Aprovechando el pánico existente entre los ciudadanos norteamericanos, la Administración Bush se apresta a aplicar varias medidas que suponen un grave quebranto de los derechos civiles y las libertades individuales. Aunque su constitucionalidad sea más que dudosa, otros países pretenden seguir el mal ejemplo rigorista de EE.UU.

Bajo el ampuloso nombre de PATRIOT Act (Provide Appropiate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism), encontramos una batería de medidas tales como la pérdida del secreto profesional debido entre abogado y cliente, la intervención de comunicaciones telefónicas y por internet, la detención por espacio de siete días sin necesidad de presentar cargos ni de permiso judicial, detención que puede convertirse en indefinida si el fiscal general aprecia "sospechas razonables", la autorización al FBI para registrar domicilios sin orden judicial y sin avisar al propietario, utilizar la tortura como medio para la obtención de confesiones por parte de los detenidos, la ocultación de pruebas a jurados y abogados y su posible manipulación, y el establecimiento de tribunales militares de excepción para juzgar a presuntos terroristas, así como ser condenado a muerte sin posibilidad de apelación. Ahí es nada. ¿Hablamos de EE.UU. o de un estado dictatorial? Todo esto en el país que se precia de ejemplo de democracia para el resto del mundo. Pues, a pesar de ello, estas medidas suponen un ataque en toda regla al estado de derecho más que una forma de salvaguardarlo de los terroristas.

Es evidente que sin la confidencialidad que debe presidir las relaciones entre abogado-cliente se ataca al derecho a ser defendido en las mejores condiciones, dado que ningún acusado se atreverá a confiar plenamente en su letrado y éste carecerá de los datos necesarios para establecer la mejor defensa posible. Si a eso le añadimos la posibilidad de intervenir las comunicaciones entre acusado y defensor, una defensa efectiva se convierte en poco menos que una utopía. En cuanto al control de las comunicaciones a través de internet trata de dar visos de legalidad al espionaje que ya realizaba EE.UU. y sus socios anglosajones, como conocen por propia experiencia empresas y estados europeos.

La gravedad no cesa. El uso de la fuerza contra los detenidos es una consecuencia lógica tras rehabilitar la licencia para matar a la CIA. En el colmo de la hipocresía, se plantea trasladar a detenidos a países con legislación laxa en ese aspecto (dictaduras y pseudodemocracias, imaginamos) donde el Tío Sam encuentre aliados dispuestos a ensuciarse las manos por ellos. La tortura supone adentrarse en arenas movedizas. Se intentan desbaratar posibles acciones terroristas mediante el uso (y abuso) de la fuerza contra los sospechosos, pero ¿dónde está el límite? ¿Sólo a los terroristas? ¿Quiénes se encuadran dentro de esa categoría? ¿Qué nivel de fuerza se permitirá? Un ejemplo claro lo encontramos en Israel: se usa la violencia contra el 85% de los detenidos de procedencia árabe. ¿Son todos ellos terroristas o el mero hecho de ser árabes les convierte en presuntos terroristas?

Bush calma ánimos señalando que todo ese abanico de medidas sólo se aplicará a extranjeros. Tal vez así tranquilice a su opinión pública, pero nos demuestra, una vez más, que existen dos tipos de ciudadanos en el mundo: los norteamericanos y los demás. ¿Qué decir de los tribunales militares especiales? Aquí la vulneración de derechos es total y absoluta.

Actualmente se precisa unanimidad para decretar la pena de muerte, así como que no quede la menor duda razonable en el jurado. Ahora, pruebas que serían inadmisibles en un tribunal lo serán en estos juicios, sin que nadie se entere. Ahora bastará con dos tercios para condenar a muerte, sin derecho a apelación.

Ahora se podrán ocultar y manipular pruebas. Y, no lo olvidemos, cualquier extranjero puede ser ya no acusado de terrorista, sino de cómplice por mínima y tangencial que haya podido ser su relación con los presuntos terroristas.

La decisión queda al libre albedrío de esos tribunales militares de excepción y las penas no son menos duras para ese cómplice. La indefensión se convierte ya en absoluta. Blair, el más fiel aliado de Bush, seguirá los pasos de éste aprobando la detención indefinida para sospechosos. Esto supone suspender el artículo 5 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, algo previsto en el artículo 15, pero únicamente para casos excepcionales en estados de emergencia. Eso exige declarar el estado de guerra, o que se produzca una grave amenaza para la soberanía o la integridad nacional. ¿Estamos ante alguno de esos casos? Hacer uso de medidas excepcionales es habitual en dictaduras y gobiernos no democráticos. En una democracia tales medidas de excepción exigen el cumplimiento de unos estrictos procedimientos previstos por la Constitución y las leyes, sin que el Ejecutivo pueda ni deba hacer una lectura interesada de dichas leyes ni invada competencias propias de los poderes legislativo y judicial.

Se repite hasta la saciedad que el combate contra el terrorismo exige sacrificar algunas de nuestras libertades, algunas comodidades por nuestro propio bien. Pero es una trampa sostener que para defender nuestros valores, principios y derechos es necesario socavarlos, limitarlos, especialmente en lo referente a la supremacía de la ley. Es un sinsentido; diluir la ley mediante medidas de fuerza no nos convertirá en más fuertes. No hay mejor ejemplo que los propios EE.UU. Con el fin de atajar el crimen aplican la pena de muerte y trabajos forzados, sin embargo sigue siendo uno de los países con mayor índice de delincuencia del mundo, sin que disminuya año tras año.

No nos dejemos llevar por el miedo irracional al terrorismo, alentado interesadamente por algunos políticos irresponsables. No permitamos que medidas precipitadas socaven el estado de derecho y más que tranquilizar a la ciudadanía demuestran la falta de rumbo de nuestros dirigentes y el simplismo de sus soluciones. Con temor en la sociedad y en la clase política, y la violación de nuestros derechos fundamentales, ni se defienden tales derechos ni se vencerá la guerra al terrorismo.

Estas medidas son producto de un pragmatismo mal entendido. Y, lo que es peor, no mejorarán nuestra seguridad y en cambio depreciarán el valor de nuestra democracia. El estado totalitario Orwelliano que vela por sus ciudadanos se asoma ante nuestros ojos, no como obra de ficción sino como cruda realidad por obra y gracia de Mr. Bush. Criticar estas supuestas soluciones, más propias de un estado policial que de uno democrático, no supone ser blando ni complaciente con los terroristas. No confundamos los términos. La grandeza de la democracia es la de luchar contra sus enemigos con las armas de la ley, y no del terror, con las garantías del derecho, y no de la arbitrariedad. Otra cosa es que rindamos nuestros principios, y devaluemos nuestra democracia en aras de dotarnos de medios para luchar contra los terroristas que nos alejan del estado del derecho y nos aproximan al estado del terror que pretendemos combatir.

EE.UU., Gran Bretaña, Francia y Alemania, cada uno de ellos con diferente intensidad ha optado por la política del miedo. Tal vez España e Italia decidan imitarlos. Una vez más, Europa renuncia a aportar una solución propia y diferenciada de la norteamericana. Una vez más, se opta por la aceptación sumisa de las decisiones estadounidenses y, por si no fuera ya bastante, imitando sus peores defectos.

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