Al principio del sexenio foxista nos enteramos de que las campañas presidenciales de al menos el PRI y el PAN habían sido financiadas en parte por recursos ilegales, una por el "Pemex-gate" y la otra por "los amigos de Fox". Durante las últimas semanas hemos sido testigos de diversas denuncias sobre actos ilícitos de funcionarios públicos, como los escándalos del "niño verde" o de personajes importantes del partido del "sol azteca" en el DF; lástima que esto lo tengamos que saber primero por la vía de videos en los medios televisivos. Lo anterior no significa necesariamente que la corrupción esté aumentando o que estemos frente a la respuesta a una demanda social, sino que ahora existe mayor libertad en la difusión informativa, además de que nos aproximamos cada vez más a las elecciones del 2006, por lo que de acuerdo a las leyes de la política "todo se vale" y hay que tirar a como de lugar a los posibles sucesores de Fox que se encuentran con mayores índices de popularidad; el que parece que gana con esto es el PRI.

¿Cuál es su origen? El origen de la corrupción no está necesariamente ligado al tamaño del Estado, sino a la manera como éste opera y realiza sus funciones. Esto es, al marco institucional existente y que define el proceso de toma de decisiones, los mecanismos de control institucional, la selección y promoción de la burocracia, la transparencia en el marco legal o los esquemas de penalización. Recordemos simplemente casos como el de narcotraficantes que "huyen por la puerta" de las prisiones, de los fraudes bancarios, del contrabando y la piratería, de las Muertas de Juárez, etc. Todo lo anterior no sería posible sin la colaboración de las autoridades responsables.

La corrupción ha existido desde hace mucho tiempo. Se sabe que afecta seriamente las finanzas públicas y contribuye a aumentar la desigualdad en el ingreso de la población. Esta corrupción se convierte en un impuesto arbitrario para las mayorías, que distorsiona incentivos, reduce la inversión productiva y la eficiencia en el gasto público y, por lo tanto, disminuye nuestra tasa de crecimiento. El Sistema Económico Latinoamericano, SELA, considera que los costos asociados a la corrupción e ineficacia administrativa frenan la inversión extranjera directa en la región.

¿Cuánto pagamos en corrupción? Una familia común gasta aproximadamente 6.9% de sus ingresos en mordidas, que al año deja una un total de 23 mil 400 millones de pesos, dinero que se va de los bolsillos de las personas. Un estudio de transparencia mexicana demuestra que los estados más corruptos son: el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Puebla y Jalisco.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, los actos de corrupción le cuestan a México 60 mil millones de dólares anuales o el equivalente a cuatro veces los ingresos por exportaciones petroleras, lo que representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra, además de impactante es más importante si consideramos que en el primer tercio del gobierno foxista sólo hemos crecido 0.6% en promedio anualmente y que el porcentaje del PIB destinado a educación es mucho menor.

Cuando se habla de los costos de la corrupción, no se toma en cuenta que a pesar de que esos costos son pagados por la sociedad entera, afectan especialmente a los más pobres, quienes están a merced de malos funcionarios para cualquier trámite y de arreglos clientelares en la aplicación de la justicia; los pobres son también quienes más requieren de servicios públicos como educación y salud, por lo que una disminución en la calidad de estas prestaciones afecta directamente su bienestar.

Cuando un país alcanza altos niveles de corrupción y degradación institucional, como en el caso mexicano, de acuerdo a las encuestas y los hechos, puede aumentar lo que en el ambiente financiero se conoce como "riesgo país". Esto significa que cuando el gobierno, un banco o algún inversionista solicite un préstamo internacional, se verá obligado a pagar un interés más alto por el uso del dinero debido al riesgo mayor que exista en la operación. Por su parte, en el sector público, la corrupción puede provocar un desplazamiento de las inversiones hacia actividades que produzcan mayores beneficios al funcionario corrupto que al país, o donde sea más fácil establecer mecanismos para efectuarla. Por ello, es común encontrar que nuestros políticos corruptos prefieren invertir en obras públicas por encima de la inversión en educación, lo que ocasiona distorsiones en las ya de por sí precarias políticas que fomentan el desarrollo.

¿Se puede medir la corrupción? La corrupción en el gobierno, en las empresas y en cualquier organización social es una actividad que generalmente se mantiene oculta y en muchos casos la complicidad, el miedo a presentar una denuncia y la habitual discreción de los involucrados consiguen cubrir los rastros del perjuicio. Ese es uno de los motivos por los que los instrumentos utilizados para medir los niveles de corrupción son índices de percepciones o bien, de cómo la población de un país advierte o estima la gravedad del problema de corrupción en su entorno social.

¿A quién favorece y a quién perjudica más? Se sabe que en los países en los que se perciben altos niveles de corrupción, el ingreso per cápita es menor; la distribución del ingreso es más injusta; hay bajos niveles de inversión extranjera y nacional, así como bajos niveles de crecimiento económico. El grado de desarrollo de un país está relacionado negativamente con los niveles de percepción de la corrupción, por lo que podemos decir que ésta es una de las características del subdesarrollo.

La corrupción hace que se destinen recursos públicos a proyectos en los que hay más probabilidades de obtener un beneficio personal, mejor conocidos como "elefantes blancos", a costa de las prioridades del desarrollo del municipio, del estado o del país. Estos "paquidermos" no solamente alejan recursos de las necesidades reales de inversión, sino que con el afán de lucro, sus promotores suelen transgredir normas de seguridad y de protección al ambiente, causando pérdidas adicionales para la sociedad y para el ecosistema.

El relajamiento en las normas jurídicas promueve la corrupción, favorece el fraude, la evasión fiscal y el crecimiento de economías informales. La corrupción también lastima a los sistemas de procuración e impartición de justicia y reduce en general la calidad de los servicios públicos. La corrupción no solamente genera más corrupción, sino que promueve la impunidad y limita la capacidad de los gobiernos para combatirla, creando un círculo vicioso que de no detenerse, puede crecer y volverse incontrolable.

¿Qué lugar ocupa México en corrupción? De acuerdo con Transparencia Internacional, siete de cada diez países tienen menos de 5 de calificación (sobre 10 puntos). México obtuvo 3.6, ocupando la posición número 64 de 131 países. Lo más preocupante del dato, es que naciones como Colombia y Brasil tienen mejores cifras. En los primeros lugares de esta lista (menos corruptos) aparecen: Finlandia, Reino Unido, Estados Unidos, Chile y Japón.

¿Es un alivio saber que no estamos solos? La corrupción colombiana sobre el gasto público cuesta cada año más de 3 mil millones de dólares. El 50% de los contratos públicos está sujeto a sobornos, en promedio por el 19% de su valor; cada año se desvía, en promedio, el 11.4% de los recursos presupuestales para fines irregulares y distintos de su asignación original; y el 20% de los cargos públicos se consideran comprados por los políticos. Los hogares están pagando un 7.8% de su ingreso en sobornos por recibir servicios del Estado (los más pobres pagan más: el 14%) o por pagar impuestos. El simple costo económico directo de la corrupción, del 7.9% del PIB, resulta el doble del costo directo de la violencia que sufre ese país.

Otro aspecto relacionado con la corrupción es el contrabando. Este "mal" en México es tan grave, que en el 2003 se decomisaron 800 mil pares de zapatos, tres millones de prendas de vestir, 169 mil rollos de tela, 59 mil botellas de vino, 685 mil juguetes, 518 mil aparatos electrónicos, tres millones de discos compactos y mil 335 vehículos. Con lo anterior, no entiendo cómo es posible que lleguen los artículos "chuecos" hasta por ejemplo Tepito, la Lagunilla, al Eje Central o a cualquier otro punto de las ciudades importantes de nuestro país sin que haya sido detectado antes por nuestras autoridades en las aduanas o inspecciones. Tengo dos opciones de respuesta: o están coludidas las autoridades, o los contrabandistas realizan actos equiparables a los de Houdini.

La corrupción le cuesta a una sociedad en recursos económicos, en bienestar, en seguridad y en calidad de vida. Los costos sociales que representan la pérdida de oportunidades de crecimiento y desarrollo, el deterioro del medio ambiente y de la seguridad pública, tener servicios públicos deficientes y una injusta distribución del ingreso son muy altos e imposibles de medir. Por desgracia, el avance democrático no garantiza la eliminación de este mal y se requiere de acciones radicales que modifiquen de manera profunda este marco institucional, ya que se está minando la credibilidad que la sociedad tiene en sus dirigentes y en sus políticas públicas y que nos puede condenar a un persistente bajo crecimiento, menor bienestar y mayores desigualdades.

Para que un país goce de altos índices de crecimiento económico es necesario que exista una justicia fiable, expedita, eficiente, barata y predecible; y en México, lamentablemente, la justicia es selectiva, ineficiente, cara y poco confiable, por lo que se debe, además de lo anterior, combatir al lavado de dinero, y que la sociedad civil participe más activamente en la lucha contra la corrupción, para vigilar y exigir tribunales que verdaderamente sean independientes. Mientras nosotros perdemos el tiempo en escándalos de corrupción, otros países se dedican a mejorar en capacitación y en su competitividad. ¡Lástima!

Réplica y comentarios al autor: jjordian@hotmail.com