¿Puede la ética social decidirse por métodos democráticos o que se dicen tales? Temas a los que ya nos enfrentamos, como la clonación terapéutica, la manipulación genética, la eutanasia y tantas otras, ¿pueden aprobarse o rechazarse acudiendo sólo a la regla de la mitad más uno? Es extremadamente difícil dar una respuesta al respecto, pero lo más probable es que no: quienes defendemos los principios de una democracia liberal no podemos aceptar, bajo ningún concepto, que los derechos fundamentales del ser humano puedan ser sujetos a una regla numérica.

Pero si dilemas de este calibre, propios de la modernidad, se empiezan a configurar para la sociedad mexicana sin que hayamos siquiera discutido cómo enfrentarlos, resulta todavía más desolador que un tema como el de la pena de muerte se trate con la superficialidad con que se ha hecho en las últimas semanas. La consulta realizada al respecto por el PRI y el PVEM, sin duda tiene una gran dosis de oportunismo político, pero ese no es el verdadero problema para rechazarla: igual dosis tienen las recientes asistencias del Presidente Fox a diversos templos. Luego, ¿si no tuviera tal componente entonces sería legítima?

El problema real es que la consulta planteó una cuestión ética sin saber siquiera que lo hacía. Es decir, implícitamente propuso que la concepción misma del ser humano y sus derechos puede estar sujeta a las mudanzas de la opinión pública. Las implicaciones en el largo plazo son muy delicadas: con la misma autoridad con que lo hicieron el PRI y el PVEM, mañana cualquier otro partido puede proponer, por ejemplo, legalizar la tortura policíaca en los interrogatorios o que ningún delincuente tenga derecho a asistencia legal.

La consulta, además, proyectó el tema como un instrumento del populismo: trató de hacer ver que si hay secuestradores, violadores y políticos corruptos es porque la sociedad no exige a sus partidos penas más severas, sin considerar que la causa efectiva de la actual ola de inseguridad es la altísima impunidad existente, gracias a un aparato de justicia ineficiente. El meollo no es imponer penas más duras, sino ser más exigentes con las autoridades que han prohijado el estado actual.

Una última reflexión sobre el tema: hace dos años la sociedad mexicana era muy optimista sobre los beneficios que le reportaría la democracia. Pasado ese tiempo, vemos que los problemas continúan y a veces hasta se agravan. La falta de resultados ha provocado que muchos políticos propongan la consulta directa a la ciudadanía como la nueva solución a todos los problemas, tal vez tratando de diluir su responsabilidad, pero seguramente buscando una nueva legitimación que no les da su trabajo. En ese escenario, sería muy cómodo colocarse encima de la ley y atribuir toda decisión a la ciudadanía. Pero cuidado, al pervertir tan generoso instrumento podríamos estar erosionando las bases de nuestra libertad. Podrá resultar muy duro plantear la cuestión en estos términos, pero son reales: ninguna democracia puede estar por encima del Estado de derecho y los valores que éste ampara.

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