Acostumbrado quizás a decir y desdecirse, y a que la sociedad mexicana no puede más allá de lamentarse por sus equívocos o engaños, durante la entrega de los Premios Nacionales de Ciencias y Artes del 2002 realizada el 17 de diciembre en Los Pinos, el presidente Vicente Fox afirmó que este año el gobierno a su cargo destinaría 28 mil millones de pesos para las actividades relacionadas con ciencia y tecnología en el 2003.

La noticia causó sorpresa en la comunidad científica del país que estaba al tanto de que el presupuesto para el año que comienza había en realidad disminuido en alrededor de 4 mil millones de pesos con respecto al del año pasado. La inversión pública destinada a ciencia y tecnología, en este turbulento año político, no rebasará la cifra de 22 mil 300 millones de pesos.

El presidente Vicente Fox había ofrecido en su campaña, que en caso de ser elegido presidente, durante su sexenio se incrementarían los recursos públicos destinados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. La idea de Fox en aquellos días de proselitismo exacerbado era conseguir vender a la comunidad científica y tecnológica la expectativa de que los recursos federales para ciencia y tecnología -al final de su sexenio- llegarían a un uno por ciento del producto interno bruto (PIB). La verdad aciaga es que su administración en este sentido no ha sido excepción y ha resultado un fiasco: los ha reducido en dos años consecutivos para situar esta inversión para el año 2003 en sólo 0.34 por ciento del PIB. Esto representa una disminución del 15.2 por ciento con respecto al 2002, según cifras oficiales.

Por lo anterior, la declaración que hiciera el ingeniero Jaime Parada, Director General del CONACYT, en el sentido de que en el presente año aumentará el número de investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores debe recibirse con una alegre preocupación. Si habrá más dinero para apoyar el ingreso de los científicos nacionales y al mismo tiempo habrá menos dinero para realizar investigación científica, puede deducirse que el número de proyectos aprobados para recibir apoyo por el CONACYT será menor, o que el monto que se otorgará a cada proyecto aprobado se reducirá, restando viabilidad a muchos de ellos. Hay que resaltar que de los 22 mil 300 millones del presupuesto destinado a ciencia y tecnología, el CONACYT sólo dispondrá de 7 mil 900 millones. Habría que avisar al presidente y a sus asesores que es imposible chiflar y comer pinole. A estas alturas del sexenio resulta insufrible una administración que gobierna declarando y aclarando, y que de manera casi esquizofrénica imagina no sólo acciones de gobierno, sino que celebra anticipadamente sus frutos.

Es un hecho que los dineros necesarios para realizar las tareas de desarrollo científico y tecnológico no deben provenir exclusivamente del erario público. Lo deseable sería conseguir atraer la mayor inversión privada posible para realizar investigación científica y aquella destinada a generar tecnología. En este sentido, mientras que en los países desarrollados más de la mitad de los recursos para realizar este tipo de investigación proviene del sector privado, ésta es prácticamente inexistente en el caso mexicano. Por eso, el principal reto de la actual administración federal para este importante sector consiste en diseñar las políticas públicas apropiadas que permitan incrementar la participación del capital privado en la investigación científica y tecnológica. Pero parece que no se han percatado de ello. Hacerlo demanda promover y alentar la interacción entre las instituciones que realizan la investigación científica y las organizaciones de industriales y de empresarios.

En los centros de investigación y educación públicos que tanto desdén sufren de parte del gobierno federal, existe personal calificado para impulsar el desarrollo de nuestra creciente planta industrial. Identificar proyectos industriales viables para atraerles recursos financieros y humanos calificados debiera ser prioridad gubernamental. La interacción apropiada entre industria, universidad y gobierno podría ser muy útil para el desarrollo del país. Sobre todo aquella relacionada con la pequeña y mediana industria que durante su campaña Fox prometió impulsar.

Pero el ejemplo en el gobierno foxista es contrario a esta visión. Hace ya más de dos años que en el país se realizaron los foros agropecuarios en los que participaron organizaciones de productores, universidades y gobiernos estatales. Toda una interesante forma de participación ciudadana que reunió a más de 5 mil personas. Allí había un material potencial para impulsar el desarrollo del campo. Sin embargo Usabiaga desdeñó el material surgido de este esfuerzo ciudadano y el presidente dio el aval a su secretario. Y como dice el adagio popular, para muestra basta un botón.

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