Desde diciembre pasado, han muerto 32 niños en el Hospital Regional de Comitán, Chiapas, sin que hasta el momento se tenga un diagnóstico confiable sobre las causas que motivaron los decesos. Durante ese lapso tampoco se ha producido un esfuerzo gubernamental que tienda a resolver esta tragedia. La acción del gobierno chiapaneco ha sido tardía y tendiente más a subestimar el problema que a encararlo. Por su parte, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, ha sido indiferente, por lo que ha preferido no involucrarse en el asunto, rehuyendo el más mínimo sentido del deber.

Si tal mortandad se hubiera dado, por ejemplo, en alguna de nuestras grandes ciudades, la respuesta pública sin duda habría sido muy diferente: ambos niveles de gobierno pugnarían por presentarse ante la opinión pública como el más atento y oportuno, el más experto, el más comprometido, el de mayores recursos.

Pero se trata de Comitán, de una pequeña localidad en lo profundo de la selva chiapaneca, y nuestros gobernantes parecen juzgar que allá no merecen su esfuerzo ni los recursos que son del propio pueblo: el Gobernador Salazar Mendiguchía no se ha parado por Comitán y no se diga el Secretario Frenk, más preocupado por obtener un cargo internacional que por atender un asunto de su estricta jurisdicción.

Nuestros gobernantes han de pensar que no son médicos ni enfermeras, y ciertamente no lo son, pero olvidan que sí son servidores públicos con una responsabilidad que protestaron cumplir.

Lo que sucede en Comitán es un ejemplo triste y desgarrador del cuadro completo de exclusión en que vive el campo mexicano, el cual se agudiza en aquellas comunidades con población indígena, las cuales presentan los más elevados índices nacionales de desnutrición, mortalidad infantil, deserción escolar y explotación laboral temprana.

Todo eso se llama miseria, la injusticia social en su expresión más acabada. Si Juárez no hubiera muerto, hoy sentiría vergüenza de que millones de indígenas mexicanos, como él mismo, no hayan accedido, al inicio del siglo XXI, a los derechos y oportunidades por los que él luchó.

Aclarar y resolver lo que pasa en Comitán es un acto de mínima responsabilidad política, ética y moral. Mas el esfuerzo no debe quedarse sólo hasta allí: debe extenderse para comenzar a discutir qué tipo de campo queremos y somos capaces de lograr, a fin de trazar un proyecto de largo plazo para los indígenas y, en general, para los campesinos mexicanos.

La actual política de mera observancia e inacción que ha seguido el gobierno federal sobre lo que sucede en nuestro campo, condena a millones de mexicanos a la derrota, a la agonía. Ni los conservadores recalcitrantes del siglo XIX mostraron tanta insensibilidad.

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