En diferentes partes del mundo, empezando por los Estados Unidos, se advierte a los ciudadanos que viajan hacia México que extremen precauciones dada la inseguridad que priva en nuestro país.

Pese a la advertencia de los expertos de que la situación que sufría Colombia hace 20 años podía eventualmente trasladarse a México, hoy podemos decir que el destino nos alcanzó y el poder que detentan los capos del narcotráfico es tal y tan evidente -tanto de los que están presos como los que están en libertad- que ha obligado al presidente Fox a declarar un virtual estado de alerta en todos los centros penitenciarios del país, incluyendo a las prisiones de máxima seguridad, así como redoblar los esfuerzos del Estado en la "madre de todas las batallas" contra las poderosas fuerzas del narcotráfico.

Nos sentimos congratulados de que el presidente Fox suspendiera su descanso semanal para estar en comunicación permanente con los integrantes de su Gabinete de Seguridad, a fin de evaluar las acciones contra el crimen organizado que con toda enjundia ordenara la semana pasada. Pero la sangre derramada de muchos inocentes y la existencia misma del Estado de derecho debe impedir que el llamado presidencial se convierta en llamarada de petate.

Es tal la envergadura de la crisis, que se requerirá mucho más que la suspensión de un descanso semanal para encarar con toda fuerza y vigor el abierto desafío presentado por los jerarcas de la droga al gobierno mexicano.

Para empezar -sólo para empezar- y dada la manifiesta descomposición del sistema penitenciario nacional, es ya urgente considerar y acelerar -sin falsos y exacerbados nacionalismos- los procesos de extradición de los principales jefes del narcotráfico en México solicitados por el gobierno de los Estados Unidos; después, será obligación inminente profundizar en la modernización integral de nuestro sistema de cárceles, en las que sin detrimento excesivo de los derechos humanos, los presos jefes no puedan ya seguir interactuando con todo el poder fáctico y económico hacia el exterior como ahora lo hacen. Muchas vidas dependen de ello. No sólo eso, sino que también se reduciría la posibilidad de que un día nuestros hijos o familiares y amigos caigan en las garras de su mortífera influencia.

En tiempos de emergencia se deben aplicar medidas de emergencia, y en esta "madre de todas las batallas" y de manera excepcional se deberá dotar de mayores facultades discrecionales a las fuerzas del orden, a efecto de que en un marco normativo, pero amplio, las decisiones de las policías estén determinadas por la moral social. Eso es todo. El problema de la moral es el de asegurar la lealtad al derecho como fundamento de sus facultades decisorias.

La profesionalización de la policía será posible cuando su función pública esté debidamente considerada y recompensada no sólo con una remuneración económica digna, sino también con un futuro asegurado.

El gran reto del Estado es crear aquella mística de servicio público que permita crear las circunstancias más favorables para la mejor dedicación al servicio y para una moral profesional más desarrollada en toda la gama de policías que existen en nuestra nación.

No puede haber más demora o indiferencia. Necesitamos fuerzas de policía perfectamente organizadas, disciplinadas y equipadas, con adiestramiento y suficiente formación profesional, con respeto a la legalidad en su comportamiento frente a los ciudadanos y una mayor capacidad de maniobra frente a los delincuentes.

Réplica y comentarios al autor: salvadorordaz@hotmail.com