"...las grandes mareas y corrientes que sumergen al resto de los hombres no cambian su curso para no bañar a los jueces."
Benjamín Nathan Cardozo

La República está enferma, múltiples males la aquejan, y uno de ellos es la ya crónica disfuncionalidad entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. El mal amenaza metástasis, y está lacerando otras zonas del cuerpo republicano; porque más allá del dolor que implica el estancamiento de las famosas reformas estructurales en materia fiscal, laboral o energética; más allá de la herida provocada por la ola de asesinatos sin resolver a lo largo del tiempo, y a lo ancho y largo de nuestro territorio; más allá del brutal clima de inseguridad y violencia que padecemos un día sí y el otro también; mas allá del cáncer social de la desigualdad que hace que haya muy pocos que lo tengan todo y muchísimos que carecen de lo más indispensable; más allá de la anemia paralizante provocada por un gobierno incapaz de generar acuerdos; más allá de un Congreso ya afectado por una dependencia excesiva a limitados intereses partidistas; más allá del angustioso estrés que sufren los miles de compatriotas que cada vez intentan cruzar la frontera norte en busca de mejores horizontes; más allá de todo, sigue existiendo, como aire que se agita en lo más profundo de nuestra conciencia, la convicción íntima, alentadora, de que el cuerpo va a sanar, que la enfermedad dará paso a la salud social, que el mal no puede durar para siempre, que las épocas mejores son las que están por llegar.

Los tiempos y las circunstancias que vive nuestro país colocan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el último de los baluartes de certidumbre, confianza y esperanza. Si ésta no se refrenda, habremos perdido como nación no sólo la expectativa por mejores tiempos, sino también la paciencia. Para cualquier sistema o régimen, esto sería mortal por necesidad.

Las constantes controversias constitucionales que se someten ante la SCJN hacen de ésta el fiel de la balanza de los últimos tiempos. Como nunca antes, se impone la necesidad de analizar no solamente quiénes son los supremos jueces que la integran, qué hacen, cómo y cuándo actúan, sino también por qué adoptan sus decisiones.

Si aceptamos los procesos de jurisdicción como técnica principal para resolver conflictos entre individuos y grupos a fin de que se consiga el máximo consentimiento por parte de los afectados -y en algunos casos extremos es el mismo pueblo-, la imparcialidad de éstos presupone eliminar la posibilidad del uso de la fuerza y la violencia, y el desarrollo de escenarios más, mucho más catastróficos para la vida de nuestra nación.

La controversia constitucional anunciada por el presidente Vicente Fox ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Cámara de Diputados en materia presupuestal, coloca a ésta en un crucial predicamento ético, sobre todo después de que su Presidente, el ministro Mariano Azuela, reclamara a la Cámara de Diputados, durante su informe de labores, el recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación de más de cinco mil millones de pesos.

En el otro lado de la moneda está la necesidad de definir de una vez y para siempre lo que puede hacer o no cada poder en materia presupuestal.

Para iniciar la recuperación de un México enfermo, necesitamos jueces preparados, inteligentes e imparciales. Es mucho lo que está en juego.

Réplica y comentarios al autor: salvadorordaz@hotmail.com