Fue necesario el consejo comunal celebrado en Quibdó el 24 de abril, con la presencia del Presidente de la República y de varios de sus ministros, para que la prensa nacional hiciera el despliegue informativo que le ha merecido la gravedad de los hechos punibles allí denunciados, los cuales se relacionaron con el manejo irregular que algunas administradoras regionales del Régimen Subsidiado (ARS) le han venido dando a recursos públicos destinados a la población más pobre del Chocó.

Más tarde que temprano se ha denunciado públicamente uno de los componentes más representativos del torbellino rampante de la corrupción que de tiempo atrás viene afectando a variadas esferas del sector público comarcano. Espectáculo bochornoso al cual asistimos frecuentemente con la indiferencia propia de un convidado de piedra, sin el atisbo de un sonrojo de vergüenza ante ostentoso y rápido enriquecimiento de los beneficiarios de este desorden; ni por la palmaria injerencia de estos dineros en las campañas políticas; ni por la ocurrencia de muertes perdidas en el océano de tediosas e inanes investigaciones.

Profundizar y escudriñar con eficacia a través de intrincados pliegues y repliegues urdidos por las mañas ingeniosas y en no pocas ocasiones burdamente concebidas por traviesos "diplomados en defraudaciones al patrimonio público", resulta en la actualidad una tarea insoslayable que los funcionarios de justicia de control deben emprender sin timideces y sin consideración alguna de privilegios inaceptables en materia de apellidos, condición política o social, intelectual, económica o racial, si en verdad nos asiste la voluntad inquebrantable de sobrevivir como entidad departamental autónoma, respetable, merecedora de la consideración y del apoyo político y fiscal de la Nación.

Se ha encendido así la Alerta Roja en Salud (ARS) para frenar el paso triunfalista de quienes, de una u otra manera, se han apoderado indebidamente de unos dineros públicos.