Una de las características más ilustres de los sexenios pasados era cómo la realidad desmentía la teoría descaradamente. En teoría, vivíamos en una república democrática, federal, representativa y constitucional. Hasta que llegaba la hora de la verdad, el ciudadano trataba con las autoridades y descubría que eso no era enteramente cierto.

Una de las primeras cosas que aprendía es que tener la razón no dependía de los hechos demostrables, sino de la buena o mala gana de las autoridades, que hacían en el favor de conceder la razón al ciudadano, si así convenía a sus intereses, sobre todo, respecto a las autoridades inferiores o pasadas. Porque a las máximas autoridades no se les podía demostrar nada: no había leyes, reglamentos, normas, antecedentes, peritajes, pruebas científicas, fotografías, grabaciones, abogados ni testigos que valieran por sí mismos. Por eso, la mayoría de las veces, se tenía que rogar a las autoridades que de la gigantesca razón que poseían, le concedieran siquiera una poca al ciudadano.

Ni por asomo puede pretenderse que eso todavía suceda en la actualidad, pero ha sido gracias a la valentía de los ciudadanos, no porque la autoridad se asuma ahora como falible. Al contrario: si en algo se parecen los actuales gobernantes del PAN a los del PRI, es en su virtuosa convicción de que siempre tienen la razón, una razón endosable por lo demás, capaz de trasladarse hasta los cónyuges y los amigos. Y cuidado con el ciudadano que se meta con ellos.

Todo esto viene a cuento por el sainete protagonizado desde hace unos días por el presidente Fox y Eduardo Fernández. Sería injusto con los ciudadanos pretender que el señor Fernández es sólo un ciudadano más. Por el contrario: cuando él fue muy alta autoridad, seguramente se comportó con la misma infalibilidad y arrogancia que ahora padece. Pero la ley sin más, no puede pretender castigar comportamientos ajenos a los propios hechos, porque entonces estaríamos frente a una ley del cielo y el infierno, no frente a la ley a secas. Por ello, toda acusación contra él debe sustentarse jurídicamente, lo que ha faltado precisamente.

Para acallarlo, se ha montado una abusiva campaña en su contra en los medios, se le incomunicó durante 30 días (¿había motivo valedero para eso?), se desenterraron testimonios que no tienen nada que ver con su proceso, se le acusó al vapor una vez detenido, se arrestó a sus choferes y lo peor: todo ello sustentado en una simple carta de alguien que ni lo conoce y que, hasta donde se sabe, ni siquiera ha sido ratificada.

La máxima autoridad del país tiene todo el derecho del país de defenderse contra todo tipo de imputaciones. Pero lo debe hacer con la ley en la mano, para que su proceder no sea considerado como artimaña. Lo debe hacer con hechos y argumentos ciertos, no concibiéndolos a través de otras autoridades, usando a las instituciones como cosa de su propiedad. Lo debe hacer, finalmente, con prudencia y limpieza: su proceder será ejemplo para otras autoridades. Y para los ciudadanos que queremos vivir, por fin, en una república democrática, federal, representativa y constitucional.

Derecho a réplica y comentarios: salvadorordaz@partidoliberalmx.org