EDITORIAL

¿Es inviable el Chocó?

El consejo comunal anticorrupción realizado en Quibdó con la asistencia del vicepresidente
Francisco Santos arroja resultados decepcionantes desde el punto de vista práctico, sin contribuir a exterminar el flagelo, pero sí abunda en diagnósticos conocidos hasta el cansancio de nuestras falencias, el déficit presupuestal, la postración de la licorera y la perentoria necesidad de procurarle mayores rentas propias al departamento, la administración deficiente de los municipios, etc.

De cuando en vez y en distintos gobiernos se desplazan desde Bogotá altos dignatarios, que bien provistos de asesoría, se encargan de refrescarnos y refregarnos nuestra deprimida situación. Si bien agradecemos que por lo menos nos contemplen en su agenda, somos francamente escépticos sobre las bondades que arrojan tales eventos, más llamados a mostrar y respaldar el tema gubernamental en boga de "trabajar", que a procurar cambios sustantivos y sustanciales en las estructuras determinantes de los problemas regionales y de la raíz del atraso.

Es claro que nosotros los chocoanos –mea culpa– llevamos un alto grado de responsabilidad en la actual situación que padecemos.

Se nos han agotado las palabras clamando, en interpretación del sentimiento ciudadano, de que sin perjuicio del interés político realicemos administraciones serias en beneficio de nuestra comunidad y mostremos resultados tangibles de avance y progreso, con los menguados recursos de que disponemos.

Empero, los "perfumados" señoritos de Bogotá no pueden venir al Chocó a leernos una cartilla que tenemos bien aprendida y a hacer señalamientos descalificatorios que, a nuestro juicio, solo persiguen justificar con algún pretexto la incalificable y grave omisión histórica que por siglos ha tenido el país con el Chocó.

Es cierto: tenemos corrupción, y hay que combatirla a muerte. Hemos sufrido los efectos nefastos de administraciones interesadas casi que exclusivamente en el beneficio particular o político de sus titulares.

Han existido contrataciones y decisiones lesivas al interés estatal, susceptibles de comportar enormes perjuicios fiscales al erario público. Pero nunca en la medida en que se dan en las grandes ciudades del país y en la nación, donde el pan de cada día son los escandalosos negociados en los cuales están incursos la clase política, el estamento militar y los gobernantes.

Si el Chocó es inviable –y es una realidad actual innegable– la responsabilidad mayor corresponde al Estado colombiano, de espaldas a su suerte y que tal vez con un inconfesable propósito de discriminación racista no lo ha incorporado a la nación.

De algo sí estamos ciertos: no será en este gobierno que el departamento podrá superar, con el respaldo de la administración central, su actual lamentable estado de postración.

El Vicepresidente Santos habría podido, como algo positivo en su visita al Chocó, anunciar por ejemplo la condonación de las deudas del Chocó a la nación. Como se acaba de protocolizar en Santander, si mal no estamos.

De todas maneras ahí les queda a nuestros voceros parlamentarios la inquietud, si en verdad quieren contribuir al buen suceso de los recién electos gobernantes.

La viabilidad del Chocó –una región rica en potencialidades no explotadas que serán el recurso natural de este siglo bionatural– depende de la conciencia y actitud que asumamos para aprovechar la mina de nuestra riqueza ambiental.