Toda vez que falló la estrategia de promoción de México para conseguir los 18 mil millones de dólares que se esperaban para el 2003 en inversión privada, ya fuera en petróleo, gas o electricidad, en el marco de una "reinvención total de la petroquímica mexicana", resulta alentador el banderazo de arranque que dio el presidente Fox al proyecto petroquímico más grande del sexenio: el Fénix, que implicará inversiones por alrededor de dos mil 700 millones de dólares, y que constituye el último bastión de la actual administración para trascender, dado el estrepitoso fracaso de su gabinete por consolidar el fallido megaproyecto del aeropuerto de la Cuidad de México.

Las dos opciones para la construcción de este complejo son Coatzacoalcos, Veracruz y/o Altamira, Tamaulipas, que ayudarían a sustituir importaciones por alrededor de 3 mil millones de dólares anuales. Este complejo estaría encabezado con no más del 49% de participación por Pemex y el resto entre dos firmas mexicanas, Indelpro, Grupo Idesa y la canadiense Nova Chemicals.

Dado que la participación accionaria de los socios será definida en los próximos seis meses, bien haría el Congreso de la Unión para legislar en el sentido de que en los próximos 10 o 20 años ninguno de los funcionarios -incluyendo al presidente Fox- que participen en las negociaciones respectivas, podrá ser socio, empleado o consejero de dichas empresas. Este mecanismo daría transparencia y contribuiría a romper ese fatal circulo vicioso de desconfianza sistemática en este tipo de operaciones magnas.

Hay que decirlo, la parálisis legislativa que estamos viviendo y que impide avanzar en las famosas reformas estructurales, es debido a que hemos aprendido por tristes experiencias -y la lección ya está fuertemente arraigada en el colectivo imaginario- que privatizar es sinónimo de corrupción.

No es de gratis que ocupemos el lugar 15 de los países más corruptos en el continente americano, ni se olvida que funcionarios de altísimo nivel que participaron en la privatización de ferrocarriles mexicanos, hoy tienen una silla en el Consejo Directivo de esas transnacionales.

Ahí están las empresas poderosas como TV Azteca y Telmex. Ayer formaban parte del patrimonio nacional, y hoy, como empresas privadas, reportan ganancias netas que rebasan los 400 millones de pesos, una, y la increíble cantidad de 6 mil 705 millones de pesos, la otra. La pregunta sería: ¿realmente fuimos incapaces como gobierno de generar los mismos márgenes de utilidades?

Con los controles correspondientes, es fundamental para la vida de México la implementación del Proyecto Fénix, no sólo por los beneficios ya citados, sino porque representa un viraje de timón gubernamental transexenal que apostaba a la extinción por inanición de este importante sector, y así justificar la venta y privatización en sus diferentes niveles y ramas derivadas de la industria petroquímica nacional.

Tal parece que por fin se convencieron de que en México los trabajadores petroleros son lo suficientemente capaces de hacer con la industria petroquímica lo que en el pasado se hizo con Pemex; que no falta la imaginación para asimilar las tecnologías modernas; que el gran desafío en este último bastión del quehacer foxista, será generar los recursos con qué adquirirlas.

Ojalá y realmente se entienda -de una vez y para siempre- que el petróleo es nuestro y la industria derivada tiene tanto valor que significa mucho más que el petróleo mismo. Los mercaderes que nos asedian saben muy bien lo que esta industria vale. Por eso han querido comprarla. Si esta poderosa industria estuviera realmente en quiebra, no habría interés alguno en pujar por ella.

El Proyecto Fénix es el principio. Enhorabuena. Hago votos para que nuestras próximas generaciones ya no tengan que comprar gas ni gasolinas derivadas de nuestro petróleo.

En lugar de devastar a Pemex, es imprescindible proporcionarle los instrumentos jurídicos, operativos y financieros para lograrlo.

Réplica y comentarios al autor: salvadorordaz@hotmail.com