Después de todo lo que se ha publicado sobre aquella Nueva Hacienda Pública Distributiva que con el mismo o distintos nombres sigue buscando que se aplique el IVA a alimentos y medicinas para "acabar con el lacerante problema de pobreza en México".

Después de que la mayoría de los mexicanos y mexicanas se han percatado de que las medidas foxistas primero buscan asfixiar a los más amolados para después proporcionarles tanques de oxígeno.

Después de la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de la Unión contra el Ejecutivo para frenar la apertura unilateral de la industria eléctrica al extranjero, por considerar que el presidente de la república "se aparta y se excede en lo que debe de contener un reglamento federal, invadiendo con ello la esfera de competencia que la Ley Suprema le otorga en forma exclusiva al Congreso de la Unión", será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a la Constitución en su artículo 105 que prevé que en caso de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, será ésta la que dilucide la controversia.

Después de saber que la Secretaría de Hacienda se niega a proporcionar al IFE "por estar legalmente impedida" información de las empresas Vegetales Frescos, K Beta, S.A. de C.V., Grupo Alta Tecnología de Impresos, S.A. de C.V. y ST and K de México S.A. de C.V. por presuntas transferencias y transacciones mercantiles a la campaña electoral del ahora Presidente, sobretodo al conocer que una de estas empresas pertenecen a los hermanos de quien hoy detenta el Poder Ejecutivo y ante la necesidad imperiosa que tiene el pueblo de saber que su Presidente no tiene ninguna relación o dependencia vergonzante producto de "apoyos" recibidos en su campaña que condicionen o pongan en entredicho su imparcialidad; ni hablar de que el narco haya permeado y financiado la campaña, por eso, es imprescindible que la información solicitada por el Instituto Federal Electoral fluya, transparente como las cristalinas aguas de un arroyo no contaminado.

Después de todo, lo anterior nos muestra que la burra no era arisca, que Fox manda bolas bajas, camuflajeadas en una popularidad que si bien ya no es tan alta, sigue siendo -todavía- importante.

El Legislativo tiene la grave responsabilidad de revisar con lupa la Reforma Fiscal Integral, cuya discusión se ha centrado en la conveniencia o no de aplicar el IVA a los alimentos, medicinas, transportes y libros, y si bien es cierto que ha nadie ha convencido la bondad real de la supuesta reforma fiscal integral que promete reintegrar a los pobres lo que aporten en el pago del IVA, la mera verdad es que se ha consensado lo contrario: cualquier política fiscal que grave todo tipo de consumo y uso de servicios es esencialmente injusta y contraria a los propósitos del desarrollo económico, más, si ni siquiera se tocan los artículos de lujo, aún más, si no se grava el enorme, formidable capital especulativo.

Sin embargo, aún más grave que el hecho mismo de impactar con el IVA a la enorme cantidad de mexicanos que padecen y resienten los estragos de la pobreza y la miseria, está la perversa intención de volver a trastocar, en beneficio del Ejecutivo, el recién adquirido equilibrio entre los Poderes de la Unión.

Así es, la multicitada iniciativa propone entre otras consideraciones -algunas de ellas necesarias y valiosas- si no, no sería trampa; la reforma constitucional sobre el procedimiento para la aprobación y promulgación de la Ley de Ingresos, al señalar que, en el caso de que los legisladores modifiquen la iniciativa del Ejecutivo, y éste después de conocerla realice algunas observaciones y la regrese a la Cámara correspondiente, si el Congreso (OJO) no alcanza las dos terceras partes de los votos para rechazar las observaciones del Presidente, (RECONTRAOJO) éste podrá tener la facultad de promulgar la ley sin las modificaciones que hubiesen hecho los grupos parlamentarios.

La práctica parlamentaria actual contempla, en el caso de que no se reúnan los votos para desechar las observaciones del Ejecutivo, queda establecido que el Congreso no aprueba esa iniciativa y por lo tanto, no se puede promulgar y se reserva para presentarla en un periodo posterior.

Cuidado. De aprobarse esta iniciativa como la envía Fox, si los legisladores no convencen a las dos terceras partes del Congreso para que desechen las observaciones del Ejecutivo, gol. Ellos mismos dejarían invalidadas sus propias reformas a las iniciativas.

Con la actual controversia constitucional es suficiente. Porque mientras son peras o son manzanas, el decreto presidencial se está aplicando. No más goles.

Derecho a réplica y comentarios: senadors@mexico.com