Poner fin a la impunidad y que nadie quede al margen de la ley, esto es, "la sagrada enseñanza de que nadie puede estar por encima de la ley", es desde siempre, estribillo de todos los presidentes de la República, de todo aspirante a gobernar, de los jefes de todas las policías de todos los tiempos y estados de la nación. El uso reiterativo de palabras o sentencias sin que su esencia se aplique, acaba de perder su valor semántico como sucede con algunas virtudes que todo el mundo menciona como algo deseable, pero que nadie practica en la realidad. Así sucede con "aplicar la ley con todos su rigor", así ocurre con el papel moneda devaluado que se exhibe en vitrinas de coleccionistas, sólo para contemplarlos como reliquia.

Los delitos aumentan en el país cual espuma de mar picado por causa de la impunidad, es decir, porque los delincuentes no son castigados por un sinnúmero de motivos. Algunos de ellos pueden ser la frecuente incompetencia de la policía, ineptitud patente o simulada, porque ignoran de facto las técnicas modernas de investigación, o si las saben se inhiben ante el soborno, por consignas políticas o por complicidad con los malhechores, por amistad, compadrazgo o amenazas.

La impunidad, condición del maleante que comete delito sin ser castigado, es la segunda fase hermanada de la corrupción. Adquiere diversas formas enmascaradas para arraigarse en su ámbito natural: la corrupción, caldo de cultivo que fermenta infinitas acciones delictivas que no recibirán castigo, véase por ejemplo el delito del secuestro, el cual ha crecido considerablemente en número y modalidad. Ahora cualquier ciudadano está en peligro de ser secuestrado ya que el precio del rescate depende de la riqueza o pobreza del secuestrado. La incompetencia real o simulada de la policía ha abierto espacios a la delincuencia y fomentado su organización, su capacidad creativa, así como la evasión del castigo.

El hampa ha excedido el nivel de competencia de las policías porque éstas no cuentan con el motivador psicológico adecuado, con armamento suficiente y moderno, vehículos en buen estado y carecen de voluntad y arrojo estimulado por un sueldo suficiente.

Se puede presentir la impunidad al acudir a cualquier delegación para hacer una denuncia de la agresión de que hayamos sido víctimas. Avizoramos que no se nos hará justicia, al advertir la displicencia con que la autoridad no asume su papel de cursar de modo inmediato el delito que denunciamos. Nada o muy poco puede esperarse para que la ley se aplique. Optamos por el recurso infalible de exhibir un billete de mil pesos para esperar justicia; así se comete otro ilícito.

La impunidad, consecuencia de la corrupción se presenta en los medios oficiales y privados con una frecuencia alarmante. Su incremento se debe a que los delincuentes no son castigados con todo el rigor de la ley, en la mayoría de los casos ni siquiera son castigados. El fraude franco se comete todos los días, a toda hora: Un funcionario defrauda varios millones, evita la justicia, se fuga hacia Europa donde vive como potentado en plena impunidad. Esto hace escuela, otros delincuentes mejoran su técnica y así los defraudadores aumentan.

Algunos crimines no han quedado totalmente esclarecidos. Se sabe quién cometió el crimen, éste es castigado, pero el autor intelectual permanece oculto e impune. Así ocurrirá tal vez con el crimen de la abogada de Derechos Humanos, Digna Ochoa y Plácido. Como resultado de tal impunidad, cinco colegas suyos han sido amenazados de muerte. La impunidad reditúa y se reactiva. El cuarto atentado en la ciudad de Monterrey a la litigante Silvia R. Villanueva, confirma la aseveración anterior.

La nueva generación de millonarios se gesta en el presente sexenio foxista-panista. Comprende desde simples agentes de crucero y avenidas, hasta miembros del gabinete (o gabinetazo), incluido el populista gobierno del D.F., donde el delito maquinado por corrupción trasciende en la proliferación de la impunidad.

Existe un rezago de 30 mil denuncias por robo de automóviles. Esto significa que ante la pavorosa cifra de delitos, los ladrones permanecerán en libertad para continuar cometiendo robos y animará a otros, a sumarse al número de ladrones de autos. Serán delincuentes impunes. ¿Podrán las autoridades resolver 30 mil delitos, más los que se acumulen, durante su administración? La duda ni siquiera los ofende.

Entre la multitud de causas de impunidad tenemos:

La incompetencia patente o simulada de la policía, porque el denunciante o agredido no cuenta con recursos suficientes.
Por presentar pruebas solo circunstanciales.
Por falta de evidencias convincentes, esto es, dinero.
Por no denunciar a tiempo, según una interpretación convencional del reglamento o la ley vigente.
Por haber provocado el delito. Suele argüirse en casos de violación o estupro.
Porque el delincuente es menor de edad, aunque haya delinquido como adulto.
Por estar bajo los efectos del alcohol o inconsciencia.
Por estar bajo los efectos de una droga. Es factor de descargo o atenuante.
Por pérdida o extravío de expedientes. Robo u ocultamiento intencional.
Por no presentar el instrumento del delito. Está en poder del delincuente o de abogados de defensa.
Por haber prescrito el delito. Recurso pagado para retardar el proceso.
Por parentesco con el delincuente o amistad cercano del acusado con funcionario influyente.
Por soborno franco. Aportación de una suma considerable para dejar en libertad al delincuente.
Por falta de testigos. Testigos sobornados o desaparecidos.
Por duda razonable. Alguna oscuridad o ambigüedad de la ley.

¿Qué hacer?

Iniciar una cruzada para conocer y hacer cumplir la ley, la honestidad y la honradez. El Frente Liberal Mexicano así lo sugiere. La instrucción escolar sobre estos asuntos involucra a los padres de familia, a las autoridades y a las iglesias. La acción ejemplificadora de los mayores es el mejor maestro para el cumplimento de la ley, cuando esto ocurra disminuirá el delito y la impunidad.

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