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Micus Referéndum

Por Amilcar Cuesta Torres

Si alguien ha tenido do el arrojo de leer los 15 puntos del llamado referendo, reu-nidos en cuatro páginas en letra menuda, coincidirá con nosotros en hallarlo entelecoso, ladrilludo e inconveniente para la clase trabajadora y el pueblo colombiano. Es un recurso mal traído en un país que está reclamando justicia social, democracia y bienestar.

Eso que nos quieren meter por referendo no es más que un plebiscito ratificatorio de la gestión del actual inquilino del Palacio de Nariño, manipulado por los personeros del gran capital aquí y en Washington.

Lo que deslegitima el referendo del Presidente Uribe Vélez es que carece de unidad de materia. En este sentido encontramos un texto que modifica, para mal, los principales aspectos de la vida nacional.

La reforma constitucional tal como está planteada implica más politiquería, más corrupción, más pobreza y menos democracia.

Que el tal referendo es politiquero se descubre en el punto 4 donde se autoriza al congreso a participar en el elaboración del presupuesto nacional, aunque por otro lado (punto 5) propone quitarle al mismo congreso la administración de su propio presupuesto.

El mal nombrado referendo implica más corrupción porque condiciona la muerte política de quien haya defraudado el Estado a que "asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño" es decir, robe ahora y pague después.

Suprimir las contralorías, además de restringir la vigilancia sobre el erario y contribuir al aumento del desempleo, es propio de regímenes totalitarios.

El enmarañado texto prevé un aumento de pobreza puesto que propone la congelación de los salarios de los pocos que aun conservan empleo.

Demos un ejemplo: Por ningún lado vemos la justificación al congelamiento del salario de los docentes de grado séptimo hacia arriba; más grave aun si se tiene en cuenta que de hecho a estos servidores públicos hace dos años que no les suben un peso.

Tampoco tiene justificación el congelamiento de pensiones cuando se anuncia un impuesto para las mismas que oscilará entre el 7 y 10 por ciento.

Ahora bien, a los trabajadores y pensionados no les han dicho que continúan elevándose las tarifas de los servicios públicos, los impuestos o la canasta familiar. A través del mecanismo del referendo el gobierno pretende que el constituyente primario avale su política de seguridad democrática a costa de la restricción de la propia democracia. No otra

 

cosa entraña el umbral del 2% sugerido en el pregunta 15 que despoja de la personería jurídica a los partidos minoritarios.

Y algo peor: quienes nos oponemos abiertamente al referendo estamos siendo calificados de subversivos.

Después de leer este mamotreto esperpéntico a uno le queda la sensación de que el documento es un insulto al sentido común, una trampa para refrendar los desmanes autoritarios por venir y una propuesta cínica para que los trabajadores y pensionados se autocongelen los ingresos.

 

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