Dos respuestas a la necesidad de seguridad.

Del gabinete de colaboradores del Presidente de la República, seguramente la mayoría tiene la confianza del mismo; sin embargo, sólo algunos -lamentablemente muy pocos- se están ganado el reconocimiento de la sociedad y no por las cuantiosas sumas que gastan de nuestros impuestos en materia de imagen pública, sino con los resultados de su trabajo: los titulares de la Secretaria de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República.

Las recientes acciones para lograr la captura de Benjamín Arellano Félix nos demuestran la firme intención de los generales Gerardo Clemente Ricardo Vega García y Rafael Macedo de la Concha de combatir con hechos concretos y contundentes a los grupos de delincuencia organizada, que tal parece se habían enseñoreado en muchas partes de nuestro territorio nacional. Hacemos votos para que sea el principio de una cruzada que tenga como superior propósito el restablecimiento del estado de derecho en nuestra nación.

Este es uno más de los esfuerzos que en menos de un año, hacen las instituciones nacionales, las Fuerzas Armadas y las Instituciones de Seguridad del país para darle respuestas concretas a una sociedad que se resiste a creer y está cansada de esperar.

El estado mexicano debe garantizar la continuidad de programas y proyectos nacionales ante la angustiante demanda de seguridad. Es ya la hora de un orden jurídico establecido con claridad, sencillez y transparencia; cuando este principio básico no se cumple, es obligada su revisión y actualización, asignatura pendiente que debe de concluir en la reforma y adecuación permanente de la legislación.

La impunidad con que habían operado las mafias en nuestro país, lejos del brazo de la justicia, cuestionaba profundamente la viabilidad de la república en lo que toca a la procuración de justicia. De todos son conocidos los lamentables casos de algunos de los responsables de la fiscalía de la nación que eran comprados con facilidad por parte de los grupos de la poderosa delincuencia organizada.

La colaboración entre las procuradurías de las distintas entidades federativas con respecto a la general de la república han mejorado significativamente; de igual forma la colaboración existente con la Interpol y el FBI, han dado frutos como las recientes aprehensiones. Este esquema de trabajo conjunto en un clima de respeto a la soberanía del país, representa un logro concreto de la actual administración.

El nuevo signo de los tiempos políticos que está construyendo la sociedad mexicana, es el esbozo de una nación que ya se cansó de vivir en medio de la impunidad y de la inseguridad. La inversión productiva nacional y extranjera ha disminuido sus flujos como consecuencia del clima adverso en materia de seguridad pública y son muchos los casos conocidos de secuestros que tienen como objetivo a empresarios, ganaderos, comerciantes y personas con recursos suficientes como para ser víctimas atractivas para las bandas de secuestradores.

Los liberales creemos firmemente en la relevancia de la fiscalía de la nación, la vemos como el necesario bálsamo esperado ante los agravios que la república ha sufrido en el seno de sus instituciones. La solidez de la estructura social mexicana se fundamenta en la premisa de la garantía constitucional de la libertad de que gozamos los mexicanos por el hecho de nacer en estas tierras. Estamos convencidos de la necesidad de profesionalizar la procuración de justicia, no sólo a través de la capacitación permanente de los elementos que integran a la PGR, sino sobretodo en la responsabilidad de transmitir el sentido de integridad y honestidad que deben caracterizar a los encargados de procurar la justicia.

En el futuro esperamos acciones similares y mayores que logren desarticular y desalentar a los grupos de delincuencia que subsisten en las entrañas de la corrupción. No queremos ver a nuestro país envuelto en una vorágine similar a Colombia o caer en los cínicos procesos de simulación como sucede en los Estados Unidos de Norteamérica.

México ha sido afectado en su evolución por los intereses de los grupos vinculados a la delincuencia organizada y sus nexos con algunos funcionarios deshonestos. En muchos casos han logrado penetrar instituciones tan sólidas y leales como el ejército mexicano, así como a funcionarios de los tres niveles de gobierno, e inclusive han buscado comprar el perdón divino a través de prominentes jerarcas eclesiásticos.

El Estado de Derecho constituye la garantía fundamental del pacto social mexicano; no es una quimera jurídica que pretenda convencer con demagogia a los muchos que desconocen nuestras leyes, por eso es importante difundir con amplitud los conceptos básicos para que toda la población conozca sus derechos fundamentales e identifique a las instituciones responsables de procurar la justicia. Más aún, cumplir con la ley actualmente no basta para alcanzar la justicia; debemos minimizar la brecha entre la legislación positiva mexicana y el ansia de justicia de los muchos que están ausentes ante el fiel de la equidad.

Los liberales participaremos en las distintas iniciativas que el poder legislativo prepare en este sentido, para dotar a la Procuraduría General de la República de instrumentos flexibles y modernos que faciliten su labor en el marco de la vida republicana a la que aspiramos todos los mexicanos.

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