EDITORIAL

¿Cuál es el balance final?

No cabe duda: a menos de tres meses de agotarse el actual mandato de nuestros gober nantes locales y regionales, es hora de mostrar un balance objetivo y real sobre sus ejecutorias. Es un ejercicio al cual están obligados legalmente, sino el cumplimiento de un compromiso elemental con la comunidad que los eligió y que les encomendó la realización de unos propósitos, bajos sus auspicios.

Algunos de ellos –muy pocos– han cumplido esas metas prospectadas. Las mayorías han fracasado. Y otros, como lo preveíamos por su talante y antecedentes, son titulares de medidas judiciales que acreditan su condición de eventuales desconocedores de la ley, cuando no de sus pertinaces violadores. Lo que confirma nuestras permanentes reservas sobre la calidad y condición de quienes aspiran y llegan a esos cargos, revestidos del propósito manifiesto de hacer de las suyas y de tener una coyuntura de enriquecimiento –ojalá revestida de un mandato de impunidad– que no siempre se da.

El panorama de este período no puede ser más dramático y revelador en lo penal. Como lo hemos registrado, las autoridades judiciales han tenido que adoptar decisiones que van desde suspensiones provisionales hasta medidas de aseguramiento a más de seis alcaldes, con mérito en conductas presuntamente contrarias a la ley. Y en la constante se evidencia el propósito de un beneficio personal, no por disimulado o disfrazado menos evidente. Todo parece correr parejo al propósito imperante de hacer riqueza de manera fácil, rápida y sin mayores esfuerzos, sin importar la ley, o con su anuencia cuando a ello hay lugar por sus resquicios.

En tal panorama de inmoralidad es difícil exigirles a los gobernantes el cumplimiento de metas, a las cuales los primeros en oponerse son las autoridades judiciales en unos casos.

Por una u otra causa, nada exime a los gobernantes de cumplir con sus compromisos electorales con quienes en ellos depositaron su confianza y esperanzas de avance social.

Expectantes de sus resultados, a pocos días de que finalicen sus gestiones, para que nos digan qué fue lo que lograron, qué no se pudo realizar, y qué queda por lograr.

Es que el pueblo tiene derecho pleno a saber todo sobre su realidad y sobre su futuro. Y en relación con la situación fiscal, administrativa, financiera y económica del departamento, es hora de que se devele el estado actual en que queda el departamento, sin equívocos hacia el futuro. Solo el conocimiento pleno de nuestra realidad fiscal nos podrá posibilitar una recuperación en adelante. Son consideraciones que se nos ocurren sin ningún propósito distinto al de que se cierre esta etapa preelectoral con el mayor y el mejor de los balances posibles. Al gobernador y a los alcaldes les quedan pocos días para demostrar eficacia, y que cumplieron, dentro de las especiales dificultades que atraviesa el Chocó en materia económica y de finanzas.

Ojalá y el análisis de este balance objetivo e imparcial arroje resultados satisfactorios.