Es impensable arribar a la modernidad sin hacer desaparecer -en su mayor parte, si no es que totalmente- la brutal ola de violencia que se ha venido a enseñorear en todo el país. El estado mexicano, así lo creemos, está obligado a generar las condiciones que permitan proteger la vida y el patrimonio de sus habitantes; esa es una de las más altas responsabilidades de cualquier gobierno en el mundo y ese es el desafío del gobierno federal y de las diferentes entidades en México. La gran interrogante es si tendrán la capacidad efectiva de hacer esto una realidad.

La delincuencia organizada avanza y penetra las fuerzas que deben encargarse de combatirla; uno de los principales protagonistas que atenta en contra de la seguridad nacional y de la sociedad en su conjunto, es el narcotráfico, interno o externo, macro o micro, agazapado en la pseudolegalidad o abiertamente conocido. Si bien no es el único actor, pues son bien conocidas las acciones de muchos otros personajes, sí es un enemigo de cuidado, nada pequeño, que todo lo penetra, todo lo corrompe. Casi inexorable.

Los liberales creemos que no existe pretexto alguno para que la impunidad y la arbitrariedad suplan al Estado de Derecho, pues sin su plena vigencia y perfeccionamiento, todo esfuerzo democrático se verá anulado.

Sin respeto a la ley y a las instituciones, poco o nada se puede avanzar en la construcción de una sociedad efectivamente moderna a tono con las condiciones existentes en el mundo y, principalmente, con el fuerte y angustiante reclamo nacional.

Es menester decirle al Ciudadano Presidente Fox, que ya no basta con la promesa de bajar un 10% los delitos al año, ni crear un frente unido contra la delincuencia organizada. No, ya no es suficiente siquiera que tenga la voluntad política y la conciencia gubernamental para evitar violaciones a los derechos humanos y la legalidad.

Hoy, ante las circunstancias que vivimos, antes que cualquier otra cosa, es necesario infundir confianza y conciencia en la ciudadanía de las ventajas que el pleno respeto al Estado de Derecho trae para la población y sus autoridades. Si se va a gastar un centavo o quinientos millones de pesos en manejo de imagen, que sea para esto. Para nadie es un secreto que muchos dudan en la posibilidad real de cambiar la situación violenta en que vivimos.

Nada se podrá sin la formación de una cultura, unos hábitos, una actitud cualitativamente distinta en todos los estratos sociales. Vivir en un auténtico Estado de Derecho implica dos compromisos; uno de quien aplica la Ley y otro, de quien se sujeta a ésta.

Resolver una de las necesidades más apremiantes de la ciudadanía mexicana, su tranquilidad y el respeto a sus derechos le valdrán a esta administración su inclusión en la historia y en el recuerdo de las próximas generaciones.

Hay que decirlo, también falta que todos nosotros abandonemos el fatalismo conchudo de creer que todos los problemas se resuelven con influyentismo, violencia, amedrentamiento, corrupción y en una palabra, cierta dosis de ilegalidad. Subyacen muchos elementos arcaicos o premodernos que todos conocemos a fondo. Sin hipocresías. Así pues, en esto también debemos de poner énfasis y hasta imaginación para superarlo.

No está lejano el día en que evitemos, como Partido Liberal Progresista, el abuso de malas autoridades, de otros ciudadanos inconscientes y hasta de nosotros mismos, en medio de un auténtico clima de respeto, diálogo, concertación y solidaria corrección.

Queramos o no, el avance social, económico y político de México nos viene empujando a estados de vida cualitativamente superiores a los conocidos hace años. Enemigos tan peligrosos como el narcotráfico y la corrupción, o otros aparentemente inocuos, como la apatía o el influyentismo cederán tarde o temprano. Gobierno y sociedad tendrán mecanismos concretos para atacarlos de fondo y eso... eso también es modernidad.

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