Que el ciudadano Presidente de la República quiera hacer campaña por su partido, no tiene nada de malo. En todo país democrático es un derecho del titular del Ejecutivo el tratar de convencer a los ciudadanos sobre las ventajas de votar por su partido, sobre todo en elecciones intermedias; aún en este caso de que no sean coincidentes ni en propósitos ni en programas los caminos de la Presidencia de la República y las de su supuesto partido, el PAN.

Se reconoce, -por supuesto- en términos generales, la necesidad de conformar alianzas lo más amplias posible, las cuales faciliten la labor de gobierno.

Sólo un mal entendido principio democrático puede sostener que la postura del Ejecutivo debe ser la inacción o la supuesta imparcialidad. Así no funciona el mundo real: la necesidad de controles al gobierno no debe ir en detrimento de su capacidad de eficacia y prontitud.

Mal que nos pese a los otros partidos, incluido al PAN -que cuando era oposición sostuvo lo contrario-, es sano que el activismo presidencial de las últimas semanas se haga a la luz pública, bajo el escrutinio de todos.

En el Partido Liberal Mexicano creemos que esto es mejor que cuando los apoyos se hacían a trasmano, mediante favores ilegales o costosas campañas publicitarias.

En lo que sí debe reparar el Presidente Vicente Fox al subirse al ring electoral, es que en toda pelea se dan y se reciben golpes; no podrá, entonces, quejarse de los ataques de sus contrincantes, ni descalificarlos con uno de sus pintorescos adjetivos: sus adversarios tendrán tanta autoridad como él.

Lo que ya no resulta tan claro ni legítimo, empero, es si eso autoriza que funcionarios de la Presidencia de la República y de otras instancias de gobierno se reúnan con el Comité Nacional del PAN, según se ha señalado en los últimos días, para preparar la campaña, o que el propio Presidente supervise los anuncios televisivos de sus correligionarios, según afirmaron el viernes pasado directivos del PAN y el Director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

Cuidado. En estos casos, todo parece indicar que estamos frente a una reedición corregida y aumentada de algunos vicios del pasado.

Algo similar sucede con las actividades encabezadas recientemente por la Primera Dama. Nadie duda de sus buenas intenciones, pero habría que extremar los cuidados para evitar la menor mácula de una intención político-electoral.

Si se actúa con autoridad moral, no hay razón para postergar el impacto de sus buenos oficios. La triste realidad así lo impone; vivimos en un país donde hay muy pocos que lo tienen todo y muchísimos que carecen de lo más indispensable. Ni hablar, como sucede con el Presidente, su posición no conlleva el coartar sus derechos políticos.

Afortunadamente no hay pruebas de que las acciones realizadas al amparo de su Fundación Vamos México, se realicen con fondos públicos.

Si queremos consolidar nuestra democracia, una de las exigencias mínimas a todos nuestros políticos -cualquiera que sea su partido- es que realicen sus actividades sin confundir el altruismo con el interés propio.

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