Vicente Fox presentó al Congreso de la Unión su iniciativa de reforma eléctrica. Sin ánimo conciliatorio ni de búsqueda del consenso, emplazó al Poder Legislativo a modificar la Carta Magna para abrirle paso a la privatización. La apuesta presidencial se inscribe en el ámbito del cumplimiento de los compromisos contraídos con sus financiadores del extranjero y de la próxima contienda electoral de 2003.

Los tiempos para la discusión de la reforma eléctrica fueron determinados por Fox: pudiendo presentar la iniciativa a principio de sexenio, no lo hizo y decidió hacerlo en un tiempo pre electoral y de una manera alejada de cualquier intento de consenso. La coincidencia no es casual. La ofensiva gubernamental que tiene como propósito lograr la mayoría en la Cámara de Diputados en 2003, se producirá con todos los recursos a su alcance. De ahí que la acusación de la dirigencia panista, en el sentido de que la oposición pretende hacer de la reforma eléctrica "un rehén electoral", sea lo mismo que escuchar al burro hablar de orejas.

En un primer escenario, Fox buscará en sus amigos del PRI (Gordillo y Madrazo) obtener el apoyo necesario para la modificación constitucional. A éstos les exigirá reciprocidad, recordándoles su apoyo a la campaña interna priísta. Si lo logra, demostrará a sus amigos del extranjero que es un presidente cumplidor.

Madrazo, titubeante y escurridizo, no atina qué responder cuando se le pregunta sobre la reforma eléctrica y parece haber olvidado los mandatos de la pasada asamblea nacional priísta. En este escenario lo más probable sería una confrontación interna del PRI, de la cual sólo saldrá beneficiado Fox y su partido. No creo que Madrazo tenga la fuerza para doblegar a la bancada del PRI y que éste lo acompañe en sus aspiraciones de cogobernar con Fox.

En un segundo escenario, si la dupla foxista en el tricolor no logra doblegar a los legisladores de su instituto, entonces Fox y Acción Nacional intentarán sacar raja electoral de la resistencia del Congreso.

La ignorancia del actual gobierno en asuntos de Estado es de la misma dimensión que su audacia y cinismo para utilizar el presupuesto y descalificar a sus contendientes mediante campañas de mercadotecnia: mediocres, pero permanentes, repetitivas y efectistas en términos propagandísticos.

La argumentación gris del foxismo para convencer de las bondades de la privatización eléctrica señala que el Estado no puede seguir aportando recursos públicos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que éstos podrían dedicarse a educación, salud, alimentación, etcétera. Fox olvida mencionar su incapacidad para invertir las reservas monetarias del país, y cualquier otra solución para el sector eléctrico que no sea la privatización. Ese discurso torpe y mentiroso cae por sí mismo, porque es la CFE la que entrega sus utilidades al Estado, no al revés.

El foxismo le dirá a la nación que el Congreso es el culpable de impedirle gobernar, de sabotear la construcción de escuelas y hospitales. Utilizará tiempos triple A y los mejores horarios para descalificar a los partidos de oposición y culparlos del rumbo incierto del país. Intensificará su campaña de desacreditación contra diputados y senadores del PRI y PRD. Todo ello con el propósito de dejar asentado en el inconsciente colectivo la necesidad de votar por diputados buenos y obedientes al Presidente. Para entregar el país a los corporativos trasnacionales se requiere un Congreso sumiso y claudicante que obedezca.

Frente a esta situación, el Congreso y las fuerzas democráticas del país deben estar alertas y pensar cada acción a realizar. De entrada, se deben fijar las reglas del debate para la reforma energética entre ambos poderes. Estas deben estar amparadas por un conjunto de normas pactadas en un acuerdo nacional en el que el Ejecutivo se abstenga de jugar ventajosamente con los recursos propagandísticos a su alcance.

La reflexión de la iniciativa eléctrica juega en la lucha electoral de 2003, por lo que es necesario subir las antenas y prepararse para la ofensiva propagandística que se nos viene. Para ello, el Congreso deberá arropar su acción con la legitimidad social y la movilización popular, uniendo sus esfuerzos, hombro con hombro, con todas las fuerzas sindicales, partidarias, sociales, democráticas y progresistas del país.

P.D. ¿Enron donaría sus utilidades privadas para construir escuelas y hospitales?

Réplica y comentarios al autor: jveloz@telnor.net