|
|
|
DICTÁMENES PERICIALES EN FAMILIA: ALARMA SOCIAL
El
trabajo de los psicólogos adscritos a los juzgados de familia
viene siendo puesto en entredicho, desde hace tiempo, por la sociedad.
Se
les reprocha la falta de rigor y fundamento científico, falta
de garantías para el usuario que lo colocan en absoluta indefensión
y, enmarcando todo lo anterior, un recalcitrante sesgo orientado a
conceder las custodias de los hijos siempre, en toda circunstancia
y contra toda evidencia, a las madres. Se critica que no es tanto
que se favorezca a las madres como que se está perjudicando
a los hijos.
Esta
grave situacion, donde están amenazados los intereses de cientos
de miles de menores, ha generado un contexto de alarma social cuya
última expresión es la denuncia planteada por asociaciones
igualitarias de padres y madres en contra del proceder de los equipos
psicosociales adjuntos a los juzgados (para ver más pincha
aquí).
INERCIAS
DE GÉNERO Y MALTRATO A LA INFANCIA: YA HAY NIÑOS MUERTOS.
Ver artículo completo en El
País. es (http://www.elpais.es/articulo/sociedad/Nadie/hizo/nada/Maria/elpporsoc/20060924elpepisoc_3/Tes/)
EL LAMENTO
DE UN PADRE Mariano Bou aguanta el tipo. Tiene la voz temblorosa pero
no rompe a llorar. Retuerce las manos y mira al frente mientras habla
de su hija, María, fallecida a manos de su madre en mayo de 2005,
cuando tenía siete años.  "La
chiquilla estaba muy bien educada e iba bien en los estudios. No hay
derecho, porque yo lo advertí", musita. Mariano Bou recuerda cómo
pasó el 13 de abril de 2005 denunciando que su ex mujer, María, maltrataba
a la hija que había tenido con él. Recuerda cómo la Policía Nacional
y los servicios sociales de la Comunidad de Murcia no le hicieron
caso. Recuerda cómo denunció junto al padrastro de la niña ante la
Guardia Civil. Y recuerda cómo recibió una llamada el 30 de mayo contándole
que su hija yacía muerta en su cama. La había matado su ex mujer antes
de suicidarse. Sus denuncias no habían servido para nada. El Ministerio
de Justicia ha abierto una investigación para ver si se trata de un
nuevo caso Alba, la niña que acabó en la UVI por maltrato continuado
pese a las denuncias previas. Mariano Bou y María Antolinos tuvieron
un matrimonio difícil. Vivían en las torres de Cotillas, una pedanía
de Murcia. Se casaron en 1998 y en la Nochebuena de 2000 él se fue
de casa tras una discusión. "Ella estaba en tratamiento por depresión
y había intentado suicidarse. En una pelea me llevé a la niña", explica.
Son las nueve de la noche del martes 19 de septiembre y el termómetro
marca 29 grados. Mariano ha sacado dos sillas de plástico a la puerta
de la casas de sus padres, con los que vive. Es una casa blanca de
dos plantas en la huerta de Murcia. Alrededor hay algún naranjo y
limonero, pero cada vez menos. Están siendo sustituidos por ladrillos.
Un azulejo de la virgen de la Fuensanta sobre la entrada preside la
charla. Mariano y su esposa se separaron y la mujer se quedó con la
custodia de María, que entonces tenía dos años. "Yo no le pasaba siempre
la pensión y ella no me dejaba ver a la niña", admite Mariano. Hoy
tiene 39 años, trabaja esporádicamente como albañil. Tiene los ojos
azules y el pelo rubiáceo que heredó su hija. María Antolinos se casó
en julio de 2004 con Luis Fabián Saura, pero duró poco. En enero de
2005 se separaron y, cuatro meses después, Luis Fabián fue a ver a
Mariano. El padrastro de María se encontraba así con el padre. "Luis
Fabián me contó que mi ex mujer maltrataba a la niña, que la tenía
acobardada y que cada vez tomaba más pastillas", rememora Mariano.
Ambos decidieron denunciar el caso. "El 13 de abril de 2005 fuimos
al juzgado de familia, a la policía nacional y a servicios sociales
y no nos tomaron la denuncia porque decían que no teníamos pruebas.
Por la tarde, la Guardia Civil de Alcantarilla sí recibió la queja".
A las 17.40 del 13 de abril de 2005, Luis Fabián, el único que había
presenciado las agresiones, denuncia a la Guardia Civil que María
le insulta y que "a la niña no le pasa ni una y a la más mínima tontería
la emprende con ella pegándole e insultándola, que está acobardada";
"que le arranca el pelo levantándola en peso durante los episodios
de ira"; "que lo ha amenazado con poner fotos de su hija desnuda en
Internet para echarle a él la culpa". Es la primera denuncia. La Guardia
Civil, según la abogada de Mariano, Inmaculada Ferrando, remitió la
denuncia al Juzgado de Instrucción número 1 de Molina de Segura. Y
allí se quedó. El juzgado, según Ferrando, incoó juicio de faltas
por injurias, aunque no fijó fecha para su celebración. Paralelamente,
los dos hombres insistieron ante los servicios sociales de la Comunidad
de Murcia, que el 18 de abril abrió un expediente para ver si había
maltrato. El Servicio de Protección de Menores afirma en un escrito
que el 5 de mayo pidió informes a la fiscalía de menores y al colegio
y que puso en guardia a la trabajadora social del ayuntamiento de
Murcia en la zona. El servicio autonómico ha reconocido después que
"no se adoptaron medidas de urgencia ya que no se consideraron necesarias"
porque la menor no estaba "en una situación de grave riesgo". El expediente
se cerró el 31 de mayo. Madre e hija estaban muertas. Nueve días antes,
el 21 de mayo, María suministró a su hija alcohol, Alprazolam y Diazepam,
según la autopsia, en dosis tóxicas. La niña falleció en su cama.
Vestía "camiseta de tirantes con dibujos y pantalón de rayas rojas".
La madre apareció en el suelo del baño muerta por el mismo cóctel.
Los cadáveres pasaron inadvertidos durante una semana, hasta el 30
de mayo. El juez que procedió al levantamiento del cadáver fue el
mismo que hizo caso omiso a la denuncia que describía entre otros
hechos los malos tratos de los que era víctima la menor y que le remitió
la Guardia Civil. El juez era Álvaro Salvador. Cuatro meses después
dejó Molina de Segura y pasó a la jurisdicción social. Desde el juzgado
que dirige ahora no detalla su actuación: "No hablo de ese caso".
El padre reclama una indemnización a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y al Ministerio de Justicia porque, afirma podrían haber
impedido la muerte de María si hubieran actuado correctamente. Mariano
pide una indemnización a las dos administraciones. La reclamación
es el paso previo a la demanda ante los tribunales. La indemnización
que Bou reclama valora el daño gravísimo moral que le ha producido
la muerte de su hija. El servicio de protección de menores de la comunidad,
que no ha querido explicar su versión a este dario, respondió a Bou
que no se sienten responsables de la muerte y que "las actuaciones
realizadas fueron adecuadas en tiempo y forma ya que la adopción de
medidas urgentes en casos de protección de menores requieren disponer
de la información contrastada suficiente". El Ministerio de Justicia
contestó el pasado martes que investigará el caso. Mariano enciende
otro pitillo y se explaya: "A veces iba con mi hija a un bar y pedía
un café. A ella le daba un vaso de leche y le decía que era café.
Ella quería hacer como su padre y yo le daba el gusto. Nadie me va
a devolver a mi hija, pero quiero que quien lo hizo mal lo reconozca
y lo pague. Que no le pase a ninguna niña más. Yo intento trabajar
para ocuparme la cabeza y llevarlo como puedo". El caso es similar
al de Alba, la niña de Barcelona que acabó en la UVI por el maltrato
del padre pese a que había numerosas denuncias previas. "El de mi
hija es como el de Alba, pero a mí me la quitaron", apunta Mariano.
En sus manos sostiene la foto de María. En la imagen tiene el pelo
rubio y los ojos azules. Nadie se hace responsable de su muerte. EL
LAMENTO DE UN PADRE "Mi ex mujer maltrataba a la niña. La tenía acobardada.
Estaba en tratamiento por depresión y había intentado suicidarse".
"Fuimos al juzgado de familia, a la policía y a servicios sociales
y no nos tomaron la denuncia porque decían que no teníamos pruebas".
"Nadie me va a devolver a mi hija, pero quiero que quien lo hizo mal
lo reconozca y lo pague".
DICTÁMENES
PSICOSOCIALES EN FAMILIA: ¿CIENCIA O IDEOLOGÍA?
(Ver artículo completo
Informes periciales en asuntos de familia;
también es interesante la opinión crítica
de este psicólogo especialista: ver
entrevista; más información en www.amnistia-infantil.org)
Ante el difícil
problema de qué hacer con los niños, cuando la pareja se separa,
el juez precisa acudir a especialistas que le asesoren. Entendemos
que este asunto del mejor interés del menor, del "favor filli",
reside en territorios bastante alejados de la formación curricular
de los profesionales del derecho, ya sean estos jueces, fiscales
o abogados; son estas razones las que, en un primer momento, explican
por qué son invitados los psicólogos a participar en este asunto:
en el reconocimiento de la complejidad del problema familiar está
el origen de los psicólogos adscritos a los juzgados y de los gabinetes
psicosociales que asesoran al estamento judicial.
Normalmente, en
contextos judiciales de separación y divorcio, se solicita de unos
expertos en comportamiento humano, que arriesguen un dictamen sobre
cuál será la mejor situación relacional para un menor o menores
cuyos padres se separan o ya se han separado. Idealmente, estos
técnicos darán una respuesta razonada a esta pregunta utilizando
la ciencia y la mejor tecnología de la que se les supone expertos,
teniendo como principio rector únicamente el bienestar del niño
o niños implicados. Esta respuesta técnica, en forma de informe
pericial, no determinará mecánicamente la decisión judicial pero
será un elemento importante, muy a tener en cuenta, en la resolución
a la que llegará el juzgador. Sin embargo, la experiencia nos dice
que, lamentablemente, el trabajo efectuado por los peritos psicólogos
adolece, en muchos casos, de falta de rigor y fundamento científico.
Las respuestas que dan los gabinetes psicosociales a la cuestión
de cuál será la mejor solución relacional para los menores tras
la separación de los padres son muchas veces sencillamente arbitrarias
o, en el peor de los casos, respuestas que nacen de prejuicios ideológicos
y del seguimiento de sus inercias, meras justificaciones pseudocientíficas
para acabar legitimando la retirada de la custodia a uno de los
dos padres -rutinariamente al padre varón-, custodia de la
que ya gozaba de pleno derecho antes de la separación.
Es aquí donde
interviene un cierto tipo de psicología que viene a ser utilizada
como la coartada ideológica para argumentar "científicamente" la
limitación de derechos filiales y parentales. Bien sabido es que
la retirada de derechos al individuo debe venir justificada. Un
camino puede ser la atribución de responsabilidad en un acto criminal.
Otra vía, su incapacitación a través de un diagnóstico psicopatológico
o, más ampliamente, pericial. La intervención psicológica no puede
servir para justificar ideológicamente la supresión de derechos
filiales y parentales argumentando la psicopatologización de los
individuos. Dicha intervención no debe justificar que un niño no
pueda disfrutar plenamente de sus dos progenitores y que algunas
madres y, mayoritariamente, muchos padres, no puedan ejercer realmente
como padres y madres de sus hijos.
Llegados a este
punto, conviene recordar y afirmar dos derechos humanos fundamentales:
"el primero es
que todo niño tiene el derecho intocable a tener, en el más completo
y amplio sentido de la palabra, padre y madre.
" El segundo,
que todo hombre, toda mujer, tiene el derecho de ser efectivamente
el padre o la madre de sus hijos.
Sobre estas dos
afirmaciones parecería haber, a priori, un amplio consenso, consenso
que se expresa en convenios y tratados internacionales suscritos
por nuestro propio país. No obstante, el análisis de la evidencia,
de la realidad para miles y miles de niños y de sus progenitores,
nos dice que estos dos derechos no sólo no son garantizados y amparados
bajo el actual sistema de resolución de los conflictos familiares,
en las separaciones y divorcios, sino que son sistemáticamente conculcados.
La mala praxis psicológica tiene una gran responsabilidad en todo
ello... (Ver
más)
|
