Respondiendo a su tradición y al más pedestre pragmatismo de los votos, el único partido que ha acudido en defensa de la intromisión electoral por parte de los obispos católicos ha sido el Partido Acción Nacional. No es de extrañar que Luis Felipe Bravo, presidente nacional del PAN, y su presidente en el Distrito Federal lo hayan hecho: durante años, ese partido se ha beneficiado del proselitismo a su favor por parte de la alta jerarquía católica. Durante más de 70 años, el fraude electoral en México no se circunscribió únicamente a instrumentos como el ratón loco o la operación tamal: también hubo manipulación desde los púlpitos y compra de votos desde las sacristías, donde el principal beneficiario fue el PAN.

De cualquier forma, no deja de ser una lamentable confusión la que establecen los dirigentes del PAN, al hablar de la libertad que tendrían los obispos para inmiscuirse en materia electoral y que buscan distraer de lo esencial: no se discute la libertad de los obispos para tener opiniones propias respecto a los partidos y sus propuestas; como todo ciudadano, pueden tenerlas. Lo que se trata es de si deben divulgarlas en su carácter de obispos, abusando de su cargo, utilizando los instrumentos de su misión pastoral (misas y sermones, cartas pastorales, hojas parroquiales, mensajes a la feligresía, etc.) y estigmatizando a partidos y candidatos concretos.

No deja de ser paradójico (o cínico, según se vea) que quienes están en contra de la libertad, ahora se escuden en ella, que quienes no desean que los mexicanos voten según su leal saber y entender sean ahora los que se digan dignos representantes de la misma libertad que atacan. En el Partido Liberal Mexicano creemos, en síntesis, que no es lícito ni moral que los obispos y sus voceros del PAN hablen de la libertad que les asiste mientras atacan el Derecho que da forma y vías de expresión a esa libertad.

Desde hace mucho tiempo, el PLM se ha pronunciado en contra de la actividad política de la Iglesia y la aparente complacencia que tiene en el Gobierno Federal. Tal actividad parece que no se detendrá, en vista de las declaraciones envalentonadas de personajes como el cardenal Juan Sandoval y el arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié, quien acaba de exigir a los políticos, no sabemos si como ironía o como amenaza, que cesen los ataques a los obispos infractores porque "los obispos siempre vamos a sus funerales".

Pero si los obispos, con el apoyo del PAN, no dan visos de detener su actividad política, ¿quién debe obligarlos a hacerlo? Sin ningún género de dudas debe ser el gobierno de la República, aunque hasta ahora no haya ido más allá de lo declarativo. El Gobierno Federal debe actuar como corresponde en este caso, sin importar la intervención oficiosa del PAN: aplicando la ley contra los infractores.

Hay ciertos valores que el Estado está obligado a imponer. Por ejemplo, las libertades políticas, que deben ser tuteladas e impuestas si se hace necesario. Si a los ciudadanos se les quiere conculcar su derecho a la emisión libre y responsable del voto, el Estado tiene la obligación de hacer prevalecer esa garantía constitucional. Pero el gobierno de Fox no lo ha hecho hasta ahora, ¿buscando beneficiar a su partido?

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