Los mandatarios chocoanos frente a la contabilidad pública territorial

Denio Jiménez Rivas

La experiencia que se ha generado en los últimos años, derivada de la aplicación de la ley 298 de 1996 en cuanto a ordenamiento contable público, ha abierto la discusión sobre la responsabilidad de esta figura en los entes territoriales.

Los mandatarios locales, a fin de enfrentar la complejidad de las competencias de su municipio y la creciente demanda de bienes y servicios que su comunidad le plantea, deben contar con herramientas contables y financieras eficaces que permitan planificar la utilización de los pocos recursos para obtener buenos resultados en su administración.

¿Conocen los mandatarios chocoanos la importancia de esta herramienta? ¿Cómo y para qué la utilizan?

Si realizamos un ejercicio sencillo con los alcaldes del Chocó, encontramos que un gran porcentaje de ellos conoce la importancia de la contabilidad pública territorial, pero no le da el significado que para su gestión representa. La contabilidad en los entes públicos está concebida como un formalismo sencillo para cumplir con una obligación legal (rendición de cuentas a las contralorías departamentales, a la Contaduría General de la Nación, a los concejos municipales, etc), y no es utilizada como herramienta de gestión seria y oportuna.

Muchos municipios del Chocó trabajan como hace diez o veinte años, con el tradicional esquema presupuestal, donde la organización económica del municipio se manejaba sobre la base de un sistema de formulación y ejecución presupuestal que involucra solo la elaboración del presupuesto y el control de

su posterior ejecución, circunscrito a cada año fiscal.

Dicho sistema funciona bajo una estructura de operaciones efectivas de caja, que en lo fundamental recoge los movimientos de tesorería. Por tanto los derechos y obligaciones no se registran hasta que no se produce su cobro o pago correspondiente.

Es un sistema que limita la posibilidad de planificación en el mediano y largo plazo pues se trata en esencia de una contabilidad de flujos, poco capaz de revelar la realidad financiera de cada entidad en términos contables, aunque hay que reconocer el gran esfuerzo y aporte que sobre el particular ha hecho la Contraloría del Departamento.

Bajo estas circunstancias los alcaldes están llamados a realizar esfuerzos en pro de la construcción de una verdadera cultura contable, sin la cual la casuística y la incoherencia continuarían propiciando climas de confusión y desorden en los cuales florecerían la corrupción, despilfarro e irregularidades que distancian la gestión oficial de los necesarios valores de transparencia y eficacia gerencial exigidos por la moderna democracia y las corrientes internacionales, máxime cuando según la Procuraduría delegada para asuntos presupuestales el setenta por ciento de las faltas disciplinarias de los alcaldes se debe al desconocimiento de las normas y procedimientos en materia presupuestal, financiera y contable.