como la británica tenga menos mega millonarios que la economía mexicana? El problema radica en la falta de equidad en la distribución de la riqueza.

Apostemos a la opción del salario como herramienta prioritaria en la democratización de la economía, para la reactivación del mercado interno y, sobre todo, para otorgar dignidad a nuestros trabajadores.

El liberalismo mexicano luchará en todos los foros internacionales empezando por la Organización Internacional del Trabajo, para que el salario mínimo internacional sea palanca y detonador del desarrollo humano de la globalización.

Por todo esto, y más, urge un Partido Liberal Progresista en México. En serio. Es urgente.

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