El proyecto más acabado de la Revolución Mexicana es la Constitución Política de 1917. Los preceptos que rigen las garantías individuales y derechos sociales, en ella contenidos, reflejan las aspiraciones de los mexicanos que durante el siglo XIX se dieron a la tarea de definir un proyecto de Nación Justa.

En 1917, en Querétaro, se da conclusión a un nuevo pacto social. Un pacto sostenido en principios, que de las luchas individuales y regionales construyeron garantías colectivas para nuestra convivencia y un diseño institucional necesario para el desarrollo económico, político y social de México.

Una generación de hombres provenientes de todo el país; unos surgidos de la lucha revolucionaria, otros de la academia y de las clases ilustradas, confluyeron en su elaboración. Hombres hechos en la lucha armada inspirados en las ideas de Flores Magón, de Francisco I. Madero y su Plan de San Luis, de Zapata y su Plan de Ayala. Con el interés de redactar una ley fundamental de carácter social, una Constitución no abstracta, sino realista; una ley suprema que no sólo confiriera igualdad, sino que la propiciara a través y por medio de sus preceptos.

Esta visión queda definida desde el primer orador que hizo uso de la tribuna, que no fue ningún diputado, sino un líder obrero queretano llamado Rafael Jiménez, que a nombre de los trabajadores de México, dio un saludo a los constituyentes, trasmitiendo el anhelo de un pueblo. Dijo Jiménez: "El pueblo espera que la Constitución sea verdadera, real, efectiva, liberal y fundada sobre bases inconmovibles a fin de que se mejore un tanto la condición económica, política y social de los mexicanos".

Las Constituciones no se inventan, ni se rehacen al gusto de los gobernantes. Ello quedó de manifiesto al reconocer como base de la discusión de 1917 a la Constitución liberal de 1857 y los planteamientos de reforma del "Jefe Máximo" del Ejercito Constitucionalista, Don Venustiano Carranza, los cuales fueron superados por la visión de futuro, la inteligencia y la ideología social de los constituyentes.

No podemos entender el texto máximo del país sin la conducción que el diputado Luis Manuel Rojas hizo de los debates de esos 218 hombres, con visión de unidad y búsqueda de consensos durante los 48 días que duraron las deliberaciones. El análisis fundamental, que para formular los dictámenes, hicieron Francisco J. Mújica y Paulino Machorro y las participaciones destacadas de legisladores en la construcción de instrumentos jurídicos de avanzada como: el consenso creado para la redacción del artículo 3° Constitucional que hizo Felix F. Palavicini, que aun siendo representante de Carranza, logró, junto con Alberto Román, poner el acento en la educación como motor de una sociedad hacía estadios más democráticos e igualitarios, despojada de fanatismos y dogmas, científica y laica, dando salida a una de las discusiones más largas y constructivas del constituyente.

El activismo que llevó a cabo Pastor Rouaix, que junto a los diputados Macías y De los Santos, generaron un grupo de cabildeo que le dio sentido a las demandas obreras quedando plasmadas en un artículo especial, el 123, destrabando la discusión del artículo 5°.

La participación de Heriberto Jara, Esteban Baca Calderón, Cándido Aguilar, Rafael Martínez Escobar y Luis Cabrera en la redacción del Artículo 27 que daba respuesta a la lucha agraria, la cual era la demanda fundamental de la revuelta revolucionaria.

Y qué decir de la asesoría permanente que prestó el Maestro Andrés Molina Enríquez, que aún no siendo diputado, definió a través de sus redacciones buena parte de los textos básicos de la Constitución, bajo la mirada acuciosa y el pensamiento lúcido de Francisco J. Mújica.

Digna es la evocación y el recuerdo a esos 206 hombres que signaron la carta magna, al igual que a todos aquellos que siendo senadores, diputados federales y locales en casi un siglo han respetado sus principios, adaptándolos a los cambios que ha vivido nuestra sociedad y el mundo.

Nuestros legisladores han sido garantes de modernización nacional a través de una revisión de nuestros ordenamientos jurídicos, que los hace actores fundamentales del cambio que ha vivido nuestro país en los últimos 72 años. Ellos han creado instituciones y les han dado sentido practico de aplicación en la solución de las demandas populares.

Se han construido ordenamientos jurídicos locales que hoy le dan fuerza al pacto federal y a la gobernabilidad de nuestra Nación.

Al estudiar hoy las ideas que hicieron la Constitución Política Mexicana, vemos la elaboración doctrinal y la experiencia histórica.

La Constitución surge de la razón y se traduce en actitud, es vigente en cuanto da respuesta a un ordenamiento, por todos aceptado, para resolver nuestras diferencias y cohesionarnos como Nación. En ella están los principios del pensamiento liberal, que es el pensamiento tolerante, que no es una visión única de lo que debe ser la nación o el gobierno, sino la definición de principios de lo que debe ser nuestro Estado de Derecho.

Viniendo de la razón y la lucha social, la Constitución es motor para ordenar y transformar la realidad. Nuestra Constitución consolidó un proyecto de Nación. Nuestra cambiante realidad, ha quedado en ella reflejada en su redacción a través de una pluralidad de hombres, lo que la salvó de visiones absolutistas. Es, como dijo Mariano Otero en 1857, nuestro acuerdo en lo fundamental.

Este fue el racionalismo del Constituyente del 17 y de nuestro constituyente permanente, que en sus variantes históricas y liberales, ha hecho de nuestro texto un instrumento fundacional distante de dogmatismos.

La experiencia constitucional mexicana, y de sus hombres redactores, es muy aleccionadora. En México, paso a paso, la idea constitucionalista en acción fue generando realidades y adquiriendo matices de originalidad que nos han permitido resolver nuestros litigios de manera pacífica.

La principal enseñanza de cada hombre concentrado en el Teatro de la República en Querétaro, de diciembre de 1916 a febrero de 1917, y de aquellos que desde la casona de Xicoténcatl y los recintos de Donceles o San Lázaro hemos tenido la honrosa oportunidad de servir al país legislando, consiste en mostrarnos la construcción de un país y una cultura política nacional, partiendo de una elaboración racional de validez universal: los principios básicos de Democracia y Justicia Social, de libertad e igualdad de oportunidades.

Hoy que se discute la posibilidad de redactar una nueva Constitución, o como en el caso de la Ciudad de México donde se plantea tener una por primera vez, el PRI no será muralla a la modernidad, puesto que, junto con los ciudadanos, la hemos venido definiendo en las últimas siete décadas, que es más de la tercera parte de nuestra vida independiente.

Lo que sí seremos, es dique a los intereses de la derecha y su pensamiento único, inflexible y revanchista, para el cual la Constitución es un mero contrato. Y también debemos ser atemperadores del voluntarismo de una izquierda radical. Reconocemos la necesidad de discutir y renovar nuestro pacto social fundamental pero, para ello, sabemos que nuestro papel es generar consensos a través del diálogo y el debate; evitando riesgos para el país.

No somos ingenuos. Sabemos que toda Constitución tiene un componente ideológico que la hace singular. Pero los ciudadanos que votaron el 2 de julio no le dieron mayoría absoluta en el Congreso al partido que hoy detenta el poder Ejecutivo Federal. No hay mandato expreso para hacer una nueva Carta Magna.

El proyecto histórico del PRI, si bien tiene como referente temporal a nuestros Documentos Básicos, tiene como causa indeclinable la defensa del espíritu de la Constitución.

Nuestro ideario es el de Jara, Molina Enríquez, Cabrera, Soto y Gama, Rouaix y Mújica, pero entendemos que debemos actualizar nuestro pensamiento y propuestas a la luz de las transformaciones que vive México y el Mundo.

En la agenda del nuevo gobierno está la revisión de nuestras decisiones esenciales sobre la forma de Estado o régimen, sobre la organización y las funciones de los poderes públicos, sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Su esquema de transición y alternancia, como lo dijo Vicente Fox, no concluye hasta que no cuenten con una Constitución a su medida. Ante aquellos que quieren desconocer la historia, estos modernos Tlacaelels que intentan hacer tabla rasa del pasado, sin nostalgia ni ataduras, démosles debate inteligente, sobre todo a su nuevo discurso de derecha, que ya no suena a tienda de raya, ni a mina ni hacienda, sino a libre mercado, dogmatismo clerical, caridad en vez de justicia social, búsqueda de negocios más que generación de bienes públicos, todo ello adornado de una supuesta modernidad mercadológica.

A ochenta y cuatro años de la promulgación de nuestra Constitución Política, ha llegado la hora de defender sus principios generales y el marco de sus libertades y garantías individuales y colectivas.

Hoy más que nunca, que llegó al poder un partido que nació discrepando de su texto, pero sobre todo, de su aplicación.

Luchemos por mantener vigente la separación Iglesia-Estado, por el laicismo y la gratuidad de la educación, por los derechos de los obreros y los campesinos, porque los recursos del subsuelo sigan siendo propiedad de la nación y de todos los mexicanos, particularmente el petróleo y el gas natural, por el fortalecimiento del federalismo y el respeto a la soberanía de los estados de la República.

Luchemos, en suma, por los derechos y garantías sociales que lograron para el país el movimiento revolucionario de 1910.

Derrotar a los nuevos conservadores, debe ser nuestro mejor homenaje a la generación del 17.

Réplica y comentarios al autor: jorgetel@prodigy.net.mx