A Vicente Fox, Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo les urge completar la privatización de la industria energética iniciada fuera de la ley por Carlos Salinas y continuada por Ernesto Zedillo. La razón es muy sencilla: México está obligado a seguir los lineamientos del Consenso de Washington debido a los compromisos adquiridos por nuestro país para que el Banco Mundial lo salvara de la bancarrota en que se encontraba, tras el desastre financiero dejado por José López Portillo en 1982. Pero también porque directa o indirectamente han sido beneficiarios del poder y de los "negocios" tras bambalinas que se han desarrollado con la privatización de los bienes de la Nación en los dos sexenios anteriores.

De manera chantajista, los distintos gobiernos de la República de la etapa neoliberal han promovido el desmantelamiento del Estado Mexicano con la excusa de poder financiar los programas de gasto para privilegiar el crecimiento, a través del desarrollo de infraestructura e inversión en capital físico y humano. Sin embargo, fueron vendidos los bancos, las empresas de la industria siderúrgica y metalúrgica, los ingenios, los ferrocarriles, Telmex y otros activos más, y el país aún adolece de herramientas para acrecentar el mercado interno y el desarrollo. Por el contrario, tal parece que la intención es frenar tal desarrollo con tal de convertir al país en un gran ejército de obreros maquiladores con bajos salarios, como los de los chinos.

El problema esencial, sin embargo, es que las principales empresas del Estado como son la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, además de soportar la pesada carga de la corrupción que impera entre sus funcionarios y trabajadores de base, también llevan a cuestas la fiscal donde el Estado les quita más del 40 por ciento de sus ingresos por impuestos de aprovechamiento (esto es, pago al Estado por las riquezas en el subsuelo o la utilización del agua de los ríos para generar energía), de tal forma que no les permite crecer, convertirse en las empresas poderosas que debieran ser financieramente, y hoy están casi listas para caer en manos de los inversionistas privados, sean mexicanos o extranjeros, que a la postre es lo mismo pues siempre encuentran forma de entregarlas al capital del exterior.

Y todo porque existe la excusa de que México debe hacer frente a sus gastos de largo plazo debido a su ineficiente sistema de recaudación. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, órgano del Consejo Coordinador Empresarial, "México destaca por tener una de las cargas tributarias más bajas, en especial cuando se compara con otros países, sobre todo los desarrollados (?); es el de menor recaudación dentro de los países de la OCDE, lo que limita el desarrollo de capital físico y humano, y por lo tanto el crecimiento".

El documento en cuestión menciona que el problema de baja recaudación tiene diversos orígenes, entre ellos la utilización del sistema tributario como mecanismo de redistribución de la riqueza, puesto que las exenciones del sistema buscan proteger a los grupos de menores ingresos, y las distorsiones impuestas generan una pérdida de capacidad recaudatoria. Pero esto también ha sucedido con las grandes empresas y los bancos a quienes el gobierno les otorga exenciones fuera de la norma.

Además, la existencia de fuentes de ingresos públicos no recurrentes como los precios del petróleo, los ingresos arancelarios cada vez menores y la venta de los activos del Estado han permitido cumplir con el gasto público y pospuesto una reforma fiscal integral. No hay duda de que la volatilidad de los ingresos no recurrentes impide recomendar la planeación de gasto de inversión de largo plazo con fuentes inestables, a no ser como hoy lo pretende el gobierno, con los Contratos de Servicios Múltiples en PEMEX o los Pidiregas en la CFE y el propio PEMEX, además de la apertura indiscriminada que pretenden para legalizar los entuertos de Salinas y Zedillo.

Por los altos niveles de deuda y compromisos de gasto futuro, sin fuentes alternativas de ingresos, la política hoy debe ser: tolerancia cero a mayor déficit público. La clave, entonces, está en encontrar un sistema flexible, sencillo y por tanto eficiente para recaudar, y sólo con base en impuestos sobre el consumo se podrá elevar el ahorro e inversión. Sobre todo ahora que la gran mayoría de la base laboral se encuentra orientada al autoempleo, lo que se traduciría en un mayor crecimiento económico y generación de riqueza porque los impuestos al consumo son más simples, neutrales y más sencillos de recaudar.

Este es el gran debate que debió darse previo a la reforma eléctrica que parece estar en marcha para consumarse en la segunda quincena de enero de 2004. ¿O será que es más fácil seguir los lineamientos del extranjero, deshacerse de los bienes más importantes del país para obtener el dinero que se necesita, que pensar y aterrizar una reforma fiscal sumamente necesaria y que debe basarse en principios de equidad donde se busque que todos los miembros de la sociedad paguen conforme a su nivel de ingreso (equidad horizontal) y de forma progresiva (equidad vertical) gravando más a aquellos con una capacidad contributiva mayor?

Así es como gobiernan Vicente Fox desde el Poder Ejecutivo y Madrazo y Elba Esther desde el Legislativo: para ellos y sus intereses, no los de la Nación.

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