Es poco sabido que en el Servicio Exterior Mexicano se ha practicado por décadas una doble política, una doble moral. El silencio cómplice al interior del SEM ha servido para ocultar la existencia de mafias que han dispensado toda clase de favores y privilegios a los cuates, a los compadres, y ha aplicado mano dura contra quienes no comparten sus corruptelas, sin importar la abierta violación al orden jurídico y actuando con absoluta discrecionalidad. Los concursos de ascenso han sido un instrumento más para perpetuar esta práctica, y han sido utilizados como cortina de humo para otorgar a los favoritos en turno las plazas que a cuentagotas pone la SRE para ser concursadas, con base en criterios hechos a la medida para seguir manteniendo el control del personal del SEM mediante los favoritos seleccionados para ascender y ocupar los puestos más altos desde los que preservan sus privilegios y reprimen cualquier asomo de inconformidad o disenso.

Este estado de cosas lo hemos conocido a través de las denuncias de un grupo de miembros del propio SEM que no han permanecido en el anonimato, sino que con la clara conciencia de la libertad de expresión y de imprenta que ampara nuestra Constitución política, y en ejercicio de sus derechos ciudadanos, han formulado a plena luz del día y difundido a quienes han querido escuchar.

Ismael Orozco Romero, Luis García y Erdman y Antonio León Zárate sufrieron represalias y la baja del SEM por denunciar la falta de transparencia en los resultados del concurso y la ilegalidad dentro de la metodología; en particular no haber tomado en cuenta la antigüedad relativa, que es la antigüedad en el rango, cuando pasaron entre 25 y 30 años con apenas unos cuantos ascensos por no ceñirse a las prácticas mafiosas, mientras otros lograron escalar puestos en apenas siete meses dentro de la diplomacia.

Por haberse inconformado, Orozco Romero, García y Erdman y León Zárate fueron castigados enviándolos en 2002 a lugares considerados por el propio SEM como de riesgo, pese a que García tiene una madre de 84 años, incapacitada y con una enfermedad llamada acalacia, que por las condiciones salubres de Haití, a donde lo enviaron, era inviable; a Orozco lo regresaban a Israel donde estuvo hace algunos años, pero en el mismo puesto que ya había ocupado y en peores condiciones por el estado de guerra que se vive, mientras que a León Zárate lo comisionaron a Tailandia, con su madre enferma y de 104 años de vida, pese a que, al igual que García, son los únicos familiares que tiene.

Ya Arturo Ponce Guadiana, consejero que se encontraba en la misma situación por un traslado a Argelia, logró que los tribunales resolvieran a su favor, porque logró demostrar que el movimiento al que sería sometido se trataba de una forma a través de la cual Jorge Castañeda intentó golpear a su ex amigo Adolfo Aguilar Zínser, con quien Ponce Guadiana trabajaba en Naciones Unidas.

El asunto es que siempre ha existido en la SRE un subsecretario que ha sido presidente de la Comisión de Personal, quienes junto con el oficial mayor en turno, se convierten en los capos visibles, pues tienen que ver con las medidas disciplinarias, los traslados, los ascensos y otras. Así lo han hecho Carlos de Icaza, Sergio González Gálvez y actualmente el que decide es Pablo Gómez Morales, quien hace algunos días fue denunciado públicamente como el operador financiero de K-Beta y conocedor clave de las operaciones de los Amigos de Fox a través de las empresas de Lino Korrodi.

Hace algunos meses, tras la salida de Jorge Castañeda como canciller, su amigo de la adolescencia Gustavo Iruegas se manifestó como presuntamente lastimado por las arbitrariedades del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, pero fue él precisamente quien en mayor medida aplicó las irregularidades de las que ahora se quejan los tres diplomáticos de carrera, los que hoy pelean sus derechos en tribunales, y a quienes les suspendieron el salario en México, y que como una medida de presión, los enviaron a los lugares donde fueron asignados antes de darlos de baja.

En cambio, el manejo de privilegios acredita la existencia de que hay integrantes del SEM, quienes sin haber prestado servicios durante 22 años en la diplomacia mexicana tienen una antigüedad acreditada de más de 30 y que tendrá efecto para la hora de las pensiones, según el llamado "Libro del Escalafón del SEM".

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