Hace unos días se recrudecieron los conflictos de los pobladores con la empresa gubernamental que provee el fluido eléctrico por todo el país: La Comisión Federal de Electricidad (CFE). En Tabasco, incluso, se realizaron marchas y se apostó a realizar negociaciones, a todos los niveles, con el fin de encontrar una ruta real de solución a situaciones de hecho -como la "resistencia civil", que desde hace nueve años se realiza en muy diversos rumbos de la entidad, para no cubrir los pagos del suministro, pero impidiendo los cortes a su utilización-.

Esta situación se presenta a lo largo y ancho del territorio nacional, incluida la capital de la República, en donde, además, se aprecian miles de cables "colgados" de las líneas de transmisión, que por muchos años han permitido gozar del fluido eléctrico a muchas familias, sin restricciones -salvo accidentes, por lo general mortales, de quienes realizan las conexiones-. Los problemas con los usuarios, no son sólo de pobreza y hasta miseria -que les hace colgarse o no pagar-, sino que tiene que ver con las irregularidades del servicio -que a veces provocan serios problemas en las líneas de producción de las empresas, o daños a diversos aparatos, incluso caseros, que usan electricidad-.

Seguramente, el asunto fundamental es la tarifa o las tarifas, ya que se manejan algunas preferenciales, sin revisión en varios lustros, mismas que afectan la economía de regiones enteras -como el sureste-, a pesar de cambios climáticos severos que modifican las razones de las anteriores. Esta es seguramente la razón profunda de la "resistencia civil", que se acentúa porque el subsidio que existía en muchos lugares, ya no se aplica y es imposible pagar más de mil millones de pesos en deuda, sin el "borrón y cuenta nueva" o el apoyo gubernamental, como ya ocurre en algunos estados.

Rojas Nieto, con apoyo en información del Edison Electric Institute, coloca las tarifas mexicanas junto a lo que se paga en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países, en donde, por cierto, la intervención del Estado crece, ante las fallas de la privatización, que iba a crear un mercado eléctrico, lo que no ocurrió nunca y los precios aumentan, manipulados. Por ello, se busca redefinir la desregulación a que han llegado; incluso, a revertir la privatización, de la que ya están escarmentados.

Estos temas, como el desarrollo de la producción, se resolverían si la CFE no fuera sangrada para usar sus recursos en otros asuntos. En la práctica, CFE posee capacidad para financiar proyectos de ampliación de generación, si vemos que durante el período 1992-2002 la inversión efectuada por la entidad, de 134.7 miles de millones de pesos, pudo cubrirse con la utilidad neta (31.4 mmp) más la depreciación (112.4 mmp). El asunto eléctrico en el país es grave. No tanto por falta de recursos -que serían suficientes con los ingresos de la CFE-, sino porque no hay planes futuros en que no cuente primordialmente el capital transnacional. Del Poder Judicial se espera una decisión vital: se cumplen o no las disposiciones constitucionales relativas a la generación de energía eléctrica. ¿La Comisión Reguladora correspondiente viola el espíritu de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, configurando un fraude a ese instrumento, al otorgar permisos de autoabasto y producción independiente? La Ley propicia una fuente complementaria de energía eléctrica. ¿Otorgar 250 autorizaciones a empresas privadas, que operarán, a principios del 2005, 9,300 megawatts destinados a producir 65 terawatthora por año, igual al 33% nacional, será cumplir con ella? El Congreso ganó una controversia: la Suprema Corte declaró inconstitucional la parte relacionada con tan desorbitadas normas administrativas. Las comisiones de puntos constitucionales de las cámaras federales solicitaron a la Auditoria Superior de la Federación examinar si la Comisión Reguladora de Energía se ajustó a la ley, en lo concerniente a los permisos otorgados y al uso "barato" de la red de transmisión de la CFE. El organismo denunció la privatización clandestina de nuestra industria eléctrica.

Quien controle la energía, tendrá el poder. Urge revisar el presente y futuro de la empresa, con participación de todos sus actores. Trabajadores, directivos y usuarios diversos, tienen mucho que decir y actuar -incluso ante instancias judiciales- para que el Congreso de la Unión logre un plan de desarrollo para el sector, parte integral de la planeación democrática que urge para la nación.

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